No. 149 / Enero-junio 2022 / Entrevista
Paolo Sánchez Castañeda
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Artículo 19 es una Organización cuya creación fue impulsada por la Sociedad Civil Organizada. Su fundación tuvo lugar en Londres, Reino Unido en 1987. Le debe su nombre al décimo noveno artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión”. La labor de Artículo 19 está directamente atravesada por esta consigna.
A lo largo de los años, el proyecto se ha configurado en 5 oficinas y programas a nivel regional: Bangladesh y Sudáfrica; México y Centroamérica; África del Este; Europa y Asia Central. Su actividad en México y Centroamérica cobra fundamental importancia dada la seria problemática en relación con la libertad de expresión que se vive en estos territorios. Según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, México abarca 42% de los asesinatos contra periodistas de toda América Latina. Por su parte, Artículo 19 reportó 153 homicidios contra periodistas en posible relación con su labor informativa del 1 de febrero del 2000 al 15 de marzo de 2022.
El programa regional México-Centroamérica consiste primordialmente en exigir el derecho a la difusión de información y opiniones, investigar y documentar las amenazas y tendencias en relación con violaciones a Derechos Humanos, acompañar a personas cuyos derechos hayan sido violentados y participar en la propuesta y asesoría del diseño de políticas públicas y medidas legales para dar solución a la violencia e impunidad imperantes en la región.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez tomó el cargo como director regional en México y Centroamérica el 10 de septiembre de 2020 y sustituyó a Ana Cristina Ruelas, quien presidió el programa por 4 años. Es Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y ha actuado como abogado y activista defensor de derechos humanos.
Para Maldonado, la situación de inseguridad y violencia que viven los periodistas, así como los defensores de derechos humanos en el país conforman un presente irresuelto en el territorio.
La incidencia de los discursos públicos
—Uno de los temas que atiende el recientemente publicado informe anual de Artículo 19 son los discursos públicos, particularmente los emitidos en las conferencias matutinas. ¿Cuál es la incidencia que tienen dichos discursos sobre la violencia contra periodistas, ya no solo a nivel federal, sino por extensión, a nivel local?
—Lo que hemos documentado es que hay una reproducción de ciertos adjetivos y maneras de referirse a la prensa relacionados a lo que se dice en las mañaneras; es decir, el discurso de las conferencias matutinas es un discurso que habilita otros discursos a nivel local y que, además, escalan a otro tipo de agresiones mucho más violentas. Vemos que la mayoría de las agresiones las cometen funcionarios públicos: alrededor de 222 agresiones que conforman 42%. De este universo de agresiones cometidas por funcionarios públicos, el grueso la cometen autoridades locales. El caso de Puebla, por ejemplo, donde el gobernador, Miguel Barbosa, señala a la prensa, pero además sus funcionarios públicos han desplegado una estrategia de demandas por supuesto daño moral en contra de medios de comunicación, particularmente en contra de E-consulta que ya tiene 7 demandas en su haber durante la actual administración. Entonces, sí vemos que se ha generado un ambiente habilitador o permisivo para mayores niveles de violencia a nivel local.
Otro de los conceptos que aborda el informe anual de Artículo 19, como eje rector del mismo, es el de “negación”, acuñado originalmente por Stanley Cohen (2005), sociólogo sudáfricano que estableció que la negación atraviesa organizaciones, gobiernos y sociedades que reciben información comprometedora que, en consecuencia, no puede ser abiertamente aceptada. Dicha información termina por ser reprimida o reinterpretada. Sus implicaciones son entonces evadidas y neutralizadas racionalmente. En su informe anual más reciente, Artículo 19 señala que, durante 2021, se consolidó a través de los discursos públicos la tendencia de negar e invisibilizar los problemas que guardan relación con los derechos humanos.
Sobre este asunto, Maldonado Gutiérrez trae a cuento el contexto en el que se teorizó inicialmente sobre la negación: el proceso de democratización y justicia transicional en Sudáfrica con la llegada de Nelson Mandela al gobierno. En estos casos de justicia transicional, refiere, “no hay recetas, pero es importante que se tenga claro en las sociedades que debe avanzarse hacia la justicia, la reparación del daño y el acceso a la verdad como una precondición para la paz”. Estos elementos de fundamental importancia, para Maldonado, han sido pospuestos por el gobierno mexicano.
Con la llegada de Vicente Fox al poder inicia “un proceso de justicia transicional accidentado” con la creación, por decreto presidencial el 27 de noviembre de 2001, de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Pese a las altas expectativas, el resultado fue nulo. Maldonado añade que “ahora que hay un segundo momento, ya con una guerra contra el narcotráfico en desarrollo, con un proceso de militarización muy acelerado y violaciones graves a Derechos Humanos en las que concurren periodistas como víctimas, ya no vemos tan sólo un deficiente proceso de justicia transicional, sino una negación de la atrocidad”.
A consideración del activista, si bien se reconoce lo que pasó y se culpa a los gobiernos anteriores de ello, no se ha reconocido que las condiciones de inseguridad se mantienen en el presente; un presente heredado, pero irresuelto, incapaz de encaminarse hacia nuevas políticas públicas con los más altos estándares en materia de libertad de expresión y que prevenga la violencia contra la prensa, que proteja a los periodistas que están en riesgo y que garantice justicia a quiénes ya han sido agredidos.
—Pensemos en un caso icónico que describe de cuerpo completo a este gobierno —explica Maldonado un caso que involucró a la autora de Los demonios del Edén—. El 9 de enero de 2019, el Estado mexicano pide una disculpa pública a Lydia Cacho como resultado de un proceso de justicia que llevamos ante instancias internacionales. Ya estábamos hablando en aquel entonces de 13 años de lucha para dar justicia a Lydia Cacho en el caso de tortura sexual y de la utilización del aparato del Estado en su contra por parte de Mario Marín y del empresario libanés-mexicano Kamel Nacif. ¿Qué fue lo que pasó a los 5 meses? Su casa fue asaltada, sus mascotas fueron envenenadas y ella tuvo que salir del país. Si bien hay órdenes de aprehensión contra algunos de los perpetradores, uno de ellos, el principalísimo, Kamel Nacif, ya fue exonerado el año pasado. Se tumbó la orden de aprehensión porque hay corrupción; porque se mantienen intocadas las estructuras de impunidad.
»Es muy desalentador para el grueso del gremio periodístico ver casos como el de ella, que es una periodista multi laureada, cuyo trabajo sobre las redes de trata y de pederastia ha sido reconocido a nivel nacional y global. Este es el gobierno actual: en lo simbólico trata de deslindarse del pasado, pero no termina de hacerlo en la medida en que no garantiza justicia a las víctimas. Hacen toda una serie de eventos (reconocimientos públicos, monumentos, piden perdón) que son importantes por sí mismos, pero que son un punto de partida, no un punto de llegada; y pareciera que con eso se da por satisfecho el actual gobierno. Todo lo que se habla sobre la violencia heredada es parte de la negación. No sólo es un evento del pasado; sigue sucediendo. Van más de 20 mil desaparecidos en este sexenio, hay casos de tortura, feminicidios. ¿A qué llegó con todo esto? Que la negación tiene una repercusión en el ámbito institucional y es que no se mueva el aparato de procuración, de administración de justicia y de atención a víctimas en la dirección adecuada para revertir este patrón de impunidad. Por el contrario, la negación lo profundiza.
Mecanismos institucionales y autogestivos
—Y precisamente en relación a este presente irresuelto, llama poderosamente la atención que algunos de los periodistas violentados estaban inscritos en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿Qué se ha documentado con respecto a este mecanismo?, ¿por qué ha resultado ser insuficiente y qué se requiere para hacer no sólo de esta instancia, sino de todas a las que les compete esta situación, una herramienta adecuada y funcional?
—El mecanismo fue creado por el impulso de la sociedad civil organizada hace 10 años y eso dio pie a una ley en la que se construye todo un entramado institucional que se pensaba podía generar un mayor nivel de interlocución, de intercambio y de articulación entre diferentes instancias. En principio, lo tenían también pensado para prevenir las agresiones y no hay tal política de prevención a la fecha. También se pretendía que la junta de gobierno, tal como está conformada, la antes PGR, ahora FGR, la Secretaría de Seguridad Pública y las instancias de Derechos Humanos actuaran de manera conjunta. La realidad no ha sido así: se juntan, votan por una propuesta de medidas que dan los analistas de riesgo de la secretaría de gobernación, terminan y se van. No es una tarea menor, pero no está cumpliendo con el objetivo de que haya intercambio de información y mayor interlocución.
»El mecanismo de protección por sí solo, como ahora está funcionando de manera reactiva y no preventiva, es insuficiente y es insuficiente en la medida en que no hay procesos de justiciabilidad. Hay un nivel de impunidad en 98% de los casos, no hay prevención, por supuesto, y mucho menos hay reparación. El mecanismo es un elemento importante, pero no el único. Además, es Federal; por lo tanto, no tiene facultades para obligar a los estados a cumplir con sus determinaciones. Todo se basa en convenios de colaboración que parten de la buena fe de los actores institucionales, pero que no responsabilizan a las instancias locales sobre el tema de la protección.
Maldonado Gutiérrez identifica una “gran paradoja” por la que el gremio periodístico acude a instancias federales: la mayoría de los periodistas prefiere que las administraciones estatales y municipales no intervengan en sus casos ya que allí se encuentran sus agresores o quienes están coludidos con los perpetradores de la violencia. Si bien Artículo 19 participa en foros para discutir una nueva ley, no hay plena confianza en que la legislación modifique la situación pues la implementación de la norma es deficiente o está subordinada a factores de carácter político.
—Evidentemente al mecanismo le falta un fortalecimiento técnico, operativo y presupuestal importante —continúa Maldonado—, pero también falta que se aborde el problema de la violencia contra la prensa como un problema de Estado y es lo que no está sucediendo. Pareciera que todo lo tiene que solucionar el mecanismo y no es así. No funciona la comisión ejecutiva de atención a víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está dinamitada; hoy más involucrada en las grillas del gobierno actual que en de verdad ser una instancia que se diferencie de las anteriores administraciones. La Fiscalía General de la República está en la lógica de los intereses personales de su titular. Suena entonces muy difícil que esta situación se vaya a revertir en lo inmediato mientras no haya una depuración institucional profunda en todos los niveles y en todos los poderes del Estado.
—En el programa Política y Otros Datos, de Grupo Expansión, la instructora de política pública, académica y periodista Viridiana Ríos se dijo sorprendida por lo poco acostumbrados que estaban los periodistas para quejarse con el gobierno, para marchar y organizarse ¿Ha documentado Artículo 19 algo con respecto de estas dificultades? ¿Hay algún avance que se haya reportado en relación con asociaciones o mecanismos autogestivos por parte del gremio periodístico?
—Sí. Hemos visto que ha sido complicado organizarse al interior de las redacciones, pero también entre colegas de diferentes medios; sin embargo, poco a poco, en los últimos 3 ó 4 años, ha aumentado esa capacidad de organizarse en torno a diferentes temas. Llevamos 15 años por lo menos teniendo procesos organizativos y redes de protección de periodistas autogestivas, horizontales, que se han venido reproduciendo y replicando en diferentes entidades del país. Creo que eso ha sido un avance significativo.
»Ya los procesos organizativos para temas laborales son incipientes, son novedosos, pero han ido aumentando y cada vez más han puesto sobre la mesa sus demandas de derechos laborales. Las redes de protección no necesariamente traen esa agenda, pero han caminado en paralelo. Entonces, yo sí veo que se ha ido erigiendo una conciencia mucho más integral de la problemática de la prensa en México, pero esto no ha representado una respuesta adecuada por parte del gobierno y eso a veces desincentiva. Es un proceso de largo aliento. Los procesos organizativos deben ser de muy largo aliento si se quieren ver ciertos resultados. Yo creo que un signo positivo, aunque con ciertas reservas, es que, por ejemplo, ya se habló el 6 de abril de un fondo de seguridad social para la prensa. Habrá que ver cómo lo construyen y cómo se articula, y advertir si no se convierte en un fondo de chayote.
El término chayote, entendido como el soborno que se da a la prensa con tal de moldear sus líneas editoriales, se ha arraigado en la cultura política mexicana desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1940-1970) según el ya fallecido periodista mexicano Julio Scherer García. En relación a ello, Leopoldo Maldonado concluye que los procesos organizativos no han sido incentivados por el Estado, ni por medios corporativos: “A pesar de ellos, los trabajadores y trabajadoras los han ido concretando”.
Instituciones privadas y precarización laboral
El 23 de enero de 2022, fue asesinada a las afueras de su domicilio en Tijuana, la periodista Lourdes Maldonado. Durante una conferencia matutina del presidente de la república, en marzo de 2019, la periodista dijo temer por su vida debido a un litigio laboral por despido injustificado y falta de pago que sostenía contra la empresa PSN, propiedad del político y empresario Jaime Bonilla Valdés, quien fuera gobernador del estado de Baja California de 2019 a 2021, y quien culminó con un embargo mercantil a favor de Lourdes Maldonado.
—Pensando en el caso de Lourdes, ¿existe una responsabilidad también de las instituciones privadas para las cuales trabajan los periodistas sobre la violencia contra ellos?
—En lo que respecta a las instituciones privadas, hay una serie de elementos a observar. Uno de ellos tiene que ver con la precarización laboral que, por supuesto, es un factor que profundiza la vulnerabilidad de la prensa en México y tiene que ver también con que las empresas no se hacen responsables de las agresiones que padecen sus trabajadores o trabajadoras en la mayoría de los casos.
»A lo que recurren ellos es o al silencio (“no hables de esto”; “no hables con los de Artículo”; “no hables con Reporteros Sin Fronteras”; “no lo hagas público”; “no hagas más alboroto”) o de plano los dejan a su suerte. Por supuesto que este problema multifactorial de violencia contra la prensa tiene que ver también con los propios dueños de los medios. Sin embargo, habrá que decir que la responsabilidad última de la seguridad de la prensa y su protección, recae en el Estado porque quienes finalmente tienen que garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de toda la población son las autoridades públicas.
La pandemia causada por el coronavirus Sars CoV-2 también ha deteriorado las condiciones del trabajo periodístico en México. Al respecto, el director regional de Artículo 19 considera que “el factor de la precarización se ha profundizado más con el Covid-19 y, en ese sentido, estamos muy preocupados porque México es de los países con mayor número de muertes de periodistas por Covid, lo cual refleja la falta de acceso a seguridad social, a seguros médicos, a protección durante el momento más difícil de la pandemia para hacer las coberturas con el equipo adecuado. Muchas veces lo tenían que comprar ellas o ellos”.
Artículo 19 emprendió, el 25 de abril de 2020, un registro de comunicadores fallecidos a causa del Sars-CoV-2. Aunque la última actualización de la estadística data del 23 de julio del 2021, fueron reportados 116 fallecimientos. Además, durante este periodo de tiempo denunciaron recortes salariales y despidos injustificados. Maldonado concluye que “esto se ha agudizado y tiene que ver también con la complicidad entre los propios patrones y las autoridades de seguridad social y laborales que no hacen valer la norma, que no hacen valer la ley y que únicamente han volteado a otro lado”.
Infodemia y Fake News
—Un asunto del que se ha hablado mucho recientemente son las fake news y la infodemia. ¿Cómo afecta este fenómeno al periodismo?, ¿incide en la credibilidad de la prensa?
—Yo creo que sí ha incidido de manera negativa en términos de la confianza y la legitimidad del periodismo, pero por una razón muy particular: considero que ha sido instrumentalizado políticamente desde diversos gobiernos a lo largo y ancho del planeta para tratar de desprestigiar la labor periodística. Desde nuestra perspectiva el término fake news es problemático porque, de entrada, entraña una contradicción: los hechos falsos. ¿Quién califica la falsedad de los hechos? Esa facultad se la está apropiando, por ejemplo, el propio gobierno de México a través de su ejercicio, muy lamentable, del “¿quién es quién en las mentiras de la semana?”. Es un espacio oficial de verificación totalmente desproporcionado y fuera de lugar que dice qué noticias son falsas o no. Es un intento de controlar el elemento principal de la libertad de expresión que es el escrutinio de la función pública. Cuando tienes por respuesta un espacio de verificación de esta naturaleza, en donde de entrada ya dicen que es falso el hecho que estás narrando, no hay posibilidad de contraste.
»Esto ha hecho un profundo daño a la discusión y al debate público. Un profundo daño en términos de salud democrática porque cuando los Estados se erigen como tribunales de la verdad, las consecuencias a la postre son el acoso y el hostigamiento a la prensa en los términos en los que se está dando hoy en México. Por eso creo que el término de desinformación es un término en disputa y responde a muchos intereses políticos, económicos, ideológicos y religiosos. Hay un gran reto en contrarrestar la desinformación. Hay alternativas como la alfabetización mediática, informativa y digital; los espacios de verificación que, incluso siendo espacios periodísticos serios, han sido muy cuestionados: “¿tú vas a determinar qué noticias valen y que no, y por qué tú y no otro?”.
Otro de los elementos que el informe “Negación” de Artículo 19 trata extensivamente es la carga estigmatizadora que hay contra periodistas críticos desde los discursos públicos y nuevos mecanismos censores como “las maquinarias de odio”: campañas contra activistas y periodistas orquestadas a través de bots y trolls en redes sociodigitales.
—En medio de estas disputas por la narrativa, por la construcción social de lo que es verdadero y falso, ¿cuál es la importancia del quehacer periodístico en tiempos de posverdad?
—En complemento a la pregunta anterior, con la sobresaturación de información, con la desinformación de fuentes públicas y privadas, con el entendido de que hay una disputa profunda por la narrativa que se ha facilitado gracias a las redes sociales, creo que el periodismo es más pertinente que nunca. ¿Qué hacemos si a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes nos llegan de Wikileaks 8 teras de información sobre cables diplomáticos y no hay una curaduría de la información ni un proceso de contrastación y verificación? Esa información en bruto no nos sirve, no tenemos la capacidad de procesarla. Para esto hay profesionales de la información con una función social muy importante. No es que no la tuvieran antes, pero la tienen más actualmente porque ya no nos falta información, nos sobra información.
»En ese mar de datos en el que nos estamos ahogando, la prensa tiene el papel de seleccionar, armar, ordenar, sistematizar, contrastar y contextualizar. El gran problema es que la prensa se está enfrentando al ascenso de autoritarismos de diversas adscripciones ideológicas, o gobiernos reputados como democráticos, pero con pulsiones autoritarias. Hay una beligerancia y una hostilidad discursiva muy particular, actualmente, no sólo en México. Estamos cayendo en la trampa de los jefes de Estado y altos funcionarios que se dicen víctimas de la mala prensa, de la desinformación o de las noticias falsas y se sienten con derecho a responder con ofensas e incluso con persecuciones como está pasando en El Salvador con Bukele o como pasa en Nicaragua con Ortega.
»Estos gobiernos con pulsiones autoritarias que han llegado al poder a través de procesos democráticos formales están encontrando en la prensa y la sociedad civil un enorme contrapeso al que quieren neutralizar de cualquier forma y qué mejor que hacerlo con sus propios medios.
—Ya hemos tratado a lo largo de la entrevista algunos aspectos del fenómeno de violencia que es muy amplio y multifactorial, pero haciendo una pregunta tramposa, si pudiéramos resumir, en un intento por diseccionar el hecho y el ambiente, ¿cuáles serían los fenómenos cenitales que configuran la coyuntura de inseguridad a la que se enfrenta el periodismo?
—Yo creo que hay muchas formas y una de ellas es la violencia en términos genéricos. Este es el gobierno, les guste o no, que más ha registrado asesinatos en los primeros 40 meses en comparación con los anteriores sexenios. Eso es un indicador de que la violencia contra la prensa va en aumento.
»Puede ser un señalamiento público de un funcionario en contra de un periodista en particular, que después puede escalar a un golpe, qué después puede escalar a un allanamiento, a una demanda, a un ejercicio arbitrario, a una detención, a la tortura, etcétera; es decir, vamos viendo como la violencia contra la prensa presenta diversas formas cuyo objetivo central es la censura: que se callen, que se inhiban, que se inhiba la destinataria directa de la violencia pero también la comunidad periodística alrededor de esa persona. Otro punto es la impunidad que, así como la censura, existe porque le es funcional a la clase política y sus aliados económicos.
»Existe otro elemento de censura más sutil que es la asignación arbitraria y discrecional de los recursos para publicidad oficial. Si bien ha disminuido significativamente el gasto en el actual gobierno federal, tanto él como los gobiernos locales lo siguen utilizando de manera discrecional para premiar o castigar las líneas editoriales. No es violencia física ni psicológica, pero es una forma tradicional y profundamente autoritaria, también heredada del pasado, pero aprovechada en el presente para controlar a la prensa. Yo diría en este sentido que la prensa está entre la plata (“no pago para que me peguen”, decía López Portillo en 1982) y el plomo. La violencia que se concreta y se materializa cada 14 horas en contra de la prensa en México si tomamos en cuenta la 644 agresiones documentadas el año pasado.
»Otro de los elementos que hay que sumar en estas formas más complejas de censura, es precisamente el discurso público. No lo habíamos visto antes y es una forma de inhibición y de amedrentamiento que se suma a las que ya conocíamos de violencia pura y dura, por así decirlo. El tema de la discursividad está conformado por la desinformación pública y la estigmatización. Entonces, vemos estas formas tradicionales y novedosas de violencia que siguen en la lógica profundamente antidemocrática de nuestra clase política que es el rechazo al escrutinio público, a la transparencia y a la rendición de cuentas
Fuentes
- Artículo 19. (2022, abril). Negación. México.
- Scherer, J. (1986) Los Presidentes. México: Grijalbo.
- Cohen, S. (2005) Estados de Negación. Buenos aires: Departamento de publicaciones de la Facultad de Derecho.