Jerónimo Luis Repoll | Ensayo | Colaboración invitada
Esta reflexión caracteriza el proceso que va de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2013), la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014), la contrarreforma decretada en 2017, centrada en la derogación y reforma del articulado sobre derechos de las audiencias y defensoría de la audiencia, y hasta la resolución de 2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de quienes interpusieron amparos sobre dicho decreto. Estos cambios desplegaron una falsa tensión entre la defensa de la libertad de expresión y los derechos de las audiencias. La disputa se extendió tanto en los terrenos de los tres poderes del Estado mexicano como en el escenario mediático, en el cual la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) empleó toda su artillería en defensa de los intereses empresariales.