Artículo 19

La política en tacones

• La libertad de opinión y de expresión está cada vez más amenazada en México.
• Los casos de Regina Martínez, Yolanda Ordaz de la Cruz, Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga tienen el ingrediente adicional de ser feminicidios que, tengan o no como motivación su trabajo profesional, se suman a las agresiones a mujeres.
• «El periodismo en México vive una aparente modernidad que convive con una terrible barbarie. La campaña electoral en curso exige no sólo una declaración por parte de los candidatos, sino un compromiso con la libertad de expresión manifestado en acciones específicas. Las expresiones de duelo y las promesas de investigación son ya insuficientes», dice Ramírez.

Imagen: "Justicia" por Artículo 19 @ Flickr

Por Pilar Ramírez

La organización Artículo 19, dedicada a defender y promover la libertad de expresión, publicó hace 24 años un estudio realizado en cincuenta países sobre el estado de dicho artículo que, como se sabe, es el que consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en las Naciones Unidas hace 64 años.

El informe de Artículo 19 describía las formas de censura. Señalaba que en “México hay censura a través de los embutes que reciben los periodistas y en Colombia a través del asesinato”. Nuestro país, como nos muestran las noticias recientes, transitó de una censura hasta cierto punto velada o negociada a otra abierta y abrupta que incluye el asesinato. No es que entonces no hubiera muertes para acallar a los periodistas. El caso de Don Manuel Buendía es emblemático, sin embargo, para quienes creíamos que la evolución en el reconocimiento al derecho de expresarse caminaría hacia senderos más anchos hoy podemos constatar que no ha sido así; el periodismo mexicano corre hoy un gran riesgo, debido al reavivamiento de las agresiones en su contra, de encaminarse a la involución, porque el poder considera la tarea periodística un riesgo que debe acallarse.

Durante años la batalla de muchos periodistas se encaminaba a resguardar el derecho al libre flujo de información frente a los poderes públicos, hoy esa batalla se ha complicado porque encara a otros poderes, a veces no identificados. El caso de Regina Martínez, la corresponsal en Veracruz de la revista Proceso, lo hace patente, además de que este caso, como los de Yolanda Ordaz de la Cruz de Notiver, Ana María Marcela Yarce Viveros del semanario Contralínea y Rocío González Trápaga ex reportera de Televisa, sólo por mencionar los casos recientes, tienen el ingrediente adicional de ser feminicidios que, tengan o no como motivación su trabajo profesional, se suman a las agresiones a mujeres.

Con una revisión breve del periodismo podemos identificar fácilmente los cambios, aunque éstos no se hayan producido tan sencillamente. La tenacidad de periodistas para no cejar en el ejercicio del derecho a expresarse en cualquier medio y por la transparencia como elementos fundamentales de una sociedad democrática fueron abriendo espacios a voces y grupos que habían tenido cerrados el foro público de los medios. Se modificaron algunas prácticas de corrupción que ya resultaban insostenibles en una sociedad con múltiples fuentes de información, aunque ciertamente otras prevalecieron. La llegada de internet multiplicó las voces, aunque se han mantenido diferencias importantes entre los medios de circulación nacional y los de consumo local o regional.

El proceso de renovación del periodismo mexicano no ha estado exento de conflictos. En muchos casos incluso, los conflictos han marcado hitos que han permitido avanzar. Del mismo modo que el asesinato de Don Manuel Buendía cimbró al periodismo mexicano y propició la reafirmación de la libertad periodística que él siempre defendió, otros agravios fueron colocando banderas en el proceso de crecimiento del periodismo, donde cada escollo era un reto para vencer la tentación de rendirse.

Casos ha habido miles, entre ellos el asesinato de la reportera Elvira Marcelo Esquivel que murió en diciembre de 1991 de un balazo en la cabeza, aparentemente disparado por policías preventivos, ese mismo año dos vigilantes del periódico La Jornada fueron asesinados a balazos a las puertas del diario, el despido de Guillermo Ochoa por haber retransmitido una entrevista con el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia sin autorización de Jacobo Zabludovski, los varios intentos de censura contra Carmen Aristegui, las amenazas del ex gobernador Cosío Vidaurri contra reporteros que investigaron las explosiones de Guadalajara en 1992, el atentado contra Jesús Blancornelas director del semanario Zeta o la censura contra Paco Huerta y su programa radiofónico ciudadano Voz Pública en 2004.

Estos y muchos otros casos parecerían cosa del pasado, pero lamentablemente vemos que el temor del poder a la transparencia es todavía enorme, que el trabajo de una reportera que recaba datos, que recoge opiniones, que se documenta y reporta puede ser, todavía en estos tiempos aparentemente signados por la modernidad, sumamente amenazante. El periodismo en México vive una aparente modernidad que convive con una terrible barbarie. La campaña electoral en curso exige no sólo una declaración por parte de los candidatos, sino un compromiso con la libertad de expresión manifestado en acciones específicas. Las expresiones de duelo y las promesas de investigación son ya insuficientes.

ramirez.pilar@gmail.com