“En México hay legalidad mas no Justicia”: Perla Gómez Gallardo
- La práctica del periodismo mexicano exige conocer a fondo la estructura del código penal nacional
- El fallo en contra de periodistas mexicanos como Miguel Ángel Granados Chapa y la revista Contralínea reflejan una situación preocupante en el ámbito jurídico nacional.
- «Quien no sabe obligaciones no sabe derecho», dijo Gómez Gallardo
Perla Gómez Gallardo – Fotografía de Jorge Tirzo para RMC
Para plasmar la situación del estado jurídico nacional, Perla Gómez, citó la reciente derogación de los delitos contra el honor a nivel federal por el Congreso de la Unión. En su opinión no significa la desaparición total de la difamación, la calumnia o la injuria, ya que dos terceras partes de los estados del país aún sigue castigando el delito.
“Es cierta la rebaja de las penas una vez dejan de pertenecer al ámbito federal hasta alcanzar el nivel de fianza”, dijo.
Sin embargo, Perla Gómez llamó la atención del auditorio con el caso Chiapas, donde dicha Ley ha desaparecido por completo para dar paso a la “Ley de Incitación a la Violencia”, subrayando que surge en el estado donde se encuentra el EZLN.
Entre los puntos más sobresalientes destacó la importancia de conocer la jurisdicción nacional para actuar conforme a derecho mas no conforme a la justicia ya que en el país no se respeta. Manifestó, que “La Ley es general, abstracta y sin dedicatoria”.
La abogada trajo a colación el caso de Contralínea y sus actuales litigios en los tribunales nacionales para responder a las demandas por difamación de empresas coludidas en turbios acuerdos económicos. Éstos fueron celebrados durante la gestión del fallecido Secretario de Estado, Juan Camilo Mouriño, y denunciados en artículos periodísticos de la publicación demandada. Al ser más de 70 empresas, Perla Gómez expresó su preocupación al tratarse de un caso especial de “venganza corporativa”.
El caso de la revista Contralínea fue usado como un ejemplo sobre la manera de responder a litigios internacionales: “En México decir la verdad acarrea responsabilidad penal” afirmó.
La ponente habló además sobre la parcialidad del Estado para aplicar La Ley a los medios de información, exigiéndoles cumplir minuciosamente los reglamentos de seguridad social y medidas de seguridad laboral, bajo la amenaza de clausura. Denunció así mismo como “absurda” la regla de los 120 días establecidos por la normatividad jurídica mexicana para recordar a los Jueces su pronunciamiento respecto a los casos bajo su responsabilidad.
Entre los casos en los cuales actúo como abogada defensora, a través de un proyecto de la UAM, detalló los protagonizados por periodistas como Migue Ángel Granados Chapa, Lorenzo Meyer, y otros más que conforman el sector periodístico nacional.
Su ponencia titulada “Libertad de Expresión y Judicialización del Periodismo”, se llevó a cabo en el marco del Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político, bajo iniciativa coordinada de la UAM, la UNAM y la Fundación Manuel Buendía.
