La competencia televisiva

Mariano Cebrián

Hoy  la  televisión  pública  tiene  que  estar  en  los  sistemas  tradicionales  y,  además,  en  Internet  y  en  la  telefonía  móvil  para  situarse  donde  se  hallan  los  ciudadanos.  No  es  cuestión  de  negocio  sino  de  servicio.

El presidente francés Nicolás Sarkozy ha lanzado una propuesta en la que pretende eliminar toda la publicidad de la televisión pública francesa. Ese es el cumplimiento de un deseo del sector privado en toda Europa con objeto de disponer de los ingresos de la publicidad en exclusiva. Esto conlleva que el gasto de la televisión pública tenga que depender totalmente del financiamiento público.

Pero más allá del sistema financiero se vuelve a plantear la definición del modelo de la TV pública. No es sólo un asunto de financiación sino de financiar para qué. Europa ha apostado históricamente por el modelo público, y durante algunas décadas como monopolio, pero en la actualidad tal concepción atraviesa una grave crisis de identidad e incluso de legitimidad.

Desde el sector privado muchas voces solicitan que se elimine la TV pública o que, al menos, se dedique a contenidos educativos, culturales y sociales, es decir: a todo aquello que no perjudique sus intereses comerciales y, por supuesto, que no obtengan ningún recurso por vía publicitaria. Lo anterior es algo que ningún país europeo ha aceptado. Todos siguen apoyando y legitimando de una manera u otra los canales públicos.

Dentro de la Unión Europea se halla la Comisaría de la Competencia, entre cuyas funciones está la de vigilar el funcionamiento de la televisión pública por el Estado para evitar una competencia desleal con el sector privado. Mantiene un plan desde 2001, pero los cambios durante los últimos años le están obligando a replantear la definición de servicio público y a adaptar los recursos económicos sólo para dicho servicio. Entiende que no todo cuanto ofrecen los canales públicos cumplen con su misión y, por tanto, trata de delimitar con precisión el cambio que debe producirse y que haya la máxima transparencia y seguridad jurídica. Pretende plantear el servicio público en el entorno multimedia y de nuevas tecnologías existentes.

El problema radica en que persiste la indefinición respecto de los programas de utilidad pública para diferenciarlos de los comerciales. A pesar de los intentos de combinar unos enfoques con otros, al final –dentro de los canales públicos– la balanza suele inclinarse más del lado comercial que del lado del servicio público por el mayor atractivo que conlleva el espectáculo para acaparar audiencias, aunque se produzca una grave degradación de contenidos.

Lamentablemente, la telebasura no es exclusiva de los canales privados, sino que también está presente con demasiada asiduidad en los públicos, algo que la Comisaría de la Competencia y otros organismos reguladores y de control deberían corregir con urgencia.

Se ha llegado a situaciones abusivas. Con objeto de que las estadísticas demuestren el cumplimiento de su misión pública, algunos canales han computado programas sobre cocina o las retransmisiones de corridas de toros como servicio público.

En la Unión Europea no se quiere que la televisión pública se quede en algo marginal como sucede con el modelo de Estados Unidos y de muchos países latinoamericanos. Para sobrevivir con una cierta implantación se considera que la televisión pública debe abordar todo tipo de contenidos de actualidad y de interés social para la audiencia, aunque siempre con la intención de imbuirlos y enfocarlos con una sensibilidad de promoción de los principios constitucionales y de la convivencia, del conocimiento del entorno y del desarrollo personal y social. Frente al enfoque exclusivamente comercial, es imprescindible el enfoque que despierte una actitud analítica, crítica y de búsqueda de soluciones de los problemas entre todos.

Mayor preocupación está causando el hecho de que haya canales públicos entregados a fomentar la propaganda del gobierno que los dirige y que se olviden de su misión de servicio a todos las corrientes políticas e ideológicas y a todos los ciudadanos. Es una competencia desleal a la democracia.

Hace décadas, los gobiernos eliminaron de su ámbito de poder los medios escritos concebidos como servicio público. Salvo excepciones en algunos países, la prensa ha desaparecido del servicio público. Quedan todavía los planteamientos en la radio y en la televisión por considerar que son los medios que más necesita la sociedad. Pero lo grave es que se mantenga en algunas tendencias políticas la obsesión por apropiarse de algo que debe ser de todos.

Frente a esa deriva, gran parte de los países, siguiendo la concepción de la BBC, han optado ya por crear organismos plenamente independientes de los gobiernos. Así ha ocurrido en España con la creación de la Corporación Radiotelevisión Española en cuyo caso el Consejo de Administración y el propio Presidente son elegidos por el Parlamento por una amplísima mayoría. Se pretende con ello que se sientan libres de cualquier compromiso con el gobierno de cada momento para la toma de decisiones. Es una vía de solución desde el punto de vista orgánico, pero aún siguen pendientes las soluciones concretas sobre los contenidos definidos como servicio público y la financiación para los mismos.

La innovación tecnológica está obligando a modificar la concepción de la TV y de la competencia dentro de ella. Hoy día la televisión ya no puede entenderse exclusivamente como un canal o una cadena de emisoras. Las ofertas se han ampliado; han emergido las redes sociales con la web 2.0, cada vez se implantan más las redes P2P para el intercambio de contenidos audiovisuales, nacen canales destinados a que los propios internautas expongan sus producciones como ocurre con YouTube, ya va siendo una realidad la presencia de canales de televisión en Internet, la denominada IPTV, lo mismo que sucede en el campo de la telefonía celular donde las experimentaciones de televisión móvil adquieren mayor desarrollo.

Todo este nuevo universo de cibertelevisión abre la oferta televisiva pública no sólo a los organismos tradicionales de gestión, sino también a otras entidades públicas que encuentran una vía nueva para su expansión. Lo importante es la prestación de un servicio público sea por una entidad o por otra.

Cada vez es más frecuente que diversas instituciones públicas, universidades, fundaciones y otros organismos lancen canales de televisión en Internet para difundir sus actividades y contenidos vinculados a sus funciones. El Instituto Cervantes ha estrenado el canal Cervantes TV para la promoción de la lengua y cultura hispanas por todo el mundo; ofrece las diversas actividades que se producen en los centros de los países donde está ubicado el Instituto, además de proponer su sistema docente del español a distancia.

De ese modo, cada actividad puede ser conocida por cualquier usuario de Internet fuera del recinto y del país en el que se organiza. Es una explotación de una inversión pública para beneficio de muchos más en todos los países. Cumple una función educativa y cultural y coopera con otras instituciones públicas que quieran difundir también sus actividades culturales como lo hace ya con la Casa de América, situada en Madrid, o con la propia Radiotelevisión Española. No se pretende competir con ningún otro canal público, sino prestar un servicio público a todos.

En un mundo televisivo tan diversificado en el que todo está abierto a todos no se entienden ya las luchas y competencias de propiedad o de exclusividad. Todos quieren utilizar lo que está a su alcance para cumplir mejor sus funciones.

Está sucediendo también algo parecido en las universidades: ya son muchas las que han creado su canal de televisión en Internet para ampliar su metodología de formación presencial a otra a distancia o mixta, y que tratan también de extender su papel educativo y cultural en la sociedad más allá de los entornos universitarios cerrados. En este caso, la competencia se plantea entre el sector público y el privado, pero no produce choque alguno. Todas las universidades lo entienden como expansión propia y como competitividad dentro de las ofertas universitarias. La competencia ya no se plantea sólo dentro de un país sino a nivel internacional.

Tales transformaciones no permiten cerrar en ningún momento el debate sobre la función de la televisión pública. Apenas se resuelve una cuestión cuando ya se suscita otra. No sirven los planteamientos anteriores. La cibertelevisión abre otro campo de competencias en el que el enfoque de la financiación adquiere otras dimensiones. Ya no es cuestión de eliminar o no la publicidad de la televisión clásica, sino de redefinir los objetivos que debe cumplir y qué necesidades económicas se derivan.

Nos hemos acostumbrado a que el servicio público se cumpla por la presencia de la televisión tradicional, pero los nuevos desarrollos aportan otras formas de prestación de tal servicio. Esto no debe perderse de vista y, en consecuencia, es imprescindible que cada vez que se aborde cualquier cuestión en torno a la competencia televisiva entre el sector público y el privado, se tengan en cuenta las nuevas modalidades de prestación de este servicio y las nuevas exigencias tanto económicas como de objetivos y contenidos.

Hoy día la televisión pública tiene que estar en los sistemas tradicionales y, además, en Internet y en la telefonía móvil para situarse donde se hallan los ciudadanos. No es cuestión de negocio sino de servicio.