Reflotar la agenda del derecho de acceso a la información

• Riesgos de debilitar la transparencia
• «La eficacia sin límites, sin respeto a los derechos fundamentales, ni rendición de cuentas, constituye una manifestación autoritaria. Ese es el mayor riesgo al que nos enfrentamos», asegura Escobedo.

Fotografía: «Files» de Takashi Toyooka @ Flickr

Por Juan Francisco Escobedo

La promoción del derecho de acceso a la información y de la transparencia, han pasado a un segundo plano en la agenda política nacional. Y en la perspectiva del proceso electoral del 2012, corren el riesgo de perderse en el mar de problemas que agitan el horizonte político de México. Es preciso estar alertas ante los riesgos que implica quedar atrapados en el falso dilema de tener que elegir entre la democracia constitucional y la eficacia.

Este dilema se expande por la combinación explosiva del miedo y la impaciencia de la sociedad, con el debilitamiento creciente de las instituciones públicas para sobreponerse a la presión cotidiana que ejercen los leviatanes privados, legales e ilegales.

La incertidumbre y el desasosiego no deben tomarse como coartadas para no respetar los derechos fundamentales y eludir las obligaciones en materia de rendición de cuentas. No confundamos la propaganda y los informes de labores con la rendición de cuentas, y menos con el derecho de acceso a la información.

En una democracia constitucional, el poder tiene límites, y los límites se localizan en el respeto a los derechos fundamentales y a los procedimientos legales. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental. Es preciso recordarlo para volver a situar este tema en el centro de la agenda nacional.

El desempeño eficaz que se espera de las instituciones públicas, no puede producirse a cualquier precio. Si los poderes públicos pasan por alto las reglas y procedimientos de la democracia constitucional, contribuirán a la restauración del autoritarismo.

En este marco es necesario subrayar la importancia del derecho de acceso a la información. Con su regulación, se buscó contribuir a:

1. Restaurar el carácter público de la República Federal, representativa y presidencialista que caracteriza nuestra forma de gobierno, y
2. Tutelar efectivamente el derecho a saber sobre los asuntos públicos, como un derecho fundamental, vinculado directamente con el desarrollo de la democracia.

Los obstáculos para continuar con el proceso que se inició hace diez años son múltiples. Enseguida expondré algunas reflexiones y propuestas que contribuyan a reflotar la agenda del derecho de acceso a la información, y subrayar la importancia de vincularlo con la rendición de cuentas.

Control de la constitucionalidad

En primer lugar, hay que destacar las omisiones dela Suprema Cortede Justicia para ejercer con oportunidad y prestancia sus funciones de control de la constitucionalidad. La narrativa del artículo 6° constitucional está esperando ser confirmada y desarrollada con atingencia y perspectiva garantista por los ministros dela Corte.

Si todos los sujetos obligados persistieran en simular que cumplen con la legalidad en la materia, aun así, le quedaría al Estado mexicano la posibilidad de reencauzar el proceso, a partir de las decisiones que es deseable que tome en sentido garantista,la Suprema Cortede Justicia.

La Suprema Corteha desplegado intensas campañas para difundir que es un tribunal constitucional. Ha llegado el momento de demostrarlo. El país espera que ejerza el control de la constitucionalidad establecida en el nuevo artículo 6° constitucional, y que con sus decisiones restaure el sentido positivo del proceso de apertura, que se ha intentado bloquear con reformas inconstitucionales y decisiones administrativas que niegan el acceso a la información pública.

Consenso simulado

En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre el consenso precoz y frágil, que se formó con la creación de ley federal, y que se prolongó un poco más con la reforma al artículo 6° constitucional. Este consenso simplemente se ha evaporado o en todo caso ha mutado hacia un consenso simulado.

Una de las evidencias más contundentes del consenso simulado, radica en el peligro que existe de que las iniciativas de reforma a la ley federal en la materia o a las leyes locales, por dolo o ignorancia, se truequen por cambios regresivos. En algunas leyes locales se han multiplicado las excepciones y las restricciones para no entregar la información pública solicitada.

El consenso simulado ha propiciado una retórica legal sobre la transparencia. Esta práctica debe ser acotada. Es oportuno recordar que existe un marco constitucional sobre la materia, y que cualquier modificación a las leyes en sentido regresivo es inconstitucional. El Congreso Federal y los congresos locales no ejercen la soberanía absoluta, y menos, por encima de lo dispuesto enla Constitución.

Para decirlo en los términos de Luigi Ferrajoli: los derechos fundamentales, y el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental; por lo tanto, constituyen un coto vedado, un núcleo inmodificable, sobre el que no puede pronunciarse el Poder Legislativo, salvo para ampliar sus alcances y crear nuevas garantías que faciliten su ejercicio y cumplimiento.

Los congresos eluden sus obligaciones

Los congresos piden información y cuentas a todos, pero son los primeros en eludir sus obligaciones. El país observa estupefacto, un día sí y otro también, las múltiples coartadas que se despliegan en las oficinas parlamentarias para no cumplir con sus obligaciones básicas, y para eludir la rendición de cuentas.

Transparencia local a distintas velocidades

La simulación y el regateo de la información es una práctica común en las entidades federativas y en los ayuntamientos. Un repaso rápido a las leyes locales y al funcionamiento de los órganos garantes, nos muestra un panorama desalentador. Desde luego que hay excepciones. Los estados y municipios se mueven en distintas velocidades.

Una auditoría de constitucionalidad sobre el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° constitucional en las leyes estatales y reglamentos municipales en la materia, confirmaría la magnitud del daño que han provocado el consenso simulado y la retórica de la transparencia.

Compromiso de los actores politicos

Los actores políticos que buscan convertirse en candidatos presidenciales, sus partidos o sus voceros, tiene la oportunidad de establecer y actualizar sus compromisos con las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

Si solo se comprometieran a cumplir con lo que ya está establecido en la ley y en el artículo 6° constitucional, ganaríamos bastante. Por lo menos tendríamos alguna certidumbre de que no  habría un salto hacia el pasado en los próximos años.

Propuestas adicionales

Es necesario dar los pasos adecuados para crear el Instituto Nacional de Investigación y  Educación en materia de Acceso ala Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.

El país necesita mayor conocimiento experto, funcionarios preparados en el enfoque garantista, investigaciones con perspectiva de estado, auditorías de legislación y desempeño, etcétera.

Pero también es preciso multiplicar los espacios para deliberar sobre el estado de la cuestión, y asesorar los procesos de reformas de las leyes y rediseño de los órganos garantes.

La creación de este instituto y la multiplicación de los espacios de deliberación, podrían ser las palancas que se requieren para desatar el proceso que permita colocar en un lugar preferente de la agenda política, la propuesta de conformar un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, con las reformas legales e institucionales que ello implica.

En esa tesitura, se podría impulsar una agenda de reformas de segunda generación, que haga posible que todos los poderes y los servidores públicos rindan cuentas. Y expliquen, qué hacen, cómo lo hacen, y porqué hacen lo que hacen, con los recursos públicos, las políticas gubernamentales y los activos patrimoniales que tienen a su disposición para cumplir con sus funciones.

El país se encuentra inmerso en un proceso político que todo lo coloniza y abduce. Por prudencia, es necesario vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la narrativa constitucional y en la ley federal vigente. Es necesario cuidar lo que se ha conseguido hasta ahora.

México vive un momento hobbesiano. Es preciso trascender la incertidumbre y echar mano de todos los instrumentos políticos y legales disponibles, para restaurar la eficacia del estado, pero no de cualquier forma de estado, sino del Estado de Derecho.

La eficacia sin límites, sin respeto a los derechos fundamentales, ni rendición de cuentas, constituye una manifestación autoritaria. Ese es el mayor riesgo al que nos enfrentamos.

El futuro pasa por el cuidado dela Constitución, y en especial de los derechos fundamentales. Ya que esa, es la mejor manera de preservar la democracia y las libertades. El futuro pasa entonces, por el respeto al derecho de acceso a la información, y por el diseño y funcionamiento eficaz de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.

Doctor en Ciencia Política y Sociología.