Frente nacional por la nueva ley de telecomunicaciones

El Universal, Finanzas, 19 de febrero de 2008

Telecom y medios

Gabriel Sosa Plata

Desde actores, empresarios de la industria radiofónica, cineastas y periodistas hasta intelectuales, defensores de derechos humanos y sindicalistas participan en el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios que mañana miércoles, a las 11:00 horas, será dado a conocer en el Club de Periodistas.

En un hecho sin precedente, más de 40 organizaciones y una lista importante de ciudadanos y de personajes con amplio reconocimiento nacional e internacional se han sumado a la convocatoria de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) para exigir al Congreso de la Unión una legislación moderna, democrática, que fomente la competencia y la pluralidad en los medios, que acote a los monopolios y oligopolios en la radio, la televisión y las telecomunicaciones, y promueva la producción nacional, entre otros objetivos.

La reunión de mañana a todos nos compete de una u otra manera. A quienes vemos televisión, escuchamos radio y deseamos mejores contenidos; es decir, a la mayoría de los mexicanos. También nos debe importar a quienes consumimos servicios de telecomunicaciones y queremos precios más justos.

Quienes están hartos de la “telebasura” se sienten ultrajados por los elevados precios de la telefonía celular y de la telefonía fija, defraudados por la falta de pluralidad en los medios, molestos por la excesiva comercialización y la publicidad engañosa, apabullados por la excesiva programación extranjera y fastidiados por el deficiente servicio de la televisión de paga, pueden participar activamente en este frente.

Las organizaciones y personalidades que se han sumado a la propuesta de Amedi tienen diferentes motivaciones para exigir un nuevo marco legal para la radiodifusión y las telecomunicaciones, pero hay una coincidencia importante: se está en un momento decisivo para impulsarla y lograr su aprobación. Sin embargo hay poco tiempo. A lo mucho, dos meses, porque después de abril los partidos políticos centrarán su atención en el proceso electoral de 2009.

La amplia respuesta de la sociedad civil organizada para integrar el frente es una evidencia clara de que hay mucha gente en nuestro país que desea modificar el modelo de radiodifusión y telecomunicaciones construido en México desde los años 20. Un modelo que llevó a la concentración en pocas manos de la televisión comercial, de la telefonía fija y móvil, de la radio y que en la era digital, de la convergencia tecnológica y el triple play, busca preservarse.

La reforma al marco jurídico del sector sólo tiene, en la práctica, muy pocos opositores (Televisa, TV Azteca y Telmex), aunque suficientes como para detener, gracias a los intereses económicos y políticos construidos también desde hace décadas, cualquier iniciativa que pudiese afectar sus privilegios. Por lo mismo, no es una tarea sencilla.

Las presiones en la Cámara de Senadores, donde hay un grupo plural que se comprometió a presentar una nueva legislación luego de la sentencia en contra de la ley Televisa, se han intensificado en los últimos días para evitar cualquier intento de reforma.

Las declaraciones del presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, sobre los políticos y presidentes que sí han robado y el reproche al gobierno de Felipe Calderón por la falta de apoyo a las empresas mexicanas, se dan en este contexto.

Más allá de la búsqueda de la pluralidad y del afán democratizador de los medios, se ha insistido en la necesidad de actualizar el marco legal para dar solución a asuntos delicados que actualmente afectan el desarrollo del sector, como la definición de atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), los procedimientos de licitación y refrendos de concesiones en radiodifusión, el must carry (transmisión de canales abiertos en sistema de televisión de paga), el otorgamiento de frecuencias de FM a pequeños radiodifusores de AM, las obligaciones para la interconexión entre redes, entre muchos más. Por eso es que muchas empresas de telecomunicaciones (telefónicas, cableras, proveedoras de servicios, etcétera) podrían sumarse al movimiento.

Hasta este fin de semana apoyan al frente organizaciones como la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y Radio Independiente (que agrupa a concesionarios de más de 200 emisoras de radio), así como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), el Poder del Consumidor, la Asociación Nacional de Documentalistas, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, el Colegio Nacional de Economistas, el Sindicato de Radio Educación y más.

También lo respaldan personalidades como Carlos Monsiváis, Jorge Carpizo, Miguel Ángel Granados Chapa, José Woldenberg, Elena Poniatowska, Denise Dresser, Raúl Trejo Delarbre, Jaime Cárdenas, Daniel Jiménez Cacho, Gael García, Fernando Serrano Migallón, Felipe Cazal, y Luis Javier Solana.

Caliente, el caso Unefón

El caso Unefón-SCT se está convirtiendo en una papa caliente. Representantes de diferentes dependencias del gobierno federal se han reunido en días recientes para analizar el caso y revisar la estrategia jurídica. La empresa de Ricardo Salinas exige más de 3 mil millones de pesos de intereses por cobros indebidos que por poco más de 596 millones de pesos le hicieron SCT y Cofetel en la administración de Ernesto Zedillo, después de haber ganado una licitación de frecuencias.

A unos días terminar el gobierno foxista, se devolvieron a Unefón 550 de los poco más de 596 millones cobrados indebidamente.

Actor fundamental en esta devolución es el ex subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, quien reitera que él como parte del gobierno federal, sólo dio seguimiento a la sentencia de última instancia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Incluso, nos reveló, cuando era funcionario fue sancionado con un mes de sueldo por no acatar la sentencia.

Álvarez Hoth reitera también lo que escribió en Etcétera (enero 2008): la devolución de los 550 millones de pesos “fue realizada por la Tesorería de la Federación, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y trámite de la Oficialía Mayor de la SCT y no por mí”.

Afirma que el pago realizado a dos días de terminar el sexenio de Vicente Fox fue sólo un hecho coincidente.

Aunque la Secretaría de la Función Pública estudia el caso, dice estar con la conciencia tranquila. “Que le busquen, no me encontrarán nada”, dice, y para quienes insisten en fincarle responsabilidades por algún hecho indebido, sin tener pruebas, les tendrá preparada una respuesta jurídica.

Profesor e investigador invitado de la AUM Cuajimalpa.
Columnista de El Universal y coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación.

El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo:

Sosa Plata, Gabriel, «Frente nacional por la nueva ley de telecomunicaciones», en El Universal,
México, Num. 32, 990, 19 -II- 2008, Telecom y otros medios, Finanzas.