La transparencia en México: La agenda de los próximos años

• Fragmento del libro La invención de la transparencia de Juan Francisco Escobedo, publicado por Editorial Miguel Ángel Porrúa.
• El libro analiza el nacimiento de la Ley Federal de Transparencia, sus modificaciones y sus perspectivas a futuro.

Fotografía: «Revisión» por Ángel Arcones @ Flickr

Por Juan Francisco Escobedo

El proceso de apertura del sistema político criptocrático está en marcha, y aunque discurre en varias velocidades y frecuencias, es posible reconocerlo como un proceso indispensable para la consolidación democrática y la restauración republicana del Estado.

El primer rasgo de ese proceso inconcluso tiene que ver con el hecho de que, el impulso para crear la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no provino de la gracia presidencial. La ley es el producto social e histórico de la confluencia de tres impulsos.

Por una parte, el impulso ciudadano representado por el segmento de la sociedad que en su momento fue conocido como Grupo Oaxaca. En segundo lugar, por el apoyo decisivo de los partidos políticos representados en la primera legislatura del anterior sexenio que apoyaron la propuesta de iniciativa de ley del Grupo Oaxaca. Y en tercer lugar, por la decisión del gobierno federal de enviar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley en la materia.

La ley no es hija del presidencialismo ni de los resabios del autoritarismo. Es hija legítima de la democracia y de la estructura de oportunidades que se generó con la alternancia. El proceso de deliberación, negociación y creación de dicha ley fue inédito y es irrepetible. Lo cierto es que hay un hecho terco en la vida del país: existe una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La ley se hizo con fundamento en las referencias constitucionales genéricas del derecho a la información. Entonces no podía ser de otro modo. Ahora que se han empezado a “desfacer los entuertos” con la reforma al artículo 6o. constitucional que ha añadido referencias explícitas sobre el derecho de acceso a la información, es necesario estar alerta, sobre todo ante el riesgo potencial que subyace en los aparatos burocráticos, propensos a la simulación ante la existencia de nuevas disposiciones constitucionales y legales.

La mejor manera de mantenerse alerta respecto de la continuidad del complejo proceso de apertura de los poderes públicos, consiste en promover la agenda de reformas y políticas públicas que implicará la aplicación del nuevo texto del artículo 6o. constitucional, durante los próximos años.

He aquí mi contribución a la formulación de la agenda en la materia:

1. Es necesario impulsar una serie de reformas de segunda generación a la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para superar y enfrentar con eficacia por lo menos los siguientes temas:

a) La simulación, que se ha vuelto una práctica común entre las entidades públicas obligadas por la ley, que consiste en clasificar por rutina como información reservada, la información que tienen que sistematizar y que no es objeto de ninguna solicitud de acceso a la información.

La mayor cantidad de información resguardada en los archivos de gestión se encuentra etiquetada como información reservada. Y a ella sólo puede tener acceso el interesado, cuando interpone un recurso de revisión ante el IFAI, y éste lo resuelve de manera positiva.

b) Establecer la obligación de poner a disposición del público, la información relacionada con las funciones de los sujetos obligados. Se trata de evitar las prácticas simuladas, que consisten en declarar como inexistente la información solicitada y con ello eludir la responsabilidad de entregar la información.

c) Es necesario establecer reglas claras sobre la información que se encuentra en manos de los fideicomisos en los que participan entidades públicas. Un monto muy importante del dinero que pasa por las entidades públicas se ejerce a través de esa figura jurídica. Hasta ahora, la figura jurídica de los fideicomisos ha servido como coartada institucional y legal para no dar información que debería ser pública de oficio. En especial cuando se trata de fideicomisos en los que participan de manera preponderante los poderes públicos.

d) Es preciso establecer reglas claras para que la información relacionada con las cuotas que reciben los sindicatos y que directamente les son descontadas a los trabajadores por las oficinas de administración de las entidades públicas, se considere como información de oficio.

En la actualidad ni siquiera los afiliados a los sindicatos tienen acceso a ese tipo de información. La autonomía sindical no puede esgrimirse como coartada para mantener esa zona en la oscuridad. Se trata de recursos públicos que se extraen “legalmente” a los trabajadores y que administran las organizaciones sociales. No se trata de dinero ilícito ni de organizaciones informales que se encuentren al margen del derecho. Hay que desarrollar legalmente el principio que afirma: la pista del dinero público debe seguirse hasta donde se encuentre.

En este mismo sentido, es necesario que por ley se vuelvan visibles y consultables los contratos colectivos de trabajo y los registros de las organizaciones sindicales.

e) Es necesario ampliar el capítulo relacionado con la información que por disposición legal debe ponerse a disposición del público. En este sentido, la Ley Federal debe aprender de los significativos avances que en esa materia han realizado los estados de Morelos, Coahuila, Sinaloa y el Distrito Federal.

2. Es preciso establecer disposiciones jurídicas precisas en la Ley Federal, que obliguen de manera taxativa a los organismos autónomos constitucionales y organismos autónomos por ley, así como al Poder Legislativo y al Poder Judicial a dar la información que corresponda con sus funciones. La autonomía de gestión no puede ser una coartada para eludir la transparencia y hacer nugatorios los derechos de las personas a saber sobre lo que ocurre en los poderes del Estado.

3. Es necesario que el Instituto Federal de Acceso a la Información auspicie la realización de los estudios necesarios de impacto regulatorio con el objeto de que se identifiquen las reformas que es necesario realizar en otras leyes, que actualmente impiden la aplicación de la disposiciones de la Ley Federal. La ley específica en la materia no puede abrogar en automático las restricciones que existen en otras leyes vigentes.

4. Es necesario promover la creación del Centro Nacional de Investigación y Formación Profesional en materia de derecho de acceso a la información. El desempeño y la formación profesional de los servidores públicos que en los últimos años se han incorporado a los institutos y comisiones de acceso a la información, es tan desigual como desconcertante.

En este punto, el IFAI debería dar los primeros pasos para convertirse en el eje de la red de instituciones públicas que al mismo tiempo que tutelan el derecho de acceso, promueven la formación profesional y la investigación en la materia.

5. Debería formularse un programa nacional de apoyo a los procesos de regulación e implementación del derecho de acceso a la información en los municipios. El desafío es enorme y las resistencias políticas y culturales son extraordinarias. El espíritu de la reforma al artículo 6o. constitucional puede torcerse en los caminos municipales.

6. El gobierno federal debería aplicar una política pública en materia de transparencia y acceso a la información pública. El tema de la transparencia debería ser abordado con perspectiva sistémica. Las regulaciones legales ya existen, con la reforma constitucional se hace necesaria su actualización y homologación, pero hace falta conocer y aplicar efectivamente las políticas públicas que el gobierno federal tiene al respecto.

7. Promover el diseño de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, que propicie que ningún presupuesto público, partida, programa gubernamental, servidor público ni institución pública queden excluidos de la obligación de rendir cuentas.

La transparencia y el acceso a la información pública no sustituyen la obligación de los entes públicos de rendir cuentas al poder legislativo sobre el uso que le dan al dinero público, así como sobre su desempeño. Son vertientes complementarias de la vida republicana y democrática.

La transparencia y el acceso a la información tienen como propósito restaurar el carácter republicano del poder público, al mismo tiempo que se afirma y tutela el derecho a saber de las personas frente a la tendencia criptocrática del Estado. Eso no es todo, pero no es poco, si lo vemos en perspectiva histórica y asumimos con visión estratégica los desafíos fundamentales que en esta materia tendrá el país durante los próximos años.

* Fragmento del libro La invención de la transparencia de Juan Francisco Escobedo, publicado por editorial Miguel Ángel Porrúa, que será presentado en los próximos meses. Reproducido con el permiso del autor.