Legislativo: Transparencia y rendición de cuentas

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Por Ernesto Villanueva

Como sucede en muchas otras actividades públicas, los legisladores predican mucho y practican poco. En materia de transparencia y rendición de cuentas, el comportamiento de los órganos legislativos no es la excepción a la regla. Veamos.

Primero. El punto de partida es la ausencia de leyes que observen los estándares del artículo 6º, segundo párrafo de la Constitución. Los congresos son omisos en casi la mitad de los estados en materia de disposiciones normativas sobre transparencia. Lo son todavía más cuando se trata de mecanismos para ejercer escrutinio público sobre la actividad legislativa. En buena medida, los legisladores consideran que lo único que se debe revisar es el manejo del dinero público y sustancialmente en el Poder Ejecutivo. Es evidente que ello no es así. Se debe tener acceso tanto al manejo administrativo financiero de los poderes públicos, pero también a la función estrictamente relacionada con la calidad, cantidad, pertinencia y oportunidad del trabajo de los legisladores. Debe haber tanto criterios de naturaleza cuantitativa como cualitativa. Este tipo de métricas no han logrado abrevar de un criterio común compartido. No en todos los congresos hay comisiones de transparencia ni siquiera comités; es decir, aquellos que establecen las políticas internas en materia de acceso, pero sin atribuciones para dictaminar iniciativas de ley. En días pasados, Lilia Saúl y Mariana León (25/05/2011 El Universal) mostraron el estado que guarda la transparencia en los poderes legislativos del país, cuyos resultados son negativos y ponen de relieve las grandes ventanas de oportunidad para avanzar en este terreno.

Segundo. No hay en esta materia que empezar de cero. Como en otras disciplinas se requiere de voluntad política para acudir a las mejores prácticas internacionales. Más aún, desde el 2002 a propósito de una Conferencia Mundial realizada en Ottawa, Canadá donde se reunieron más de 170 parlamentarios y 400 observadores dedicados a la lucha contra la corrupción y a mejorar la gestión de gobierno se fundó la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (OMPCC). En septiembre del 2006 en Arusha, Tanzania se celebró su II Conferencia Mundial y discutieron diversos temas sobre el papel de los parlamentarios contra la corrupción, pero cabe destacar los siguientes: Códigos de conducta de los parlamentarios, acceso a la información y a los medios de comunicación y transparencia y rendición de cuentas legislativas. Una fiscalización parlamentaria o legislativa eficaz exige una combinación de elementos:

• Poder Legislativo, recursos y procedimientos apropiados;
• Buena contabilidad, presentación de informes y transparencia de parte del Ejecutivo;
• Legisladores bien informados y capacitados; y
• Buena comprensión por parte de la sociedad respecto de la gobernabilidad democrática, prensa independiente y una sociedad civil activa.

Hace apenas tres meses la VI Conferencia Mundial de la OMPCC se reunió en México para proseguir la discusión sobre indicadores mínimos comunes. Así, por ejemplo, uno de los indicadores de corrupción reside en la prohibición de destinar partidas presupuestales de las dietas de los legisladores y de los grupos parlamentarios a toda actividad relacionada con la actividad electoral. La Comunidad Parlamentaria de la Comunidad Británica, el Instituto del Banco Mundial, el Parlamento Europeo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas emitieron una recomendación en conjunto como Lineamientos o Referencias para las Legislaturas Democráticas, en los que destacan:

• Los legisladores deben mantener mayores niveles de rendición de cuentas, de transparencia y de la responsabilidad de su conducta en todas las materias públicas y parlamentarias;
• La legislatura debe aprobar y cumplir un código de conducta, incluyendo reglas sobre conflictos de interés y la aceptación de regalos;
• El Congreso debe requerir legisladores publicar completamente sus activos financieros e intereses de negocio y
• Debe haber mecanismos de prevención, detección y mecanismos de sanción para legisladores y personal contratado por prácticas corruptas.

Tercero. En una iniciativa de Ley que presenté con el abogado José Mario de la Garza ante el Congreso de San Luis Potosí propusimos un conjunto mínimo de rubros que los legisladores deberían hacer públicos:

1. El monto de los ingresos, aplicación y destino final que por motivos de pertenencia a las comisiones, comités, gestorías y fracciones parlamentarias les hayan sido asignados así como los ejercidos;
2. Las partidas y gastos por motivos de comisión, costos de viaje, viáticos y otro tipos de gastos asignados así como los realizados;
3. Cualquier otra prestación inherente al cargo;
4. Declaraciones de intereses creados y conflicto de intereses.

De igual forma se deben establecer los siguientes criterios:

1. Indicadores de gestión;
2. Número de personas beneficiadas con los datos probatorios del caso; y
3. Nombre de asesores contratados, currículum vitae e idoneidad con el trabajo legislativo así como los entregables relacionados con las tareas legislativas para los que han sido contratados.

Todavía después de 6 años de esa iniciativa, la pertinencia de que, al menos, esos aspectos sean públicos ayudaría mucho a la credibilidad y rendición de cuentas legislativa.

Evillanueva99@yahoo.com

Twitter: @evillanuevamx