Información pública
Acceso a la información y democracia
Hablar de democracia hoy día implica hacer referencia ineludible a conceptos clave como rendición de cuentas, transparencia y derecho de acceso a la información pública.
Una democracia en su cabal sentido se somete al escrutinio público –labor que regularmente desempeñan los medios informativos– habida cuenta que una de sus reglas básicas es alumbrar los espacios de poder anteriormente cobijados por la oscuridad, la discrecionalidad y la impunidad.
En esa tesitura, Alexis de Tocqueville aseguraba que el ejercicio libre de la prensa es siempre:
Un ojo vigilante que pone sin cesar al descubierto los secretos resortes de la política, y obliga a los hombres públicos a comparecer alternativamente ante el tribunal de la opinión.1
Y, por su parte, otro importante politólogo, Norberto Bobbio ha advertido con lucidez:
La obligación de publicar los actos de gobierno es importante no sólo, como se suele decir, para permitir al ciudadano conocer sobre los actos de quien detenta el poder y por tanto de controlarlos, sino también porque la publicidad es en sí misma una forma de control, es un expediente que permite distinguir lo que es lícito y de lo que no lo es.2
En otras palabras: el avance democrático va indisolublemente ligado a conceptos clave en el mundo actual: rendición de cuentas, transparencia del ejercicio de gobierno, derecho de acceso a la información pública y libertad de expresión. A ese respecto conviene recordar lo que José Woldenberg y Luis Salazar plantean sobre la existencia de seis elementos que activan el juego democrático:
1) Diversidad y pluralidad. En tanto más grande es el cuerpo social y político, se multiplican los grupos en función de intereses específicos. “Es imposible una ciudadanía totalmente homogénea”, dice Robert Dahl.3 Por ende, la diversidad en cuanto creencias religiosas, posturas políticas e ideológicas, identidades colectivas, intereses culturales, aspiraciones económicas o estilos de vida, constituyen el germen de la participación plural en una sociedad democrática.
2) Conflicto. Para Dahl es consecuencia inevitable y normal de la diversidad política y asienta: “Si existiese una sociedad en que no hubiera conflictos por intereses, nadie tendría necesidad de derechos personales”.4 Pero vale sostener que, para funcionar, la democracia requiere reglas claras con el afán de que los conflictos no excluyan la cooperación.
3) Intercambio crítico y debate. Éste a su vez es un elemento que se desprende del natural conflicto democrático. La discusión y el enfrentamiento pacífico y racional permiten aprender y mejorar las propuestas de gobierno y de orientación política de una sociedad.
4) Tolerancia. Sin ella resulta improductivo el intercambio y el debate. Su ejercicio supone la aceptación de coexistir, aprender, discutir y negociar de voces distintas y diversas para enriquecer una visión plural de la sociedad democrática.5
5) Participación ciudadana. No puede concebirse un entramado democrático si no participa la gente activamente en su construcción, sea mediante actividades partidistas o procesos sociales de otra índole. “La participación ciudadana es la pareja indispensable de la representación política. Ambas se necesitan mutuamente para darle significado a la democracia”, asegura Mauricio Merino.6
6) Transparencia y visibilidad pública del ejercicio político. Hoy día, de acuerdo con José Fernández Santillán, “uno de los criterios para calibrar a la democracia es la visibilidad del poder”. Y es que idealmente un régimen democrático ha de ser “el gobierno del poder público en público”.7 Tal condición permite evaluar el funcionamiento gubernamental a fin de mejorarlo y depurar así las instituciones que aceitan la democracia.
De los anteriores elementos, puede advertirse que si bien su ejercicio se potencia a través de los medios masivos de comunicación, sin la existencia del sexto, referido a la transparencia y visibilidad del ejercicio público, resultaría imposible el afianzamiento de cualquier sistema democrático. Porque la supervivencia y fortalecimiento de una democracia radica en el desarrollo de ciudadanos libres y capaces de comprender su realidad y tomar decisiones colectivas, para lo cual se precisa de un valioso nutriente social: información.8
En manos de la gente, la información da fruto al conocimiento que posibilita la defensa y ampliación de sus derechos frente a la autoridad, es decir: le aporta argumentos para exigir responsabilidades. Y un instrumento para defender y ampliar los márgenes de esos derechos lo constituye a todas luces el derecho de acceso a la información pública.
Avance significativo
En los últimos cuatro años nuestro país ha evidenciado un avance significativo en ese terreno y, por ello, términos como rendición de cuentas y acceso a la información comienzan a cobrar mayor sentido entre algunos sectores sociales informados. Lo anterior no resulta gratuito: 65% de las leyes de transparencia y acceso a la información en el mundo tienen menos de 10 años de vida, y tan sólo entre 2002 y 2005 se han aprobado 27 leyes en México: 26 de entidades federativas y la federal. 9
El 11 de junio de 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y entró en vigor el 12 de junio de 2003 con el fin de disminuir los actos de corrupción, incentivar la eficiencia del aparato de gobierno, fomentar la visibilidad de la administración pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esos afanes, con sus tonalidades diversas, han aspirado compartirlos los impulsores de las 26 legislaciones estatales en nuestro país.
Si bien es cierto que –por la tradición autoritaria y la ancestral opacidad informativa– podrían resultar justificables las suspicacias sobre la eficacia y utilidad de dichas leyes, también es preciso resaltar que en realidad representan instrumentos no acabados sino perfectibles para nutrir o apoyar mejor la toma de decisiones personales y colectivas. El que se depuren o no, el que funcionen eficazmente o no, el que se exploten en beneficio de la colectividad o no, depende fundamentalmente de la participación de los ciudadanos en general y, en su calidad de tales en particular, de la iniciativa de periodistas y académicos. Porque a mayor avance democrático corresponde mayor exigencia social a los gobernantes de rendir cuentas, y viceversa.
Rendición
de cuentas
El concepto rendición de cuentas resulta un tanto nuevo en el entorno mexicano ya que tal obligación era desconocida de hecho para nuestro sistema político: la discrecional aplicación de la ley disolvía cualquier mínima tentativa de transparencia gubernamental para ofrecer en charola de plata la posibilidad de enriquecimiento ilícito de los funcionarios. De acuerdo con Andreas Schedler:
Los gobernantes deben abrirse a la inspección pública; deben explicar y justificar sus actos y deben estar supeditados a las sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad. Para ello, las democracias ponen en marcha instituciones, procedimientos y leyes que van desde el acceso a la información en manos del gobierno por parte de los ciudadanos hasta la remoción de los gobernantes mediante el voto.
La rendición de cuentas involucra el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios. Pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder.10
La rendición de cuentas, por tanto, ineludiblemente se asocia hoy al derecho de acceso a la información pública gubernamental, el cual puede definirse –según Ernesto Villanueva– como la prerrogativa del ciudadano para tener acceso a todo tipo de datos e informaciones en manos de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de autoridad.11
Así pues, en la medida que un país transita rumbo a la democracia comienzan a hacerse efectivos algunos elementos activadores del cambio, y entre ellos destacan no sólo el respeto a la libertad de expresión o una creciente participación social o la difusión de la diversidad social y política a través de los medios de comunicación, sino esencialmente un factor fundamental: la visibilidad pública del ejercicio gubernamental y, por ende, la rendición de cuentas vía el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Notas
1) Citado por Fernández Santillán José, en La democracia como forma de gobierno, Cuadernos de Divulgación de la Cultura democrática, Núm. 3, IFE, México DF, 1995.
2) Ibid.
3) Dahl Robert, La democracia y sus críticos, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1992.
4) Ibid.
5) Ibid.
6) Merino Mauricio, La participación ciudadana en la democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática Núm. 4, IFE, México DF, 1995.
7) Fernández Santillán José, Op. Cit.
8) Martínez Omar Raúl, “Periodismos”, Revista Mexicana de Comunicación Núm. 79, septiembre-octubre de 2002.
9) Véanse los siguientes artículos que aparecen sobre el tema en el presente número de Revista Mexicana de Comunicación, y en particular el de Miguel Angel Carrera, “La transparencia en números”.
10) Schedler Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos de Transparencia Núm. 3, IFAI, México DF, 2005.
11) Villanueva Ernesto, Derecho de acceso a la información en Latinoamérica, UNAM, México, DF, 2003.
