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j'Mon, 24 Jul 2017 11:56:34 +0000p9http://mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc/?p=24111e)Revista Mexicana de ComunicaciónfvEste documento es una copia personal offline de un artículo disponible en la Revista Mexicana de Comunicación editada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Este archivo solo puede utilizarse con fines personales y académicos. Queda prohibida su reproducción para otros fines sin la autorización explícita de los autores o los editores.El factor Trump y el desastre de la diplomacia mexicana

De la campaña política a los primeros actos del presidente estadounidense

Repudiada internamente por inoportuna, equivocada y desastrosa, la visita del republicano Donald Trump a México, el 31 de agosto de 2016, sumió al gobierno de Enrique Peña Nieto en la más profunda crisis institucional del sexenio. Además exhibió una política exterior de coyuntura y reactiva, sin estrategia, planeación ni principios, pusilánime, irresponsable y torpe, propia de una república bananera. De paso, ese patético error diplomático con la que es considerada la relación bilateral más importante: Estados Unidos, dañó los nexos con el entonces presidente Barack Obama y la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, y exhibió a México como un país con instituciones débiles y políticos cipayos.

Foto: ISAAC ESQUIVEL/ Cuartoscuro

Por  Carlos Fazio

 

Del extravío de la otrora mundialmente respetada diplomacia de Tlatelolco da cuenta el hecho de que en los últimos cuatro años México ha tenido cuatro embajadores en Estados Unidos: Eduardo Medina Mora, Miguel Basáñez, Carlos Sada Solana y Gerónimo Gutiérrez, lapso en el que la misión diplomática estuvo incluso seis meses sin titular.

Sin embargo, el despiste, la desorientación y la consiguiente poca o nula incidencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en las tareas que le son propias –comenzando por su principal función, que es política y debería responder a los principios constitucionales de una política exterior de Estado, con énfasis en la defensa de la soberanía nacional y la integridad del país– se inició hace casi tres décadas, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se concentró en la concertación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, de cuya negociación excluyó a los profesionales de la diplomacia mexicana.

Como dijo entonces el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) William Colby, el TLCAN fue un instrumento para “desvanecer la soberanía y reorientar el papel y la existencia misma del Estado nacional mexicano”.1 A partir de entonces la Casa Blanca impulsó una estrategia que se dio en llamar el neoliberalismo disciplinario, que marcaría los límites de la vocación principista y latinoamericanista del Estado mexicano.

Así, mientras en el ámbito de la diplomacia se iban apagando el profesionalismo y el apego a los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la igualdad jurídica de los estados –que desde 1988 forman parte de la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Mexicana−; se profundizaba la subordinación política de los sucesivos presidentes en Los Pinos a los dictados de Washington.

Otros temas que en las últimas dos décadas han acaparado la atención de los gobiernos en turno y las relaciones con Estados Unidos, son la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Washington presionó y logró establecer un “tercer vínculo” (el militar) entre el Pentágono y las fuerzas armadas locales, lo que a la postre derivó en una acelerada militarización de la lucha antidrogas.2 Y ya durante el mandato de Vicente Fox, de la mano de su canciller Jorge G. Castañeda Gutman –quien diseñó una nueva diplomacia activa y pragmática, mediante lo que definió como una “cesión inteligente de la soberanía”–, el país se encaminó hacia un total alineamiento político-ideológico subordinado a la Casa Blanca y Wall Street. En 2002 México sería incorporado de facto al “perímetro de seguridad” del territorio continental de Estados Unidos, bajo control del nuevo Comando Norte del Pentágono.

De ese sexenio quedaron para la historia negra de la diplomacia mexicana episodios como el famoso “comes y te vas” de Fox al presidente cubano Fidel Castro, y el rudo enfrentamiento durante la cuarta Cumbre de Presidentes de las Américas, en Mar del Plata, Argentina, entre Fox y el mandatario venezolano Hugo Chávez, cuando éste llamó “cachorro del imperio” al jefe del Ejecutivo mexicano y dijo que se “arrodillaba” ante Estados Unidos, lo que entonces derivó en el retiro recíproco de embajadores.

Durante los regímenes de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la imagen exterior de México sufrió un desgaste acelerado. Esto se debió a la irrupción de una violencia multidimensional y anárquica cuasi de guerra civil −de apariencia demencial, pero planificada–, que dislocó el estado de derecho. Desde septiembre de 2014 erigió los dantescos hechos de Iguala en símbolo global de la barbarie extrema –con su estela de seis ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura y el desollamiento del normalista Julio César Mondragón y la detención-desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa–, lo que generó el rechazo y la repulsión de la comunidad internacional. Porque, aun concediendo el uso de la propaganda y el enmascaramiento de información como acciones propias del Estado, ¿cómo podrían explicar al mundo los diplomáticos mexicanos hechos de tal gravedad sin caer en la trivialidad ni en el ocultamiento de acciones tan aberrantes?

A lo anterior vino a sumarse el grave incidente protagonizado en marzo de 2015 entre el ex secretario de Relaciones Exteriores José A. Meade y el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Juan Méndez, quien fue sometido a una campaña mediática de descrédito por la cancillería al definir como “generalizada” esa práctica de investigación en México.3 También se sumó el vergonzoso desaguisado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en torno al cambio del voto mexicano sobre la propuesta Palestina ocupada y el templo del monte en Jerusalén, que culminó con el cese fulminante del representante ante el organismo, el inexperto Andrés Roemer, un ex comentarista de Tv Azteca criticado antes por su actuación como cónsul en San Francisco, donde organizó un festival al que invitó a Donald Trump, cuando el entonces candidato republicano iniciaba su polémica campaña presidencial con dislates racistas y xenófobos contra los mexicanos sin papeles legales en Estados Unidos.4

La visita: pusilanimidad y humillación en Los Pinos

Desde que en 1992 Carlos Salinas suscribió el Tratado de Libre Comercio, el neoliberalismo disciplinario impuesto por la Casa Blanca a cinco sucesivos presidentes en Los Pinos desvaneció la soberanía nacional y reorientó el papel y la existencia misma del Estado mexicano. Este quedó subordinado a los designios geoestratégicos de Washington y subsumido en el espacio geopolítico denominado ahora Norteamérica, bajo dominio económico-financiero de las multinacionales estadunidenses y la banca de Wall Street y el control militar del Pentágono.

Desde entonces, en una línea de continuidad que llega hasta la fase actual del régimen de Peña Nieto, la cancillería mexicana abdicó de su vocación principista y latinoamericanista, y se quedó sin estrategia. El factor Trump habría de profundizar esa debacle. El llamado miércoles negro de la diplomacia mexicana: el 31 de agosto de 2016, día en que Peña recibió al candidato Donald Trump en Los pinos, produjo un fenómeno sin precedente en la clase política y los medios masivos. En ambos espacios las adjetivaciones en contra del titular del Ejecutivo evidenciaron aún más la pérdida de rumbo de la política exterior. A guisa de ejemplo, el ex canciller Jorge G. Castañeda calificó la invitación a Trump como “innecesaria, inútil y a destiempo”, y dijo que fue un “grave error político y un completo desastre”.5 A su vez, Jesús Silva-Herzog Márquez aseveró que Trump usó a Los Pinos para un acto de campaña, y agregó: “No creo que pueda encontrarse en la larga historia de la política mexicana una decisión más estúpida”.6 Entre otros epítetos aderezados contra el Presidente y las consecuencias de su decisión, figuraron: traición, pusilanimidad, debilidad, humillación, fiasco. Incluso, llamaron a Peña Nieto tonto con iniciativa.

La entonces secretaria de relaciones exteriores, Claudia Ruiz Massieu, ni se enteró de la visita y quedó en ridículo. También se evidenció que con Estados Unidos no existe una diplomacia soberana ni una buena imagen que se pueda mejorar solamente con publicidad y propaganda dentro y fuera del país. Y si bien el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray pagó los platos rotos por la visita, no quedó clara la responsabilidad del antes titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y la del ex subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, actual coordinador de asesores de Peña Nieto, quienes durante más de un año, cuando comenzaron los ataques e insultos racistas contra la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos –a quienes Trump calificó de narcotraficantes, delincuentes y violadores–, mostraron un perfil bajo y recomendaron silencio al inquilino de Los pinos.

En abril de 2016, Pérez Verdía fue sustituido en el área responsable de instrumentar la delicada relación con Washington por Paulo Carreño King, otro improvisado sin la menor experiencia en el manejo diplomático. Ex ejecutivo de la empresa estadunidense Burson-Marsteller, donde su campo profesional está en la llamada marca país, imagen, relaciones públicas y publicidad, Carreño trabajaba en Los Pinos cuando el gobierno suscribió un contrato en Nueva York con esa compañía por 5 millones 735 mil dólares para mejorar la imagen de México (15 de marzo).

Fue un error poner a un comunicólogo que no sabía nada del quehacer diplomático a operar el complejo vínculo con Estados Unidos. Mismo error que cometió Peña Nieto al colocar al frente de la SRE a dos recomendados políticos (Ruiz Massieu y Meade) y a un amigo (Videgaray) que no tenían el perfil que el cargo requería. La moraleja está en que el oficio diplomático no se improvisa; requiere congruencia con los principios constitucionales de una política exterior de Estado, por encima de alternancias políticas y con objetivos de largo alcance. Y además con una idea de nación, que es a lo que han renunciado los pasados seis gobiernos entreguistas, desde Miguel de la Madrid al actual.

Al terminar 2016 no soplaban buenos vientos para la diplomacia mexicana. La película de “terror” que había pronosticado el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, el 19 de diciembre de ese año, en realidad comenzó antes de que Donald Trump llegara a la Oficina Oval el 20 de enero de 2017. Y frente a la posibilidad de una guerra comercial con Washington, el panorama para México lucía sombrío. En Guadalajara, ante un grupo de empresarios y ejecutivos, Carstens aseguró: “El efecto que podría generar en el tipo de cambio la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos podría compararse con una película, aunque se desconoce si el género sería de terror o de suspenso”7. Añadió que la película de suspenso había empezado hacía varios meses, pero la de terror todavía no se veía.

Desde entonces, más allá de la metáfora, a cada dicho de Trump, el peso −uno de los termómetros más sensibles de la economía mexicana− se estresó y comenzó a tocar nuevos mínimos históricos frente al dólar (desde principios de 2016 a finales de enero de 2017 se había depreciado 26.4 por ciento). Por otra parte, la estabilidad de la inflación, uno de los grandes baluartes del país frente a los huracanes hemisféricos, también había empezado a tambalearse, terminando 2016 en 3,36 (el porcentaje más alto desde 2014), y se preveía que en los próximos meses, tras el “gasolinazo” del 1 de enero, superara con largueza el 4 por ciento.

El mismo camino había emprendido la inversión extranjera directa debido a los golpes de Twitter y la diplomacia de 140 caracteres del magnate inmobiliario que durante los próximos cuatro años sería el inquilino de la Casa Blanca. Como presidente electo, Trump amenazó con sancionar a las compañías multinacionales que tercerizan en México −principalmente las del ramo automotriz− con un draconiano impuesto fronterizo de hasta 35 por ciento, y logró que corporaciones como Ford y Fiat-Chrysler abandonaran proyectos de inversión en territorio mexicano. El 17 de enero de 2017 General Motors (GM), la mayor armadora estadounidense de automóviles, también cedió a las presiones y, al igual que la cadena de supermercados Walmart, anunció que reorientará sus inversiones a Estados Unidos.

Los “bad hombres” y la demagogia trumpiana

En el arranque mismo del proceso electoral, el 16 de junio de 2015, en su Torre Trump, en Manhattan, el impredecible constructor multimillonario aseguró: “Cuando México nos manda a su gente, no manda a los mejores. Envía gente con montones de problemas, y nos traen esos problemas. Ellos traen drogas y crimen. Son violadores”8.

Con posterioridad, durante el primer debate que sostuvo con la candidata demócrata Hillary Clinton en septiembre de 2016, Trump afirmó que el TLCAN era “el peor tratado que se haya firmado alguna vez y, desde luego, el peor firmado por este país (Estados Unidos)”. Según él, China y México, con su mano de obra barata, se habían apropiado de empleos que deberían haberse quedado en territorio estadounidense.

Al introducir en la arena política el “factor mexicano”, Trump explotó de manera demagógica su premisa de que millones de indocumentados nacidos en México no solo eran asesinos, narcotraficantes y violadores –los “bad hombres”−, sino también ladrones de empleos de los verdaderos estadounidenses. Por extensión, los mexicanos que laboran en empresas estadounidenses que al amparo del TLCAN abrieron plantas en México también eran culpables de la falta de empleo en regiones industriales deprimidas de Estados Unidos. De allí que como recordó el historiador Lorenzo Meyer, en los mítines de Trump se pudo escuchar el estribillo “build the wall, kill them all” (construyamos el muro y matémoslos a todos)9.

Debido a ese sentimiento no antilatino ni antichicano sino antimexicano, en campaña Trump se comprometió a que las plantas industriales que se habían trasladado a México −en particular las del ramo automotriz− regresarían a Estados Unidos, so pena de imponerles un arancel de 35% a las unidades exportadas desde México. Y de consumarse ahora esa propuesta, sería un golpe mortal al proyecto neoliberal en que se embarcó México a partir de la decisión de Carlos Salinas de firmar el TLCAN en 1992.

Desde la entrada en vigor del tratado, dos años después (el 1 de enero de 1994), el intercambio comercial de México con Estados Unidos ha venido ascendiendo hasta ubicarse en 531 mil millones de dólares, a lo que se debe sumar alrededor de 60 millones de dólares anuales del rubro de servicios. El 80% de las exportaciones mexicanas de manufacturas se dirigen a Estados Unidos, y de allí recibe México 50.2% de sus importaciones.

Un gabinete de halcones y megamillonarios

Una vez instalado en la presidencia, Trump solo necesitaba invocar el artículo 2205 y Estados Unidos estaría fuera del Tratado de Libre Comercio en seis meses, lo que sería catastrófico para la economía mexicana. Ante esa situación, que era el escenario más adverso para México, el debilitado Peña Nieto había optado por una política de acercamiento no contencioso. Desde la bochornosa invitación a Trump el 31 de agosto de 2016, en repetidas ocasiones Peña había intentado satisfacer las exigencias del magnate desplegando una estrategia de apaciguamiento, el otro extremo de la confrontación. Peña aceptó reabrir las negociaciones del TLCAN y limitó el debate acerca del “muro” a quién pagaría por él, pero no manifestó con claridad que tal propuesta era inaceptable y constituía una afrenta y un acto de hostilidad más en la deteriorada relación bilateral.

Según había adelantado en diciembre The New York Times, Trump dijo que renegociaría el TLCAN y que el pago del muro fronterizo, cuya construcción iniciaría apenas arrancara su administración, sería parte de la negociación. Dijo también que el fundamento legal para levantar el “hermoso muro” estaba en la ley Sensenbrenner, aprobada por la Cámara de Representantes en 2005 para controlar la inmigración, el terrorismo y proteger la frontera.

El viernes 13 de enero el equipo de transición de Trump inició conversaciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con el Departamento de Seguridad del Suelo Patrio (Interior) para empezar la planeación del muro, parte del cual ya existe desde mediados de los años ochenta en muchas partes de los 3,145 kilómetros de frontera con México. El vicepresidente electo, Mike Pence, declaró que Trump cumpliría sus promesas de campaña y aseveró que había “varias maneras” para que México pagara por el muro.10 Insinuó que una vía podría ser vincular ese pago a “la renegociación del TLCAN”, y otra mediante un impuesto a las remesas que envían los mexicanos desde la Unión Americana.

Salvo el gobierno de Peña Nieto, en los círculos políticos, académicos y periodísticos de México, eran pocos quienes dudaban arrancada su administración, que Donald Trump no cumpliría sus amenazas. El nuevo presidente de EU y su gabinete de militares halcones y empresarios y financieros multimillonarios, son miembros o sirven a los intereses de la clase capitalista trasnacional que, ante la crisis de hegemonía y legitimidad del sistema capitalista, encarna −según William I. Robinson− el fascismo del siglo XXI.

Desde un inicio, con las designaciones de los generales retirados James Mattis (Defensa), John Kelly (Seguridad interior) y Michael Flynn (Seguridad nacional), Trump le dio un aire marcial a su gobierno. A ellos se sumaron otros dos extremistas: el senador Jeff Sessions como procurador general y el representante Mike Pompeo en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ex jefe del comando sur del Pentágono hasta enero de 2016, John Kelly es un militar de línea dura que ha vinculado la amenaza del terrorismo con la guerra al narcotráfico y el control migratorio en la “vulnerable” frontera con México. En su audiencia ante el Senado para su ratificación como secretario de Seguridad Interior, ante la pregunta de cuáles serían sus prioridades en caso de ser confirmado, Kelly respondió: “Cerrar la frontera al movimiento ilegal de personas y cosas. Sin embargo, no podemos jugar a la defensiva. La seguridad de la frontera (de Estados Unidos) comienza 1.500 millas al sur del río Grande (Bravo) en las junglas de América Latina, sube al istmo centroamericano y a la frontera de México y Guatemala, y de ahí a todo lo largo de México”.

Kelly hará mancuerna con Sessions, el legislador de Alabama más antinmigrante del Senado y una de las personas más influyentes en el pensamiento de Trump en cuanto a la necesidad de fortificar la frontera. A su vez, cabe mencionar que Flynn, quien fue obligado a renunciar el 13 de febrero, había sido director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, guarda poco respeto por las convenciones de Ginebra y defiende la práctica de la tortura, punto que compartía con Sessions y Pompeo, quien a su vez es defensor del campo de concentración de Guantánamo y partidario de programas de espionaje masivos.

A su vez, el secretario de Estado es Rex Tillerson, ex presidente ejecutivo de Exxon-Mobil −la corporación que en sociedad con la francesa Total ganó el derecho de explotar el bloque dos de los yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, en la llamada ronda 1.4 de Pemex−, y en energía fue nombrado el ex gobernador de Texas, Rick Perry, vinculado a la industria petrolera y al clan Bush.

Además, Trump tendrá a tres “halcones proteccionistas” en materia comercial. Robert Lighthizer, el abogado designado como representante de comercio de Estados Unidos, comparó durante años a los defensores del libre comercio con los políticos ingenuos. A Lighthizer lo acompañará el economista Peter Navarro, quien será miembro del nuevo Consejo Nacional de Comercio en la Casa Blanca. Navarro es otro partidario de la línea dura contra la “amenaza” china. A ambos se unirá Wilbur Ross, el inversionista multimillonario especializado en la reestructuración de compañías en problemas –es apodado “el rey de la bancarrota”−, quien ocupa la cartera de comercio del gabinete trumpista.

El regreso del “mil usos” Videgaray

Frente a ese panorama adverso, y en un contexto de grave crisis política e institucional acentuada por las protestas sociales desatadas por el gasolinazo del 1 de enero de 2017, Enrique Peña Nieto decidió designar a su “mil usos”, Luis Videgaray, como secretario de relaciones exteriores.11 Dijo que Videgaray regresaba al gabinete federal para “fortalecer vínculos bilaterales” con Estados Unidos.12

El enroque político de Videgaray, quien sería el cuarto canciller en los cuatro años de gobierno de Peña Nieto, venía a confirmar la arraigada práctica del amiguismo, así como la irresponsabilidad, el sinsentido y la improvisación en la orientación de la política exterior.

Como se comentó con profusión en esos días en el “círculo rojo” (la comentocracia), Videgaray, a quien se le atribuyen “poderes hipnóticos” sobre el hijo predilecto de Atlacomulco −incluso se ha llegado a hablar de la “extrema dependencia emocional” que ha llegado a desarrollar Peña Nieto de su influyente consejero y confidente13−, nunca se había ido del entorno del titular de Los pinos luego de renunciar a la Secretaría de Hacienda tras el affaire Trump de finales de agosto anterior, y hasta había sido considerado “un activo del presidente y del país” (sic) a la medida del desafío que encarnaba Trump.

Al asumir su nuevo cargo a solo 23 meses de que terminara la administración de Peña Nieto, Videgaray dijo con falsa humildad que no sabía nada de diplomacia, pero que iba a aprender.14 Responsable del actual desastre económico del país, el ex secretario de Hacienda abrigaba la esperanza de que debido a su relación de cercanía con el yerno de Trump, Jared Kushner, y sus vínculos personales con el ex jefe de campaña del magnate, Corey Lewandowsky,15 podría salvar a su jefe en la coyuntura y re-posicionarse con vistas a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el 2018.

Según los medios, Videgaray negoció la torpe invitación para que el candidato republicano se encontrara con Peña Nieto, y lo hizo directamente con el yerno de Trump, Jared Kushner. Videgaray ha dicho que conoció a Kushner −casado con Ivanka, la hija más cercana a Trump−, a través del mundo de las finanzas, en Wall Street. En una entrevista con Televisa, Videgaray sostuvo que invitar a Trump fue una “decisión correcta, pero precipitada”, y calificó al ahora mandatario estadounidense −quien según encuestas de CNN y The Washington Post-ABC es el presidente más impopular de la historia−, como un “hombre negociador” y “extraordinariamente amable”.

El canciller Videgaray seguía abrigando la esperanza de que su vínculo personal con Kushner, le permitiría renegociar el TLCAN “a la mexicana”, tras bambalinas. Resultaba evidente que el actual grupo gobernante, impuesto de manera fraudulenta por los poderes fácticos −y en cuyo seno a últimas fechas Vidagaray había venido oficiando como gurú− tiene por patria el capital, y desde sus puestos tecnocráticos en las estructuras del Estado ha venido impulsando un acelerado proceso de desnacionalización, con eje en una economía de enclave.

El resultado de ese proceso clasista y de colonización de lo privado sobre lo público, ha sido erigir a México como país maquilador. El nuevo embajador en Washington, Gerónimo Gutiérrez, subsecretario para América del Norte de la SRE en tiempos de Vicente Fox, fue partícipe en la construcción de ese México maquilador. Gutiérrez se desempeñaba como director del Banco de Desarrollo de América del Norte, con sede en Texas y creado por el eslabón más fuerte del acuerdo trilateral (EU) para atender los temas del tratado, y junto con Luis Videgaray debería coordinar ahora al puñado de “asesores” colaboracionistas que habían venido actuando por la parte “mexicana” en las cañerías del TLCAN al servicio de las grandes corporaciones, entre ellos, los tecno-burócratas Jaime Zabludovsky, Herminio Blanco y Luis de la Calle y los empresarios Armando Garza Sada (Grupo Alfa), Claudio X. González (Kimberly Clark México), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Valentín Diez Morodo (presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior)16.

Si Carrier, Ford, Fiat-Chrysler y General Motors se habían arrodillado ante las amenazas de quien ha sido calificado como un autócrata, narcisista y hombre egocéntrico con una personalidad trastornada que está convencido de que el único camino es el suyo, parecía obvio que no habrá relación personal que lo haga desistir de sus promesas. Dada la abismal asimetría entre las partes, de llevarse a cabo la renegociación del TLCAN, es previsible que se agudice la dependencia de México.

La mensajera, el balbuceante y el neofascista

En lo que fue el final de una semana en extremo tensa en las nuevas relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, el 27 de enero de 2017, durante una conversación telefónica privada, el presidente Donald Trump habría maltratado y humillado a su homólogo Enrique Peña Nieto, hasta el punto de hacerlo balbucear.

Según una versión confidencial obtenida por la periodista mexicana Dolia Estévez, acreditada en Washington, Trump le dijo a Peña Nieto: “No necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar les guste o no”. Se quejó incluso del mal papel que estaba haciendo el Ejército mexicano en el combate al narcotráfico y lo amenazó con utilizar la fuerza militar.17

Estévez, quien ha cubierto la Casa Blanca durante años y colabora con la revista Forbes, aseveró el 1 de febrero que se estaba engañando al público de ambos países al presentar la conversación como “armoniosa” y “muy amistosa”. Dijo también que la administración de Trump “no quiere negociar, quiere confrontar a México”. Otro de los dichos del mandatario estadounidense habría sido: “Yo realmente ni quería ir a México en agosto pasado”. Y según Estévez, “ante esa insólita embestida de Trump, Peña no fue firme, balbuceó”.

Dolia Estévez comentó que, pese a lo ocurrido, en México “siguen creyendo en una negociación” con el gobierno de Trump. Según el portal Aristegui Noticias, la corresponsal en Washington también mencionó una reunión secreta entre el secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, y funcionarios estadounidenses.

La nota fue desmentida por la cancillería mexicana, pero por la tarde una versión de Vivian Salama, de Associated Press, con base en una supuesta transcripción de la llamada telefónica entre ambos presidentes a la que la agencia habría tenido acceso, confirmó el reporte inicial de Estévez, poniendo énfasis en la amenaza trumpiana de enviar elementos del Pentágono a territorio mexicano para controlar y detener a los “bad hombres”, como llama Trump a los criminales y narcotraficantes, debido a que el Ejército mexicano “está asustado”.18

Es sabido que el estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, es un experto en sembrar mentiras como parte de la guerra propagandística a favor de la derecha estadounidense. Por otra parte, Trump ha exhibido ante el mundo entero su estilo hostil y su capacidad para mentir y generar miedo. En su libro El arte de negociar, de 1987, escribió: “Me gusta provocar a mis adversarios. Para ver cómo reaccionan; si son débiles, los aplasto, y si son fuertes, negocio”.

Más allá de su veracidad y del hecho de que Trump había agarrado de sparring al débil Peña Nieto, el ríspido encontronazo fue el colofón de 48 horas de insultos proferidos por funcionarios de la Casa Blanca, los días 25 y 26 de enero, a los integrantes de la delegación de alto nivel enviada por el presidente mexicano a la capital estadounidense. La misión, encabezada por Videgaray e integrada entre otros por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, vivió un verdadero cuento de terror, ya que según fuentes periodísticas locales fue sometida a un trato agresivo y humillante por el jefe del gabinete trumpista, Reince Priebus. Corolario: el jueves 26, en su cuenta de Twitter, Trump publicó que “si México no está dispuesto a
pagar por el tan necesitado muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”19. En buen romance, “desinvitó” públicamente a Peña Nieto al encuentro que ambos sostendrían el 31 de enero, y fue varias horas después cuando el mandatario mexicano anunció que cancelaba la visita.

Si bien el viernes 27 el Boston Globe, uno de los más influyentes diarios regionales de Estados Unidos, publicó un excepcional editorial sobre el conflicto, titulado “México enseña a Trump una importante lección sobre los límites del poder presidencial”, la decisión de Peña Nieto no se debió a un proceso de análisis de opciones para alcanzar el mejor objetivo posible para su país, sino a la acción unilateral de Trump y Priebus.

De acuerdo con la narración brindada por el propio Videgaray en la residencia oficial de Los pinos a legisladores de todos los partidos –a excepción de Morena, que decidió no ir–, él y su comitiva vivieron en Washington “amenazas reales”. El canciller reconoció que bajo la batuta de Priebus, los funcionarios de la Casa Blanca –entre los que figuraron el entonces consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn; el estratega en jefe presidencial, Steve Bannon, quien desarrolló todo el plan electoral racista antimexicano, y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner– los sometieron a “mucha presión y hostilidad”. Y agregó: “Hubo mucha agresión (y se llegó) casi al insulto”. El choque se dio por la insistencia de Trump de que México
tendría que pagar el muro.

Según reportes de prensa, Videgaray llegó solo a las oficinas ejecutivas de la Casa Blanca hacia las 7 de la mañana del miércoles 25 para hablar con Kushner, y le dijo que si durante su discurso de ese día en la Secretaría de seguridad territorial Trump mencionaba que México pagaría por el muro, como había anticipado en la víspera, la visita de Peña Nieto difícilmente se podría mantener, tal como todavía estaba previsto.

Un modelo trastocado

Al despuntar 2017 el conflicto iba para largo, pero México ya había recibido tres golpes severos. El primero fue la firma de las órdenes ejecutivas de Trump para deportar a migrantes mexicanos y retomar la construc-ción del muro que desde 1986 se ha venido levantando a lo largo de 1,050 kilómetros, en la frontera común de 3,200 kilómetros.

El segundo golpe fue el trato dado a Videgaray; pero no fue una descortesía, fue una trampa. El mensaje fue que su “amistad” con el yerno de Trump no servía en Washington, o no tenía el amigo correcto. El chisme en los círculos de poder cercanos a la Casa Blanca fue que el superhalcón Steve Bannon –el hombre que difundió las mentiras sobre México durante la campaña y cuyo portal Brietbart News publicó, cuando Peña Nieto ganó la elección presidencial en 2012, que estaba vinculado al narcotráfico– derrotó a Kushner, el yerno del presidente.

El tercer golpe devastador, y el más grave, dada la investidura de los protagonistas, fue la reiteración manifestada por Trump a Peña Nieto de que no es amigo de México, ni piensa ni desea serlo. Esta animadversión ya había sido manifestada a los editores del Wall Street Journal en noviembre de 2015, cuando les dijo: “honestamente, no me importa México”, y definió a los mexicanos como “corruptos y tramposos”20.

Tras someter a Peña Nieto, a la clase política mexicana y a sus intelectuales orgánicos a la mayor prueba externa de estrés, miedo y terror que se haya vivido desde el siglo XIX, Trump puso además en evidencia el modelo económico al que han apostado en los últimos 30 años las elites vernáculas: a tuitazos mañaneros desde Washington demostró que el sueño del “México maquilador” no era tan sólido. Así echó de su zona de confort a una oligarquía y una partidocracia tercermundistas que se han visto pasmadas y paralizadas porque el paraíso neocolonial que ayudaron a prohijar a través de una “ventaja competitiva”, esto es, una forma aberrante de esclavitud moderna (la diferencia es abismal entre el sueldo de un trabajador mexicano de la industria automotriz, con 8,24 dólares por hora, frente al ingreso de su par estadounidense por el mismo trabajo, que es de 46,35 por hora), se trastocó de la noche a la mañana.

Las nuevas directrices draconianas incluidas en el decreto ejecutivo de Trump sobre las deportaciones de migrantes indocumentados fueron definidas como una verdadera barbaridad en materia de derechos humanos. El decreto establece que “cualquier persona que haya sido acusada de cometer un delito penal, aun si no ha sido sentenciada”, o cualquiera que “ha cometido actos que constituyan un delito penal acusable” (es decir, que las autoridades piensen que ha violado la ley, haya sido o no acusado formalmente de un delito), o se haya visto involucrado en una “falsa representación fraudulenta o dolosa” en relación con cualquier tema oficial o solicitud ante una agencia gubernamental, podrá ser deportado. Bajo esas condiciones, prácticamente cualquiera de los 12 millones de “sin papeles” podrá ser acusado de un delito “acusable” y ser deportado de manera obligatoria, con detención, fichaje biométrico e inhabilitación para entrar legalmente a Estados Unidos durante diez años.

Presiones a México y las ZEE

Evidenció la dependencia político-diplomática, militar y migratoria de México respecto de Estados Unidos el encuentro (en un principio secreto) en Tapachula, Chiapas, de la subsecretaria de relaciones exteriores, Socorro Flores (al que presuntamente asistió el canciller Luis Videgaray), con una misión militar encabezada por los jefes de los comandos norte y sur del Pentágono, la general Lori Robinson y el almirante Kurt W. Tidd, respectivamente, con la presencia de la embajadora de EU, Roberta Jacobson.21

La reunión se centró en el “compromiso” de México de asegurar (militarmente) su frontera sur para mantener a raya a la delincuencia y a los inmigrantes centroamericanos que traten de ingresar al territorio norteamericano sin documentos, en virtud de lo que Luis Videgaray argumentó como una “responsabilidad compartida” con Estados Unidos, lo que de facto significa una cesión unilateral de soberanía y exhibe al país como un “asunto interno” de la seguridad nacional de Washington; a México como un Estado vasallo.

A ello se sumó el paquete de iniciativas de ley para dotar a las fuerzas armadas de poderes anticonstitucionales. Verbigracia, la militarización de las capitanías de puertos por la Marina y las reformas al Código de justicia militar, al Código militar de procedimientos penales, a la Ley federal de armas de fuego y explosivos y a la Ley de seguridad interior (concepto nunca antes regulado y que hace referencia a la seguridad del Estado, no de las personas), impuesta bajo presión a los legisladores por los mandos castrenses y mediante la cual se busca facultar a los militares para realizar tareas de seguridad pública (propias de la policía, como la prevención e investigación del delito, las detenciones y los peritajes penales), pero bajo una lógica de seguridad nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas). A lo que se agregan las reformas al Mando mixto policiaco para controlar los municipios y la ahora pospuesta discusión sobre la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, la cual permitiría que a solicitud del poder ejecutivo, el Congreso podría aprobar la suspensión de garantías o un estado de excepción.

Se trata de un paquete de medidas impuestas por Washington a través de la Alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte (2005), la Iniciativa Mérida (2007) y el Diálogo económico de alto nivel (2013). Responden a las directrices de la secretaría a cargo de la seguridad de la patria (o del suelo patrio) de EU, y cuyo objetivo es que las fuerzas armadas operen como un ejército de ocupación para garantizar la instalación de empresas transnacionales del ramo de la energía y la utilización de la infraestructura crítica de Pemex y la CFE en áreas del territorio nacional, donde, como en las conformadas por las Zonas económicas especiales (ZEE) −con epicentro en el istmo de Tehuantepec−, existen distintas formas organizadas de resistencias antihegemónicas y antisistémicas.

Kelly y un nuevo “Plan Colombia” para México

Si los planes Colombia y Puebla-Panamá del Pentágono (1999-2000) fueron los caballos de Troya para el adoctrinamiento, la penetración y asimilación de los ejércitos concernidos en ambos proyectos, la Iniciativa Mérida (2007) significó el total alineamiento de las fuerzas armadas mexicanas con las políticas de Washington, bajo las directrices del Departamento de seguridad del suelo patrio (Department of Homeland Security–DHS, 2002), al que tal vez por su reminiscencia territorial nazi lo traducen oficialmente como Departamento de Seguridad Interior.

Como ha señalado John Saxe-Fernández, la controvertida Ley de seguridad interior impulsada por los secretarios de Defensa y Marina de México es una “calca” de la Homeland Security Act (http://911research.wtc7.net/) que rige con leyes paralelas al DHS, limitando derechos y libertades civiles e institucionalizando el estado de excepción en Estados Unidos. Un estado de emergencia que intenta ser legalizado ahora en México, complementado con leyes de tipo castrense (como la militarización de los puertos) y otras como la Ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, aprobada al calor de las discusiones sobre la contrarreforma energética.

Cabe consignar, además, que la contrarreforma energética fue diseñada de manera no tan clandestina por funcionarios del gobierno de Estados Unidos como Hillary Clinton y el ex embajador en México Carlos Pascual; bancos y consorcios financieros de Wall Street; ejecutivos de las grandes corporaciones oligopólicas y monopólicas privadas e inversionistas y prestanombres locales del sector hidrocarburífico y minero, entre las que destacan Sempra Energy y su subsidiaria Ienova de Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de Gortari), Grupo Carso Oil&Gas (Carlos Slim), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Pedro Aspe (Evercore), Luis Téllez (Monterra Energy/KKR) y las financieras First Reserve y BlackRock (el fondo de capital privado más grande del mundo, involucrado en la construcción del gasoducto Los Ramones, que con una extensión de 852 kilómetros trasladará gas natural desde Agua Dulce, en Texas, a Nuevo León −pasando por Tamaulipas−, desde donde será redistribuido a diferentes centros de producción en San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro).

A esas y otras corporaciones trasnacionales extranjeras y nacionales se traspasarán los activos y la infraestructura estratégica y crítica de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad −orientada hacia los ahora militarizados puertos de Coatzacoalcos (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Chiapas (en el municipio de Tapachula), como plataformas de exportación hacia el mercado mundial−, incluidos reservas, yacimientos, infraestructura (gasoductos, oleoductos, redes de energía eléctrica), &