Monotonía de la prensa poblana

Juan Pablo Proal

Reportero del periódico digital E-consulta y Contralínea de Puebla, y corresponsal de Proceso.

Si en la prensa nacional es llamado por su nombre: “Caso Marín-Cacho”, los periódicos locales lo reducen a “Caso Cacho” o, de plano, lo omiten de la agenda. Ello es sólo un botón de muestra que evidencia una cobertura mediática basada en la exaltación de la agenda del gobernador de poblano, Mario Marín Torres, mediante la diaria publicación de sus boletines, la desaparición de cualquier viso de crítica hacia él, la coacción de los periódicos que alguna vez fueron opositores a su gestión, y, desde luego, un gasto desproporcional en publicidad.

Desde hace 16 años, Luis Ortega Morales, director del Sistema de Información Clasificada –prácticamente la única empresa independiente en el estado en materia de observación de medios—, revisa metódicamente el comportamiento de la prensa en Puebla. En el caso específico del tratamiento informativo del gobernador, arroja información que pudo pasar desapercibida: algunos periódicos locales jamás han hablado de la investigación que sigue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a Marín Torres; otros nunca han escrito la palabra Lydia Cacho Ribeiro en sus líneas; unos más esconden el tema en los interiores y pocos brindan la información completa.

Basta echar un vistazo a las primeras planas del 15 de junio, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la procedencia del juicio político contra el gobernador. El periódico de mayor circulación en el estado, El Sol de Puebla, de Organización Editorial Mexicana, ignoró en su cabeza el tema y la reemplazó por un texto sobre contaminación. Prácticas similares utilizaron los diarios El Heraldo de Puebla, Milenio Puebla, Intolerancia y La Opinión.

El Sol de Puebla tituló su noticia principal de ese día: “Descarta Salud alto riesgo por polución”; Milenio: “Crisis lechera”; El Heraldo de Puebla: “Uso responsable de la libertad: Henaine”; La Opinión: “Cámaras en Centros de Verificación para evitar corrupción: SEMARNAT”. Los únicos medios dieron cobertura al caso fueron La Jornada de Oriente, Síntesis, E-consulta, Mediática y Cambio.

En entrevista, Ortega Morales apunta que periódicos como Milenio o el sitio virtual Mediática se limitaron a publicar un par de notas sobre el tema a lo largo de toda la semana de la disyuntiva de la SCJN.

El ex jefe de prensa de la Universidad Autónoma de Puebla clasifica en dos grandes grupos la forma como se trató esta fase de la investigación que se sigue al gobernador por su probable confabulación con las autoridades judiciales y el empresario Kamel Nacif Borge para aprehender a la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Unos periódicos publicaron íntegros los boletines del gobierno, mientras que otros pocos entrevistaron a la contraparte.

Si el analista del SICLA brinda una radiografía de lo publicado, el reportero Martín Hernández Alcántara, del periódico La Jornada de Oriente, explica en detalle el trato del gobierno hacia la prensa que se atreve a cuestionarlo.

Es tajante: “Yo he renunciado a cubrir al gobernador, a cubrirlo formalmente; es un tipo que siempre se llena la boca hablando de transparencia y de rendición de cuentas, pero solamente le gusta hablar de los temas que para él son cómodos; tiene además a un grupo de reporteros que siempre lo está protegiendo”.

— ¿Y cómo lo protegen? –se le inquiere—

— Haciendo una pregunta desvinculada del tema. Por ejemplo, si el gobernador está inaugurando una obra o está dando recursos y tú quieres preguntarle sobre el tema de Lydia Cacho ellos desvían la entrevista, meten las grabadoras y preguntan sobre el acto en cuestión.

— ¿Por qué renunció a cubrir al gobernador? ¿Es tan difícil cubrir esta fuente?

— La mayoría de los jefes de prensa están encargados de cerrarles las puertas a los reporteros. La única vía institucional, además de la ley transparencia o una entrevista banquetera, es a través de los organismos. Solicitas una entrevista con el Secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, y su jefe de prensa difícilmente te tomará la llamada. En temas espinosos, por ejemplo, al consejero jurídico, Ricardo Velásquez, si le solicitas una entrevista no te la va a dar. Yo lo he intentado tres veces.

Lo cierto es que la ley de transparencia tampoco ha resultado efectiva para conocer el manejo de la administración del titular del Poder Ejecutivo. Como prueba, están la negativa de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) de negar al ciudadano José Emilio López López la bitácora de viajes de Marín Torres –quien recurrentemente sale al extranjero— o los recursos de revisión de los periodistas Jorge Machuca Luna y Ernesto Aroche Aguilar por conocer a detalle el gasto de “Avances”, una de las tantas campañas publicitarias de la dirección de Comunicación Social.

A todo lo anterior, se suma otro recurso de revisión –aún en trámite– promovido por quien esto escribe por la negativa del gobierno del estado de dar una copia de las facturas de sus gastos en medios locales y nacionales. Y es que la publicidad del Poder Ejecutivo no se limita a “Avances”, sino que a diario se anuncian en los medios nacionales de mayor circulación.

Sobre el periplo para conocer la campaña de “Avances”, Aroche Aguilar, colaborador de la revista Emeequis, detalla:

“Lo único claro, transparente pues, es que la administración encabezada por Mario Marín Torres no tiene interés alguno en mostrar a sus empleadores que el dinero tirado a carretadas para aceitar la maquinaria informativa no ha servido para limpiar su imagen.

Caso paradigmático —porque fue uno de los que me ha tocado protagonizar junto con el reportero Machuca— es la solicitud referente al costo y gasto erogado en las cápsulas informativas Avances.

“La espera y trámite de la información desgranó al calendario cerca de 120 días antes de que la información fuera entregada finalmente, no sin antes atravesar los intrincados vericuetos y los trabas que la estructura gubernamental colocó en el camino. Hubo que esperar dos periodos para recibir una respuesta leguleya y verborreica que obligaba al solicitante a consultar el Clasificador del Objeto del Gasto o manual de partidas presupuestales y encontrar ahí el número de partida que engloba la información solicitada”.

Sin dar grandes detalles, la información proporcionada por el gobierno del estado se limitó a citar que Marín Torres desembolsó 184 millones de pesos para promocionar su eslogan: “El trabajo de un gobierno de resultados”. Esta cifra es casi el doble del presupuesto de la Secretaría de Cultura.

Sobra decirlo pero los principales beneficiarios de esa campaña fueron las televisoras Televisa y TV Azteca en sus repetidoras locales, con 7 y 17 millones de pesos respectivamente. Ambas compañías nunca incluyen notas negativas hacia el gobierno en turno.

También recibieron jugosas ganancias los periódicos El Sol de Puebla, con 252 mil pesos; Síntesis, con 253 mil 920 pesos e Intolerancia, con 165 mil 600 pesos.

La relación entre los dueños de los periódicos y el gobierno es consecuencia de la falta de visión empresarial de los directivos de los periódicos, apunta el reportero Ignacio Juárez Galindo, del portal E-consulta: “En algunos casos el contrato del gobierno llega a el 80 por ciento de la nómina, los empresarios de medios han sido miopes o chocan contra sus propios intereses para tener empresas independientes”.

Estos vínculos estrechos ayudan a entender el vuelco informativo del periódico El Heraldo de Puebla, cuyo dueño actual es Ricardo Henaine, principal accionista del Aeropuerto Hermanos Serdán e íntimo de Marín Torres. Hasta hace unos meses, cuando José Gutiérrez Vivó era propietario del diario, en la primera plana aparecía un cintillo con la leyenda “Recuento de la impunidad”, que anotaba cada día que pasaba sin tener una resolución de la SCJN.

Con la llegada de Henaine no sólo ese conteo desapareció, sino cualquier crítica a Marín Torres, apunta Luis Ortega Morales: “En el caso de El Heraldo, el cambio de línea editorial fue evidente y escandaloso”.

Otro periódico que era inclemente con Marín Torres y de repente suavizó sus textos fue Cambio, apunta el director del SICLA: “Las notas que estaban permanentemente incidiendo sobre tal o cual funcionario se acabaron”.

Ante la cerrazón de los funcionarios y la falta de transparencia, el reportero Martín Hernández Alcántara se remite a reproducir –en gran parte de sus notas relacionadas con Marín Torres– los boletines del gobierno del estado, que además son pagados por la administración estatal y en algunos periódicos es obligación del reportero basar su información íntegra en ellos.

— ¿Se siente presionado por reproducir el boletín?

— No soy presionado a hacerlo, pero sí es una obligación y es una obligación porque hay un convenio con el gobierno del estado que obliga a los medios de comunicación, al menos en el que yo participo, a insertar diariamente un boletín informativo a manera de nota, firmado por el reportero en nuestro caso.

Por separado, Ortega Morales añade: “Todos los periódicos publican los boletines, ningún medio se niega. ¿Cómo equilibran la información? Varía: a veces los reporteros lo firman sin cambiar una sola coma; a veces le dan la entrada y después lo reproducen íntegramente, y en otras ocasiones simplemente aparece sin autor: aparece con el nombre del periódico”.

El siguiente es un ejemplo de cómo debe de citar el anterior artículo:

Proal, Juan Pablo, 2007, «Monotonía de la prensa poblana»,en
Revista Mexicana de Comunicación, en línea, Num. 106, México, septiembre. Disponible en: http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/censurame.htm
Consulta realizada el 3 de septiembre de 2007