¿Cómo se lucha contra el crimen organizado?

• «Las interrogantes superan las certezas en la guerra contra el crimen organizado»: Ernesto Villanueva
• La mezcla de verdades con mentiras, la dificultad para medir resultados y los criterios desiguales de transparencia son algunos de los factores adversos a la estrategia del presidente Felipe Calderón.
• Villanueva presentará el libro Seguridad, transparencia y derechos humanos el próximo martes 25 de mayo a las 17 horas en la UNAM.

Fotografía: "Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado con legisladores" de Gobierno Federal @ Flickr

Por Ernesto Villanueva

Hace más de un año me pregunté cómo evaluar la guerra contra el crimen organizado. Los gobiernos federal y estatal desde el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón han inundado los medios con spots que ponderan los avances de los gobiernos contra el crimen especialmente contra el narcotráfico y demás variantes del llamado crimen organizado. Con todo, es posible afirmar que las interrogantes superan las certezas. Existen elementos que sustentan lo que aquí afirmo. Veamos.

Primero: Verdades con mentiras

En estos últimos cuatro años los spots gubernamentales mezclan verdades con mentiras que, en lugar de informar a la sociedad, empezaron por confundirla y han terminado por generar escepticismo de manera creciente. Los spots formulan asertos que buscan posicionar la percepción de avances concretos en esta “guerra”.

No lo logran por dos razones:

• Porque la realidad que “vende” la propaganda entra en colisión con las percepciones, las experiencias y las informaciones de los medios sobre lo que sucede a lo largo y a lo ancho del territorio nacional; y
• Porque no existe una vitrina metodológica mínima que explique el contexto y el significado de que las autoridades federales hayan detenido a cinco o cincuenta presuntos responsables de conductas ilícitas.

¿Son muchos o pocos? ¿Cuál es el universo de la delincuencia identificada y cómo se obtuvieron los datos de ese universo? El decomiso de 50 toneladas de droga puede ser muchísimo si el tráfico o trasiego de drogas es de 100 toneladas al año. No es nada o muy poco, sin embargo, si ese tráfico es de 1000 o más. La información sin contexto en lugar de aclarar desinforma y acaba por colocar a los gobiernos en una posición de incredibilidad frente a la sociedad, lo que no es menor.

El gobierno del presidente Calderón afirma que en el pasado se habían formulado acuerdos con el crimen organizado. Además de su dicho y versiones distintas, no hay evidencia empírica que sustente lo que se afirma. En modo alguno defiendo a los gobiernos priistas, pero creo firmemente que el que afirma tiene la carga de probar sus asertos.

Segundo: Dificultad para medir resultados

Del 2007 al 2011 se ha registrado un incremento sustantivo al rubro de seguridad del presupuesto federal y de los estados. ¿Cómo medir si ese incremento presupuestal se ha traducido en mejores y mayores resultados? ¿Cuáles son los indicadores que permitan crear un índice nacional para saber si vamos mejor o no? ¿Cómo saber si el incremento del presupuesto ha impactado la capacitación, la formación en derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza? ¿En qué casos debe utilizarse la fuerza y cuáles son los protocoles que permitan generar acuerdos entre las fuerzas del orden y la sociedad en el sentido de qué es lo adecuado y qué no lo es?

Una herramienta para saber si se cuentan con esos indicadores es derecho de acceso a la información pública. Para saber, sin embargo, no basta el acceso a la información pública por sí mismo. Hay que saber qué preguntar. En otras palabras no se puede llegar al objetivo, sino sabemos cuál es la meta o qué se busca. De esta suerte, se requiere contar con dos grandes instrumentos:

• Identificar y validar qué se busca y por qué; y
• Aprovechar el derecho de acceso como medio para lograr los fines.

A esas tareas he dedicado mis esfuerzos en casi dos años con la colaboración de un equipo interdisciplinar y con la asesoría de expertos en seguridad y derechos humanos como el Dr. Jorge Carpizo. El ejercicio está demostrando ser revelador porque, salvo contadas excepciones, las áreas de seguridad pública y las procuradurías no tienen indicadores propios; es decir, que no sean sólo cuantitativos a imagen y semejanza de cualquier otra dependencia o entidad de la Administración Pública.

En aquellos casos donde sí existen indicadores, los criterios adoptados son tan distintos entre una entidad federativa y otra o entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las entidades federativas que en perspectiva muestra un panorama desolador porque cada quien persigue objetivos específicos distintos.

Tercero: Criterios desiguales de transparencia

En materia de transparencia el problema es similar. Lo que es público en algunas dependencias y entidades en otras es clasificado como reservado o confidencial o ambos. No hay tampoco aquí una masa crítica de qué debe informarse y de qué no y por qué sí o por qué no.

La ocurrencia en muchas ocasiones sustituye la planeación estratégica. Es obvio que el objetivo básico es observar la ley para garantizar la paz social. El problema es cómo lograr ese objetivo. ¿Es mejor tener resultados violando los derechos humanos o deben respetarse los derechos humanos sacrificando resultado? O mejor aún ¿Cómo lograr una razonable armonía entre resultados y el respeto a los derechos humanos que es el mandato de la Constitución, los convenios internacionales y la ley?

Esas y otras preguntas buscan ser respondidas en la investigación que dirijo cuyo primer avance se concreta en el libro Seguridad, transparencia y derechos humanos editado por Jus, la Fundación Konrad Adenauer, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP y el IIJ UNAM y cuya presentación en la Ciudad de México será el próximo martes 25 de mayo a las 17 horas en el IIJ UNAM (www.juridicas.unam.mx) para seguir debatiendo este tema que no puede ser cercenado de la agenda pública.