¿Y las telecomunicaciones, Peña Nieto?
Por Claudia Benassini
La semana pasada este espacio se destinó a una reflexión sobre la ausencia de un responsable de cultura y medios de comunicación en el gabinete de transición de Enrique Peña Nieto. Un escenario similar se presenta en el sector de las telecomunicaciones, que desde hace más de dos años empezó a construir una abultada agenda, a la que se suman los pendientes no cumplidos durante el sexenio de Felipe Calderón:
- La conexión de Internet a zonas rurales de país, en cumplimiento con las recomendaciones de organismos como la ONU y la OCDE como medida para reducir la brecha digital. Una promesa que no ha pasado del discurso, sobre todo si tomamos en cuenta que en algunas regiones urbanas del país la cobertura es insuficiente.
- Una política definida para el combate de monopolios en telecomunicaciones. Hasta ahora, Peña Nieto ha declarado que los combatirá aunque no dice ni cómo ni cuándo (Reforma, 13 de septiembre). Un tema sobre el que los expertos han discutido de manera exhaustiva, pues va desde la excesiva concentración hasta las recientes fusiones entre Televisa y Grupo Azteca más para fortalecer una posición de grupos mediáticos que para favorecer a las audiencias. Y un asunto que involucra –entre otros organismos- a la Comisión Federal de Competencia (CFC), que en su momento avaló la compra de Iusacell por parte de Televisa, aunque con reservas que deberán acatarse en un tiempo límite. ¿Qué sucedería si se vence el plazo? ¿Desde qué parámetros decidió la CFC esta fusión no se trataba de un monopolio? Una pregunta también pertinente para otras decisiones tomadas en el sector que involucran sobre todo a Televisa, como la adquisición de una parte importante de la televisora Megacable y de otras empresas del mismo sector.
- En este contexto, llaman la atención los constantes cuestionamientos al monopolio de la televisión, considerado por muchos como un duopolio, aunque con gran ventaja de uno de sus componentes. Pero también hay un monopolio de la telefonía encabezado por Telmex, que ha dificultado el desarrollo de otras empresas que pretenden incursionar en el sector. Este proceso reviste cierta complejidad, en la medida en que no hay consenso con respecto al Convenio Marco de Interconexión y en la inversión neta de las compañías telefónicas que pretenden competir con Carlos Slim. Dicho de otra manera, al menos en el discurso se ha manejado el escenario de que Telmex ha realizado las mayores inversiones en el sector para mejorar una infraestructura de la que se benefician sus competidoras con una participación monetaria menor. ¿Y la CFC?
- Hace poco más de un mes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió rescatar la banda de 2.5 Ghz. La decisión revivió una serie de escenarios que van desde el poco valor de esta banda cuando le fue concesionada a la familia Vargas hasta la demora en la resolución sobre la renovación de la concesión, iniciada en 2008. También se argumentaron decisiones de tipo político presentadas en la entrega del 15 de agosto, que motivaron críticas de analistas del sector por la ausencia de una política de telecomunicaciones, en materia de otorgamiento y retiro de concesiones. Un trámite que, por otro lado, no se completará en los pocos meses que restan al sexenio de Felipe Calderón y cuya resolución quedará en manos de Peña Nieto, quien considera la banda de 2.5 Ghz una de sus prioridades en materia de telecomunicaciones (La Jornada, 14 de septiembre). Y ahora viene la banda de 700 Mhz, para cuya segmentación se ha aprobado el estándar asiático, las bases para su licitación y los criterios para concesionarla a tres empresas.
- En este contexto, desde hace unas semanas los expertos del sector han demandado la licitación del espectro disponible. Los motivos son de índole diversa y van desde las implicaciones de la subutilización hasta las necesidades de la creciente industria de la telefonía móvil. Desde luego, se requiere claridad en las bases para la licitación sobre todo por parte de los interesados por lo que se refiere a las inversiones en el sector.
- Si en noviembre se publica la licitación de los dos canales de televisión digital abierta, es evidente que el proceso culminará mínimo durante el próximo año. Y digo mínimo porque es una de las condiciones fijadas por la CFC para mantener el convenio Televisa-Iusacell. Desde luego, en este caso falta desde conocer las bases hasta seguir el proceso que culminará con la entrega de las concesiones a dos beneficiados, presumiblemente ajenos a Televisa y Televisión Azteca. El sábado 22 de septiembre el periódico Reforma dio a conocer una parte de los 50 interesados en participar en la licitación: la reportera mencionó a Grupo Imagen, Grupo Multimedios, Efekto TV, Telemundo y radiodifusoras como Radiorama, Radio Centro, Radio Fórmula y Grupo Siete.
- Sigue pendiente la ley de medios que sustituya a la promulgada en septiembre de 1960, es decir, hace 52 años. Tras el revés sufrido por la “Ley Televisa” durante los primeros meses de 2007, el asunto se ha postergado por diversas razones. Desde luego, el escenario no es optimista pues por una parte están presentes los intereses de los concesionarios –representados en la llamada telebancada en San Lázaro- y por otra los beneficios y las necesidades de las audiencias. En este contexto, una legislación en la materia debe contemplar el apagón analógico de la televisión –programado para 2015- y la entrada a la radio digital. ¿Y qué decir de la claridad para el otorgamiento de estaciones combo a las radiodifusoras y de la sistemática negativa a la legislación de los contenidos por considerarse un atentado a la libertad de expresión?
Siete pendientes, un esbozo de lo que falta por hacer en el sector, pues no se han considerado todos, con el riesgo de dejar fuera algunos que sean importantes. Desde luego, la revisión de las atribuciones de la Cofetel, el órgano regulador de las telecomunicaciones también es importante por los puntos arriba señalados y por los faltantes. Es probable que éstos y otros pendientes se resuman en un problema que ha sido planteado y discutido por los expertos: la ausencia de una política global en materia de telecomunicaciones que oriente las decisiones, que dé seguridad a los inversionistas y que piense en las audiencias. Hasta ahora, la respuesta de Peña Nieto ha sido dejar pendiente el nombramiento de un responsable del campo en su equipo de transición. Si lo hiciera en los próximos días, ¿bastarían dos meses para hacer una propuesta acorde con los problemas arriba esbozados más los que no se han mencionado? Seguramente no, sobre todo considerando que Peña Nieto considera que las telecomunicaciones son “un terreno espinoso” (Reforma, 24 de septiembre). Ojalá ésta no sea una razón para que deje a la famosa mano invisible de Adam Smith, la elaboración de una política acorde con los tiempos que vive el sector y con las necesidades para su impulso en todas las áreas.
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