Un poderoso instrumento de formalización del Estado
Acceso a la informacion pública
Benjamín Fernández Bogado
Periodista paraguayo. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
Becario de la Knight International Journalism Fellow en México.
Varios son los argumentos que se esgrimen en algunos países como Paraguay con el fin de impedir el acceso del ciudadano a la información pública, la cual es parte de su patrimonio. Un sin fin de explicaciones se les dan a los ciudadanos; no obstante, la que menos se esgrime es la del desorden con que los papeles y documentos, es decir, la memoria pública, está estructurada.
La memoria no es posible desarrollarla en el desorden, sólo basta echar una mirada a la condición en que se encuentran nuestros archivos públicos nacionales., pues la mayoría de ellos no cuenta con los recursos económicos ni profesionales para realizar la tarea de ordenar, clasificar y facilitar el acceso a la información por parte del ciudadano.
Un impedimento para cumplir esta tarea es el alto costo que se requiere para llevarla a cabo. Y a pesar de los adelantos tecnológicos, la labor de organización que requieren los documentos que se producen diariamente en todos los estamentos públicos se sigue llenado a cabo de manera manual.
Una muestra de cómo la evolución técnica no sirvió de mucho para realizar la tarea es el hecho que Paraguay tiene la mayor cantidad de computadoras por funcionarios públicos en la región, pero este ordenador funciona con la voluntad de una persona que la sepa utilizar correctamente y con una formulación de política pública que haga que el mismo sea de uso obligatorio, sistemática y en una plataforma fácil y accesible.
La experiencia de México, país que convirtió la antigua cárcel de Lecumberri en el Archivo Nacional, es otro claro ejemplo de que ante la ausencia de una ley de archivos nacionales, por un lado, y la falta de voluntad del Estado, por el otro, todo este cúmulo de información que se ha almacenado forma parte de un repertorio inerme, donde gran parte de la memoria de este país no logra organizarse ni servir para propósitos que logren mejorar la eficacia del Estado en su relación interna y externa.
De ahí que una ley de acceso a la información pública en el Paraguay forzará al Estado a organizarse y promover la memoria como parte de un legado, que una administración entrega a la otra que ingresa sin que tenga que repetirse en los mismos errores, sino aprovechando en forma positiva las experiencias que en esa dirección se hayan dado.
Es lamentable observar que la ineficacia del Estado ante el ciudadano sea uno de los aspectos más criticados de nuestras democracias. La mala calidad del servicio público, la falta de una sistematización en la recepción, organización de los archivos que resguardan miles de documentos públicos.
Los Estados latinoamericanos siguen repitiendo sus errores y promoviendo la figura trágica de Sísifo como prueba elocuente de la ausencia de una política administrativa del Estado que lleve a ordenar la casa en beneficio de su propia supervivencia y de la de los ciudadanos a quienes servir.
Muchas veces no es sólo la ausencia de voluntad para no hacer cumplir lo que manda el artículo 28 de la Constitución Nacional de Paraguay, sino el desorden con que los documentos se encuentran dispersos en las oficinas y anaqueles públicos.
Con cierta frecuencia la prensa suele informar de papeles que fueron consumidos por las ratas, el fuego o la inundación deliberada en un séptimo piso. Pero en todas lo que claramente se visualiza es la ausencia de una política de preservación de la memoria que resulta tan trascendente como la prolongación efectiva de la gestión del Estado. No será posible incluso con una ley de acceso a la información pública acceder a documentos que sean solicitados por los ciudadanos sino tenemos antes una ley de archivo que fuerce a la organización de los documentos.
Debido a los desarreglos de los documentos no se puede acceder a la información necesaria, por lo cual no se puede tomar decisiones correctas y valiosas en campos específicos como aquellos relacionados al reclamo ciudadano más básico. Por ejemplo, el 16 de julio de 2008 el tribunal de apelación en lo civil y comercial, quinta sala de Asunción integrado por los magistrados Linneo Ynsfran, Fremiort Ortiz Pierpaoli y Carmelo Castiglioni rechazaron la petición de un ciudadano del municipio de San Lorenzo que requería conocer la nómina de los funcionarios nombrados y contratados con sus salarios respectivos. El argumento fue que esos informes eran privados y por lo tanto no deberían ser dados a conocer por la municipalidad respectiva.
Este fallo aberrante que cubre de ignominia a la justicia paraguaya es signo claro que si esos mismos magistrados hubieran accedido de manera fácil y ordenada al fallo de la jueza Buongermini, quien tuvo caso similar pero que afectaba a un ciudadano de la provincia de Lambaré, la institución judicial hubiera echado mano a la jurisprudencia para dictar un fallo no sólo acorde al mandato del artículo 28, sino al sentido común que guía fundamentalmente las acciones de cualquier órgano del Estado.
Este es un caso de desorden, desconocimiento, chapucería, desmemoria o falta de coordinación que afectó directamente al ciudadano José Daniel Vargas Telles, quien no pudo ejercer su rol de contribuyente y el mandante de los empleados de su municipio accediendo a una información que por su carácter de pública debiera estar en una página web para conocimiento de todos como lo hace cualquier repartición pública que se defina como democrática.
Democracia lejana
El nivel de ocultamiento de la información con el que aún el Estado pretende manejar la relación con sus mandantes no sólo irrita, sino que desacredita a la democracia. La falta de entusiasmo de muchas personas es sencillamente porque carecen de información que les permita participar de la discusión pública de manera más profunda y argumentada. Pareciera que el Estado disfruta que la prensa y la opinión pública deliberaran sobre cuestiones baladíes ante la ausencia de mecanismos que permitan tanto a la prensa como al ciudadano hurgar en informaciones y datos que permitan tomar conciencia sobre un tópico determinado.
No es iluso pensar que exista una verdadera actitud hacia el desorden administrativo de forma a tener a mano una coartada simple y efectiva para no responder a los reclamos que se hagan en torno a temas o personas que hacen parte de la tarea administrativa del estado. Si no es posible acceder por cuestiones de “preservar la intimidad de las personas” en el caso de sus salarios y puestos, ¿cómo sería la actitud de los administradores sobre cuestiones tan puntuales que hacen al gasto de los fondos públicos en temas específicos?
La respuesta es obvia, si lo sencillo no quiere darse, lo complejo tendrá siempre la excusa que los papeles se han extraviado o que no están disponibles por falta de recursos que permitan clasificarlos y ordenarlos.
Una ley de archivos junto con una ley de acceso a la información pública servirá para profesionalizar la labor del Estado. Se evitaran burocracias costosas, ineficientes y corruptas que sólo crean dificultades para vender facilidades y el ciudadano podrá, desde la comodidad de su casa y con un ordenador enfrente, acceder a la información requerida para que su participación en el debate ciudadano sea sobre la base de notas y apuntes oficiales, y no sobre oficios basados en chismes o rumores que muchas veces la prensa pública ante la dificultad de acceder a información cierta y precisa. Y es que el acceso a la información permite elevar la calidad de la nota periodística y por consiguientemente dar una mayor densidad al debate público que en democracia permite corregir errores y evitar la reiteración de los mismos.
Pensar en estos dos aspectos resulta por lo tanto urgente y necesario, por ello, es preciso que ente administrador enfrente estos desafíos complejos y demandas urgentes.
Organizar el Estado
La suma de demandas que hoy tiene la administración pública y la rapidez con la cual se solicitan respuestas efectivas debe imponer necesariamente la organización de archivos fáciles de acceder y con ello responder a las demandas que la sociedad reclame de ella.
La tendencia es que cada vez mayor cantidad de ciudadanos educados podrán acceder a métodos electrónicos, que los mismos tiende a crecer exponencialmente en el mundo y que los Estados organizados con aquellos que promueven en su comportamiento ciudadanos iguales que articulan eficientemente desde el pago de sus impuestos hasta el reclamo de información o documentos, sin tener que exponerse a largos y tortuosos caminos que exasperan a los que pretenden vivir en la formalidad y en el orden.
Un Estado democrático para sobrevivir necesita ser transparente y eficaz, y eso no es posible sino organiza la labor de los distintos ámbitos del quehacer público. Un Estado ordenado desalienta la corrupción a su paso. Por ello, en Paraguay se pretende ingresar en una época donde la democracia sea un sistema que se perfeccione con la participación de todos y para eso es imperioso que primero organice sus archivos y luego promueva sin temores el acceso de los ciudadanos a toda información pública.
Ante la ausencia de estos elementos tenemos una democracia que se recrea en hechos intrascendentes, en peleas sobre nombres o actitudes, pero no sobre hechos o argumentos que permitan conocer claramente porque el estado no ha sido capaz de enfrentar con éxito la corrupción, la pobreza o la inseguridad.
No es lo mismo que le fijen a uno la agenda sobre la que discutir estas cuestiones que cada uno pueda acceder a toda información que le permita desde crear un negocio privado con hasta escoger a personas que no tengan cuentas pendientes con la justicia para el ejercicio de un cargo determinado.
Organizar el Estado es otro aspecto poco enfocado por quienes promueven leyes de acceso a la información pública en el mundo.
Pero subyace como un valor intrínseco que requiere una mirada no sólo jurídica sino de mentalidad, desde y hacia la propia estructura del estado.
No es casualidad en el mundo que naciones organizadas y transparentes como las escandinavas marchen adelante en desarrollo y prosperidad y que naciones desorganizadas y caóticas, además de opacas y secretas, sean aquellas donde el subdesarrollo se haya afincado de manera profunda en su vida cotidiana y en su relación interpersonal.
El impacto de un estado que se organiza llegará todos los estadios ciudadanos, impactará sobre organizaciones cívicas y gremiales y repercutirá en una actitud más abierta y transparente en toda relación interpersonal e incluso comercial.
En este caos en que se debate la estructura estatal es poco probable incluso que con una ley de acceso a la información pública pueda responderse la requisitoria del ciudadano. Esta actitud desde el estado también mostrará el grado de compromiso que tienen los funcionarios del estado de mejorar su relación con sus mandantes y el valor que asignan a la memoria como factor que permite corregir errores, aprender de experiencias exitosas profundizándolas o descartar aquellas que han perjudicado al pais en su conjunto.
Un factor por lo tanto valioso que contribuye el acceso a la información pública es pensar en la necesaria y urgente tarea de organizar el estado con una ley de archivos que debería ser anterior a la norma o concomitante con ella. Muchas veces los pretextos y resistencias a una norma que garantice el acceso a la información pública se dan por graves desarreglos al interior de las instituciones públicas que promueven con ese comportamiento el ambiente propicio para que la corrupción prospere y se desarrolle.
Hacer que con las cosas pase algo
No es casual en nuestro continente leer noticias donde las controlarías públicas que investigan con dos años de atraso las instituciones del estado, resalten los robos y hechos de corrupción en el día a día de la gestión del Estado. Si tuviéramos transparencia y orden la ciudadanía podría convertirse en contralora cotidiana de esa gestión evitando tener que asombrarse de manera diaria sobre hechos sobre los cuales lo único que queda es la acción judicial larga y farragosa de sanción y de recuperación de lo malversado. Y eso constituye un fracaso del sistema democrático. Un programa de organización del estado de sus reparticiones con una ley de archivos clara y fácil de implementarse puede significar un gran cambio en el concepto de secrecía y opacidad que rodea a los estados latinoamericanos.
El impacto como afirmamos no será solo sentido en la relación con el ciudadano sino permitirá en países como los nuestros, centralizados y construidos sobre la imagen de los gobiernos, tener una percepción más clara sobre el orden y la administración celosa de los recursos del estado. Por lo tanto un hecho importante en el acceso a la información es la necesidad de organizar la administración pública permitiendo con ello proyectar un nuevo compromiso moderno y profesional en la relación de los órganos estatales con el ciudadano.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe de citar este artículo:
Fernández Bogado, Benjamín, 2009: «Un poderoso instrumentos de formalización del Estado»,
en Revista Mexicana de Comunicación en línea, Num. 114, México, febrero. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/informacion_publica.htm
Fecha de consulta: 4 de febrero de 2009.
