Puebla: El mundo al revés

• El Congreso de Puebla aprobó un decreto enviado por el Ejecutivo para donar terrenos y millones de udis a la Fundación Teletón.
• Ernesto Villanueva, experto en derecho de la información, contrasta dicho gasto público con los donativos que reciben gobiernos como Japón o instituciones como Diconsa.
• «El regalo del gobierno y el Congreso de Puebla resulta excesivo», dice.

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla – Fotografía: Financiera Rural México @ Flickr

Por Ernesto Villanueva

En pocos casos se ha registrado un gobierno que cometa tantos errores en tan poco tiempo. El primer acto del gobernador Rafael Moreno Valle fue enviar una iniciativa para restringir civilmente el ejercicio de las libertades informativas. Ahora opera como un Robin Hood, pero al revés. Les quita el sustento a los más pobres para regalar dinero, que no es suyo, a los más ricos. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar mis afirmaciones. Veamos.

Primero.

El martes 1 de marzo pasado el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad un singular proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo, a efecto de:

1. Donar casi siete hectáreas de terrenos, con valor de varios millones de pesos,  propiedad del Estado ubicados en una zona ecológica a la Fundación Teletón de México A.C.
2. “Apoyar” con 25 millones de udis (equivalente al día 1 de marzo a 114 millones 250 mil pesos) y
3. “Apoyar” por ¡10años! con 8 millones 500 mil udis (equivalente al día 1 de marzo a 38, 845 mil pesos, cifra que se irá a ajustando de acuerdo a la inflación).

El problema es que el Teletón es una asociación civil integrada por un grupo de los empresarios más acaudalados del país. Es plausible que estas buenas personas  hagan labores de filantropía con los niños con alguna discapacidad. Lo grave es, sin embargo,  que lo lleven a cabo con recursos públicos y no con dinero de su propio bolsillo.  Así, la sociedad poblana sin ser consultada dona a los más ricos para que hagan el “bien”, deduzcan impuestos y presenten como propios servicios pagados a costa de los más pobres. Por si lo anterior fuera poco, el gobernador Moreno Valle anunció la donación de 36 millones de pesos a Televisa para que en abril próximo se lleve el evento Espacio 2011 de esa empresa.

De acuerdo a datos oficiales, Puebla es el tercer estado más pobre del país. El 92.2 % de la población  habitantes se encuentra en pobreza extrema o moderada. Sólo el 29% tiene cobertura de seguridad social.  Ocupa el lugar 28 en muertes por malnutrición y el lugar 31 en la degradación de suelos, entre un largo etcétera que muestra que hay muchos rubros que atender. ¿Puede alguien en su sano juicio darle prioridad a la atención de Televisa y Teletón en lugar de destinar esos recursos para paliar al menos las abundantes carencias de casi todos los poblanos? ¿La donación a Televisa-Teletón puede tener mayor importancia que observar las atribuciones que la ley le confiere al DIF estatal – a cargo por cierto de Martha Erika Alonso, mujer íntegra, capaz y con un claro compromiso social- y a la Secretaría de Salud precisamente para atender la causa de la niñez con problemas de salud?

Segundo.

En las democracias sucede exactamente lo contrario a Puebla. Son los ricos y las fundaciones los que apoyan los esfuerzos e iniciativas de los gobiernos para proyectos concretos de beneficio social. Y eso no sucede solamente en los estados pobres como Puebla, sino en los más ricos del mundo.

En efecto, el gobierno de Japón recibió como donativo para la niñez (sin duda mucho menos desprotegida que la poblana) recursos anuales de un millón 50 mil dólares de la  Bill & Melinda Gates Foundation así como de The Rockefeller Foundation.  El Instituto de Salud Pública de Japón recibió 968 mil 829 dólares de diversas fundaciones, entre ellas The Medtronic Foundation.

En México, la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila obtuvo 241 mil dólares de la Alcoa Foundation. Diconsa logró un donativo de 3 millones 584 mil 983 pesos de la Bill & Melinda Gates Foundation. En suma, por ejemplo la Alcoa Foundation ha otorgado donativos a sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia por 6 millones ,861mil ,655 dólares. En el año 2010 las empresas y fundaciones de Estados Unidos dedicaron tanto a países del primer mundo como en desarrollo la cantidad de 5 mil 778 millones 632 dólares única y exclusivamente para temas relacionados con salud, de acuerdo a datos de The Foundation Center.

En este contexto ¿No se ve, por decir lo menos, inapropiado que el gobernador Moreno Valle quiera competir como donante con recursos públicos para proyectos polémicos en lugar de gestionar apoyos de empresarios internacionales para Puebla? ¿Incluso no hubiera sido mucho más barato remodelar Casa de Ángeles que está destinado exactamente al mismo propósito del Teletón?

Tercero.

Incluso si se compara todas y cada una de los donaciones otorgadas por la Federación (Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y órganos autónomos constitucionales) en temas relacionados con la niñez entre el 1 de enero del 2007 y el último día de diciembre del 2010 con los obsequios de Moreno Valle al Teletón, el regalo del gobierno y el Congreso de Puebla resulta excesivo.

De acuerdo a una revisión minuciosa de la partida 7505 en el periodo señalado la suma asciende  a 22 millones 839 mil 664 pesos dividido en más de 120 asociaciones civiles beneficiarias. En todo este tiempo, la Fundación Teletón de México A.C. sólo ha recibido 151 mil 225 en pesos, no en udis, decisión poblana hecha acaso para ser lo más obsecuente posible con Televisa y el Teletón. Sobra decir que el presupuesto de la Federación es infinitamente superior al del gobierno de Puebla lo que revela la magnitud del uso público para fines privados. Asimismo, a diferencia del Decreto poblano que entrega simple y llanamente la “ayuda”, el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 183 A de su Reglamento establecen requisitos puntuales que debe observar todo donativo con recursos federales.

Por si lo anterior fuera poco, tanto la iniciativa de Decreto del gobernador como la aprobación violan lo dispuesto en el artículo 16 constitucional relativos al principio de legalidad, al no haberse fundado ni motivado correctamente la iniciativa de Decreto y el Congreso carecer de atribuciones legales para autorizar el decreto en cuestión.

Artículo publicado originalmente en Proceso el 27 de marzo de 2011

*Coordinador del área de derecho de la información

Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

Evillanueva99@yahoo.com

Twitter:@evillanuevamx