Transparencia, seguridad y derechos humanos

Combatir la opacidad

Fotografía de Happy Batatinha @ Flickr

Por Perla Gómez Gallardo*

La realidad nacional en materia de seguridad pública obliga a hacer un alto para reflexionar sobre la forma como se implementó una política que, sin haber figurado nunca en alguna propuesta de campaña, en cada Informe de Gobierno del actual Presidente de la República parece convertirse en el relanzamiento de un Plan Nacional de Desarrollo.

La búsqueda de legitimidad a través de una lucha sin cuartel (la expresión es literal), primero “contra el narcotráfico” y en el último año “por la seguridad”, tiene como resultados un México con más de 23 mil muertos y un titular del Poder Ejecutivo que no atina a diferenciar a las víctimas inocentes de los criminales.

El privilegio de contar con leyes de transparencia y acceso a la información, creadas en todas la entidades federativas y poderes federales durante los siete años recientes, nos permite hacer la revisión directa de las actividades que en materia de seguridad pública desarrolla el Estado Mexicano.

No podemos permitir que con el pretexto de la seguridad se vulneren derechos humanos o se restrinja el acceso a la información. Esta última prerrogativa nos posibilitaría incluso el eficaz combate a la corrupción que en mucho aporta para el fortalecimiento de las prácticas de la delincuencia organizada.

En la próxima obra del principal especialista de derecho a la información en México, Ernesto Villanueva, veremos una aproximación interesante del uso del derecho de acceso a la información pública y la seguridad como forma de protección de los derechos humanos. A través de una serie de preguntas en rubros que pueden clasificarse en administrativos, selección de personal, prestaciones laborales, políticas y protocolos de seguridad en materia de comando, asistencia a víctimas y testigos, operaciones juveniles, por citar algunos, se realizaron solicitudes de información a diversas entidades federativas o a su secretaría de seguridad pública y a su procuraduría. Los resultados son poco alentadores.

El tema de seguridad puede convertirse en un comodín para la opacidad.  En la totalidad de las leyes, el aspecto de seguridad es una de las causales que permite la reserva temporal del acceso. Sin negar el acceso se puede equilibrar el derecho a saber con la necesaria protección de información referente a la seguridad con la exigencia de una mayor fundamentación y motivación con la acreditación en la reserva de la prueba de daño: la información está en las causales de reserva de la ley; el dar a conocer esa información puede causar un daño; y el daño que se puede causar es mayor que el interés público de conocer.

El estudio de Villanueva libra el obstáculo de las reservas (con algunas resistencias infundadas) al de manera ingeniosa cruzar datos que en principio parecieran no ser tan relevantes. El resultado es muy claro: en materia de seguridad pública en México no hay inteligencia, hay burocracia.

Las respuestas a cada una de las baterías de preguntas, al ser sobre diversos temas que en principio no tienen impacto directo en temas de seguridad, permite entender las condiciones en que se lleva a cabo esa tarea. Destacan las condiciones de trabajo en donde no se diferencia las cuestiones de riesgo y la necesidad de mecanismos rígidos de selección de personal, que en la mayoría de las veces no cuenta con los requerimientos mínimos de capacitación y protección para el ejercicio de su encargo.

La transparencia evidenció  los excesos y desigualdad de la asignación de salarios. Los altos mandos destacan por tener ingresos  sobrevaluados y otros, por el contrario, sobreviven con los mínimos que no corresponden a las actividades que desempeñan. Aunque en la práctica el tener un buen salario no es garantía para evitar la corrupción, sí es un elemento que puede evitar las presiones por la estabilidad que genera.

Otro punto destacable como adelanto del referido estudio es la deficiente comunicación entre las entidades y la heterogeneidad de políticas que hace que se convierta en una torre de babel el flujo de información que circula torpemente. El estudio ofrecerá en la sistematización de la información obtenida un insumo importante que al cruzarse, analizarse con oportunidad y criticar su contenido, puede darnos nuevas formas de entender dónde estamos parados y cómo podemos mejorar institucionalmente las estructuras y mecanismos en materia de seguridad.

Finalmente, así  como la seguridad no debe ser pretexto para la opacidad, también debemos retomar la importancia de no ceder derechos a cambio de la garantía de seguridad. Es muy tentador restringir el ejercicio de los derechos. Hay que tener cuidado con esas políticas del todo o nada: “o estás conmigo o estás contra mí”. Criticar la política pública de legitimación con base en la lucha contra el crimen organizado de ninguna manera es ponerse del lado de los delincuentes.

No debemos permitir la restricción de derechos como pago por la seguridad. La autoridad tiene la obligación de garantizar la estabilidad del Estado sin convertirse en trasgresor de los derechos a través de situaciones de emergencia excepcionales. En esos casos, la propia Constitución establece los mecanismos para la suspensión de derechos. La discrecionalidad no debe ser una atribución de quien tiene el monopolio de la fuerza. Queremos  anticipar y tener la certeza de las consecuencias ante ciertos actos y no la violencia  –no sólo fáctica sino institucional–  que paradójicamente al pretender garantizarnos un derecho termina quitándonos los demás.

De nueva cuenta, el derecho de acceso a la información con la transparencia y la rendición de cuentas nos pueden servir de contrapeso como una forma de fiscalización y exigencia de protección de los derechos humanos en el combate al crimen organizado.

No debemos olvidar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y que como sociedad aun con el peor delincuente no debe rebajarse a atacar su dignidad. Mucho  en la forma en cómo respetamos y garantizamos los mecanismos institucionales por encima de la discrecionalidad, permitirá transitar en este proceso (que amerita revisar de manera permanente) sin que además de la violencia lleguemos a un estado de exención de la autoridad en donde todo esté permitido bajo el uso de la palabra: seguridad.

*Profesora Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana Cuajimalpa.