Don Manuel Buendía

XXV Aniversario luctuoso

A  25  años  del  asesinato  de  Manuel  Buendía,  pocos  dudan

hoy  que  se  trató  de  un  auténtico  crimen  de  Estado.  Cuesta

demasiado  creer  que  sólo  un  alto  funcionario  de  la  policía política,  al  margen  de  sus  jefes  inmediatos,  fuera  el  único autor  intelectual  de  un  homicidio  que  conmocionó  a  la

sociedad  mexicana  el  30  de  mayo  de  1984.

En un principio se tejió una densa cortina de humo. Pero con el transcurso de los años, tres presuntas líneas de responsabilidad fueron ganando terreno: la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los traficantes de armas y drogas, y el entonces director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez. Todas esas presunciones separadas o engarzadas habrían de sembrar sospechas tan verosímiles como indescifrables.

Luego de que una fiscalía especial tuvo la encomienda de profundizar en las indagatorias, se reforzó la hipótesis del involucramiento de José Antonio Zorrilla en el narcotráfico. La cadena de “coincidencias” fortalecía su culpabilidad: fue el primer jefe policíaco en llegar al sitio del crimen, 13 minutos después de ocurrido; los agentes de la DFS a su cargo forcejearon con elementos de la Policía Judicial del DF por la requisa de pruebas y documentos del periodista; se apoderó de testigos de primera línea;  tras las primeras indagaciones, declaró que el asesino “no era un profesional”; los hombres de narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca tenían credenciales de la DFS firmadas por él; y durante su gestión como titular de la Policía Política se encargó de obstruir las pesquisas.

Con tales señalamientos a la mano, en junio de 1989, la Procuraduría General de Justicia del DF lo apresó no sólo por el homicidio del periodista sino también por el del funcionario José Luis Esqueda, así como por enriquecimiento ilícito en su papel de servidor público y por acopio de armas. Días más tarde fueron aprehendidos sus cómplices: Juan Rafael Moro Ávila, agente judicial y actor, a quien se inculpó por la autoría material del homidicio; a Raúl Carmona y Juventino Prado, comandantes de la DFS, y a Sofía Marizia Naya, agente de la misma dependencia, por haber participado en lo que se llamó Operación Noticia.

Las pesquisas de las autoridades judiciales apuntaron al ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, sobre quien pesaron los cargos de asesinato como autor intelectual, obstrucción a la justicia y abuso de funciones. Además se le acusó por presuntos delitos contra la salud, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y enriquecimiento ilícito. Según la Procuraduría General de Justicia del DF, la fortuna de Zorrilla ascendía a 100 mil millones de (viejos) pesos, entre lujosas propiedades y efectivo, cifra imposible de justificar con sus ingresos como servidor público.

Casi un lustro después, Zorrilla Pérez fue sentenciado a 36 años de prisión por homicidio calificado, penalidad que fue reducida a 29 años cuyo plazo se cumpliría en octubre de 2018. Juan Rafael Moro Ávila recibíó una sentencia similar. El resto de los implicados fueron condenados a sanciones diversas.

Pese a ser el asesinato del columnista político más importante de la segunda mitad del siglo XX, que marcó de manera indeleble al gremio periodístico y al país, la justicia mexicana asumió una condescendencia inexplicable.  Tres años después, en 1996, fueron liberados Raúl Pérez Carmona y Sofía Naya. Años más tarde salió Juventino Prado. Y el 18 de febrero pasado,  el Sexto Tribunal Colegiado favoreció con la excarcelación a José Antonio Zorrilla Pérez y Juan Rafael Moro Ávila, autores intelectual y material del asesinato, según las versión de las autoridades judiciales.

Oficialmente el caso se cerró. Sin embargo, la resolución final jamás estuvo exenta de dudas y sospechas interminables y difíciles de sustentar. Moro Ávila, por ejemplo, al principio expresó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en el crimen. José Antonio Zorrilla, por su parte, en su declaración preparatoria, el 20 de junio de 1989, asentó unas palabras que permitían todas las suspicacias posibles: “Yo dependía de Bartlett. Nunca fui autónomo. Era parte del sistema. Recibía órdenes del secretario de Gobernación”.

En otras palabras: en un caso paradigmático para  la libertad de expresión en México, a lo largo de los años los jueces se mostraron alta y extrañamente benevolentes no sólo al descargar a Zorrilla del resto de los cargos, sino ahora también al concederle la preliberación pese a que, como principal autor intelectual de la muerte del periodista, no tenía ese derecho habida cuenta que el homicidio calificado no admite tal beneficio. A este respecto, el reconocido columnista Miguel Ángel Granados Chapa ha señalado:

La preliberación de Zorrilla Pérez es un ejemplo contundente de que en México no se vive un Estado de Derecho. No había fundamento legal para otorgarla y sin embargo, por la extraña decisión de esos juzgadores, Zorrilla está en su casa 15 años y medio antes de lo que estableció la sentencia que recayó sobre el homicidio de Buendía.

Este hecho en sí mismo constituye una señal ominosa para la justicia y la prensa mexicanas:

Desde el asesinato del autor de “Red Privada” –señaló la Fundación Manuel Buendía–, el número de homicidios, atentados y agravios a periodistas ha aumentado de manera alarmante, al grado de que hoy se ubica a México como el segundo país donde se cometen más actos contra el ejercicio periodístico. En ese contexto, y considerando la impunidad que ha reinado por lustros, el que ahora se haga efectiva la excarcelación de dos responsables de un asesinato que conmocionó a la nación hace 25 años  –porque se trataba de uno de los columnistas más importantes e influyentes de la segunda mitad del siglo XX–, deja una impresión de inquietud y desamparo para los periodistas y de menoscabo a su libertad de expresión.

Manuel Buendía fue ultimado por indagar sobre la penetración del narcotráfico en las esferas políticas hace 25 años. Hoy la descomposición en ese terreno parece irrefutable. Frente a tales circunstancias y ante una clara vulnerabilidad del oficio periodístico que ha sido objeto de constantes ataques y acechanzas, se da a conocer la excarcelación del principal responsable del crimen del columnista político más relevante de los últimos tiempos: ¿Cuál es el mensaje?