Leyes, medios y democracia

Coordenadas mínimas para la reflexión

Un tema tan polémico y frecuentado como el de las interrelaciones medios-democracia conlleva, por lo general, más interrogantes que certezas: la dinámica sociopolítica así lo exige. Por ello, nada desdeñable resulta preguntarse: ¿Puede concebirse y avanzar una naciente democracia con leyes de comunicación paridas en un sistema autoritario? ¿Cómo entienden los medios informativos el concepto Democracia? ¿En qué forma y hasta qué grado éstos consideran en su agenda la necesidad de dar estímulo a los cambios democráticos? ¿Hoy día tiene reales posibilidades la instauración de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión? ¿Cómo se da el engarce entre medios y democracia, y qué tipo de factores se involucran en tal relación?1

Aventuremos doce coordenadas mínimas para la reflexión:

1. La democracia moderna tiene sus raíces primigenias en la antigua Grecia: las discusiones públicas y la libre expresión y tránsito de ideas significan la semilla. He allí dos factores esenciales: debate e intercambio. Diversidad y tolerancia representan los otros dos elementos que deben suponerse para que aquéllos fructifiquen.2  A diferencia de los añejos tiempos, hoy la palabra hablada sólo cobra fuerza con los medios masivos de comunicación.

2. La democracia implica la expresión de la pluralidad social y política, de lo contrario su existencia es una falacia. Y los canales de expresión fundamentales lo constituyen, hoy día, los medios de comunicación: prensa, radio, televisión y, eventualmente, cine, video e Internet. He allí el engarce obligado. Y si los medios a sí mismos se conciben como interlocutores político-sociales, como foros de difusión e intercambio de opiniones e ideas, y como vehículos de lo que ocurre y se piensa en la sociedad, es entonces que por antonomasia entrecruzan su sendero con la democracia.3

3. Más allá de discursos de ocasión, el concepto democracia puede comenzar a perfilar su sentido medular a partir del establecimiento de pautas o normas jurídicas. Sin embargo, algunos sectores políticos y grupos mediático-empresariales siguen empeñados en no encontrarle la “cuadratura al círculo” al intento de impulsar una reforma legal en materia de prensa, radio y televisión. Prefieren continuar maravillándose con el ensalzamiento retórico de la democracia, sólo eso, quizás para no ver menguados sus privilegios.

4. El aparato gubernamental y el poder mediático-económico mexicanos con frecuencia contienen cualesquiera iniciativas tendientes a instaurar mayores cauces democráticos en el ámbito de la comunicación, argumentando que resulta suficiente con una autorregulación ética de los propios medios.4   ¿Acaso ello resolverá las diferentes incidencias profesionales, políticas, económicas y jurídicas que implican y a la vez traspasan el terreno de los propios medios y periodistas? Por ejemplo, el asumir un código deontológico ¿obligará a una mayor y real transparencia de las relaciones prensa-gobierno?, ¿eliminará acaso el sistema discrecional e incluso arbitrario de entregar y renovar concesiones de radio y televisión?, ¿protegerá el ejercicio periodístico de las presiones para revelar sus fuentes informativas por parte del poder público? Creemos que una transición democrática no puede concebirse sin un profundo replanteamiento jurídico, político y social del quehacer de los medios masivos.5

5. Tan manido y dúctil parece el término democracia, que se procura insertar  a la primera oportunidad cual llave maestra que concita el aplauso inmediato… y pareciera que los propios medios contribuyen a instituirlo como eficaz recurso demagógico, o a constreñir su significación sólo a la figura de alternancia en el poder.

6. Cuando hablamos de democracia en el perímetro de la comunicación, suele entenderse a nivel micro, como un fragmento de la Gran Democracia. Pero no es así: se trata de la misma democracia a la que aspira un pueblo, en tanto que los medios son reflejo de la sociedad en que están insertos. La democracia pasa por el derecho a la información, por el respeto a la libertad de prensa, por la divulgación de las variadas opciones políticas e ideológicas, por el derecho a la divergencia y el debate; pero también pasa por el rompimiento de la discrecionalidad y favores mutuos entre gobierno y empresarios de los medios, por el fin de los monopolios o duopolios informativos, por la necesaria expresión de las minorías, por el estímulo y reflejo de la participación social, y por el establecimiento de compromisos prodemocráticos por parte de los medios de comunicación. Y todas esas avenidas se toman por la ruta legislativa, aunque sin desestimar el refuerzo de la autorregulación ética.6

7. Por las tentativas frustradas desde hace más de dos décadas, la iniciativa de Ley Federal de Radio y TV que se cocina hoy en el Senado no puede verse sino con un gran velo de escepticismo. El único viso de esperanza radica en la excepcional coincidencia de tres representantes de partidos políticos distintos por llevarla a buen puerto a fin de lograr una transformación que inserte a los medios electrónicos “en la dinámica democrática y los haga reflejo de la sociedad plural y diversa que caracteriza a nuestro país”. Sus afanes medulares podrían significar, paradójicamente, los motivos generadores de suspicacia o molestia o reticencia no para grupo político alguno sino para los empresarios mediáticos: a) definir un esquema de licitación pública para obtener concesiones y permisos de radio y televisión; b) establecer un Consejo Ciudadano de cinco miembros nombrados por el Presidente de la República, con aval del Senado, que se encargaría de otorgar, renovar o revocar autorizaciones a emisoras y, eventualmente, supervisar contenidos; c) fijar candados para evitar que ningún concesionario concentre más del 35% de las frecuencias; d) autorizar que los permisionarios y medios de Estado puedan comercializar el 7% de su tiempo total de transmisión; e) determinar adecuados y justos criterios de propaganda electoral a través del IFE; f) dar acceso amplio y equitativo a los distintos poderes y órganos autónomos del Estado; y  g) instituir el derecho de réplica y rectificación.7  En realidad, como bien dice Raúl Trejo, el actual reto legislativo para el avance democrático de nuestro país consiste en “acotar el poder desbordado de los grandes medios”.8

8. Nombrada radio libre en Europa y radio popular en América Latina, la radio comunitaria representa el más genuino modelo de comunicación democrática, pues posibilita la activa participación de la gente en las tareas de programación, producción, gerencia, administración y financiamiento. Tal tipo de emisoras, sin embargo, enfrentan en México un gran problema: el marco legal no contempla su existencia a cabalidad. Por ello, las pocas existentes han sido objeto de presiones y persecuciones instigadas por los concesionarios. Tan tortuoso camino ha ido menguando en los últimos meses gracias a la representante en nuestro país de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aleida Calleja, cuya intercesión ha logrado arrancar el compromiso de la Secretaría de Gobernación para entregar los títulos de permiso  a diez estaciones de esa índole asentadas en Oaxaca, Michoacán, Sonora y Estado de México. Sin duda, en efecto, “las radios comunitarias son parte de la agenda para democratizar  a los medios”. 9

9. Una arista insuficientemente explorada: cómo los medios informativos entienden el concepto democracia. A la luz de la opinión pública no pocos de sus directivos la defienden encendidamente, la promueven con singular persuasión e interés, la estimulan con inusual energía y convencimiento inocultable… y sin embargo incurren en actitudes autoritarias e incluso despóticas en el seno de su propio ámbito profesional10, o eventualmente llegan a emprender acciones desinformadoras ante cualquier tentativa por impulsar una reforma legislativa que pudiera afectar sus privilegios.11

10. Nadie duda de que una de las misiones fundamentales del ejercicio periodístico consiste en monitorear, criticar, cuestionar las prácticas e ideas del poder, todo ello sustentado en afanes democráticos. Sin embargo, resulta paradójico que los mismos medios de comunicación se mantengan herméticos e incluso no toleren ser exigidos –por sectores tanto académicos como legislativos o gubernamentales u otros miembros de la sociedad– respecto de cuestiones en apariencia internas, pero de insoslayable interés público: estructuras de propiedad, documentos financieros y administrativos, convenios de publicidad programada, tirajes, tipos de acuerdos con el poder público, etcétera.12

11. Tal vez el tren que lleva al destino democrático correría a menor velocidad si los medios no existieran. Pero en ese riel avanza más rápido el furgón de la sociedad civil –demandante y tesonera– que el de los medios y el del aparato de gobierno.

12. Si la democracia es de quien la trabaja, entonces los medios de comunicación tienen ante sí un amplísimo terreno por arar.

Notas

1) Una obra reciente que desmenuza una gran variedad de preguntas enraizadas en esa tónica y que analiza con tino el binomio Medios-Democracia es: Miguel Ángel Sánchez de Armas, El enjambre y las abejas. Reflexiones sobre comunicación y democracia, Universidad Veracruzana/Fundación Manuel Buendía, México DF, 2003, 144 pp.

2) Para profundizar en este tema véase: Luis Salazar y José Woldenberg, Principios y valores de la democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Número 1, Instituto Federal Electoral, México, 1995.

3) El politólogo Robert Dahl explica la vinculación medios-democracia al referir las siete instituciones imprescindibles de lo que él llama Poliarquía para encuadrar al moderno régimen democrático: a) funcionarios electos, b) elecciones libres e imparciales, c) sufragio inclusivo, d) derecho a ocupar cargos públicos, e) autonomía asociativa, f) libertad de expresión, y g) variedad de fuentes de difusión. Estas dos últimas instituciones son, a fin de cuentas, prioritarias en una democracia habida cuenta que sin ellas las cinco restantes podrían ver acotada, disminuida o manipulada su presencia y por ende su práctica. Véase Robert Dahl, La democracia y sus críticos, Paidós, Argentina, 1992. Véase también José Woldenberg et al. Medios, democracia, fines, UNAM/Notimex, México DF, 1990, pp. 15-23.

4) Véase Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 66 noviembre-diciembre de 2000, p.5; y Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 73, enero-febrero 2002, pp. 56–57.

5) Al respecto pueden revisarse los planteamientos expuestos en: Ernesto Villanueva (coord.), Derecho y ética de la información: el largo sendero hacia la democracia en México, Media comunicación, México DF, 1995, 283 pp.

6) Omar Raúl Martínez, “Ética, periodismo, democracia, medios…”, en Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 59, julio-septiembre de 1999, pp. 4-5.

7) Véase El Financiero, 24 de noviembre de 2004, Pág.11; y  Reforma, 1 Noviembre de 2004,  Pág. 12; Javier Corral, “Encendida discusión”, Etcétera de Noviembre de  2004, págs. 4-14.

8) Raúl Trejo Delarbre, “Por qué cambiar la ley”, Etcétera de Noviembre de 2004, Pág. 1.

9) Véase Aleida Calleja, “Con permiso”, Etcétera de Noviembre de 2004; Aleida Calleja, “Radio comunitaria: bregas y realidades”, Revista Mexicana de Comunicación Núm. 88, agosto-septiembre de 2004, Pág. 45.

10) Se pueden extraer diversas experiencias ejemplificadoras en Víctor Roura, Cultura, ética y prensa, Paidós, México, DF, 2001, 373 pp.

11) Recuérdese la polémica y la desinformación en tono a la llamada Ley mordaza en septiembre y octubre de 1998, en Revista Mexicana de Comunicación, Núm. 56, octubre-diciembre 1998, pp. 34-37.

12) José Woldenberg et al., op. cit.