Reforma de Telecomunicaciones: Críticas e interpretaciones
- Los medios la presentan como parte de una temática muy especializada.
- La reforma pide discutir qué tantas diferencias entre el viejo modelo de relación medios-gobierno-sociedad y lo que ahora se avizora con la nueva reforma y si efectivamente podrá revertir el rezago y atender.
Foto: «Acompañando a Enrique Peña en la Promulgación de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones» por Eruviel Ávila @ Flickr
Por Tanius Karam
La recientemente promulgada reforma a la Ley de Telecomunicaciones el pasado 11 de junio de este año abre una serie de debates y tensiones en distintos sectores del rubro. Frecuentemente los medios la presentan como parte de una temática muy especializada, cuando como hemos dicho en otros espacios representa uno de los debates centrales en el proceso de democratización en el país.
Hay que decir también que la reforma a Telecom, es algo más que una reforma al texto, y supone una serie de abanicos temáticos que de hecho van apareciendo dentro de la agenda pública, como los recientes incidentes vinculados al frustrado inicio del apagón analógico en Tijuana; a ello se suman los debates sobre las características del sector, los derechos de las audiencias y sobre todo las rutas para conformar los organismos respectivos así como los consejeros y comisionados que corresponden. La reforma Telecom pide también discutir qué tantas diferencias existen entre el viejo modelo de relación medios-gobierno-sociedad y lo que ahora se avizora con la nueva reforma y si efectivamente podrá revertir el rezago y atenderlo.
De manera reciente en el Seminario para el análisis de la nueva Ley Telecom, que convocó el pasado 27 de junio, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) fue una oportunidad para realizar un análisis más sopesado a lo que frecuentemente aparece en notas escuetas o comentarios aislados que se realizan sobre todo en la radio. Vale la pena realizar estos ejercicios, que aun cuando el campo de las escuelas y la investigación parecería un espacio natural de reflexión, quizá el carácter legal y algunos aspectos de especialización alejan a no pocos de una reflexión imprescindible para quien tenga algún interés en la comunicación social. En el seminario participaron como expositores expertos académicos amplísimamente conocidos en el campo académico y con gran trayectoria de reflexión sobre los medios. En lo general Javier Esteinou de la UAM-X hizo una presentación esquemática del contexto político social, pacto por México, la reforma constitucional telecom; posteriormente tanto Beatriz Solís y Gabriel Sosa, también de la UAM-X detallaron las características de la propuesta original; así como las principales modificaciones de la cámara de diputados y senadores.
La primera pregunta sobre la que cabe reflexionar es por qué hasta ahora. Para Javier Esteinou al no funcionar el viejo modelo de articulación medios-sociedad-gobierno que operó eficientemente para modelar los sentimientos, valores, expectativas, imaginarios de una sociedad es ahora distinto, es necesario construir nuevas bases. Durante el “viejo modelo”, el marco regulatorio se centró en la caduca Ley Federal de Radio y TV de los sesenta, emitida cuando ya de alguna manera las bases prácticas de la operación de los medios estaban funcionando en las industrias; luego vino la Ley de Telecomunicaciones de 1995 que supuso una tímida actualización en una década ya abierta a las nuevas tecnologías y telecomunicaciones con la popularización del Internet. Con los gobiernos de la alternancia a partir del 2000, se generó en un sector de la sociedad la expectativa de un cambio significativo en el modelo y régimen Telecom, lo que lejos de ocurrir, se generó una inversión al modus operandi tradicional donde ahora el Estado se puso por debajo del poder de la televisión, como se verificó, entre otros incidentes con el tristemente célebre “decretazo” de octubre de 2002 y más tarde la Ley Televisa de noviembre 2005, que por fortuna meses después pudo detener la Suprema Corte de Justicia.
En los últimos años ha imperado la idea, en este “nuevo modelo” de relación, de “formula cero” en la intervención del Estado, cuyo rectoría ha dejado de ser operante para las nuevas empresas y empresarios, los mercados convergentes y los nuevos competidores, y que abogaría a que el sector se ajuste a la venia y autorregulación de los concesionarios. Ello tiene también como contexto una modificación en el papel de los Partidos Políticos, su escasa credibilidad y la injerencia de los grupos de interés mediáticos en las bancadas. El marco más amplio es el fortalecimiento de las “televisoras” como uno de los principales “poderes fácticos” y quienes a través de poderes meta-constitucionales se imponen ante la sociedad, el estado y sus intereses.
Entre virtudes, retos y limitaciones
La Reforma Telecom, en lo general ha recibido reconocimientos de los principales especialistas, empero se impone una mirada crítica que por una parte reconozca el esfuerzo de algunos sectores por la democratización de las comunicaciones y la histórica demanda de algún puñado de colectivos que han hecho una labor significativa, frecuentemente silenciosa y silenciada. Sin regatearle mérito, la Reforma no puede verse como algo acabado. Dentro de las críticas que se ha mencionado, la señalan como algo más relacionado para facilitar planes de negocio a través de la competitividad; o promover modelos de negocios, en lugar de beneficiar a la ciudadanía y a la sociedad en general.
Algunas de las virtudes, señaladas por Sosa Plata durante el Seminario CONEICC, es la construcción de un nuevo marco semántico para definir a los “medios” y las telecomunicaciones como entidades de servicio público e interés general. Este es un cambio que apenas ahora se formula por vez primera, aunque existían bases previas para su formulación, éstas no se habían llevado integralmente a una legislación. La definiciones tiene varias connotaciones: se supone que ahora el Estado tendría la obligación de velar por el interés público con respecto a los servicios de la radio y TV, lo que le obligaría a intervenir, por ejemplo, en el polémico tema de las tarifas finales que pagan los usuarios, a garantizar una mayor participación, a salvaguardar los derechos de audiencias, entre muchas otras cuestiones. Hay que señalar, como es histórico, que generalmente los concesionarios reaccionan muy críticamente contra cualquier intento de regulación por parte del Estado, el cual siempre es visto moralinamente como atentado a la libertad de expresión e información.
Sosa Plata señaló que añadir la cuestión del Servicio Público no es únicamente una cuestión nominativa, sino que incluye una serie de componentes —por ejemplo cómo consolidar la autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión necesaria— que garanticen su consolidación, sin lo cual, dicho servicios no son posibles o estarían condenados—como históricamente ha sucedido— a sucumbir o perderse en los medios y servicios gubernamentales que son cuestiones muy distintas.
Durante el seminario CONEICC se pasó revista a varios aspectos considerados inconclusos por los especialistas, como por ejemplo los aspectos contenidos en el 10° Transitorio de la Reforma relacionado con la independencia editorial que los medios públicos deberían tener y lo que toca al también viejo debate sobre la reducción “público” por gubernamental. Otro asunto importante es la pregunta sobre el financiamiento de estos medios y que en el pasado ha llevado al resquebrajamiento de cualquier intento, de generar medios gubernamentales con sustentabilidad. Y es que en la Reforma parecen abrirse la posibilidad de otras opciones de financiamiento, lo que será uno de los principales temas a discutirse en la ley secundaria que se realizará en los siguientes meses. Una de las opciones que han dado los especialistas, es conciliar la defensa del espíritu ajeno al lucro, pero que por ejemplo, algunos programas sí pudieran ser objeto de comercialización y con ello generar recursos que pudieran invertirse en su infraestructura, lo que también ayudaría a garantizar su calidad; es un mito pensar que no pueden tenerse medios públicos con calidad. Lo que es un hecho inequívoco es que sin exploración o garantía de un financiamiento eficiente, no se pude consolidar esta concesión de uso público.
Junto con la Ley hay el reto de generar una serie de instrumentos, organismos e instituciones. De estas nuevas instancias la que está prevista ya en la Reforma es la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): este órgano sustituiría en sus funciones a muchas de las que venía realizando la COFECO. Este IFETEL integrará cuestiones de competencia económica, que entre otras tareas debe promover la simetría en la participación, e imponer límites a la concentración de frecuencias. El establecer las bases de esas acciones antimonopolios y favorecer la competencia en el sector tendría que ser una contribución deseable como parte de la democratización del espectro radial.
De los temas más polémicos se establece la generación de tribunales especializados en materia de telecomunicaciones. Esos tribunales podrán recibir las demandas de amparo de parte de las empresas sobre las resoluciones que emitan el IFETEL y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE). El Poder Judicial trabaja en integrar estos organismos para atender las quejas contra IFETEL y CFCE. Se espera que una vez en funciones, estas dependencias podrían atender cerca de 650 casos al año, que es el promedio de juicios que se interponen ante las actuales Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y Comisión Federal de Competencia (CFC).
En cuanto contenidos de los medios. Hasta ahora la COFETEL no ha participado en ello, y eventualmente ha coadyuvado la PROFECO, la Secretaria de Salud e incluso la SEP dentro de un galimatías jurídico donde al parecer hay muchas manos y procesos de decisión que poco hacen en realidad antes los excesos y contradicciones de los medios privados. Es decir, hasta ahora hemos tenido una legislación poco clara, que ha conllevado igualmente una aplicación errática, y que otro de los retos del IFETEL sería promover más riqueza, apertura en contenidos sociales y culturales. Ahora el IFETEL tendrá atribuciones para ver la cuestión de contenidos y particularmente vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos de publicidad. La ley prevé sanciones cuando no se observen las restricciones de mensajes dirigidos a la población infantil en cuanto contenido, horarios, tipo de producto, etc. Esta tarea, igualmente venía ejerciéndola de manera muy irregular la famosa dirección general de Radio, Televisión y Cinematografía de la SEGOB (DGRTyC) que es esperable desaparezca —lo cual no se sabe si sucederá— y sea retomada por el IFETEL.
Ahora bien, sin dejar de conceder su carácter histórico, la ley presenta imprecisiones, cuando contradicciones, algunas de las cuales, señaladas por los expositores del seminario CONEICC durante su presentación. Una de ellas es la opinión de la SHCP en contraprestaciones y servicios vinculados y que no está suficientemente explicitado en la Ley. También hay que mencionar que dentro de las atribuciones al IFETEL, algunas se dejan al Ejecutivo Federal en la toma de decisiones, lo cual no se sabe cómo va a funcionar; el Presidente participaría en la elaboración de políticas, lo que centralmente contradice —por pequeña que pudiera ser esta participación— la supuesta autonomía del IFETEL, que sería uno de los principales logros de la Reforma si ésta se logra. El gobierno ha dicho que el Poder Ejecutivo participaría de la política general, pero siempre de la mano del IFETEL.
Otra de las críticas previsibles para el IFETEL es el de las consecuencias que genera un órgano, que al contar con tantas atribuciones y poderes, podría colocar en riesgo a derechos fundamentales; preocupación que esto se lleva a lo político también.
Ya mencionamos que algunos críticos han señalado que Reforma TELECOM fue en lo general pensada para promover la nueva competencia. El vínculo con las nuevas tecnologías es muy poco y al parecer no hay debate sobre impulsar por ejemplo la creación de un Ministerio de Tecnología y Telecomunicaciones como lo hay en otros países.
En lo general, el calendario que sigue a la publicación de la Ley parece muy apretado para los próximos 180 días donde se tienen que generar las más de diez reformas secundarias, las cuales incluyen entre otras, la ley convergente de telecomunicaciones, la de inversiones extranjeras, la de los tribunales especializados, la de los contenidos de televisión (must offer, must carry), la de la red troncal CFE-Telecom, así como la que regirá al organismo descentralizado de medios audiovisuales. No es de extrañar que actores particulares como el Consejo Coordinador Empresarial ha mostrado preocupación y desconfianza, lo que explica quizá que de 120 originales, se haya extendido el plazo a 180, sobre todo por que este organismo considera una agenda ambiciosa. Esta desconfianza aumenta en algunos sectores con poder y capacidad de presión, que no sabemos si finalmente logren generar algún tipo de influencia. Ya de hecho la Ley amplió el plazo a 6 meses para dar más tiempo a la licitación.
Si bien este es un escenario deseable para la democratización del país, dentro de los competidores más sólidos para estas dos nuevas cadenas nacionales, se mencionan a Vázquez Raña (quien ya tiene el Canal 28) y el sempi-poderoso Carlos Slim, quienes no son actores sociales de tradición democrática e incluyente.
Una temática más de debate y discusión ha sido el conflicto o apoyo entre las dos bandas principales de 700 Mhz y 2.5 GHz que pueden ayudar para mejorar, por ejemplo, los servicios existentes de telefonías y cuyos litigios no se han podido resolver. En otros países estas bandas se han privatizado; además el complicado apagón analógico que debe llegar a las grandes ciudades del país para finales del 2015, va a permitir liberar espectro lo que podría utilizarse para abonar en calidad de servicios. El polémico tema de la banda de 2.5 Ghz que generó problemas con la familia Vargas, la empresa MVS, es ahora lo que se plantea también con la banda de 700 Mhz. El caso de MVS no se ha resuelto del todo, pero se puede plantear, algo que de hecho ha señalado MVS que en lugar que el gobierno se las expropie, la empresa pueda seguir usufructuándola mediante el arrendo.
En suma lo que podemos ver es que hay una sobre-posición entre las virtudes y polémicas de la Ley, lo que dista mucho de cualquier actitud triunfalista. Una reforma histórica sin la normativa secundaria que le apoye tendría poco valor y podría redundar en lo contrario de lo que busca. Quedan, como hemos señalado, cuestiones pendientes.
Colofón, “¿Y las escuelas de comunicación?”, “Bien, gracias”.
Una de las temáticas más esperadas, por la institución convocante es la precisa reflexión, análisis y balance sobre la Reforma y las escuelas de comunicación. Tradicionalmente éstos no han sido espacios muy significativos o de resonancia con alguna importante significación social. Hay que celebrar la iniciativa de CONEICC, la cual al margen de las posibilidades reales de impacto, es necesaria una difusión entre formadores y formados, profesores y estudiantes, ya que si algún sector debe responder sensiblemente es éste. Es cierto que quizá el tema que más puede preocupar a las escuelas, es cómo la Reforma impactará la formación de periodistas, comunicadores y comunicólogos. Por lo pronto, las noticias pueden ser vistas con mesurado optimismo, ya que cabe pensar se abrirán algunas —no muchas— fuentes de empleo en los nuevos medios y organizaciones que se generarán. Pero ahí la principal área de oportunidad radica en la posibilidad de construir un proyecto amplio de participación social y política, de desarrollo cultural con los nuevos espectros.
Definimos a las escuelas de comunicación como un tipo particular de actor social caracterizado por su carácter demográfico, su desorganización conceptual y social, sus débiles organizaciones y su precario desarrollo (la inmensa mayoría de los académicos por ejemplo, no se pueden dedicar centralmente a profesionalizar la docencia). Estas “escuelas” se aglutinan principalmente en el CONEICC —de aquí la importancia en el Seminario que comentamos—, creado como sabemos por decreto presidencial hace ya casi 40 años, son un componente más del llamado “campo académico de la comunicación”. Creemos que el CONEICC y con él, las escuelas tendrían que ser un actor protagónico en la difusión de la Reforma Telecom. A reserva de hacer un juicio general, en sus 50 años de historia, desde que fueron mudando de escuelas de periodismo a las de comunicación, pocos son los momentos estelares o de protagonismo social. Tradicionalmente algunos de estos momentos se recuerdan en torno al debate por el Derecho a la información en los setenta y donde muchos, entonces jóvenes académicos e investigadores, realizaron una labor para difundir sus ideas, en un entorno donde solamente algunos cuantos cuestionaban o veían posibilidades reales de un cambio dentro de los medios de comunicación. Lejos de un actor protagónico, las escuelas de comunicación, en el mejor de los casos, han sido un actor débil con muy poca visibilidad. A diferencia de los campos académicos en otros países, ha faltado en el nuestro creatividad y fuerza para esos vínculos políticos efectivos que paulatinamente permitan a tomadores de decisiones voltear hacia los opinadores y líderes de opinión en materia dentro del campo. Si bien la opinión de especialistas como Trejo o Sosa Plata es importante y muy valiosa, hacen falta resonadores y vínculos, una mayor relación estratégica no solamente entre CONEICC, AMIC o AMEDI —la cual por cierto ha logrado un posicionamiento importante, sino en otros actores.
En términos generales para la sociedad mexicana la reforma TELECOM es un tema de pocos especialistas. Con la excepción de las manifestaciones del lastimosamente debilitado #YoSoy132, que puso en el centro de la agenda la manipulación de los medios y la importancia de su democratización, no ha habido en la historia reciente del país un factor de movilización que conceda a este tema su lugar protagónico en la transición democrática. Aquí vemos ciertamente un área de oportunidad para todos los sectores preocupados del tema, pero sobre todo para las escuelas, que con esos miles de profesores y jóvenes quienes tendrían una oportunidad para construir nuevas tendencias que alimenten las prácticas de comunicación educativa, educación para los medios, recepción crítica con relación a la Reforma. Si a alguien corresponde des-especializar el debate de los medios es a las escuelas quienes en todas las regiones del país tienen el reto —frecuentemente más difícil en muchas ciudades pequeñas— de la democratización, o la pedagogía de esa transformación socio-cultural, que pasa por la posibilidad de una nueva relación audiencias-medios-realizadores-Estado. Se abre la posibilidad de refundar una tradición pedagógica de las telecomunicaciones que como hace décadas lo pretendía la recepción crítica, más que analizar mensaje o regímenes legales, fundar las bases de una democracia integral e incluyente, inconcebible sin las tele-comunicaciones hoy día.
Si la materia o asignatura que en muchos currículos consignan con aspectos legales y jurídicos había perdido vitalidad e importancia, o fue simplemente un aspecto secundario sin mucha importancia vital en la formación, hoy adquiere un nuevo aliento y renovado protagonismo, y se eleva por encima de su aparente especificidad para convertirse en un espacio de reflexión estratégico para pensar no sólo regímenes legales, sino y sobre todo problemas culturales, políticos, económicos, empresariales y sociales vinculados a los medios, las tecnologías, a sus proveedores de servicio, y sobre todo, a los nuevos retos que ahora enfrentarán sus audiencias.
Tanius Karam
Facultad de Comunicación /
Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada
Universidad Anáhuac México Norte
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