RTC: sexo, mentiras y TV
El Universal, Finanzas, 27 de marzo 2007.
Telecom y medios
Gabriel Sosa Plata
La “modernización” que supuestamente trajo al sector la “ley Televisa”, sólo se hizo en los temas que convenían a su principal impulsor, Televisa, así como a los grupos radiofónicos afines a la televisora. Al resto de la legislación, como la relacionada con los contenidos, no debía quitársele ni una sola coma. Y así se hizo.
¿Por qué la “modernización” sí debía hacerse, por ejemplo, en el otorgamiento y refrendo de concesiones y permisos y por qué no en lo relativo a lo que las televisoras y radiodifusoras transmiten? Por una razón: porque las principales empresas mediáticas se desenvuelven cotidianamente en un marco legal que les ha permitido sortear con facilidad todos los recursos que el gobierno federal, a través de la Dirección General de Radio y Televisión (RTC) de la Secretaría de Gobernación, lleva a cabo en su contra por violaciones a lo dispuesto en la legislación en la materia.
En esa doble moral, empresarios de la industria piden acabar con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos, pero al mismo tiempo desaprueban cualquier modificación al marco legal de los contenidos porque existe un amplio margen de negociación, discrecional, entre las partes y diversos recursos utilizados por los radiodifusores, la mayoría exitosos, durante los procedimientos en su contra por ese concepto, lo cual demerita la capacidad reguladora del Estado y la aplicación justa de la ley.
El bochornoso papel que tuvo el director de RTC al censurar un programa del PRD es una muestra de cómo se puede negociar la ley en México. Si eso sucedió con un programa ¿no podría ocurrir lo mismo con lo que difunden concesionarios o permisionarios del medio? Pero tengo más razones para pensar mal de la actuación de los funcionarios más importantes de RTC (y no de sus profesionales interventores, monitoristas, clasificadores, etcétera): el ocultamiento de información sobre su propio quehacer.
Independientemente de la noticia que la semana pasada se dio conocer en relación a la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) para que la Secretaría de Gobernación informe sobre los mil 221 procedimientos iniciados por RTC en contra de medios de comunicación electrónicos (El Universal, 15 de marzo 2007), la dirección que encabeza Eduardo Garzón incluso mutila la información que al respecto proporciona a los ciudadanos amparados por la ley de transparencia.
En tres ocasiones he pedido a la Secretaría de Gobernación el listado de emisoras que a lo largo de la administración del ahora expresidente Vicente Fox fueron sancionadas, apercibidas o amonestadas por violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y su reglamento. Las tres respuestas tienen datos distintos, pero en las dos últimas, la situación es mucho más grave.
La información que me dieron en mayo del 2006 incluía nombre de las empresas o instituciones sancionadas, siglas, frecuencias, ubicación y razones por las que fueron infraccionadas (El Universal, Finanzas, 23 de mayo 2006). La información proporcionada en febrero de este año, sólo tiene número de oficio (un dato irrelevante para el ciudadano), nombre de las empresas o instituciones sancionadas, lo cual hace más difícil precisar de qué emisora se trata (una empresa puede ser concesionaria de varias frecuencias) y la razón, menos descriptiva, por las que fueron infraccionadas. En ambos casos, señala RTC, se trata de procedimientos que son definitivos y que ya causaron efecto.
Proteger a las televisoras
Pero lo más delicado es que, aunque se trata de casos ya cerrados, los datos proporcionados en ambos años no son los mismos. En el 2006, RTC informó de 22 casos de emisoras sancionadas en el 2002 y de 35 en el 2003. En el reporte 2007, resulta que sólo fueron 9 en el 2002 y 12 en el 2003. ¿Qué sucedió con los 36 procedimientos que supuestamente habían “causado efecto” en ese periodo?
Insisto, no es que uno quiera pensar mal, pero resulta que los datos omitidos están relacionados fundamentalmente con las televisoras: las sanciones a los canales 2, 4, 5, 7, 9 y 13, de Televisa y Televisión Azteca, impuestas en el 2002, por transmitir más publicidad de la permitida en una hora, ya no están consignadas en el informe 2007, pero sí conservaron la falta de “corrupción del lenguaje” cometida en el Canal 40, cuando éste aún estaba en manos de Javier Moreno Valle.
En el reporte 2007 tampoco aparecen las sanciones impuestas a las emisoras de los gobiernos de los estados de Chiapas y de Michoacán, por no respetar los tiempos oficiales, así como al canal 22 por la “transmisión de escenas contrarias a las buenas costumbres”, con base en el informe proporcionado en el 2006.
La información que proporciona RTC a través del IFAI no es, en conclusión, confiable. ¿Qué podemos interpretar de esto? ¿un acto de autocensura o un problema en los archivos correspondientes? En cualquiera de las dos situaciones, hay negligencia de los funcionarios que tienen a su cargo la obligación de informar a la sociedad sobre sus actividades.
Con las reservas del caso, RTC informa que durante el sexenio foxista hubo más de mil 220 procedimientos de sanción a emisoras de radio y televisión, pero sólo 80 han “causado estado” o son definitivos. De los 80 casos, 38 fueron por “corrupción de lenguaje”, 20 por “omisión del tiempo de Estado”, 14 por transmisión de “programas esotéricos”, cuatro por difundir “narcocorridos”, dos por tener “locutores sin certificado”, uno por “no acatar observaciones” y uno más por “transmisión de largometraje sin autorización y clasificación”.
La empresa más sancionada, con 37 procedimientos, ha sido Radio Uno FM, de Grupo Radio Fórmula. Aunque no se precisa el programa que generó dichas infracciones, se sabe que, en todos los casos, fue por el contenido de “El Panda Show” y su reiterada “corrupción del lenguaje”. Sorprende que a Televisa no se le haya podido sancionar, más que por la transmisión de programas esotéricos en dos canales de televisión locales.
AMEDI
Hoy asume la presidencia de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), Javier Corral. Sustituye a Beatriz Solís, fundadora de esa asociación y compañera de la UAM-Xochimilco. A ambas personalidades mi más sincera felicitación y reconocimiento…
Profesor e investigador invitado de la AUM Cuajimalpa. Columnista de El Universal y
coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación. http://radiomexicana.blogspot.com
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo.
Sosa Plata, Gabriel, «RTC: sexo, mentiras y TV» en El Universal,
México, 27 -III- 2007, Telecom y otros medios, Finanzas.
