Libre acceso a la información: ¿Asignatura pendiente para el Ifetel?

• Es probable que los poderes fácticos, encabezados por las dos televisoras, busquen colocar a un aspirante al Ifetel afín a sus intereses.
  
• El escenario que actualmente nos ofrece la televisión dista mucho del reconocimiento del libre acceso a la información y al derecho a la libertad de difusión.
• «Sería deseable que, por las funciones aquí soslayadas, la enfatizada en este ensayo y otras que se abordarán más adelante, la selección recaiga en personas que puedan realizar su trabajo al margen de los poderes fácticos y en beneficio de las telecomunicaciones y el reconocimiento a la libre información en México», dice Benassini.

Fotografía: “10 de junio 2013 – firma del decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones” por Gobierno de Aguascalientes @ Flickr

Por Claudia Benassini 

Hace una semana el presidente Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones. Para muchos, desde su aprobación en el Congreso es ya una realidad que los mueve a visualizar escenarios diferentes en el sector. Es posible que así suceda a mediano plazo en algunos puntos. Sin embargo, falta un detalle: la elaboración de las leyes secundarias por parte del Congreso de la Unión, que aterrizarán la iniciativa aprobada y promulgada. Falta mucho por ver al respecto, aunque ya hay asomos de lo que podría debatirse en el Poder Legislativo. No obstante, siguiendo el camino de la Reforma Educativa –cuyas leyes secundarias están en proceso de elaboración- el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa (INEE): después de la selección de los consejeros por el Congreso, ha comenzado a estructurarse y a entrar en funciones. Tal como pintan los escenarios, algo similar sucederá con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

En este contexto, una vez promulgada la reforma, medios de comunicación y publicaciones especializadas han recordado la inminencia de la selección y las actividades de los consejeros. De hecho, algunas publicaciones han adelantado nombres y descartes de posibles candidatos. Aspirantes o no, para los especialistas están muy claros los requisitos que deben quienes participen en el proceso de selección. Cabe recordar que, en el marco de la discusión, el Senado acordó reducir de cinco a tres años de experiencia en actividades sustanciales relacionadas con la radiodifusión y las telecomunicaciones. ¿Por qué reducir ese tiempo y no incrementarlo? Después de todo, mientras más experiencia habría más elementos para tomar decisiones adecuadas sobre lo que se viene: dos cadenas de televisión privada a licitar y una pública y el consecuente inicio de la competencia; mejoramiento de la banda ancha y asuntos inherentes a la concesión de estaciones de radio y televisión, entre los más relevantes.

En consecuencia, sería deseable que la selección de los consejeros que integrarán el Ifetel tuvieran las competencias suficientes como para llevar a buen término estos procesos más los inherentes a sus cargos. Después de todo, así sucedió con la integración del INEE: de una lista de expertos en materia educativa se optó por los que, a juicio de la comisión, reunían los requisitos a cabalidad. Pero en el Ifetel hay variables que podrían complicar este proceso. Es probable que los poderes fácticos, encabezados por las dos televisoras, busquen colocar a un aspirante afín a sus intereses que eventualmente logre sacarlos lo mejor librados de los embates que se avecinan. ¿Para eso se necesita experiencia? No necesariamente, de ahí la suspicacia de que el periodo se haya acortado. De entrada, facilita la entrada de un mayor número de candidatos, unos con más o menos experiencia académica y/o profesional; otros ligados a las televisoras y a sus intereses que están en igualdad de circunstancias por buscar ser consejero del Ifetel.

Desde esta perspectiva, cabe destacar otras actividades atribuibles a los futuros consejeros del Ifetel, el debate sobre el libre acceso a la información y al derecho a la libertad de difusión. Un debate que las televisoras desde todas sus trincheras han buscado acotar bajo el argumento de que se “atentaría contra la libertad de expresión”, o sería un acto de censura. Ciertamente, la ley está escrita y se interpreta desde diversas perspectivas. En la página 8 de la iniciativa aprobada, hay un apartado relacionado con el “Reconocimiento del libre acceso a la información y al derecho a la libertad de difusión”. De ahí seleccionamos dos elementos ligados al punto que nos ocupa:

1. «La libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Para las personas es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como del derecho a difundir las propias creencias o informaciones”…

2. “Adicionalmente, el derecho a la información y a recibir la mayor cantidad de opiniones o de informaciones diversas, exige un esfuerzo especial para lograr el acceso en condiciones de igualdad y sin discriminaciones de ningún tipo al debate público. Esto supone condiciones especiales de inclusión que permiten el ejercicio efectivo de este derecho para todos los sectores sociales”.

Como puede observarse, el escenario que actualmente nos ofrece la televisión dista mucho del reconocimiento del libre acceso a la información y al derecho a la libertad de difusión. Más bien sucede lo contrario. Una revisión sistemática de los espacios informativos radiofónicos y televisivos da cuenta de que predomina un número limitado de ideas, previamente acordadas entre productores, concesionarios y conductores. ¿Cuántas versiones nos ofrecen los medios de comunicación sobre los acontecimientos que conforman su agenda? ¿Cuántas opiniones? Tan es así que este criterio de operatividad facilita a las audiencias acceder a los contenidos: por interés, por credibilidad o “porque es lo menos peor”. Pero al sintonizar tal o cual espacio con estas características de antemano sabemos el tratamiento informativo y la opinión sobre los acontecimientos.

Y si vamos un poco más allá, el cruce de personajes nos muestra un tablero todavía más limitado. Radio, televisión, prensa y periódicos digitales abren espacio a los de siempre, a los fácilmente identificables por la audiencia. Sobre la configuración de este tablero, en agosto de 2004 Fernando Mejía Barquera ofreció dos argumentos que mantienen su validez:

1. Primero, “la mayor parte de los grupos radiofónicos no han generado nuevos elementos”.
2. Segundo, el rating, “al contratar personas reconocidas en el medio hay mayor probabilidad de que se registren mayores índices de audiencia. Lo que busca la empresa (radiofónica) es que el público cautivo que tiene el periodismo en la televisión se lo lleve a la radio”.

Mejía Barquera concluye que se trata de un grupo muy reducido el de comunicadores que están presentes en radio y televisión. Un número al que se le han incrementado algunos nombres, acordes a los argumentos que hace casi diez años esgrimió el académico de la UNAM.

Desde luego, un debate sobre el tema no necesariamente implica –como lo han manejado varios conductores de espacios informativos- que se coarte la libertad de expresión.  Un debate sobre el tema implica es mucho más complejo pues implica fundamentarse realmente en el libre acceso a la información y abrirle el abanico a la audiencia. Que haya más opiniones sobre los temas que conforman las agendas mediáticas, que dé cuenta de una auténtica pluralidad de ideas. En este contexto, tarde o temprano el debate será necesario. La apertura de dos cadenas de televisión, aunada al apagón analógico programado para 2015 –ése es otro punto a discutir-incrementarán los espacios para la oferta programática. Proceder con el mismo criterio implicará no estar a la altura de la era digital y la sociedad de la información en que se contextualiza la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sería, a fin de cuentas no reconocer la relevancia que las modificaciones al artículo 7 constitucional tienen para medios y audiencias:

“establecer la inviolabilidad de la libertad de difusión de opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. De igual forma, se prevé que no se podrá restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

En contraparte, el texto añade que “ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, no coartar la libertad de difusión”. Un argumento planteado en la iniciativa aprobada que atañe a las dos partes: la legislativa, y la de los concesionarios. Un argumento que, en consecuencia, debieran empezar a utilizar con menos frecuencia. Por lo pronto, de acuerdo con lo establecido en la nueva legislación el Banco de México, el INEE y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han iniciado los trabajos para integrar el Comité de Evaluación que elegirá a los comisionados del Ifetel. Con esto se inicia un camino que culminará en la elección de siete, incluido el comisionado presidente. Sería deseable que, por las funciones aquí soslayadas, la enfatizada en este ensayo y otras que se abordarán más adelante, la selección recaiga en personas que puedan realizar su trabajo al margen de los poderes fácticos y en beneficio de las telecomunicaciones y el reconocimiento a la libre información en México.