Valores para la calidad democrática

• Comunicación y democracia
• Al hablar de la calidad de la democracia, desde la perspectiva del derecho de la información, surge la necesidad de considerar la creciente participación de los medios masivos y de la sustancial transformación que su quehacer ha causado en la configuración del espacio público contemporáneo.

Fotografía de UN Climate Talks @ Flickr

Por Raúl  Armando  Canseco  Rojano

Publicado originalmente en RMC 132

Las consecuencias de su intervención pueden observarse en el impacto que han tenido en el desarrollo de los procesos políticos, particularmente los que ocurren con motivo de los procesos electorales, así como en los cambios que de manera regular se realizan en las legislaciones que regulan sus actividades. Sin duda, los medios de comunicación han impactado la forma como se ha desarrollado la democracia en nuestro país. Pero sobre todo puede observarse su intervención en el creciente debate político antes, durante y una vez concluido el reciente proceso electoral federal.

Para mejorar la calidad de la democracia es necesario estudiar algunos de los aspectos fundamentales implícitos en este fenómeno, tales como la intervención de los medios y la modificación de las estrategias comunicacionales en las campañas políticas; la incidencia de la cobertura  mediática en la definición de las preferencias y el voto electoral; la irrupción de las herramientas de la mercadotecnia política  –publicidad televisiva y encuestas–  y la utilización intensiva de las campañas electorales, entre otros. De la misma forma, desde el campo de la política comparada, se han realizado acercamientos, aunque todavía incipientes, sobre el marco regulatorio que las legislaciones electorales establecen a propósito de las campañas políticas.

La calidad de la democracia se ha convertido en uno de los problemas que ha captado la atención y el interés de diversas investigaciones en torno a los sistemas políticos. En tal sentido destaca la relación entre los aspectos de la mediatización de las campañas políticas, su regulación en  las legislaciones electorales y sus efectos en la calidad de la democracia.

En particular, los estudios sobre la mediatización de las campañas políticas consideran que los procesos electorales constituyen uno de los momentos más importantes para observar cómo funcionan las sociedades democráticas, pues es durante esa etapa cuando se conjuntan en un mismo espacio los partidos políticos, mismos que muestran sus propuestas en el intento de ganarse al electorado y llegar al poder político. Toda la sociedad se ve inundada por la promoción partidista y en muchas ocasiones participa de manera activa en el proceso, ya sea señalando sus preferencias electorales o emitiendo sus opiniones de manera franca y abierta respecto de las propuestas emitidas por las fuerzas políticas.

Un factor importante en esta dinámica sociopolítica lo constituyen los medios de comunicación masiva no sólo al servir de vehículos para el pronunciamiento de los partidos en su intento por ganar la preferencia del electorado, sino también  al funcionar como las ventanas a través de las cuales la sociedad demuestra sus opiniones sobre las propuestas políticas.   Como consecuencia de ello, se ha observado una inevitable y creciente mediatización en el desarrollo de las contiendas electorales. Una prueba de ese incremento de la mercadotecnia política en el proceso electoral de 2006, fue la libre spotización, sujeta al mejor postor, que tras ser considerada una condicionante de los resultados electorales, dio pauta a la reforma electoral de 2007.

En el reciente proceso electoral federal de 2012, tales reformas se pusieron a prueba. A reserva de un análisis más profundo, podemos observar que, por una parte, las campañas se caracterizaron por un abuso en el número de spots  proselitistas, pues sumaron 17 millones repartidos entre dos mil 300 estaciones de radio y televisión, en lapsos diarios de 18 horas, con un promedio de 96 spots al día por estación difusora. Esta cantidad no significó una mejora en la información proporcionada por los partidos políticos; más bien evidenció el empobrecimiento del mensaje electoral que no necesariamente se tradujo en mayor identificación de los ciudadanos con alguna de las opciones políticas o en mayor información para inducir la preferencia del votante.

Por otra parte, y ante las restricciones para adquirir tiempos en los medios, los partidos políticos buscaron mayor exposición en los segmentos informativos aprovechando todos los recursos a su alcance: aparición en noticiarios, gacetillas, participación en programas de entretenimiento, entrevistas casuales, infomerciales, etcétera. El propósito era darle la vuelta a la prohibición de comprar tiempo en los medios masivos y a la disposición de que la propaganda debería tener un carácter institucional y no incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que pudieran implicar promoción personalizada de cualquier servidor público. Con ello se dio paso a una simulación en la difusión de propaganda. El aumento en los gastos de Comunicación social de los gobiernos del DF y el Estado de México parecen moverse en ese sentido. Aun cuando todavía estaría por comprobarse plenamente que las televisoras, principalmente, pudiesen haber recibido una contraprestación por la mayor exposición de determinados candidatos, la posibilidad de que exista, termina con la equidad mediática pretendida con la reforma de 2007.

Dimensiones del análisis

Para los votantes, la spotización representó un hartazgo debido a la sobreexposición en medios de propaganda electoral del IFE y de los partidos.

Cabría preguntarse si con las reformas actuales y las que vengan, ¿mejora la calidad  comunicacional de los procesos electorales? ¿Se contribuye a la profundidad del debate político? ¿Se proporciona al elector información útil y necesaria para la definición de su voto?  La respuesta  a estas interrogantes darán sentido a la búsqueda de calidad en la democracia.

Responder tales preguntas obligan a considerar varias dimensiones. Para que una sociedad se pueda considerar democrática, es necesario que exista sufragio universal; elecciones libres, competitivas, recurrentes, correctas; pluralidad de opciones partidistas; diferentes y alternativas  fuentes de información. Bobbio agrega la  existencia  de “un marco establecido de  reglas de procedimiento” y la garantía  del derecho de la libertad de opinión. Dahl, por su parte, añade como elemento complementario a la libertad de expresión y la disponibilidad de información  alternativa.

Considerar la importancia de la libertad de opinión y la disponibilidad de acceso a información alterna, implica necesariamente a los procesos de comunicación política que están ligados a los medios masivos de comunicación.

En concordancia con estos autores, la decisión electoral y la participación establecen su condición democrática sobre la base de la existencia de la libertad de expresión y el acceso irrestricto a fuentes alternativas de información. Podemos afirmar que la calidad de la democracia depende directamente de la medida en que los ciudadanos alcancen el mayor  y más igualitario nivel de información posible. Por tanto, el nivel de acceso a los recursos políticos cognitivos garantizaría no solamente la posibilidad de que el electorado pueda tomar decisiones políticas informadas, sino que constituye un indicador de la igualdad política,  entendida ésta  como una de las dimensiones sustantivas de la calidad democrática.

Los científicos sociales tenemos por delante la tarea de emprender líneas de investigación en torno a la cobertura mediática de los actores políticos en los procesos electorales, la intervención de la publicidad política, las encuestas en las campañas políticas y, sobre todo, el marco regulatorio de las campañas mediáticas en las legislaciones electorales. Todo ello para poder proponer indicadores reales y concretos sobre cómo establecer el parámetro entre los medios de comunicación y la calidad de la democracia. Estos indicadores serán válidos para que, desde el derecho de la información, se puedan establecer pautas para un nuevo marco jurídico efectivo encaminado a regular los medios y su participación en los procesos políticos.

Hay consenso sobre la necesidad de generar una nueva y efectiva ley para los medios de comunicación. La discusión ahora será acerca de qué tipo de marco jurídico es el que deberá construirse para garantizar la existencia de contrapesos y la diversidad de la expresión política. Una democracia no puede funcionar y estar informada sólo por unos cuantos. Es responsabilidad del Estado generar las condiciones para que exista pluralidad de voces y diversidad de empresas comunicativas.

En una nueva ley en la materia deben contemplarse límites a la concentración de los medios; reglas claras para su operación  y para su intervención en los procesos políticos, especialmente en las campañas electorales. Asimismo debería considerar la responsabilidad de los medios de Estado, en su afán de transparencia y democratización. Todo lo anterior conlleva una búsqueda por institucionalizar los procesos de vigilancia y seguimiento de la ley en el mismo terreno, los cuales deben ser transparentes y abiertos al escrutinio público.

Concluimos con una idea central de la democracia expresada por Bobbio: El Estado democrático es el imperio de la ley, ya que ésta regula las libertades y los derechos y equilibra las desigualdades. En el sistema de los medios, sin embargo, es evidente que existe una gran desigualdad. Esta realidad nos lleva hacia la propuesta necesaria de solución, mediante la apertura del espectro radioeléctrico. Abrir el abanico de opciones ofrecerá la tan necesaria pluralidad que debe brindarse a la sociedad.