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Ser pobre, delito sin perdón

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La política en tacones

Pilar Ramírez

En repetidas ocasiones me han preguntado si estoy a favor del aborto y respondo lo mismo que muchas mujeres: no estoy a favor del aborto sino a favor del derecho a decidir y del respeto a los derechos sexuales. No se trata de una sutileza semántica sino de todo un enfoque que debería mover a reflexión. Como bien ha señalado el jurista Diego Valadés, una legislación que no castiga el aborto no induce ni obliga a las mujeres a recurrir a esta práctica si no lo desean, no lo necesitan o no están de acuerdo con ella, simplemente otorga libertad de elección.

En Quintana Roo acaba de ocurrir un hecho emblemático de los resultados que tienen las leyes que castigan el aborto. Yasuri Sac-Nicté Pool Mayorga, una joven mujer maya de 22 años fue encarcelada el pasado 12 de octubre, acusada de homicidio doloso, cuando acudió al hospital materno de Chetumal para ser atendida por una hemorragia; solicitó atención médica después de que su hijo de siete meses de gestación muriera en otro hospital por un parto prematuro. La Procuraduría de Justicia estatal la acusó del delito de aborto que tiene una pena de 30 años de cárcel en el Código Penal de Quintana Roo. Finalmente se concluyó que fue un aborto involuntario el que había sufrido Yasuri Sac-Nicté y fue liberada once días después.

Como en otros casos, la liberación de la joven maya se logró cuando una organización defensora de los derechos humanos tomó su caso y éste saltó a los medios, pues antes de eso un “coyote” litigante había sangrado con diez mil pesos a esa familia de escasísimos recursos, sin realmente hacer nada por liberar a la mujer que no sabía siquiera de qué se le acusaba. Sólo hasta que una gran cantidad de medios reprodujo la nota, fue que el procurador de Quintana Roo determinó desistirse de la acción penal contra Yasuri Sac-Nicté al encontrar “fallas jurídicas en la consignación”.

Hace pocas semanas, mi amigo Paul Martínez, compartiendo la misma preocupación me envió una nota periodística que registra el caso de una mujer del municipio de Córdoba que no tuvo la misma suerte que Yasuri. Isabel Paulino Rojas ingirió un medicamento para abortar debido a que el padre se negó a ofrecer apoyo y la mujer no contaba con recursos económicos para la manutención de un hijo. Isabel fue trasladada al penal de Amatlán luego de ser consignada ante el juez y no solicitar fianza. Ni el juez ni el ministerio público se detuvieron a considerar que si no tenía para sufragar los gastos de un embarazo y de un hijo, tampoco los tenía para pagar una fianza.

Se trata de un marco legal que sirve para encarcelar a dos mujeres que básicamente cometieron el mismo delito: el de la pobreza. En ninguno de los dos casos la acusación las hubiese llevado a la cárcel de no ser mujeres pobres e ignorantes, y en el primer caso, además, indígena. Las marginaciones se superponen y crean así las condiciones que permiten a la “justicia” hacer “cumplir la ley”.

Sin importar que esté penado, las mujeres abortan y los hacen por diversos motivos: por razones económicas, porque ya tienen varios hijos, por situaciones familiares o por ocultamiento social. Lo que causaría un verdadero revuelo en los medios informativos sería la consignación de un caso de aborto por ocultamiento social, donde la protagonista del delito fuera la esposa de un magistrado, la hija de un secretario, la hermana de un legislador. Esos casos no los veremos, no serán noticia, porque en este país no se castiga el aborto, se castiga la pobreza.
Aún más remoto sería el encarcelamiento de los padres de esos embriones que no nacerán y donde el progenitor procura los medios económicos para evitar que tal nacimiento ocurra. Este es un tema que poco o nada se discute. Los hombres, tan responsables como las mujeres de un embarazo, no se ven perseguidos por la ley en caso de aborto, simplemente no se les acusa y el aparato judicial no destina recurso alguno para buscar presentarlos ante las autoridades.

Hasta ahora, son 16 las entidades con leyes antiaborto, mismas que servirán para hacer de éste, no un país en el que se respeten las leyes o se defienda la vida, sino para ahondar la marginación hacia las mujeres de menos recursos. Esperemos que no se sumen más estados porque son leyes que sólo crean artificialmente delincuentes donde lo que hay son mujeres cuya miseria les exige no incrementar el número de seres humanos que deban padecerla.


Periodista y colaboradora de la RMC

El artículo anterior se debe de citar de la siguiente forma:

Ramírez, Pilar, “Ser pobre, delito sin perdón” en Revista Mexicana de Comunicación en línea,
Num. 118, México, octubre. Disponible en:
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/politica.htm
Fecha de consulta.29 de octubre de 2009.

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