Asesinatos de periodistas
Por Mariano Cebrián
El narcotráfico y el terrorismo son dos manifestaciones de máxima violencia en la sociedad actual. El primero con fines económicos, el segundo con fines políticos y también económicos. Existen diferencias entre los dos sectores, pero ambos aparecen vinculados a la información. Los narcotraficantes para silenciarla y los terroristas para aventarla como propaganda. Ni unos ni otros son veraces ni neutrales y tratan que los medios de comunicación y los periodistas se dobleguen a su servicio; en caso contario, se les amenaza, persigue y asesina.
La Comisión de la Unión Europea en su Propuesta de decisión marco del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo presentada en Bruselas, el 19 de septiembre de 2001, señalaba:
Los delitos terroristas pueden definirse como delitos cometidos intencionalmente por un individuo o un grupo contra uno o más países, sus instituciones o ciudadanos, con el fin de intimidarlos y de alterar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales o sociales de un país. Esto supone que los derechos jurídicos que se ven afectados por esta clase de delitos no son los mismos que los derechos jurídicos que se ven afectados por los delitos comunes. La razón es que la motivación del delincuente es diferente, aunque los delitos terroristas pueden generalmente equipararse a los delitos comunes en cuanto a sus efectos prácticos y, por tanto, también se ven afectados otros derechos jurídicos.
En un artículo posterior resalta los siguientes delitos específicamente terroristas, pero ampliables también a los de narcotráfico: asesinato; lesiones corporales; secuestro o toma de rehenes; extorsión; hurto o robo; secuestro ilícito o daño a instalaciones estatales o gubernamentales, medios de transporte público, infraestructuras públicas, lugares de uso público y a la propiedad; fabricación, posesión, adquisición, transporte o suministro de armas o explosivos; liberación de sustancias contaminantes, o provocación de incendios, explosiones o inundaciones, poniendo en peligro a las personas, la propiedad, los animales o el medio ambiente; interferencia o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso fundamental; ataques mediante interferencias con sistemas de información; amenaza de cometer cualquier delito de los enumerados anteriormente; dirección de un grupo terrorista; fomento, ayuda o participación en un grupo terrorista.
Es un amplio abanico de potenciales delitos que pueden cometerse de manera aislada o asociada. Son delitos contra las personas y los organismos e instituciones. No se matiza entre unas y otras porque concierne a todos por igual.
No obstante, es conveniente resaltar, no por corporativismo sino por su transcendencia especial, los delitos contra los medios de comunicación y contra los periodistas por ir contra uno de los valores fundamentales de la sociedad como es el de la libertad de expresión y de información que concierne a todas las personas y en particular a los que la ejercen como profesión, es decir, los periodistas.
En los ataques de los narcotraficantes y terroristas hay una fijación peculiar contra ellos, sin olvidar los que van contra otras profesiones como la militar, la policial, la empresarial o la política que suelen ser también víctimas propicias y que cada una de ellas apunta a un rango alto de relevancia pública. En el caso de los periodistas, la peculiaridad surge del ataque directo al ejercicio profesional de difundir información algo consustancial a las democracias. El silencio y la ocultación informativa, lejos de resolver el problema, lo agravan al poblar la sociedad de rumores y especulaciones. Sólo el periodismo riguroso, autocontrolado y dentro de la armonización de derechos a la libertad de información con otros conexos, como el de la intimidad y de la imagen de las víctimas, pueden llevar a una mayor contribución al ataque contra los delincuentes de ambos campos.
A veces, especialmente cuando todavía no se dispone de un tiempo amplio de mala experiencia, surgen voces de compresión, de cierta justificación e incluso de amparo por circunstancias políticas, por atacar al poder que no gusta, por razones ideológicas o por otros intereses. Pero no se puede caer en el engaño. Los narcotraficantes y terroristas, por encima de cualquier justificación que presenten de ataque a los poderosos o de liberación de los pueblos, llevan un componente delictivo universal. Van en contra de las democracias establecidas y de los derechos humanos universales. Atacan el derecho más fundamental de todos como es el de la propia vida. Para ellos la vida ajena carece de valor: es un recurso o medio para alcanzar otros objetivos en lugar de lograrlos por la vía democrática.
Por esas razones, el periodista tampoco puede permanecer neutral ante las amenazas al sistema de libertades establecido por la Constitución del país, ni adoptar posiciones equidistantes entre verdugos y víctimas. No existe enfrentamiento mutuo sino imposición de unos sobre otros mediante la comisión de delitos. Son las situaciones en las que los medios de comunicación, como organizaciones, tienen que tomar las decisiones a favor del conjunto de la sociedad y de los valores constitucionales de convivencia. Entre la información o el silencio tienen que posicionarse a favor de la primera. Esto mismo se exige a los periodistas particulares, pero hay casos de amenazas personales continuadas ante las que se requieren unos comportamientos de mártires o de héroes para proseguir con las denuncias y la información necesaria. Es comprensible que algunos sucumban al miedo y apuesten por el silencio. Por encima de todo está su derecho a la vida como el de cualquier otra persona. Es en estos casos en los que tiene que producirse el apoyo por parte de los medios y de la administración de seguridad para que pueda seguir ejerciendo con libertad la información y, en el supuesto de que le resulte insuperable, apoyarle también para que decida por lo que su ética y situación personal le dictamen y no por la imposición del medio o la presión social.
Ahora bien, en este enfoque de rechazo total a la delincuencia violenta el periodismo no debe ceder nunca en sus exigencias. No por atacar a los narcotraficantes y terroristas se debe ir en contra de los principios periodísticos. Hay que tomar partido en defensa de la sociedad, pero cumpliendo las exigencias éticas profesionales. Ante todo, debe predominar el relato de los hechos y de los datos con toda la veracidad, con sus correspondientes contrastes, resalte de lo que sea de interés público, contextualización, profundización y opiniones argumentadas, así como la denuncia de la responsabilidad de quienes cometen las amenazas y asesinatos. Tal información, además de impulsar la libertad, puede convertirse incluso en un instrumento valioso contra la propia delincuencia. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad libre es estar rodeada de amenazas sin saberlo. A la vez que se desarrolla el derecho de la libertad de información, hay que evitar la divulgación propagandística de los delincuentes y, además, aunque ante algunas actuaciones haya que ejercer una crítica contraria, respetar y no entorpecer el trabajo judicial y policial con informaciones que puedan alertar o ayudar a los delincuentes. Y respeto también a los derechos a la intimidad, imagen y dolor de las víctimas y de sus familiares. Hay que cubrir la información, pero también auxiliar a los damnificados o, al menos, no obstaculizar la labor de otros especialistas.
Los resultados de los asesinatos suelen inyectar bastante espectacularidad a las imágenes. La insistencia en ellas, la exaltación de los cuerpos troceados y de la sangre mediante primeros planos plasma ciertamente la perversión de los delincuentes, pero también es un ataque a los sentimientos, emociones y sensibilidad de las víctimas y de sus allegados. La información queda suficientemente recogida con el relato de los hechos. Los medios no deben incurrir tampoco en el morbo de la reiteración de las mismas imágenes en los mismos u otros programas; cada vez que se repiten vuelven a removerse los sentimientos de las víctimas y en lugar de aportar información llegan a saturar y a adormecer las sensibilidades de las demás personas.
Se requieren unos tratamientos estrictos y adecuados para la armonización del derecho de informar con el derecho de las víctimas a su propia imagen e intimidad. Lo perverso de estos tratamientos es cuando se hace con fines lucrativos, de atraer mayor audiencia por su espectacularidad y horror. Más que información aportan espectáculo truculento y redoblan el dolor de las víctimas y familiares.
Junto a la libertad de información, el periodista no debe perder la responsabilidad ética ante la sociedad. Debe ser implacable con los narcotraficantes y terroristas, pero no con las víctimas.
Otro de los fenómenos importantes en estos procesos informativos es el del lenguaje. Los narcotraficantes y terroristas, conocedores de la transcendencia del lenguaje, tratan de crear uno nuevo y positivo desde su punto de vista para favorecer y dignificar sus actividades delictivas. Buscan denominaciones que los justifique y que designen los hechos tal como ellos quieren aunque se adultere totalmente el significado común de las palabras.
El periodismo riguroso nunca debe caer en la trampa del lenguaje confuso y equívoco y asumirlo como válido. Una de sus funciones es precisamente desenmascarar estos usos perversos y conseguir denominar las realidades con los términos adecuados y contextualizados en la situación democrática de la sociedad.
Asistimos a fenómenos muy complejos en los que hay que examinar cada una de las situaciones en particular sin perder la perspectiva global de lo que la sociedad democrática se juega en estas situaciones. Cada país tiene sus peculiaridades y unos contextos concretos en los que se producen los hechos delictivos de narcotraficantes y terroristas, pero en todos existen unos valores de derecho a la vida y de derechos humanos universales que hay que preservar y que el periodismo debe estar a su servicio con plena libertad de relato riguroso y de capacidad denunciante y crítica.
La muerte de periodistas no será en vano si ayuda a clarificar las funciones y a ampliar los compromisos democráticos de los profesionales de la información.
*Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: marceb@ccinf.ucm.es
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Hola soy fotoperiodista en zona de conflicto, me solidarizo con todos mis compañeros asesinados, presos o silenciados, gracias por hacer honor a ellos. Gran artículo, déjame dedicarselo a mi buen amigo Fabio Polenghi, asesinado por el ejército tailandes en 2010. va per te caro amicho
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