El dilema de la transparencia
Por Ernesto Villanueva
Con mi admiración al maestro Don Sergio García Ramírez
En México coexisten varias corrientes de opinión en los tomadores de decisiones. Unas que privilegian la apertura informativa y la rendición de cuentas y otras que trabajan exactamente en sentido inverso. El derecho fundamental a saber, aunque esté ya previsto en el artículo 6º de la Constitución, atraviesa por un viacrucis que obliga a no bajar la guardia, al seguimiento permanente de lo que pasa en el país. Hay ahora un saldo tortuoso y digno de una amplia reflexión incluso hasta psiquiátrica. Veamos por qué.
Primero. El 23 de junio de este año, el congreso de Veracruz echó por la borda un encomiable ejercicio de participación ciudadana sin precedente en el país en materia de elaboración de una normativa de transparencia. Entre otras cosas lamentables, eliminó la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante para los sujetos obligados. Esta reforma presentada por el diputado priista Flavino Ríos Alvarado, fue aprobada por unanimidad y publicada en la Gaceta Oficial el 5 de julio pasado. Lo anterior ha hecho que el derecho a saber en ese estado pase de tener una autopista de cuatro carriles a un camino de terracería sin mantenimiento. En Jalisco, una de las joyas de la corona por su bien estructurada ley de transparencia, el absurdo hizo rehén a su clase política. Se ha abrogado; es decir, dejar sin efectos en su totalidad la ley sin justificación alguna para crear una nueva con avances aparentes, pero con restricciones reales. En secreto, el 8 de diciembre pasado, el Congreso de Jalisco aprobó una nueva ley de transparencia que, entre otras restricciones, confunde la gimnasia con la magnesia. El artículo 106 de la ley aprobada establece como delito ¡“difundir o publicar información pública clasificada como confidencial, sin la autorización correspondiente”!. La sanción consiste en multa hasta de 50 mil pesos y cárcel. En todo caso, las sanciones deben aplicarse a los servidores públicos encargados de custodiar la información clasificada si se quisiera ir más allá de las sanciones ya existentes en las leyes. Esta disposición es anticonstitucional al establecer la censura previa y regular la libertad de expresión, asunto que le es ajeno a la legislación de transparencia. El propio presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Jorge Gutiérrez Reynaga, con la sensibilidad que no tuvieron los legisladores jaliscienses, ha salido al paso para hacer público su desacuerdo con esa medida. Ahora habrá que hacer un frente común para combatirla por la vía judicial.
Segundo. En un dictamen presentado por la comisión de información pública y protección de datos personales del Congreso de Tlaxcala en días pasados se clarifica la falta de definitividad de las resoluciones del órgano garante y al igual que en Jalisco pretenden legislar la libertad de expresión. De plano, los diputados tlaxcaltecas hacen un trabajo de humor involuntario al dictar clases de cómo se debe hacer periodismo. En efecto, el artículo 47 a la letra dice: “Los medios de comunicación y periodistas, en general, deberán ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información de manera responsable, realizando artículos periodísticos de carácter completo, veraz, adecuadamente investigados y contrastados con las fuentes que sean convenientes y oportunas, de manera que se respete no sólo el derecho a la información del ciudadano, sino también del derecho al debido proceso que debe regir en toda causa pública contra un funcionario público, así como también al respeto a la honra y al buen nombre de las personas probablemente implicadas en una investigación periodística”. En última instancia, estos aspectos que, en términos generales comparto, deben estar en un código de ética de los medios, jamás en una ley de transparencia o en cualquier otra.
Tercero. Ya instalados en el mundo al revés, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el Congreso del Estado, de quienes hubiera podido esperarse todo, han puesto el ejemplo de lo que sí debe hacerse en esta materia. El pasado 15 de diciembre se aprobó una reforma a la ley de transparencia de gran calado. Es un cambio de 180 grados de lo que había aprobado el gobierno de Mario Marín. Hace que Puebla pase del cabús del tren de la transparencia nacional al primer vagón. Y vaya que el cambio es notable: la ley establece la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante, incluye a los partidos como sujetos obligados (además de todos los poderes del Estado, municipios y organismos autónomos que en Puebla estaban fuera del escrutinio público), introduce un excelente apartado dedicado a la educación en materia de transparencia, reduce al mínimo el costo de las copias que ha limitado en Puebla el acceso a la información, tan sólo por citar algunos de los avances. Debo confesar que jamás pensé escribir esto, por lo menos ahora. Había perdido la esperanza en la diputada local Josefina Buxadé, quien fue artífice esencial de esta reforma. No esperaba nada del secretario de gobernación local, Fernando Manzanilla, del de servicios legales, Juan Pablo Piña Kurczyn y de la presidenta del DIF Martha Erika Alonso, quien fue mi alumna de maestría. Celebro por el bien de Puebla y del país haberme equivocado en mis apreciaciones sobre ellos en este tema. Esta reforma es obvio importante para ese estado, pero hoy tiene un valor circunstancial para el país para poner un alto a la regresión latente con ejemplos replicables de que sí es posible dar pasos a favor de contagiar prácticas democráticas. Lamento, sin embargo, el regateo de los adelantos logrados que han hecho algunos grupos sociales de buena o mala fe que paradójicamente en lugar de facilitar los procesos de transición generan incentivos para no cambiar en perjuicio de todos.
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