La Ley Televisa y la lucha por el poder en México
Foto: "Televisa" por Sagolla @ Flickr
Sólo 17 grupos determinan el pensamiento y la cultura locales
Carmen García Bermejo
Periodista de El Financiero y colaboradora de la RMC
A pesar de que la Corte anuló la Ley Televisa, continúa vivo su espíritu. Por eso, es urgente formular un marco jurídico sobre telecomunicaciones, radio y televisión que permita establecer un nuevo orden de comunicación en México donde la figura del Estado recupere su papel rector y los poderes fácticos-mediáticos sean acotados y verdaderamente regulados.
El debate sigue abierto. El libro La «Ley Televisa» y la lucha por el poder en México (UAM-Xochimilco), coordinado por los académicos Alma Rosa Alva de la Selva y Javier Esteinou Madrid, mantienen viva la discusión sobre el tema. Son 34 ensayos escritos por quienes fueron actores o testigos de este suceso legislativo que se convirtió en un hecho político y, luego, en un movimiento jurídico-social que culminó con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró, en junio de 2007, inconstitucional los puntos rectores de las leyes de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones (conocidas como la Ley Televisa) que, bajo presiones económico-electorales, aprobó la mayoría de los integrantes del Congreso de la Unión en la legislatura pasada.
El libro recupera esos sucesos a través de los testimonios escritos y también por medio de las ocho presentaciones públicas que sus coordinadores realizan por distintos estados. Empezó en la Universidad Iberoamericana, luego, en el Senado de la República, se proyectan otras dos presentaciones más en la ciudad de México para, después, hacerlo en Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Veracruz y Colima. Distintas voces, diversos registros. Pero todos con una certeza en común: el espíritu de la Ley Televisa sigue vivo.
Expansión del monopolio
Alma Rosa Alva de la Selva, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explica que los análisis presentados en La «Ley Televisa» y la lucha por el poder en México revisan, reconstruyen y documentan un episodio fundamental para el problema del marco legal de la radio, la televisión y las telecomunicaciones en el país.
Sobre todo porque la revisión de la llamada Ley Televisa, desde sus orígenes hasta la etapa del dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ponen en evidencia los alcances de esa ley, un proyecto que -como lo prueban cotidianamente los hechos- está vivo y sigue actuando.
-Se trata -asegura- de un proyecto de expansión de los grandes consorcios de los medios electrónicos encabezados por la televisora que protagonizó la gestación de las reformas que han dado materia a este libro, de frente a los nuevos escenarios digitales donde, ahora, en el marco de la disputa por la nación, busca establecer su hegemonía. Este libro también es muestra de la capacidad de reflexión de sectores de la sociedad mexicana que se han involucrado en el tema y que, desde hace muchas décadas, han generado una discusión amplia sobre el marco legal de la radio, la televisión y las telecomunicaciones.
“Es un debate -continúa- que se ha sostenido a lo largo del tiempo ofreciendo innumerables ideas, propuestas, recomendaciones al Estado mexicano y que hasta hoy no han sido cristalizadas por el Congreso de la Unión en una nueva ley. Esto es una deuda de poder Legislativo con la sociedad mexicana. Una deuda que no ha sido cubierta en medio de un proceso en el cual la propia sociedad tendrá que involucrarse crecientemente porque más allá de los monopolios y de su acción como poder fáctico, lo que está en juego es la viabilidad del país y la libertad de expresión.”
Alva de la Selva reitera la necesidad urgente de una nueva ley. Pero advierte que sin una reforma democrática en esta materia es imposible pensar en un México distinto al que estamos viviendo. Por eso considera que los poderes públicos deben aprovechar la etapa actual para formular un marco jurídico avanzado sobre radio, televisión y telecomunicaciones de cara a la sociedad de la información que permita formar un nuevo orden de comunicación en México donde la figura del Estado recupere su papel rector en este ámbito y en donde los poderes fácticos-mediáticos -esos que generaron la Ley Televisa- sean acotados y regulados.
En tanto, Javier Esteinou Madrid, profesor-investigador de la UAM-Xochimilco, refiere que así como en siglos pasados las fracciones del poder dominante pugnaron, en su momento, por la expropiación del territorio nacional, la privatización del petróleo, el apoderamiento de la energía eléctrica y por la reasignación del subsuelo, ahora -paradójicamente en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Independencia y 100 años de la Revolución- los sectores más fuertes de la gobernabilidad animan a efectuar la privatización del espectro radioeléctrico que, en términos de desarrollo, representa la moderna disputa por la nación.
Precisa que el libroLa «Ley Televisa» y la lucha por el poder en México es un texto colectivo elaborado por diversas personalidades y documenta -desde el ámbito de la economía, el derecho, la historia, la tecnología, la sociedad y la comunicación- el periodo más vergonzoso que ha sucedido en la historia moderna de la comunicación en México y que, por lo mismo, no debe volver a repetirse: “En esta etapa -asevera-, el monopolio de la información electrónica, en alianza con los poderes Legislativo y Ejecutivo, acordaron privatizar el espectro radioeléctrico de la República como nunca antes se había realizado, a través del proyecto jurídico conocido como la Ley Televisa para beneficiar la expansión del monopolio de la televisión del país violando los principios fundamentales de la Constitución, marginando las garantías comunicativas básicas de los ciudadanos y vulnerando la soberanía del Estado-nación.”
Esteinou Madrid recuerda que sólo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en junio de 2007, fue la que anuló los aspectos centrales de dicha ley y colocó el mandato de la Constitución por encima de los intereses fácticos que ya habían rebasado con exceso y prepotencia a la misma desde hacía varias décadas. Pero alerta que no obstante la intervención de la Corte, el espíritu de la Ley Televisa no ha muerto, continúa vivo en espera de nuevas condiciones sociopolíticas para conquistar los privilegios desproporcionados que les fueron cancelados.
-Con esto -apunta- constatamos que el monopolio de la información masiva en alianza con algunos sectores de la actual clase política continúa luchando sigilosamente en el país para lograr, a través de cualquier vía, el operar la comunicación electrónica como un negocio mercantil sin freno y no como un servicio público de interés social. Se trata de concentrar la estructura de la difusión masiva y de las nuevas redes de telefonía y televisión a escala oligopólica; privatizar crecientemente el espectro radioeléctrico y desconocer su naturaleza como bien público patrimonio de la nación; evitar la competencia abierta con nuevos actores en el sector de las telecomunicaciones; obstaculizar el surgimiento de nuevas cadenas audiovisuales que signifiquen otras alternativas de acción empresarial; presionar hasta sustituir las funciones del Estado-nación y de los poderes constitucionales de la República… En pocas palabras, mantener durante el siglo XXI la reproducción del viejo orden desigual de la comunicación colectiva que existió en el siglo XX a costa de lo que sea.
Esteinou Madrid reitera que así como, en 2007, los ministros de la SCJN le demostraron a la sociedad que estuvieron constituidos por la ética, la soberanía y la moralidad para cancelar la Ley Televisa, ahora, en 2010, la ciudadanía le demanda a los legisladores del Congreso de la Unión que también demuestren que están conformados por la ética, la soberanía y la moralidad aprobando nuevas leyes integrales de radio y televisión, y telecomunicaciones que, por encima de todo, defienda el espectro radioeléctrico como patrimonio de la nación, recupere las garantías comunicativas básicas de la población y fortalezca la rectoría del Estado mexicano en esta esfera.
¿Golpe de Estado?
En la presentación delLa «Ley Televisa» y la lucha por el poder en México son distintas las voces que participan. En su turno, Virgilio Caballero Pedraza -fundador y exdirector del Canal del Congreso de la Unión y actual titular del Canal 21, la televisión del Distrito Federal- también puso el dedo en la llaga al señalar que con el Artículo 16 de la Ley Televisa lo que se hacía en los hechos era entregarle a perpetuidad a las empresas el territorio de México por donde circulan las señales de radio y televisión. Lo que implicaba una enajenación de la soberanía del país, semejante y tan peligroso o peor que la que se hizo en el siglo XIX con el territorio nacional perdido en una guerra absurda y dispareja.
-México padece -asegura Caballero Pedraza- la concentración más abominable que existe en medios de comunicación. Ningún país del mundo tiene en 17 manos el poder de la radiodifusión y de la televisión. En México 17 grupos son los que determinan por dónde debe ir la orientación del pensamiento, de la vida, las costumbres, los hábitos, la cultura, las ilusiones, el esparcimiento… porque han demostrado que son verdaderos educadores de la sociedad mexicana. Educadores para malformar a la sociedad, para deformarla, devaluando la vida, la comunidad, la convivencia.
“Si no hay ciudadanos libres, no puede haber democracia. Pero la parte central de esa libertad es la posibilidad de disponer del conocimiento, de la reflexión, del análisis, para poder entender el mundo y contribuir en su transformación. Es ese análisis, esa reflexión y esa información los que nos han sido negados sistemáticamente, durante más de 60 años, por el monopolio de la televisión.”
El también antropólogo detalla que no es casual que de los 39 grandes empresarios que son prácticamente los dueños del país, 11 forman parte del consejo de administración de Televisa: “Aquí me atrevo a plantear -determina- que el apoderamiento de esa clase política-financiera y la sujeción, por parte de los legisladores, constituyó algo muy semejante a un golpe de Estado. No se cómo llamarle al apoderamiento ilegal sobreponiéndose de dos poderes constitucionales a los que, además, se les devasta, se les exhibe, se les atropella, se les inutiliza para ponerlos al servicio de un conjunto de privilegios que la Ley Televisa establecía. Nunca será excesivo hacer énfasis respecto a ese sometimiento de parte del duopolio Televisa-TV-Azteca sobre los poderes del Estado.”
Caballero Pedraza recuerda que van a ser ya casi tres años del fallo de la Corte y el poder Legislativo hace como que no existe esa sentencia. Y pregunta: “¿Qué pasa con esta legislatura que no sólo prorrogan la necesidad y la obligación que tienen de escuchar y obedecer el mandato de la Corte, sino que incluso hacen intentonas para recuperar y echar a andar la Ley Televisa?”
Aunque al periodista y abogado Miguel Ángel Granados Chapa le correspondió estar en una presentación del libroLa «Ley Televisa» y la lucha por el poder en México distinta a la de Virgilio Caballero, coincide con sus planteamientos y señala que con la decisión de la Corte de anular la Ley Televisa la mayoría del senado quedó derrotada. Pero eso poco importó a algunos grupos de senadores de la pasada legislatura que -al haber impulsado de manera enfática y, sobre todo, eficaz porque consiguieron la aprobación de la ley- recibieron su recompensa.
-Hoy -recalca Granados Chapa- todavía para consagración permanente del contubernio entre la mayoría del Senado de la República y el poder que decretó la Ley Televisa, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el órgano regulador de la materia a la que se refiere la reforma que conocemos como Ley Televisa, es el senador que en la pasada legislatura presidía la Comisión de Comunicaciones: Héctor Osuna Jaime. Sin rubor alguno, el senador que presidía la comisión que encausó el dictamen legislativo preside, desde junio de 2007 al día de hoy, la Cofetel. Eso quería quien hizo la ley Televisa: tener una ley y un órgano regulador a modo y eso consiguió.
El periodista explica que no basta la decisión de la Corte. Se requiere la acción del Senado y, una vez rehecha la ley con forme la sentencia de la Corte, se deben reestructurar las leyes de Radio y Televisión y la de Comunicaciones para que ensamblen con las reformas a que obliga la sentencia judicial. Pero esto no se ha hecho. El Senado, que está en deuda con la sociedad, podrí haber aprovechado la necesaria acción legislativa a que lo obliga la Corte para abordar en toda su amplitud la legislación en materia de radio, televisión y comunicaciones. Pero estamos casi a la mitad del mandato de los senadores y no se ha movido un milímetro la reforma a que está obligado, por una sentencia judicial, el Congreso.
En ese sentido, Granados Chapa considera que el Senado, en particular, ha incurrido en desacato a una sentencia judicial porque no la cumple. En vez de proceder en el sentido que la Corte ha intentado reformar la legislación vigente que va en sentido contrario a la sentencia de la Corte porque pretende asegurar el refrendo de las concesiones automáticamente, aspecto que es uno de los contraprincipios aprobados en la Ley Televisa y reprobados por la sentencia constitucional.
Oficio de la telebancada
Por su parte, el historiador Lorenzo Meyer comenta que antes de la televisión, la fuente insustituible de la información que se necesita para ser ciudadano era la prensa escrita. Pero, ahora, el ciudadano mexicano -según una encuesta de Gobernación de 2006- apenas el diez por ciento toma su información principalmente de los periódicos, mientras que para el 72 por ciento de los mexicanos la mayor parte de su información o la única fuente de su información es la televisión.
-Por razones históricas -confirma Meyer- la televisión en México nació sin compromiso con la democracia. Surge justo cuando el régimen autoritario posrevolucionario está alcanzando la cúspide de su poder, con Miguel Alemán. En un principio, hay varias posibilidades, todo dentro del círculo alemanista. Pero poco a poco se va convirtiendo en una sola. Un sólo grupo controla la televisión. Y la televisión dentro de un sistema autoritario es, en realidad, la secretaría de propaganda y la secretaría de la cultura popular en México. Está al servicio del régimen autoritario. Así nace la televisión mexicana y este sello particular, que no tienen otras televisoras del mundo, hace tan difícil la situación en que se encuentra ahora la ciudadanía mexicana frente a esta fuente privilegiada de información.
El también autor de Liberalismo autoritario. Las contradiccones del sistema político mexicano explica que la democracia real es una poliarquía; esto es, una serie de centros de poder a los que se les llama fácticos. Y la poliarquía, para no ser algo negativo para la democracia, necesita de la pluralidad. Los grupos de interés y los grupos de poder, los grupos de presión, son parte de la democracia. Pero cuando estos grupos no tienen contraparte, cuando los poderes públicos, en este caso el Congreso, se dejan dominar por un grupo de interés que se convierte en grupo de presión y que está todo el tiempo en los corredores del poder y que, como ahora es el caso en México, tienen a sus representantes dentro de las instituciones que, se supone, representan a la sociedad en su conjunto (la ‘telebancada’) entonces estos grupos excesivamente poderosos impiden la democracia.
Meyer indica que cuando existe una situación de dominio tan abrumador, como es el caso en México, de dos cadenas de televisión que son las que guían la información y la interpretación al ciudadano, cuando el 72 por ciento de los ciudadanos abrevan de ahí para tener conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la política del país, entonces tenemos derecho a preguntarnos si México es realmente una democracia. Y podemos concluir que no, mientras persista esta peculiar forma de influir en la formulación de la información y de las ideas políticas que sirven al ciudadano para tomar sus decisiones.
Otro de los autores deLa «Ley Televisa» y la lucha por el poder en México es Raúl Trejo Delarbre -presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información-, quien expresa que este libro es de gran utilidad porque, justo en estos meses, en el Congreso de la Unión se discuten iniciativas que tienden a revindicar la Ley Televisa. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay una iniciativa del diputado Andrés Maciel Fernández, del PRI, para penalizar a las radios comunitarias y propone cárcel para quienes instalen radios comunitarias, para quienes trabajen en ellas, para quienes vendan publicidad e incluso para los proveedores de equipo técnico.
Asegura Trejo Delarbre que ese mismo diputado, junto con otro del PRI, han presentado una iniciativa que repite la del senador Manlio Fabio Beltrones en el Senado para que las empresas de radio que ya tienen una frecuencia en AM consigan automáticamente una frecuencia en FM: “Y en el Senado de la República -apunta-, el senador Carlos Sotelo del PRD, en alianza con varios senadores del PRI, presentaron una iniciativa en diciembre pasado que tiene cierta complejidad técnica y legislativa. Entre otras muchas cosas prevé que las concesiones de radio y televisión que se venzan sean refrendadas de manera automática. No hay bandera que entusiasme más hoy a los cabilderos de Televisa que esta ‘oferta’ de estos senadores.”
¿Designios del chavismo?
En la presentación del libro que se hizo en el Senado de la República, el legislador Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aprovechó para contestar a alusiones y explicar el contenido de la iniciativa de Ley de Radio y Televisión que presentó en diciembre de 2009. El senador refiere que dicho dictamen fue calificado por algunos grupos como la reedición de la Ley Televisa, mientras que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, en un desplegado público, lo acusó de legislar con los designios del chavismo (Hugo Chávez) en México.
Sin embargo, Sotelo comenta que ese dictamen, en realidad, le daba acta de nacimiento a los medios públicos; se eliminaba de la legislación el concepto de medios oficiales; se establecían los consejos consultivos ciudadanos, como órganos rectores para todos los medios públicos; se establecían órganos públicos descentralizados no sectorizados; administradores de las frecuencias otorgadas a los medios públicos, organismos con autonomía editorial e independencia técnico-financiera; se instituía el defensor de la audiencia por ley y se planteaba la autorización para que nuestro país contara con una televisora pública en señal abierta de carácter nacional y una radio pública nacional en señal abierta.
También se otorgaba un marco legal a los medios comunitarios, se eliminaba toda la discrecionalidad que actualmente tiene el gobierno sobre los permisos para estas radios y se les daba reconocimiento jurídico: “Después de casi ocho años -anota el senador- se establecía la vía para que las comunidades y los pueblos indígenas pudieran acceder al uso y disfrute de frecuencias de radio y televisión. Asimismo, en el dictamen se establecía un fondo público para apoyar la transición a digital de todos los medios públicos, comunitarios e indígenas.”
Sotelo dice que donde sigue el debate es en el tema de los refrendos en las concesiones a medios privados: “En la acción de inconstitucionalidad que algunos senadores de la legislatura pasada hicieron ante la Corte -precisa-, pedían que se incluyera la figura del refrendo administrativo y en la iniciativa del pasado diciembre se incluyó. Yo sostengo que la vía de licitación para las concesiones que vencen fortalece la concentración. Ahí sigue el debate. El dictamen de diciembre nos permitía avanzar. Pero con el desplegado de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión todo quedó en stand by.”
El siguiente es un ejemplo de cómo debe de citar este artículo:
García Bermejo, Carmen, «La Ley Televisa y la lucha por el poder en México»,
en Revista Mexicana de Comunicación on line. México, abril 2010.
Disponible en: http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/rmc_leytelevisa_bermejo.html
Fecha de consulta: 12 de abril de 2010
