En marcha la reforma legal
El Financiero, Cultural, 10 de octubre de 2007.
El poder aplica censura a los medios que no le son afines
Carmen García Bermejo
Periodista de El Financiero y colaboradora de la RMC
El actual papel de los medios de comunicación electrónicos exige una nueva estructura legal. Los 49 sistemas que forman la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México promueven un marco jurídico incluyente que les dé sustento, legalidad y condiciones para operar como medios de servicio público y no sólo como permisionarios.
En la Cámara de Senadores está en marcha el trabajo de las tres comisiones dictaminadoras encargadas de reformar las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones. El análisis estará centrado en el régimen de concesiones y permisos; modernización y convergencia tecnológica; régimen particular para los medios oficiales y comunitarios, sanciones y controversias, entre otros más. Asimismo, atenderá las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que declaró inconstitucional la reforma a los artículos más controvertidos de la Ley Televisa que fue aprobada el año pasado.
Los legisladores darán audiencia a todas las voces involucradas, tanto de empresas privadas, como de medios permisionarios. En ese sentido, representantes de los 49 sistemas de radio y televisión que operan en veintiocho entidades del país y que conforman a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México han delineado ya los puntos generales que deberá contener el nuevo marco jurídico de la radiodifusión y telecomunicación. Así, demandan se incorpore el reconocimiento legal de los medios públicos y la consecuente anulación de las figuras “concesionarios” y “permisionarios.”
Estas propuestas han sido difundidas durante el III Congreso Internacional Regulación y Futuro Digital de los Medios Públicos, organizado por la Red, que preside Ernesto Velázquez Briseño. En esta reunión se hace énfasis en analizar el marco regulador, los retos frente a la convergencia digital, la censura sutil, la organización y financiación de los medios públicos, y la garantía jurídica de la independencia y la participación social.
Para el también director de TV-UNAM, el tema de los medios públicos es impostergable, debido a todo lo que ha sucedido recientemente con los medios privados. En la medida en que los medios de servicio público –hoy llamados permisionarios– sean independientes, libres, plurales, enriquecidos, diversos y con posibilidades financieras aseguradas la sociedad tendrá una garantía distinta para la vida democrática del país.
Explica que es con la reciente reforma electoral cuando el Congreso de la Unión se plantea una profunda modificación a los medios electrónicos de comunicación y prohíbe hacer campañas electorales con recursos públicos en medios privados, ya que los medios permisionarios no están autorizados para transmitir anuncios, ni propaganda política:
“Cuando la Cámara de la Industria de Radio y Televisión -agrega- acusaba que los medios oficiales son una competencia desleal al pretender obtener ingresos comerciales y recibir presupuesto público, la respuesta fue que si hay alguien que reciba dinero del erario son las empresas privadas de radiodifusión. La muestra está en las cantidades extraordinarias que los partidos se gastaban para proyectarse en la televisión.”
Velázquez Briseño recuerda que el gobierno federal siempre ha dicho que no hay dinero para mejorar las condiciones de la radio y televisión que el Estado tiene a su cargo. Sin embargo, propone:
“Si el Ejecutivo federal entregara los 2 mil 600 millones de pesos que el año pasado se gastó en las campañas electorales, sólo por conducto de propaganda en empresas privadas de comunicación electrónica, a los 49 sistemas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, no nos volvemos quejar porque modificamos la realidad de estos medios y los equiparíamos con tecnología de punta. Esa cantidad muestra que sí hay recursos públicos, lo que pasa es que se destinan a otra cosa.”
Se prevé que, a finales de octubre, los representantes de la Red presentarán ante el grupo de trabajo de la Cámara de Senadores una propuesta para reformar las leyes de radiodifusión y telecomunicaciones. El abogado Alejandro Madrazo Lajous es el asesor jurídico para el proyecto de ley de medios públicos que elabora la Red y quien durante su sociedad con la firma Zambrano y Madrazo Abogados realizó la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nació en el caso de las reformas a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión, mejor conocida como la Ley Televisa.
El abogado afirma que el litigio de la Ley Televisa fue un proceso difícil y se trató de contener un daño grave al país y asegurar el mínimo necesario para la supervivencia de los medios no comerciales en un contexto tan adverso. Ahora se trabaja en una fase distinta. Si bien en la ley existe la figura de permisionarios para referirse a los medios oficiales, culturales, experimentales y educativos, la idea es que la legislación incorpore la figura de medios de servicio público.
La idea central es que existan medios de servicio público, no medios oficiales:
“Los medios de servicio público –anota– deben ser espacios de difusión de contenidos en beneficio de la sociedad y no en función de los intereses gubernamentales. Las características que creemos que deben definir a un medio como de servicio público es la independencia editorial; autonomía en la gestión financiera; participación ciudadana en órganos de gobierno y en contenidos de sus programas; transparencia y revisión de cuentas en finanzas y contenidos.”
Madrazo Lajours agrega que otro de los aspectos que la actual legislación establece es que los permisionarios no pueden comercializar su tiempo-aire y eso ha impedido que se alleguen de recursos financieros por su propio trabajo. Pero es fundamental eliminar esa prohibición porque se necesita garantizar su digitalización; es decir, que cuenten con fondos suficientes para realizar la convergencia tecnológica, de otra manera estos medios tenderán a desaparecer.
Destaca que los medios públicos podrían hacerse de recursos a través de comercialización no lucrativa tiempo-aire; venta de productos y servicios; patrocinios; promociones; presupuesto público; ingresos por derechos de autor y promoción de fórmulas novedosas de fomento a la producción:
“Si obtengo recursos para repartir utilidades entre accionistas —apunta— estoy haciendo una distribución lucrativa de ese dinero. Si los recursos por comercialización se reinvierten para mejor producción, actualizar tecnología, ampliar cobertura, etcétera, se habla de comercialización no lucrativa. Se invierte para fortalecer la autonomía financiera y su independencia editorial.”
Madrazo Lajours añade que para conseguir lo anterior es urgente eliminar la diferencia entre medios permisionarios y concesionarios porque la característica principal de esta regulación discriminatoria en contra de los medios permisionarios es precisamente que no pueden comercializar tiempo-aire:
“Pero –afirma–, si pasamos de un formato de medios oficiales a medios de servicio público tenemos que prevenir que la censura indirecta no alcance a estos medios; es decir, que la entrega de publicidad que el Estado reparte no sea un elemento para determinar contenidos.”
Censura indirecta o sutil
Es precisamente el control de los medios de comunicación que en América Latina ejercen los gobiernos, a través de la publicidad, el reto a vencer. Una de las organizaciones que ha documentado y llevado hasta la Corte Internacional estos casos de censura indirecta es la Asociación por los Derechos Civiles, Argentina. Su director, Roberto Saba explica que la censura “sutil” no es un invento, sino un factor identificado y se sanciona en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrito por todos los estados miembros de la OEA, pues está vinculado con la protección a la libertad de expresión.
Doctor en Derecho por la Universidad Yale, Saba indica que donde se puede percibir el manejo de la censura indirecta o censura sutil es en la distribución discriminatoria de la publicidad oficial. Esto es, la propaganda que los gobiernos pagan para la promoción de sus actividades en los diferentes medios de comunicación. Pero también se genera cuando se otorga acceso a ámbitos privilegiados de información, a aquellos que no son muy críticos al sistema. Otro método usado es la de iniciar causas penales contra periodistas por calumnias, injurias y desacato para revelar sus fuentes de información.
El abogado precisa que en Argentina el gobierno federal gastó, en 2003, 46 millones de pesos argentinos (unos 15 millones de dólares); en 2004 el monto ascendió a 99 millones de pesos; en 2005 a 127 millones de pesos; en 2006 a 209 millones de pesos y en 2007 el gobierno ya lleva gastado una suma similar a lo que gastó en todo el año pasado y se ha proyectado que ascenderá hasta 400 millones de pesos porque es un año electoral.
Con estas cifras, afirma que el tema de la publicidad oficial y sus potenciales abusos no es exclusivo de Argentina, también en México, Chile, Uruguay y el resto de los países latinoamericanos:
“Los gobiernos utilizan la publicidad oficial -indica- como mecanismo de censura indirecta para ejercer presión sobre los medios de comunicación. Se le da la publicidad a los que hablan bien del gobierno y se le retira a los que hablan mal. Esto también genera un impacto de autocensura en los periodistas para evitar perder la publicidad oficial, sin contar que perjudican el derecho a la información que tiene la ciudadanía.”
Saba enumera varios casos de medios de comunicación argentinos donde los gobiernos aplican la censura indirecta o favorecen a sus afines. Pero asevera:
“Lo que hace falta en nuestros países es una regulación que ponga límites a la discrecionalidad de los gobierno para distribuir el dinero destinado a la propaganda oficial. Ésta no es un subsidio, ni una ayuda, su distribución debe estar descentralizada y caer en manos de funcionarios técnicos, no políticos. Aquí es urgente la transparencia para que la población pueda saber cuánto le da, a quién y por qué le da.”
A esta situación el abogado suma el uso de la publicidad oficial como corrupción. En este tema destaca la discrecionalidad con la que los funcionarios se manejan para distribuir la publicidad oficial favoreciendo a medios más amigos y retirándosela a medios más críticos. Por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, con una población de 40 mil habitantes, existe una tremenda proliferación de medios electrónicos:
“Casi todos los periodistas –apunta– han abierto sus propios medios y le venden publicidad al gobierno de la provincial. De esa forma, el gobierno se asegura que esos medios van a reproducir íntegras sus gacetillas de prensa.”
Otro caso que cita Saba es el del periódico de circulación nacional Página 12, el tercero más importante del país, tanto por su distribución (106 mil ejemplares), como por su calidad. En 2003, el diario El Clarín recibió cuatro millones 500 mil pesos argentinos por publicidad oficial; La Nación, dos millones 700 mil pesos, y Página 12 un millón 700 mil pesos. En 2004, El Clarín recibió 19 millones de pesos; La Nación subió a ocho millones de pesos y Página 12 a 14 millones de pesos. Las cifras llaman la atención porque, súbitamente, este diario incrementó sus ingresos por publicidad oficial debido a su cobertura en las actividades de presidente Kichner. Esto también sucede con los canales de televisión América TV y Canal 9.
En México el panorama no es distinto a lo expresado por el argentino Saba. El especialista Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que aquí existe censura “sutil” pero también censura abierta, lo cual es más preocupante:
“Hoy en día –continúa– en México estamos hablando de amenazas y desapariciones forzadas de periodistas y, además, de la utilización del derecho penal, por parte de los gobiernos, para amedrentar a todos sus críticos. Hasta hace menos de un mes en Chiapas se despenalizó eso que se conocía como ‘derecho al honor’, un instrumento para tratar de apaciguar a todo periodista crítico. Esto es censura abierta contra los medios de comunicación.”
Córdova Vianello expresa que en el espejo de Argentina también se refleja México, debido a que el Estado también distribuye discrecionalmente la publicidad oficial como censura “sutil”. Señala que algunos medios subsisten por los montos que regularmente reciben a través de la publicidad oficial. Pero justo cuando se les retira, esos medios tienden a desaparecer:
“Sólo aquellos que, aparte de la publicidad oficial, perciben un importante monto de publicidad comercial –agrega– son los que logran sobrevivir a estos embates.”
Imponer la agenda nacional
En efecto. No hay mayor control de un medio de comunicación que el económico porque eso le significa la vida o la muerte. José Jorge Zepeda Vargas, director para Latinoamérica de Radio Nederland, Holanda, narra que ha transitado por diversas radiodifusoras de servicio público en la región y ha confirmado que cuando este tipo de medios no cuenta con un financiamiento asegurado y depende de la arbitrariedad del funcionario en turno los problemas jamás desaparecen.
Considera que en todos los países de América Latina debe consolidarse una importantísima legislación para, sobre todo, los medios de servicio público y en caso de que ya exista, hay que mejorarla:
“Por ejemplo –precisa–, el mayor obstáculo de los medios permisionarios en México es la legislación porque ésta supone también la designación de los presupuestos. Es decir, dependen de los recursos que la entidad a la que están adscritos les quiera otorgar. El segundo desafío que veo para estos medios es servir exactamente para lo que fueron creados y no dejarse llevar por la inercia de los esquemas impuestos por los medios privados. Si tienen un defecto todos los medios de comunicación es la tendencia a la imitación: todos asisten al mismo evento, cubren la misma noticia, preguntan lo mismo y todos reciben la misma respuesta. ¿Cómo poder hacer algo distinto desde una perspectiva diferente? Hay que ser creativos.”
Zepeda Vargas asegura que el poder -de derecha y de izquierda- tiene una relación conflictiva con los medios:
“Los políticos los necesitan –-subraya— porque si no están en la tele o en la radio, sienten que no existen. El político anda buscando eso y los medios andan buscando al político. Pero uno de los problemas importantes es que el poder intenta controlar a los medios y cuando éstos no son afines al poder ya no se utiliza la censura del garrote militar para liquidar las transmisiones de una estación. Ahora es mucho más sofisticado: se le retira la publicidad oficial y le ‘recomiendan’ a los empresarios que no se anuncien en determinado medio para asfixiarlo.”
Esto sigue siendo censura, asevera Zepeda Vargas porque indirecta o sutil el poder político y también el económico ejerce censura sobre los medios que no les son afines provocando una situación dramática para quien están asfixiando. El también productor de radio apunta que éste es un problema serio del poder abusando de los medios, pero también está la realidad de los medios electrónicos tratando de dictar permanentemente la agenda de los gobiernos:
“Aquí –-indica-– esos medios se creen los dueños de la verdad. No se nos olvide que una radio ecuatoriana llamada La Luna encabezó y derrocó a un gobierno legítimamente electo. Uno puede estar totalmente en contra de ese gobierno, pero el acto inconstitucional fue promovido por una empresa de radio. Ese no puede ser el papel de los medios de comunicación. La concentración de medios de comunicación en unas cuantas manos debe alertar a la sociedad. De ahí la necesidad de contar con una legislación sólida donde se especifique su función porque los medios transmiten su señal a través de un bien de dominio directo de la nación, el espectro radioeléctrico, y se otorga su uso en aras de beneficio para la población.”
En ese sentido, Reinhard Scolik, presidente de planeación y coordinación de ORF Radio Österreich, Austria, que transmite el programa cultural de mayor éxito en Europa, comenta la importante de que en México los medios públicos puede tener una transmisión mas fuerte a través de dos vía: la transmisora tendrá que encontrar los programas que le gustarían ver y escuchar a la sociedad y, por otro lado, la población debe saber que esos medios representan una opción diferente a lo que les ofrecen los medios de la iniciativa privada. En la medida en que la radio y la televisión pública les ofrezcan programas con los que la sociedad se pueda identificar, estos medios se convierten en un referente para la audiencia.
Scolik precisa que, por ejemplo, en Austria la gente busca sus frecuencias porque explican de manera clara los momentos de crisis o de catástrofes que se estén viviendo:
“En esas épocas —asegura— la sociedad sintoniza las televisoras de servicio público porque saben que recibirán información imparcial y no manipulada. Esto es un buen signo de estos medios. Pero lo que vemos en la programación de los medios en Occidente es la inmediatez en los noticiarios. Todos, no importa cuántas empresas o medios haya, repiten lo mismo. Eso sí, la sociedad puede saber lo que pasa en otras partes del mundo, menos lo que ocurre en su país. Los medios públicos debemos recuperar la importancia de que la sociedad se vea reflejada en la pantalla, sólo así se podrán fortalecerse estos medios.”
Públicos vs oficiales
En las conclusiones del III Congreso Internacional Regulación y Futuro Digital de los Medios Públicos se destaca que los principales obstáculos para el avance de los medios públicos en México son: la carencia de una legislación precisa que facilite el ejercicio de sus funciones específicas de Estado; en segundo término, la fuerte tentación a convertirse en una mala copia de los canales comerciales; en tercer lugar, su dependencia del poder gubernamental, y en cuarto lugar, un deficiente marco normativo que no permite su financiamiento autónomo como medios de Estado.
La carencia de un marco jurídico adecuado que respalde la función de los medios públicos ha ocasionado un permanente peligro, ya que los coloca en una situación de vulnerabilidad que oscila desde la censura y la anemia financiera, hasta la desaparición institucional, con el fuerte daño social que esto conlleva.
En cuanto a la convergencia tecnológica, se explica que la modernización del proyecto de comunicación del país no se podrá lograr si no se les da un lugar protagónico a los medios de comunicación de servicio público, ya que a través de éstos se realizan funciones cívicas, culturales, educativas y científicas compensatorias que tiene que ejecutar el Estado para gobernar con equilibrios mínimos de estabilidad:
“Mientras que en México y América Latina ha quedado muy claro el aprovechamiento que harán los medios comerciales con la convergencia tecnológica, los medios públicos poco han explorado las posibilidades y beneficios que les podría aportar esta transición de analógico a digital para impulsar la educación, la cultura y la participación ciudadana.”
En ese sentido, es necesario contar con un nuevo marco jurídico que transforme a los canales públicos de ser instituciones de propaganda del gobernador, partido, funcionario o jefe en turno, para convertirse en auténticos medios de comunicación de Estado de servicio público. La sociedad mexicana quiere medios públicos no medios oficiales; es decir, instituciones que permitan ser espacios de difusión de contenidos en beneficio de la sociedad y no de los intereses oficiales, del gobierno o de la burocracia en turno:
“Los verdaderos medios públicos no deben considerarse como negocios culturales que es una concepción que proviene de la visión lucrativa de la comunicación, pues ello desnaturaliza su esencia de medios de Estado, sino como herramientas culturales que contribuyen a propiciar el desarrollo social.”
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citarse el anterior artículo:
García Bermejo, Carmen, «En marcha la reforma legal»,
en El Financiero, Cultural, 10 -X- 2007.
