Periodismo y libertades informativas

• Las violaciones a las libertades de expresión.
• El abuso del poder y las leyes: Un peligro para los periodistas.

«War». Tyler Durdan @Flickr

Por Francisco Escobedo

Publicado originalmente en RMC 81

Es paradójico que los sujetos de la información sean los propios periodistas y sus medios, pero eso seguirá ocurriendo y se incrementará en lo sucesivo, mientras las relaciones entre el poder y la prensa no salgan del túnel de la discrecionalidad y se encaucen bajo nuevas bases jurídicas y políticas de comunicación.

La tematización del mundo es inagotable y de ella se alimenta el periodismo. Pero el anclaje del periodismo en todas las latitudes, modalidades y géneros en que es ejercido, radica en la observación y registro del poder público y de los actores políticos. En la tradición del periodismo liberal, la relación crítica con el poder es la nota distintiva. En México, la tradición liberal es más bien débil.

La tendencia más representiva del periodismo que se realizó de manera simultánea al marco histórico de persistencia del presidencialismo hegemónico, se caracteriza por un periodismo obsecuente y apologético con el poder público. Tal tendencia no ha concluido, aunque cada vez más medios y periodistas intentan modificar los términos de su relación con los poderes públicos. La incertidumbre que ha introducido el inacabado cambio de régimen los empuja a ello.

Uno de los efectos de la nerviosa y discrecional relación entre medios, periodistas y poder público, se expresa en los múltiples casos de trasgresión a la libertad de expresión que se han suscitado en los últimos dos años, como están documentados en los reportes anuales de agresiones a periodistas realizados por la Fundación Manuel Buendía como parte de la Red Mexicana de Protección a Periodistas.

Resulta preciso matizar que los factores y responsables de las violaciones a la libertad de expresión provienen de todas las regiones del país y de los gobiernos de todos los niveles. Es evidente que la transición del viejo modelo de connivencia y relaciones subordinadas que estructuró los intercambios entre el poder y la prensa no ha ocurrido. Sólo señales aisladas, discursos con buenas razones, pero insuficientes cambios institucionales y legales es lo que se advierte. El cambio del viejo modelo de relación prensa y poder se ha debilitado, pero no ha sucumbido.

Para los medios y los periodistas, el ejercicio de la libertad de expresión se ha convertido en un tema inevitable de la agenda mediática. Es paradójico que los sujetos de la información sean los propios periodistas y sus medios, pero eso seguirá ocurriendo y se incrementará en lo sucesivo, mientras las relaciones entre el poder y la prensa no salgan del túnel de la discrecionalidad y se encaucen bajo nuevas bases jurídicas y políticas de comunicación.

En relación con este conflictivo tema, los periodistas se han llevado y se seguirán llevando la peor parte. Pero lo más preocupante es que los periodistas, salvo algunas excepciones, no están suficientemente preparados para realizar un adecuado periodismo sobre la libertad de expresión. Porque en general no disponen de las herramientas teóricas e informativas necesarias para identificar los nudos conflictivos. No causa sorpresa encontrarse, por ejemplo, con el hecho de que entre los principales opositores a crear leyes estatales de acceso a la información pública se encuentran algunos periodistas y medios de comunicación. Es inaudito que sigan atrapados en el cliché de que las leyes de acceso a la información pública son leyes mordaza, cuando en ellas, incluso en las más deficientes como la de Jalisco, se establece que los principales sujetos obligados son los poderes y organismos públicos.

El problema de la diversidad de opiniones acerca del mejor método para encauzar las relaciones entre el poder y la prensa, radica en el descrédito que tienen las normas jurídicas para encauzar relaciones de ese tipo y, sobre todo, el Poder Judicial para resolver los probables efectos ilegales de estas relaciones. Tal posición históricamente se ha alimentado de la mala prensa que tuvieron en su momento todas las tentativas para regular de un solo golpe el vasto campo del derecho a la información.

Lo cierto es que entre la conveniencia de quien tiene poder para conducir sus relaciones con los periodistas bajo criterios de discrecionalidad e ilegalidad, la conveniencia de los periodistas que se benefician de ello y la dispersión de opiniones entre los periodistas que no comulgan con esas prácticas o simplemente no se benefician, se abre un enorme trecho. Y proliferan circunstancias que incentivan la persistencia de tal relación bajo los mismos viejos parámetros. Por lo tanto, si persiste el status quo, continuarán las agresiones a periodistas y seguirán apareciendo obstáculos a la libertad de expresión.

El cambio de partidos y de élites en el poder no es garantía de nada en tal terreno. Conviene señalar que el ejercicio de las libertades de expresión, opinión, prensa e información, además de un contexto democrático, requiere de reformas legales e institucionales. Siempre es preferible, no obstante la debilidad del Estado de Derecho y las insuficiencias del Poder Judicial para ejercer su función de controlador de la legalidad, que existan normas jurídicas que tutelen derechos y obligaciones y que puedan ser reclamadas ante un juez. Ello es mejor, incluso, hasta cuando estamos en presencia de usos periodísticos que afectan a terceros y que es indispensable limitar, a esperar que los conflictos se resuelvan discrecionalmente. Se trata de señalar jurídicamente los campos y límites del periodismo y del poder. Y establecer criterios jurídicos modernos, democráticos y liberales para resolver las diferencias entre unos y otros e incluso entre periodistas y particulares.

Los temas que se relacionan con este asunto son diversos y merecen un tratamiento riguroso. Veamos. Se trata de reformar o abrogar la anacrónica Ley de Imprenta de 1917, cuya vigencia no le sirva a nadie. O mejor dicho: le sirve a quienes desde el poder intentan ejercer represalias contra periodistas. Esta ley hay que desacralizarla, ponerla en su sitio y acometer un proceso para formular una moderna Ley de Información o simplemente abrogarla y desarrollar legalmente los derechos y libertades constitucionales en instrumentos diversos.

Un imperativo es trabajar por la despenalización de las responsabilidades jurídicas derivadas del ejercicio periodístico. No se trata de legalizar los excesos, sino de regularlos bajo los parámetros que se han asumido en los países democráticos y que, además, recomiendan los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derecho Humanos.

En esta saga de nudos conflictivos es necesario incoporar la demanda para reconocer y regular el secreto profesional de los periodistas, que entre otras cosas presupone la reforma del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal y de los códigos estatales respectivos, para cerrar la posibilidad de que un juez llame a declarar a los periodistas, en los casos que tiene que resolver el propio juez y no los periodistas, como lo permite actualmente la ley. Ubiquemos el problema preciso en este punto: existen normas jurídicas vigentes en los códigos referidos, que facultan a los jueces a citar a los periodistas para que revelen sus fuentes. Ese tipo de dispositivos que inhiben el periodismo, ya se han erradicado en los países democráticos.

Por otra parte, pero estrechamente vinculado al amago y agresiones a los periodistas, se encuentra la anacrónica disposición constitucional que le otorga al poder ejecutivo el monopolio de la acción penal por medio de las procuradurías. Mientras eso siga así, será frecuente observar cómo los procuradores y sus agentes, que dependen directamente del Presidente o de los gobernadores, según sea el caso, pueden acelerar o dilatar la acción penal, según sus intereses. Basta que el quejoso en un litigio frente a medios o periodistas sea un funcionario público, para esperar una acción rápida y deliberada contra los periodistas. Resulta evidente que en tales casos, la autoridad actúa como juez y parte. Y todo ello es posible porque existen disposiciones constitucionales y legales que lo prohijan.

Sólo una perspectiva crítica del Estado jurídico e institucional acerca de la cuestión podría facilitar el esclarecimiento de los múltiples problemas que arropa la vieja relación entre la prensa y el poder. No puede soslayarse el hecho de que las leyes y las instituciones vigentes se hicieron bajo un horizonte político marcado por la persistencia indeterminada del régimen autoritario posrevolucionario.

El problema no es sólo de abuso, sino de usos discrecionales de las leyes vigentes. Si esto sigue así, el ejercicio periodístico tendrá que trabajar mucho más en la cobertura de temas relacionados con la libertad de expresión, que en el resto de los inagotables temas que nos ofrece la complejidad del mundo.

Doctor en Ciencia Política.

Presidente de la Fundación Información y Democracia (FIDAC). Correo electrónico: juan.escobedo@uia.mx     www.fidac.org.mx