Derecho de acceso a la información: nuevo impulso

Panóptico

• De cara al inicio del nuevo gobierno es necesario reactivar el debate sobre la materia.
• «Se trata de relanzar la agenda de la transparencia y el derecho de acceso a la información con una visión integral, que permita conectarlo de manera sistémica con la rendición de cuentas y las exigencias sobre un mejor desempeño de las instituciones de la democracia», dice Escobedo.

Por Juan Francisco Escobedo

En mayo del 2001 un grupo de académicos, periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, suscribimos la Declaración de Oaxaca, que sirvió de marco de referencia y punto de inflexión al proceso social inédito que dio origen a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y al conjunto de leyes locales y nuevos diseños institucionales, creados para tutelar el derecho humano de acceso a la información en posesión de los poderes públicos.

El derecho de acceso a la información se convirtió muy rápidamente en el centro de las coincidencias fundamentales más inverosímiles, especialmente si se tiene en cuenta, que buena parte de los medios de comunicación escrita, nunca habían coincidido en impulsar de manera unificada una propuesta de tanta envergadura, como ocurrió en ese año axial para la democratización del país.

Como ayuda de memoria, es preciso recordar que el Seminario Nacional sobre Derecho a la Información y Reforma Democrática que sirvió de crisol para fecundar al Grupo Oaxaca, se propuso y así lo hizo, exigir al gobierno de la alternancia que enviara las respectivas reformas legales al Congreso de la Unión para legislar en cuatro vertientes:

1. Derecho de acceso a la información
2. Ley de Transparencia Publicitaria
3. Reconocimiento legal del secreto profesional del periodista, y
4. Ley que permitiera transformar los medios del gobierno en medios públicos.

Como puede advertirse, se trataba de cuatro temas fundamentales que emergieron de la matriz temática y doctrinaria del Derecho a la Información. De los cuatro temas aludidos, el que rápidamente concitó el consenso de los asistentes al seminario, y más tarde el respaldo de los medios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil que suscribieron la Declaración de Oaxaca, gracias al fino trabajo de cabildeo de Luis Javier Solana y Ernesto Villanueva, estaba relacionado directamente con la exigencia de crear una ley de acceso a la información pública.

El Grupo Oaxaca dejó para mejor coyuntura los otros tres temas y focalizó sus planteamientos en torno a los requisitos mínimos que debería tener la ley de acceso a la información pública para considerarla una adecuada, razonable y garantista ley en la materia. Se trataba de forjar la unidad en lo fundamental sobre un consenso sólidamente articulado, que combinado con los argumentos jurídicos pertinentes y el conocimiento experto indispensable, permitiera propiciar un debate nacional intenso, para posicionar en la agenda pública la temática del derecho de acceso a la información.

El Grupo Oaxaca consiguió fijar el tema en la agenda pública, y con ello se despertó el interés de los actores políticos. Pero ante las omisiones y equívocos del gobierno federal encabezado por Vicente Fox, el grupo decidió ponerse manos a la obra para redactar un proyecto de ley. Una vez concluido el proyecto, el grupo pasó a la ofensiva y empezó a desplegar un intensivo cabildeo parlamentario para sembrar el proyecto en la agenda legislativa.

Con el apoyo de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados con excepción del PAN, el proyecto del Grupo Oaxaca dejó de ser una iniciativa ciudadana para convertirse en una iniciativa de ley. El camino más abrupto se había recorrido, pero no sin contratiempos. La ley se aprobó en la Cámara de Diputados el 24 de mayo de 2001, y de inmediato pasó a la Cámara de Senadores, que la aprobó el 30 de mayo de ese año.

De entonces a la fecha ha transcurrido más de una década. El impulso del Grupo Oaxaca que habría de convertirse en la clave de bóveda para crear la ley federal de acceso a la información es ya un hecho histórico. El país ya no delibera sobre la pertinencia de crear una ley en la materia, como apenas y con tibieza se está discutiendo en España. El foco de interés se localiza ahora en la necesidad de impulsar reformas de segunda generación, que permitan ahondar en el proceso de apertura y transparencia de los poderes públicos, bloquear las coartadas que han propiciado simulación, establecer efectivas sanciones a quienes obliteran la apertura de los poderes públicos y del sistema democrático.

Las reformas y avances acumulados en el ejercicio y tutela del derecho a la información en los últimos 10 años son importantes, pero aún insuficientes como para sostener que el proceso de apertura ha entrado en una senda irreversible. Las reformas de hace 10 años rompieron las resistencias históricas del régimen político, que con bandazos y manipulaciones, postergó sin justificación alguna, la creación de la ley reglamentaria que ha hecho posible la tutela del conocido párrafo que en diciembre de 1977 se añadió al artículo 6° constitucional: “El derecho a la información será garantizado por el estado”.

Con la creación de la ley federal, con la reforma al artículo 6° constitucional de 2006, y con la expedición de las leyes locales, se ha regulado un segmento temático del derecho a la información, considerado en los términos de lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Pero de cara al inicio del nuevo gobierno y al desarrollo de una nueva agenda de reformas legales, es necesario reactivar el debate sobre la materia, con el objeto de crear las condiciones necesarias para realizar las reformas de segunda generación que permitan proyectar luz sobre las zonas grises que quedaron sin regular, así como para reencauzar el impulso de la apertura de los poderes públicos, que ha sido sesgado y bloqueado por las resistencias de los funcionarios atrapados en la cultura patrimonialista y criptocrática que aún prevale en nodos muy importantes de las estructuras del poder público.

Se trata de relanzar la agenda de la transparencia y el derecho de acceso a la información con una visión integral, que permita conectarlo de manera sistémica con la rendición de cuentas y las exigencias sobre un mejor desempeño de las instituciones de la democracia. Esta agenda alude solo a un segmento temático del derecho a la información, que la doctrina denomina como derecho de acceso a la información; y que no agota por lo tanto, los temas relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, ni con las estructuras y funcionamiento de los medios de comunicación. Que por el momento no se tratan en esta colaboración.