10 mujeres periodistas asesinadas de 2002 a 2011: Estudio CIMAC sobre Violencia contra periodistas en México

  • 94 mujeres periodistas denunciaron algún tipo de violencia sexual o acoso  en el ejercicio de su labor informativa entre 2002 y 2011.
  • Las entidades federativas con mayor número de casos son: Oaxaca en primer lugar con 12 casos; Distrito Federal con 10 casos y Chihuahua con 8.
  • “Si el Estado no tiene voluntad para atender este grave problema, ni las leyes, ni  los protocolos  de protección serán efectivos”, dijo Lucía Lagunes, directora de CIMAC.

 Por Evelia Barrón

Un estudio inédito en México  que revela la violencia que enfrentan las periodistas en nuestro país,  presentó  la Agencia  Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en el  que se documentan diez homicidios contra comunicadoras en nuestro país.

La directora de CIMAC, Lucia Lagunes , así como Anabel Hernández, Lydia Cacho y Elia Baltazar, coincidieron en  que  la violencia contra las periodistas debe hacerse  visible, por lo que se debe denunciar  para reducir el  riesgo que enfrentan ,  al participar  en la presentación del Primer Informe  “Violencia contra mujeres periodistas 2010-2011”.

La directora de Cimac, Lucia Lagunes,  lamentó que varias  periodistas hayan  tenido que dejar de ejercer su trabajo por la escalada de violencia que viven y enfatizó  que es el Estado, a través de  los diferentes niveles de gobierno  -federal, estatal y  municipal-, quien  debe garantizar la seguridad de las y los periodistas.

Resaltó que “si el Estado no tiene voluntad para atender este grave problema, ni las leyes, ni  los protocolos  de protección serán efectivos”. Debemos  dejar de normalizar la violencia hacía las mujeres, decirles que no es normal que se viva esta situación y que  son las autoridades  quienes deben garantizar su seguridad, reiteró.

En el auditorio del Museo de la Memoria y la Tolerancia, las comunicadoras  convocaron a una gran organización de las y los comunicadores de todo el país, como una forma de protección para el ejercicio del periodismo. “Necesitamos ver la situación que vivimos para que de una forma dinámica enfrentemos esta problemática, pues no hay gobierno que nos garantice seguridad” enfatizó Anabel Hernández.

Luego de compartir su  testimonio de acoso político que como mujer  enfrentó por  investigar un acto de corrupción del secretario de Seguridad, Genaro Luna,   la periodista recientemente galardonada con “la Pluma de Oro” dijo  que La violencia se ha convertido en un gran negocio en México, tanto para los políticos, como para  la delincuencia organizada.

Anabel Hernández,  autora del libro “Los Señores del Narco”, entre otros, calificó el diagnóstico de CIMAC como “un informe histórico donde una reportera puede mirarse en el espejo, aunque es posible que muchas no quieran reconocer que están ahí”, puntualizó.

En su participación, la periodista Lydia Cacho, quien ha sido acosada y amenazada por sus investigaciones periodísticas, dijo que este informe es excepcional porque aplica una nueva perspectiva a lo que ya se ha dicho: México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Desde 2005 cuando destapó una red de pornografía infantil que involucraba a empresarios y  políticos  de los estados de  Quintana Roo y Puebla, Cacho ha vivido acoso aunque afirmó que hay muchas periodistas que deciden callar antes de perder su prestigio.

La periodista Lydia Cacho quien hace unos meses tuvo que abandonar nuestro país para refugiarse en Colombia, anunció que decidió regresar a México y que no le desea  a nadie que por seguridad deba renunciar a su familia y a su tierra.

Por su parte, Elia Baltazar, reportera y fundadora de la Red Periodistas de a Pie, afirmó que este informe no es una recopilación más de cifras, sino un documento exacto que caracteriza los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres periodistas.

En un país donde la violencia contra la prensa es una constante, Baltazar criticó que nadie se involucre en el seguimiento de una agresión y que el gremio no exija cuentas sobre los avances en las investigaciones de las y los colegas asesinados o desaparecidos. “Como gremio dejamos mucho que desear. Si tenemos una deuda con los periodistas, es mayor con las mujeres porque a muchas las hemos dejado solas”, advirtió al explicar que ni las organizaciones, ni las autoridades las toman en cuenta.

En el evento donde CIMAC presentó su diagnóstico sobre la violencia que enfrentan las periodistas, la antropóloga Marcela Lagarde, quien colaboró como asesora en el informe

Señaló que esta investigación pone en la mesa la discusión de la necesidad de enfrentar la violencia de género y la gremial de manera articulada.

Asimismo, la  ex diputada federal  consideró  que “estos planteamientos se enmarcan  en la exigencia de respeto y aplicación de  la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que al Estado le ha faltado voluntad para hacerla cumplir”. sentenció.

Atentados contra periodistas: ¿un asunto de poco interés para la prensa?

  • Dos fotorreporteros michoacanos fueron asesinados este fin de semana.
  • El tratamiento informativo sobre los atentados a periodistas y medios de comunicación entra y sale de las agendas tan rápido como sea posible.
  • “En el mejor de los casos el dilema se resuelve mediante la opinión: que columnistas, articulistas y analistas se ocupen del tema. Una opción que no sustituye a la información sobre el tema, que suele reemplazarse con datos proporcionados por organismos especializados en el tema”, dice Benassini.
Fotografía: “Silencio Forzado: El Estado, cómplice de la violencia contra la prensa” por jpazkual @ Flickr

Por Claudia Benassini

En una de sus más recientes colaboraciones para Revista Mexicana de Comunicación, el periodista Jorge Meléndez Preciado presentó algunos datos sobre la situación del gremio en México:

Han asesinado a 72 reporteros, hay 13 desaparecidos y se han efectuado 40 ataques a medios –seis contra Reforma- en los últimos doce años, según la organización Artículo 19. Mientras ello ha ocurrido, solamente hay un asunto realmente investigado. Lo que muestra, claramente, que el gremio periodístico “no tiene la menor importancia” parafraseando a Arturo de Córdova, para los gobiernos albiazules. Ellos y sus militantes que insisten en alardear que hay amplia información, libertad de expresión y hasta derecho al beso, como se notó al criminalizarlo en Guanajuato.

A los 72 reporteros a los que hace referencia Meléndez Preciado habría que añadir los dos fotorreporteros michoacanos –José Antonio Aguilar Mota y Arturo Barajas López-, asesinados entre el 18 y el 19 de agosto. Y en cuanto al señalamiento de que “el gremio periodístico no tiene la menor importancia (…) para los blanquiazules”, habría que añadir que tampoco lo tiene para los medios en general. Esta afirmación es una conclusión de una sistematización informativa sobre el tratamiento informativo de los periódicos al tema “periodistas”. Al respecto caben las siguientes observaciones:

  1. El tratamiento informativo sobre los atentados a periodistas y medios de comunicación entra y sale de las agendas tan rápido como sea posible. Se da cuenta del hecho y de su desenlace, esto último en el mejor de los casos. Pero normalmente el tema no es objeto de seguimiento a menos que se trate de colaboradores del periódico. Abundan los casos en que se informa escuetamente sobre el atentado y los periódicos no vuelven a ocuparse del tema. En otras palabras, queda el vacío sobre la suerte que corrió el desaparecido; mucho menos precisa es la información sobre el esclarecimiento de los hechos.
  2. Claro que hay excepciones este comportamiento. La más reciente se refiere a dos reporteros veracruzanos asesinados a manos de los Zetas, más como un golpe mediático que como parte de un compromiso con la información. Pero un recuento de los hechos permite dar cuenta de que la tendencia es en sentido inverso. Tampoco hay mucha información sobre el esclarecimiento de los atentados. Más bien se incluyen en las agendas como una especie de cierre de un ciclo informativo, incluido en las agendas en el mínimo espacio posible.
  3. En otras palabras, los atentados contra periodistas son abordados como un acontecimiento más cuando, debieran tener otras formas de tratamiento. Una evidencia más sobre la incapacidad de los medios para hablar sobre sí mismos. La suerte corrida por las empresas de medios y sus trabajadores, sobre todo los reporteros es un tema que se aborda desde las evasivas, no desde los hechos. Visto así, la cobertura se convierte en una falacia y un engaño tanto para los medios que la llevan a cabo como para la sociedad. En el mejor de los casos, se soslaya la información que hay entre el atentado y su esclarecimiento.
  4. Es decir, se trabaja desde la simulación: hacer como si se cubrieran los hechos, pero en realidad no se cubren. ¿Falta de información? ¿Un asunto que podría ser riesgoso para los propios medios? Pudiera ser. Pero esta simulación abre un enorme compás de dudas sobre la manera en que las víctimas ejercerían su profesión. Un compás de dudas que se resuelven con la poca información disponible y con especulación de la sociedad sobre este ejercicio profesional.

En suma, los atentados contra los periodistas reciben el mismo tratamiento que el resto de los temas que conforman las agendas. En el mejor de los casos el dilema se resuelve mediante la opinión: que columnistas, articulistas y analistas se ocupen del tema. Una opción que no sustituye a la información sobre el tema, que suele reemplazarse con datos proporcionados por organismos especializados en el tema. En resumidas cuentas, el corolario de esta reflexión conduce a cuestionar el compromiso de la información con asuntos relacionados con sus profesionales y/o sus instalaciones. Un dilema del que muy pocos medios impresos salen librados.

Agresiones, robos, desapariciones, amenazas, muerte

  • Entrevista con la periodista Karla Berenice García Ramírez, asilada en Canadá por denunciar corrupción en el Conaculta.
  • “Nadie, periodista o no, tendría que huir por miedo de su país”, dice.
  • Su caso y el asesinato de Regina Martínez confirman la agudización del problema de la violencia contra periodistas.
Fotografía: "Ni uno más" por Carlos González @ Flickr

Por Carmen García Bermejo

Publicado originalmente el 1 de mayo de 2012 en El Financiero

Asesinatos, agresiones físicas, allanamientos, robos, desapariciones forzadas y amenazas de muerte son parte de los ataques contra periodistas en México. La situación se agudiza: además de ser el blanco del crimen organizado, los reporteros continúan recibiendo agresiones por escribir sobre la corrupción de funcionarios municipales, estatales y federales.

La inseguridad a la que está expuesta la población mexicana se incrementa, debido a la impunidad que ha degradado el tejido social. Dentro de este ambiente de violencia, los periodistas permanecen en la mirilla de servidores públicos que sienten afectados sus intereses por noticias sobre la corrupción existente en los tres niveles de gobierno. Dos casos recientes confirman la forma como se ha exacerbado el problema: el exilio en Canadá de la escritora y periodista Karla Berenice García Ramírez y el asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso y reportera del periódico local Política.

Rumbo al exilio

A principios del pasado mes de abril, el gobierno de Canadá le otorgó asilo a la periodista Karla Berenice García Ramírez, quien en 2008 huyó de México debido a numerosas amenazas de muerte que recibió, después de denunciar casos de corrupción en el Conaculta durante el periodo en el que Sari Bermúdez presidía dicha dependencia. En 2010, ella recibió la negativa de obtener la residencia en Canadá porque, según el gobierno, no tenía un riesgo significativo en México, ya que no reporteaba al crimen organizado. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y de periodistas contrarrestaron el argumento canadiense para que, finalmente, este año le otorgaran la residencia permanente en Vancouver “por razones humanitarias y compasivas”.

Todo empezó en 2002, cuando al llega a la redacción del área de prensa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), donde trabajaba como reportera, Karla detecta en su computadora un oficio de la Dirección General de Comunicación Social y de Prensa del Conaculta en el que se informa a Sergio Álvarez -entonces coordinador administrativo- de “los materiales que acreditan el pago de Sonia Sierra Echeverry”, otra reportera del Conaculta, pero el trabajo por el cual se le pagaba lo habían realizado Karla y otros de sus compañeros.

Enojada, imprime el oficio y busca más pruebas en los archivos de del Conaculta. Pero hay muchos más documentos que confirman la fuga de presupuesto, a través de la remuneración a “aviadores”: personal acreditado que no asiste a laborar, pero recibe su sueldo. En ese entonces, Miguel Ángel Pineda Baltazar (actual director de Divulgación Cultural de la Secretaría de Cultura del DF) era el titular de la Dirección de Comunicación Social del Conaculta; Alegría Martínez, subdirectora de Información, y Guillermina Ochoa, directora de Prensa, que luego fue sustituida por Lourdes Castro.

Otro punto que detecta Karla es que los contratos a los reporteros señalaban: “El Conaculta pagará al profesionista una cantidad que oscilará entre los 28 mil pesos, como mínimo, y los 52 mil pesos, como máximo…” Pero, en realidad, ellos recibían un sueldo de siete mil pesos. Al empezar a presionar a sus jefes para mejorar las condiciones laborales, los funcionarios le avisan a Karla que está despedida “por recorte presupuestal”. Ella demanda al Conaculta y le pide a su abogado, Ramón Obón, que lleguen hasta las últimas para que “destituyan a los funcionarios corruptos”. Lejos de esto, sólo consigue una buena indemnización porque su abogado “negocia” con el Conaculta y hasta asesoría y talleres sobre derechos de autor impartirá, a partir de entonces, en esa dependencia.

Karla Berenice García Ramírez plasmó estas y otras peripecias en su libro El talento de los farsantes, publicado el año pasado en Vancouver, Canadá, por Sur Editores en una impresión bilingüe, con el seudónimo de Karla Lottini. A pesar de que la autora recurre a la narrativa, su obra incluye documentos oficiales que acreditan el abuso de poder, el tráfico de influencias, el maltrato a los reporteros, la corrupción y la malversación de fondos en el Conaculta.

El Financiero contactó a García Ramírez en Vancouver, desde donde concede la entrevista.

-¿Qué le llevó a denunciar la corrupción en esa área del Conaculta?

-La convicción de que México está estancado, en muchos aspectos, por la corrupción y la impunidad. Lo que estos funcionarios públicos e “intelectuales” hacían (ignoro si lo siguen haciendo) es tan sucio como lo que ocurre actualmente con el gobierno mexicano, Pemex o cualquier otra dependencia vista por los funcionarios como su changarro. Lo denuncié porque no estoy de acuerdo con que sigan robándonos. No es justo que desvíen dinero destinado a la cultura y a sus trabajadores (en este caso el equipo de prensa) mediante viejas artimañas, como el uso de “aviadores”. Además, nos daban un trato pésimo. Y, bueno, si descubres corrupción y tienes pruebas hay que denunciar.

-¿Cuál es el modus operandi que detectó entre estos funcionarios?

-Un tinglado administrativo en apariencia muy bien montado: a los reporteros nos contrataban, primero, de palabra. Luego, de manera extemporánea nos daban a firmar un contrato con fecha de cuando realmente comenzamos a laborar. El contrato no sólo decía que éramos free lance sino que exhibía un tabulador con tarifas precisas para el pago de cada colaboración: reportaje, crónica, entrevista… además de cierta cantidad de coberturas al interior del país. Pero eran contratos ficticios, desvío de fondos usando nuestro trabajo a nombre de otras personas (aviadores) para hacer cuadrar los números y justificar la salida del presupuesto destinado al pago de reporteros de Comunicación Social. Su modus operandi era la mentira, el fraude, el cinismo, la complicidad y la corrupción, al cobijo de la impunidad que les dieron sus amigos o conocidos, de gran peso “moral”, político e intelectual. Sin duda, el amiguismo y la impunidad han sido sus mejores aliados.

-¿Cuál es la intención de narrar estos hechos en primera persona y de forma novelada en tres actos, pero con protagonistas reales?

-La única forma en que vencí la aversión ante una historia que me lastima mucho fue considerándola como parte de mis memorias, donde la arcilla principal es la intención literaria. Está en primera persona porque como escritora y periodista, asumo la autobiografía… Al principio pensé escribirla en formato de teatro, luego creí que podía restarle importancia a los ojos de los demás. Basada en el hecho de que los protagonistas son personajes reales de la vida cultural mexicana, en su mayoría talentosos, gente con formación teatral y, considerando que la situación era digna de un libreto de farsa, lo dividí en tres actos a fin de que el lector-espectador presenciara una obra representada por el elenco mejor pagado en México.

-¿Qué sucedió, en 2003, después de que entregó al Senado de la República documentos para hacer tu denuncia, sólo anunciaron la comparecencia de Sari Bermúdez?

-En el Senado dijeron que el caso se había turnado a la Cámara de Diputados, nunca más devolvieron mis llamadas. Entonces insistí en la oficina del diputado Inti Muñoz, con quien nunca pude hablar. Meses posteriores, en diciembre, ocurrió la primera amenaza en persona. En el Senado sólo les entregué documentación de mi caso, pero ellos sabían, al igual que mi abogado, que tenía pruebas de que el robo-desvío lo hacían no sólo con mi trabajo sino con el de todo el equipo de prensa, incluidos los fotógrafos. Poseo un documento del abogado donde me devuelve mil 99 fojas que le entregué sobre esto.

-Otro aspecto al que se enfrentó fue el proceso legal para demandar al Conaculta y tuviste como abogado a Ramón Obón.

-Sin descartar la evidencia que inculpaba a Miguel Ángel Pineda, Alegría Martínez, Guillermina Ochoa, Lourdes Castro y Sergio Álvarez, era mi palabra contra la de ellos. La experiencia fue demoledora. Imagina que la gente a la que admiras, en quienes confías porque fueron tus maestros, porque representan a México a nivel internacional y tienen voz moral en el ámbito intelectual, no actúan acorde a su discurso. Mi demanda no se limitaba a un despido injustificado. Lo que quería es que se frenara la corrupción, que dejaran de robar y de traficar influencias. Confié en Obón, en su palabra, su ética como abogado. Prometió cosas que no cumplió. Bien sentenció Rascón Banda: “Lo que no está por escrito, no existe”.

-¿Sus revelaciones fueron tan contundentes que a quienes denunció se sintieron vulnerados?

-Sí, hay nombres y apellidos, pero me temo que hay más, mucho más detrás de lo que descubrí en la computadora de la redacción del Conaculta. Me temo, por lo que he platicado con otros periodistas, que personajes como Miguel Ángel Pineda tienen una colota en su historial y que por eso no quieren ningún ruido al respecto. Sé que desde aquellos días “limpiaron la casa”. Lo cierto es que al final, la impunidad siempre deja una rendija abierta para volver a saquear.

-¿En ese entonces ya había anunciado su libro o sólo quería denunciar?

-Al principio la idea era denunciar y demandar públicamente; que fueran otros periodistas los que lo publicaran e investigaran. Como lo demuestra la carta de Información privilegiada y confidencial abogado-cliente, Ramón Obón me sugirió que no fuera a la revista Proceso ni hiciera el asunto de la opinión pública o dejaba de representarme. Dijo también haber hablado con los abogados de Proceso y que éstos dijeron no tener intención de publicar el asunto. Después de lo del Senado, de la desconfianza hacia los medios, volví a pensar en publicar la historia yo misma; no obstante, la primera amenaza me obligó a calmarme, aunque por otro lado, avivó el deseo de hacerlo.

-Menciona en el libro que acudió a algunos medios para denunciar su caso, incluso que se entrevistó directamente con Julio Scherer, pero nunca llegó el reportero que le haría la entrevista. ¿Por qué cree que nadie tomó en serio su caso?

-Esa es una pregunta que después de tantos años sigo haciéndome. No entiendo. Lo único que descifro es que tenían compromisos, intereses, historias de amistad y complicidad. Scherer sonó sincero cuando dijo que no tenía intereses, pero entonces ¿cómo te explicas que la reportera me dejara plantada? He pensado en una posibilidad de lealtad entre Proceso, Rascón Banda y Ramón Obón. Ellos escribieron ahí por más de diez años. Mi lectura, entre líneas, es que Rascón Banda (entonces asesor de Sari Bermúdez y presidente de Sogem) no quería que sus amigos teatreros (Pineda y Alegría) resultaran afectados. Qué intereses había de por medio, no lo sé. He elucubrado mucho sobre esto pero no tengo pruebas, así es que me limito a lo que sí sé y es que se hicieron de la vista gorda. Se necesita ser muy pendejo para creer que el material que les ofrecí no daba para una nota ni para llevar a cabo una investigación que derivara en la sanción de los responsables. Tanto Rascón como Obón son personajes públicos convertidos en “dioses” a los que nadie quiere tocar. Quizá la falta de interés en publicar el caso es precisamente que había intereses, amistades de por medio, gente directa o indirectamente involucrada en medios, como es el caso de La Jornada. Sonia Sierra Echeverry, viuda del reportero Renato Ravelo y dizque reportera del Conaculta era una de las personas con las que, de acuerdo a documentos exhibidos en el libro, cobraba con nuestro trabajo.

-¿En qué año y por qué decide viajar a Canadá?

-En 2008, después de haber platicado con la reportera de la revista Contralínea, las amenazas volvieron y fueron subiendo de tono, al grado de llegar a la familia. El miedo nos tenía pasmados, la paranoia fue en ascenso, no vivíamos tranquilos. Más que nunca temí por mi vida y la integridad de mi familia; a la par, más que nunca, sentí la necesidad de dar a conocer lo ocurrido. Viajé a Vancouver porque ahí tenía un primo hermano con el que hacía mucho tiempo no hablaba, pero que estaba dispuesto a ayudarme.

-El periódico Sin Fronteras dice que en 2008 solicitó asilo al gobierno canadiense y en 2010 le negaron la petición, ¿qué pasó en esos años?

-En esos años supe lo que era el infierno del exilio. Si bien, ahora lo sé, caí en blandito por tener a un primo en el mismo país. Durante este tiempo enfrenté un proceso migratorio devastador. Mi esposo y yo hicimos voluntariado en actividades culturales y ecológicas. En lugar de escribir el libro, enfermé de homesick (nostalgia por casa), me hundí en la depresión, como nunca. El resultado fue un libro de poesía oscura. Fueron días de migrañas, paranoia, silencio, soledad, miedo. No hablaba con nadie del asunto, no confiaba. El proceso, iniciado en 2008 por un abogado que dijo que el caso era fuerte y que tenía argumentos para ganar la protección del Estado canadiense, recibió la primera negativa en 2010. Las razones: que no corríamos peligro, que el gobierno mexicano era capaz de proveernos (a los periodistas, a mi esposo y a mí) de seguridad, que México es un país democrático en cuyas autoridades se puede confiar, que no había publicado nada sobre el asunto y que en el pasado ningún medio tampoco quiso hacerlo. Mi percepción es que no entendían la evidencia, que les cuesta trabajo creer lo que ocurre en México más allá de las nuestras lindas playas y los paquetes all inclusive que compran en agencias de viajes.

-¿Tuvo que escribir el libro como prueba de que estaba amenazada de muerte?

-En cierta forma, sí. Por ahí de octubre de 2009 comenté al abogado la intención de escribir el libro formalmente, pese a la aversión que me provocaba, amén de que ello incrementara el peligro. Dijo que no me presionara, que la publicación podía tener una lectura negativa: que pensaran que (yo) quería manipular la decisión. Al final de cuentas se convirtió en la única carta no sólo para demostrar que decía la verdad en cuanto al riesgo que corría, sino en la única carta para enfrentarme de una vez por todas al miedo y aniquilar un silencio que me tenía enferma de impotencia. Sin ninguna garantía de por medio, a sabiendas de que no podría volver a México quién sabe por cuánto tiempo (o si nunca podría hacerlo), en 2010 releí material de antaño y le di forma. Nadie, periodista o no, tendría que huir de su país.

 

¿Cuántos periodistas más?

La indignación es absoluta. La madrugada del sábado 28 de abril fue asesinada la periodista Regina Martínez Pérez en su casa de Xalapa, Veracruz. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, murió alrededor de las cuatro de la mañana asfixiada y golpeada. La necropsia determinó que el agresor o agresores le rompieron el maxilar y dos costillas. Los primeros peritajes reportaron la desaparición de una computadora, dos celulares y una pantalla de televisión de plasma. Hasta el momento no han establecido el móvil del crimen, pero familiares, organizaciones civiles y periodistas demandan que en las líneas de investigación tenga prioridad el desempeño de su trabajo profesional.

Martínez Pérez nació en 1963 en el municipio de Gutiérrez Zamora, al norte de Veracruz. Estudio en la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana y ejerció esta profesión durante poco más de 20 años. En su trayectoria, se desempeñó como corresponsal del periódico La Jornada y actualmente era corresponsal del semanario Proceso y la agencia informativa Apro. Durante dos décadas fue reportera del periódico Política, que se edita en Xalapa, y colaboró para Notiver y Canal 4.

Esta ejemplar reportera realizaba periodismo de investigación, a través del cual informó desde las tropelías cometidas por el gobernado Miguel Alemán en la zona arqueológica de El Tajín para usar el sitio como escenografía en su espectáculo de Cumbre Tajín, hasta el asesinato y violación de la indígena Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica y la creciente violencia generada en Veracruz por el narcotráfico. Su trabajo siempre incomodó a los tres niveles de gobierno, a tal grado que recibió amenazas del exgobernador Fidel Herrera Beltrán por sus indagaciones en el caso Ascencio y la vinculación con el ejército.

El crimen de Regina Martínez Pérez entra en la vorágine de violencia que vive el país y, en particular, en Veracruz. Desde hace una década han asesinado a 12 periodistas sólo en esa entidad, cinco de los cuales sucedieron en los 17 meses que lleva el actual gobierno de Javier Duarte. A la fecha, no hay un sólo detenido. Además, tres reporteros se encuentran desaparecidos y 14 periodistas que trabajaba en el puerto se exiliaron. A esto hay que agregarle las amenazas de muerte y agresiones físicas sufridas por los periodistas locales y por quienes llegan a la región a realizar reportajes.

Desde el domingo que se conoció el asesinato de Regina Martínez Pérez no han cesado las protestas en contra de este crimen. Periodistas, asociaciones civiles y de derechos humanos han realizado diversas manifestaciones para repudiar esta situación. En un mitin a las afueras de la representación de Veracruz en el DF, Mike O’Connor -representante del Comité de Protección a Periodistas con sede en Nueva York- aseguró que le corresponde al Estado esclarecer estos crímenes y no únicamente hacer pronunciamientos, comunicados o falsas promesas: “En Veracruz -aseveró- ya van cinco asesinatos en un año. No sabemos si los casos están vinculados y tampoco por qué el gobierno no los puede esclarecer. Pregunto: ¿Está metido de alguna manera? ¿Protege a algunas gentes o funcionarios o a gente del crimen organizado? ¿Cuántos periodistas más van a seguir esa suerte y por qué?”

 

Contexto violento

Apenas el lunes 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que establecerá la cooperación entre la federación y las entidades para aplicar y operar medidas de prevención y garantizar el ejercicio de la libre expresión. También decretará medidas urgentes de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Con esta legislación se creará el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismo que deberá ser operado por la Secretaría de Gobernación. Los diputados remitieron al Ejecutivo federal la ley para su publicación.

Aunque en medio del asesinato de Regina Martínez Pérez esta noticia fue grata para múltiples asociaciones civiles, Article 19 -organización independiente especializada en proteger y promover el derecho a la libertad de expresión y de información- criticó esta ley al considerar que duplica los mecanismos actualmente establecidos y, al mismo tiempo, no ataca el problema central: la impunidad. Sostiene que esa ley contiene una idea reduccionista de la protección y es reactiva ante el contexto violento de México.

En un comunicado, la representación en México de Article 19 precisa que la definición de “agresiones” bajo la que operará esta norma prevé el daño, amenaza, hostigamiento o intimidación. Pero esta es una definición vaga que pueda dar lugar a discrecionalidad, ya que no se determina que se entiende por “daño”. Asimismo, se establece una Unidad para recibir los casos, sin que se identifique a dónde o ante quién se debe dirigir una solicitud. Una vez admitido el caso, esa Unidad determina si el proceso será expedito u ordinario. En el primer caso, se dictan las medidas de protección. De ser ordinario, se hace una evaluación de riesgos y ésta pasa a una Junta de Gobierno integrada por cuatro representantes de entidades gubernamentales (Segob, PGR, SSP, SRE); uno de la CNDH; cuatro miembros de la sociedad civil y cinco invitados permanentes con derecho a voz. En total, 14 personas evaluarán las medidas de protección para cada caso. Pero todo eso podría ser inaplicable porque, para operar, la Junta de Gobierno requiere de un quórum de la mitad más uno y no se establece qué pasa si no hay mayoría.

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El costo de la crítica

  • El marco legal mexicano es insuficiente para dar respuesta a la violencia contra periodistas.
  • Las leyes son usadas para mitigar los problemas sin darles solución.
  • “La solución verdadera no pasa por más leyes. Es imprescindible  la interiorización en cada una de las personas de lo que debe ser tolerado, exigido y denunciado. Se debe abonar a la identificación de la relación entre nosotros y los demás así como los aspectos básicos de preocupación común para que cada quien pueda estar en las condiciones mínimas posibles de realizar su propio proyecto vital”, dice Villanueva.
Fotografía: "Exigimos verdad y justicia para Regina" por Adri Lagunes @ Flickr

Por Ernesto Villanueva

El ejercicio de la libertad de expresión crítica para honrar el derecho a la información veraz ha estado sujeto a distintas presiones. De los boicots publicitarios, compra de ejemplares para silenciar informaciones, amenazas hasta la privación ilegal de la libertad y de la vida. Es ahora el lamentable caso de la reportera de Proceso, Regina Martínez, que suma a otros sucesos con igual destino. De cara a este fenómeno el Estado ha reaccionado en dos frentes cuyos resultados posibles abrigan, empero, muchas dudas. Veamos por qué.

Primero. El primer paso fue el remedial o resolutivo que inició el 15 de febrero del 2006 al ser creada la ahora llamada Fiscalía Especializada para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión dentro de la PGR como resultado de presiones nacionales e internacionales por el inicio del ataque sistemático y creciente a quienes ejercen este derecho humano, sobre todo a los periodistas. Se pensó – al menos eso quiso creer buena parte de la comunidad periodística- que con esa decisión habrían de esclarecerse los delitos cometidos en perjuicio de informadores y opinadores. No fue así.

En estos 6 años de vida, la Fiscalía no ha cumplido su cometido por dos razones:

  1. Por sus limitaciones legales que, aunque lentamente se han ido mejorando, que impiden equiparar esta figura con otras fiscalías especiales como la de delitos electorales, por citar un ejemplo; y
  2. Por ausencia de voluntad institucional para dotar a esta fiscalía de los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. (Sobre el tema puede abundarse en mi texto publicado en Proceso 1732 de fecha 10.01.2010).

El desafortunado diseño de la fiscalía trajo consigo ausencia de casos resueltos. El 6 de marzo pasado, el Senado aprobó una adición al segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional que ya había sido votada favorablemente por la Cámara de Diputados (que se encuentra en proceso de ser ratificado por la mitad más uno de los congresos locales) que al igual que en el 2006 el grueso de la comunidad informativa festejó lo que creyó (como si fuera un dogma de fe) que se trataba de la “federalización de delitos cometidos en perjuicio de los periodistas”. Por supuesto, que no es así. En realidad, la adición constitucional festinada ofrece expectativas posibles. Nada más. En efecto,  al utilizar el verbo “podrá” en lugar de “deberá”, deja la federalización en un estado de fragilidad.  El primer caso es potestativo (como se aprobó); es decir, puede o no conocer la autoridad federal de casos de agresiones a periodistas. El segundo, es imperativo.

Segundo. Como medida de prevención, el 30 de abril pasado, el Congreso aprobó la  Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De entrada, es paradójico que no sólo los defendidos de los derechos humanos sean objeto de tutela legal, sino también los defensores. El contenido de la ley es exhaustivo, refleja un plausible trabajo de su comité de diseño e incorpora distintos supuestos para la defensa de la integridad de activistas y periodistas. Desde el punto de vista formal, sólo le encuentro una falla: la parte de las sanciones. ¿Qué pasa si los encargados de hacer cumplir la ley no lo hacen? La ley ofrece dos respuestas poco afortunadas: a) “las que establezca la legislación aplicable”(¿?) y b) crea dos tipos penales, tan complejos y difíciles de que un servidor encuadre dichos supuestos, que será poco menos que imposible aplicarlos en los hechos. Como es sabido, en países como México, la sanción; es decir, la reacción jurídica aplicada por el Estado a la conducta contraria a la establecida como debida constituye el punto de partida para generar condiciones para que la ley “vigente” sea “eficaz” o se cumpla. Sobra decir que el Reglamento no puede resolver esta desgraciada ausencia. De esta suerte, esta disposición legal será un catálogo de buenos deseos y modelo de buenas prácticas. Difícilmente podrá ser más que eso.

Tercero. En este mundo al revés que vive México, la falta de soluciones es mitigada con una ley o acto jurídico. Incluso, en el supuesto de que las leyes o diseño institucionales sean modélicos, el gran problema es la corrupción, la impunidad y el desdén por el orden jurídico empezando por la autoridad. Para abrir boca, el presidente Felipe Calderón no ha emitido al menos 16 reglamentos de Leyes vigentes con plazo previsto en sus artículos transitorios, que en todos los casos ha concluido (http://www.senado.gob.mx/img/doctos/REGLAMENTOS.pdf). Si el presidente es el primero en violar la ley, ¿qué podría esperarse de los secretarios de despacho que de él dependen y quienes son activos protagonistas en la festejada Ley?

Hay casos excepcionales, como la fiscal especial Laura Angelina Borbolla Moreno que ha llegado con muestras varias de voluntad política. Falta que a la urgente brevedad,  la PGR destine recursos no sólo los necesarios, sino los suficientes para que en ese terreno la Fiscal Borbolla – que llega con un amplio bono inicial de reconocimiento y a su interés real por enfrentar esa complejísima tarea – esté en condiciones de hacer algo, por el bien todos. Por otra parte, la solución verdadera no pasa por más leyes. Es imprescindible  la interiorización en cada una de las personas de lo que debe ser tolerado, exigido y denunciado. Se debe abonar a la identificación de la relación entre nosotros y los demás así como los aspectos básicos de preocupación común para que cada quien pueda estar en las condiciones mínimas posibles de realizar su propio proyecto vital. Para ello es también una exigencia verbalizar en todo momento estas pautas de comportamiento para convivir en paz gobernantes y gobernados. A favor o en contra, pero callados o indiferentes, jamás. De no transitar por este sendero de vida cívica, los resultados seguirán siendo los mismos de siempre: la seguridad sicológica temporal de activistas y periodistas, pero sin una razonable armonía con la observancia de la ley que todos queremos.

Evillanueva99@yahoo.com

Twitter: @evillanuevamx

Blog: www.ernestovillanueva.blogspot.com

 

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En honor a Regina Martínez y en exigencia del esclarecimiento de su asesinato

  • Regina Martínez, corresponsal de Proceso, fue asesinada el sábado 28 de abril en Veracruz.
  • “El asesinato de Regina no puede ni debe ser un nuevo caso de impunidad. Dejar en la impunidad este crimen, como antes los de los demás periodistas, confirmaría que vivimos ya, a pesar de la frágil democracia electoral, en la suspensión de facto de la libertad de expresión”, dice el comunicado.
  • Para sumarse al comunicado está disponible el blog Justicia para periodistas veracruzanos.
Regina Martínez - Fotografía: Proceso

El cobarde asesinato de la valiente periodista Regina Martínez el pasado 28 de abril en Xalapa, es una afrenta intolerable al gremio periodístico de México y de Veracruz, a la libertad de expresión y a la lucha por la democratización de los medios de comunicación en nuestro país. Regina fue por casi 30 años ejemplo de autonomía de pensamiento, capacidad de resistencia a la corrupción y a las amenazas de la clase política, y de valor civil a toda prueba, en un estado donde brilla por su ausencia la libertad de expresión y prevalecen los más primitivos métodos de control de la labor periodística. El trabajo de Regina era casi heroico en una entidad donde el pensamiento crítico carece de espacios y donde el gremio periodístico viene sufriendo, in crecendo, agresiones terribles que han hecho de la profesión un ejercicio de alto riesgo.

Desde las páginas del periódico Política, y de las corresponsalías de La Jornada, en el pasado, y de Proceso, en la actualidad, Regina fue una de las escasas voces discordantes en el monótono concierto de loas al gobierno estatal y control casi absoluto de la información que han caracterizado a los gobiernos priístas veracruzanos desde hace años. Por eso su asesinato es un mensaje ominoso a quienes aún tratan de conservar los mínimos espacios críticos autorizados y los escasos espacios de autonomía de opinión disponibles en la entidad.

Exigimos la inmediata aclaración de este terrible asesinato, señaladamente grave por sus obvias connotaciones políticas. La impunidad en que permanecen los demás asesinatos y agresiones a periodistas en Veracruz, especialmente los sucedidos en 2011, demuestra la incapacidad o el desinterés del gobierno estatal, o ambas cosas, en la tarea de resolver crímenes contra un gremio cuya seguridad es central para la vida democrática.

El asesinato de Regina no puede ni debe ser un nuevo caso de impunidad. Dejar en la impunidad este crimen, como antes los de los demás periodistas, confirmaría que vivimos ya, a pesar de la frágil democracia electoral, en la suspensión de facto de la libertad de expresión.

Honor a Regina Martínez, cuya vida fue ejemplo de congruencia profesional y compromiso con la verdad

Firmas en orden de suscripción. [Actualizado el 3 de mayo de 2012]

1.-Francisco de Jesús Aceves González. Universidad de Guadalajara
2.-María de Lourdes García Curiel. Universidad de Guadalajara
3.-Alfredo Zavaleta Betancourt Universidad Veracruzana
4.-John Ackerman. UNAM
5.-Leticia Cufré Marchetto. Universidad Veracruzana
6.-Víctor Andrade Guevara. Universidad Veracruzana
7.-Víctor Manuel Andrade Miranda.
8.-Patricia Andrade del Cid. Universidad Veracruzana
9.-Raúl Trejo Delarbre. UNAM.
10.-María Elena Hernández Ramírez. Universidad de Guadalajara
11.-Gabriela Gómez Rodríguez. Universidad de Guadalajara
12.-Celia del Palacio Montiel. Universidad Veracruzana
13.-Alberto Javier Olvera Rivera. Universidad Veracruzana
14.-Guadalupe H. Mar. Universidad Veracruzana
15.-Efraín Quiñones León. Universidad Veracruzana
16.-Malik Tahar. Universidad Veracruzana.
17.-Rossana Reguillo. ITESO. Guadalajara.
18.-Ricardo Raphael. El Universal.
19.-Irma Villa. Universidad Veracruzana.
20.-Edith Escalón. Universidad Veracruzana. ITESO.
21.-Carlos Ávila Bello. Universidad Veracruzana
22.-Adalberto Tejeda Martínez. Universidad Veracruzana.
23.-Hipólito Rodríguez Herrero. Universidad Veracruzana
24.-Carlos Enrique Villarreal Morales. Universidad Veracruzana.
25.-Omar Raúl Martínez. Fundación Manuel Buendía. A.C.
26.-Alberto Arroyo RMALC
27.-Laura Berruecos Martínez de Escobar
28.-Raúl Ramírez Loyo
29.-Aurora Castillo Reyes
30.-Felipe Casanova
31.-Moisés Pérez
32.-Clara Cruz Balbuena
33.-Jorge Castillo Rodríguez
34.-Javier Rodríguez Trujillo. Unión Estatal de Sociedades Cooperativas de Veracruz.
35.-Francisco Domínguez Cruz. CEZEN.
36.-Juan Emilio González Garrido
37.-Juan Carlos González Cruz
38.-José Enrique Callia Chacón
39.-Gemma Guevara
40.-Leticia Maldonado Rebollo
41.-Said Marín Urbán
42.- Consuelo Ocampo Cano
43.-Estela Casados González
44.-Guillermo Manzano
45.-Antonio Trujillo Perdomo
46.-Ángel Rafael Martínez Alarcón
47.-Adrián Mendieta
48.-Evelia Botana Montenegro
49.-Joaquín A. Rosas Garcés. Alcalorpolico.com
50.-Ángel Martínez Armengol
51.-Rosa Contreras Pérez
52.-Wendy López
53.-Montserrat Díaz
54.-Rossana Castellanos
55.-Amalinalli Pino Contreras
56.-Germán Martínez Aceves. Universidad Veracruzana
57.-Gema Estrada
58.-Esteban Antonio Castro Estrada
59.-Carlos Manuel Cruz Meza
60.-Artemio Ríos Rivera
61.-Esther Hernández Palacios. Universidad Veracruzana
62.-Maliyel Beverido
63.-Juan Pablo Aguilar Jaem
64.-Omar Brandi Herrera
65.-Yasmín Zepeda Benavides
66.-Hannah S. Borbolete
67.-Esther Karina Vázquez Aguilar
68.-Emmanuel Cruz Muñoz
69.-Montserrat Panes Ramón
70.-José Julián González Osorno
71.-Gonzalo López Barradas. Revista Resumen.
72.-Eckart Boege
73.-Verónica Danell
74.-Carlos Ortega Macías
75.-Manuel Reyna Muñoz. Universidad Veracruzana
76.-Ana Luis García Ríos
77.-María Ruiz García
78.-Juan E. Flores Mateos
79.-Darío Pale
80.-Rurk Hernández D.L.S.
81.-Juan Carlos Dueñas Torres
82.-El Flechador. Periodista.
83.-Gerardo Luna Gómez
84.-Brenda Lira
85.-Rodrigo Soberanes
86.-Norma Trujillo Báez
87.-Anahí González
88.-Eduardo de la Torre Jaramillo
89.-Laura Haddad
90.-Angélica Grayeb Sousa
91.-Astrid Gutiérrez
92.-José Antonio Guerrero
93.-Enrique Yasser Pompeyo Díaz
94.-Dora Luz Gallardo Balandrán
95.-Consuelo Esther Cuevas Durán
96.-Ernesto González Huerta
97.-Luis Fernando Cruz C.
98.-Alejandro Delgado Gómez
99.-Anaïs Palacios Pérez
100.-Alejandra Isabel Jiménez Hernández
101.-Jesús Iván Toral Guevara
102.-Tomás González Corro
103.-Esteban Hidalgo Gómez
104.-Carlos Alberto Villalobos
105.-Ángeles González Ceballos. Alcalorpolitico.com
106.-Ángel Rafael Martínez Alarcón
107.-Juana María Toriz Javier
108.-Carlos Morales Tapia. Periodista
109.-Cristina Ortiz Guillaumin
110.-Silvia Jiménez García
111.-Guadalupe Gómez Ramírez
112.-Juana López Hernández
113.-Carmen Huerta
114.-Paulina Gutiérrez D.
115.-Daniela Montserrat Gómez Orozco
116.-Emmanuel Santiago Jiménez
117.-Carlos Jesús Rodríguez. Gobernantes.com
118.-Neftalí Urbina Díaz
119.-Leopoldo Hernández Durán
120.-Cecilia del Mar Zamudio Serrano
121.-Araceli González Saavedra
122.-Marcela Flores Dionicio
123.-Carolina González Bautista
124.-Andrea Guadalupe González Bautista
125.-Héctor Galaz
126.-Élfego Riveros. Radio Teocelo.
127.-Rosa Olivia Pozos Vásquez
128.-Josefina Acosta
129.-Marco Antonio Velázquez Navarrete. Red Mexicana de Acción frente al libre comercio. RMALC
130.-Elvia Flores y Vázquez. Unión Popular Emiliano Zapata.
131.-Erika Díaz Becerra
132.-Patricia Nueva MUP-CND. Ciudad de México.
133.-Teresa Garduño Martínez MUP-CND. Ciudad de México.
134.-Jesús Octavio Martínez Maya. www.mexicoenpaz.mx
135.-Sandra Ortiz Martínez
136.-Vibani Baruni Jiménez Hidalgo
137.-Esther Gamboa Pérez
138.-Yolanda Tenorio Montero
139.-Fito Soler
140.-María Sabina Martínez Pinto
141.-Adriana Carreón Lagunes
142.-Emmanuel Palafox Ramírez
143.-Mirna A. Benítez Juárez
144.-Armando Ortiz
145.-Martha Grayeb
146.-Gabriela María Muñoz Jiménez
147.-Miguel Ángel Alba Cristales
148.-Balam Martínez López
149.-Yadira Romero
150.-Rosa Estela Contreras Antonio
151.-Justo Alberto Vázquez García
152.-Dulce María Surdia Vega
153.-José David Vidal Morales
154.-Román Ricardo Castañeda Cotera
155.-Irma Domínguez Sánchez
156.-Lorenzo de Jesús Contreras Antonio
157.-Carolina González
158.-Zulma Amador Rodríguez
159.-Santiago Saluny García
160.-Jesús Moreno Frías
161.-Guadalupe Rebolledo Guillaumin
162.-Martha Alicia Delgado
163.-Agustín del Moral. Universidad Veracruzana.
164.-Ragueb Chaín Revuelta. Universidad Veracruzana
165.-María Josefa Erreguerena Albaitero. UAM-Xochimilco
166.-Carlos Padilla Ríos. Revista Zócalo.
167.-Montserrat Quevedo Verónica
168.-Silvia del Amo. Universidad Veracruzana.
169.-Fernanda Melchor
170.-Susana Castillo
171.-Genaro Aguirre Aguilar
172.-Rosío Córdova Plaza
173.-Ernesto Izunza Vera
174.-Katia Herrera Xicoténcatl
175.-Martín Aguilar Sánchez
176.-Flavio Alonso González
177.-Patricia Zamudio Grave. CIESAS Golfo
178.-Jorge Alonso Sánchez. CIESAS-Occidente
179.-Danú Fabre Platas
180.-Leticia Mora Perdomo
181.-David Sandoval Rodríguez
182.-David Islas Bravo
183.-Clara Jusidman. Incide Social.
184.-Dunia Salas Rivera. Gaceta Universitaria. UV
185.-Jorge Morales Vázquez. Periodista
186.-Marcelo Sánchez Cruz. Prensa Área Académica UV
187.-Alberto Aziz Nassif. CIESAS México.
188.-David Gómez Álvarez. Jalisco cómo vamos
189.-Miguel Ángel Díaz González. Plumas Libres.
190.-Juan Ortiz Escamilla. Universidad Veracruzana
191.-Roberto Eibenschutz
192.-Eréndila Cruzvillegas Fuentes.
193.-Erenesto López Portillo. Insyde.
194.-Sergio Aguayo Quesada. El Colmex. Periodista
195.-Griselda Benítez.
196.-María Teresa leal Ascencio. Ingeniería química UV
197.-Aleida Calleja. Presidenta de AMEDI
198.-Ana Claudia Nepote. Red de Periodistas Ambientales de México.
199.-Gabriela Ortega Polanco
200.- Enrique Vargas Madrazo. Ecodiálogo. UV
201.-María Eugenia Guadarrama Olivera. Vinculación UV
202.-Miguel Ángel Casillas Alvarado. UV
203.-Patricia Ponce Jiménez. CIESAS Golfo
204.-Mariano Báez Landa. UVI.
205.-Catalina Eibenschutz
206.- Claudia Domínguez Mejía.
207.-Sonia Salazar Lizán
208.-José Antonio Ávalos Lozano. Universidad Autónoma de San Luis Potosí
209.-Domingo Canales Espinosa. UV.
210.-Karina de la Paz Reyes. Prensa UV
211.-Brisa Gómez. AVC noticias y corresponsal CIMAC.
212.-Estrella Burgos. Red de Periociencia.
213.-Manuel Martínez Morales. Inteligencia Artificial UV
214.-Rocío Ledesma Saucedo.
215.-Patricio Bernedo. Universidad Católica de Chile.
216.-Juan Larrosa Fuentes.
217.-Javier Esteinou Madrid. UAM-Xochimilco
218.-Patricia Córdova. Universidad de Texas en Austin.
219.-José Luis Cerdán. Universidad Veracruzana
220.-Magno Garcimarrero Ochoa
221.-Edgar García Valencia. Universidad Veracruzana
222.-Guimar Rovira. UAM-Xochimilco
223.-Adrián Gurza Lavalle. USP-CEBRAP
224.-Perla Ferreira
225.-Moisés Pérez Silva
226.-Ángel Pérez Silva
227.-Alfredo Poblete Dolores
228.-Ana Velazquez
229.-Gladys Villegas Morales
230.-Alberto Morales
231.-Rafale Gutiérrez Martínez
232.-Pablo Jair Ortega Díaz
234.-María Elena Roca Guzmán
235.-Carmela Flores Peña
236.-Ernesto Daniel Cuéllar Benítex
237.-Daniela Griego Ceballos
238.-Jore Salazar Gavela
239.-Nuria Bermúdez
240.-Juana López Hernández
241.-Leticia Valenzuela Gómez Gallardo
242.-Eric Agad Espíndola
243.-Reynaldo Cuevas
244.-Rocío Guerrero Meléndez
245.-Lourdes López
246.-Jorge Froylán Jardines Hernández
247.-Miguel Raúl González Muciño
248.-Cinthia Ivet Ávila Domínguez
249.-Sandra D. Hidalgo
250.-Leonor Morales
251.-Francisco Rodríguez Pineda
252.-Felipe Casanova
253.-Mario Pérez Monterosas
254.-Esmeralda Sangabriel García,
255.-Consuelo Ocampo,
256.-Cristina Almazán
257.-Paulina Gutiérrez Domínguez,
258.-Antonia Basurto Lozano,
259.-Ana Rebolledo,
260.-Gregorio Huesca Sarabia
261.-Marie Chamussy Lesort,
262.-Luis Octavio Hernández Lara,
263.-Claudia Serapio Francisco
264.-Águeda García
265.-Antonio Alcántara Chimal
266.-Felipe Gálvez. UAM-Xochimilco
267.-Nedda G. Anhalt. PEN Club Internacional, Capítulo México.
268.-María Elena Ruiz Cruz PEN Club Internacional, Capítulo México
269.-Eduardo Quijano. ITESO
270.-María del Carmen Rivas Castellanos
271.-Rosa Eugenia García Gómez. Universidad de Guadalajara.
272.-Sergio García García
272.-Sergio García García
273.-Martha Mendoza Parissi
274.-Edgar González Gaudiano
275.-José Antonio Pensado
276.-Lisbeth Baqueiro
277.-Alba Guzmán
278.-Magaly Corona
279.-María de la Cruz Jaimes. Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, A.C
280.-Jesús Cantú.
281.-Margarita Zires. UAM-X
282.-Jorge Martín Gómez Bocanegra. Universidad de Texas en Austin
283.-Pedro Alonso López Escobedo.
284.-Jaqueline Jongitud Zamora. Universidad Veracruzana
285.-Antoni Castells. Universidad Veracruzana.
286.-Sara Sefchovich. UNAM
287.-Rafael Pineda. Rapé288.-Elsa Almeida

Violencia y periodismo en México: Un acercamiento desde la ética

  • ¿Cómo informar sobre los horrores de la violencia sin ser amarillistas?
  • La noción misma de periodismo se pone a prueba en condiciones extremas.
  • “En la medida en que las Redacciones procuren este ejercicio estarán en posibilidades de ejercer un mejor periodismo: un periodismo que le permita a la gente entender mejor lo que ocurre en su entorno, asumir postura y tomar decisiones”, dice Juan Carlos Nuñez.
Fotografía: Israel Hinojosa @ Flickr

Por Juan Carlos Núñez

La situación de violencia que vive el país genera nuevos retos para los periodistas y para los medios de comunicación. Un componente fundamental de estos desafíos es la dimensión ética en la cobertura periodística ante esta nueva realidad. Si la ética, como dice Gabriel García Márquez, no es una condición ocasional sino que debe acompañar siempre al periodismo; si como dice Kapuscinski, la materia prima de los periodistas son las personas, entonces en un entorno de extrema violencia las consideraciones éticas del trabajo periodístico adquieren especial relevancia.

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Medios, violencia y gobernanza

Escenario actual y asignaturas pendientes del periodismo mexicano

Fotografía: "México PFP" por Jesús Villaseca @ Flickr

Por María Elena Meneses

Luego de un siglo caracterizado por su dependencia endémica con el poder político y la publicidad oficial, el periodismo mexicano  –que adeudaba a la sociedad trabajar con autonomía editorial y financiera–  acabó presa de la confusión por la violencia. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2000 y agosto de 2011, 74 periodistas fueron asesinados y la mayoría de las investigaciones permanecen abiertas. Es tal la gravedad de la situación, que algunos organismos internacionales han catalogado a México como el segundo país más peligroso para el ejercicio periodístico –sólo después de Irak–.

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Reportear en Zona de Guerra

  • Periodistas mexicanos sufren mayores niveles de estrés postraumático que los corresponsales de guerra.
  • Texto publicado originalmente en la edición especial #34 de Proceso.
Fotografía: Ricardo Ruiz para Procesofoto

Por Rogelio Flores Morales

Después de casi cinco años de atestiguar la guerra contra el narcotráfico, los periodistas mexicanos –mensajeros de este conflicto que ha dejado casi 50 mil  muertos– ya acusan los efectos emocionales de lidiar todos los días con el horror, la barbarie y el salvajismo.

La prevalencia de estrés postraumático (EPT) entre los reporteros y fotógrafos que cubren los temas del narcotráfico ha aumentado tanto en México que ya se coloca por arriba del sufrido por quienes fueron corresponsales de guerra en Medio Oriente, Bosnia, Chechenia o Ruanda.

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Primera plana

  • Las secciones noticiosas sobre  crímenes se han convertido en las más leídas en México.
  • Como pocas veces, la situación de violencia ha ocasionado un interés creciente por la información.
  • “He sido testigo en diversas ocasiones de algo que no sucedía hace tiempo en el consumo de medios: los lectores están comparando la información. Con los medios en línea, intentan corroborar lo que les ha dicho alguien para saber si algún periódico o servicio de noticias lo recogió”, dice Pilar Ramírez.
Fotografía: "Periódico en un local de Reforma" por Chad Santos @ Flickr

Por Pilar Ramírez

En las encuestas sobre lectura se han identificado varias cosas: los medios impresos son los que menos se consumen, la gente prefiere ver televisión o escuchar la radio. De la minoría que lee periódicos, no todos lo hacen porque les guste enterarse de lo que sucede a su alrededor, pues las secciones de espectáculos, entretenimiento, sociales y policíaca son las que tienen más público, en cambio las menos leídas son las secciones noticiosas nacionales e internacionales.

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La violencia en México durante 2010: Informe de Article XIX y Cencos

  • 44 periodistas han sido asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón.
  • El índice de violencia aumentó en 1% de 2009 a 2010 aunque el número de agresiones registradas disminuyó.
  • “Para el Estado Mexicano no es una prioridad la seguridad de los periodistas”, aseguró la periodista Denise Maerker.
Fotografía: "Jorge Zepeda y Denise Maerker" por Ana Lilia Rodríguez Olvera para RMC

Por Ana Lilia Rodríguez Olvera

Article XIX y Cencos presentaron el Informe 2010 sobre La violencia en México y el derecho a la información, en el que detallan los casos de agresiones contra periodistas, trabajadores e instalaciones de medios de comunicación.

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