Gobierno y partidos, obligados a ir de los dichos a los hechos: AMEDI
- Propuestas para medios y telecomunicaciones en el Pacto por México
Fotografía: «Pacto por México» – Tomada del sitio web de la Presidencia de México
Comunicado de prensa:
El Pacto por México, que suscriben el presidente de la República y los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, constituye un esfuerzo de negociación y decisión políticas a favor de una agenda de reformas necesarias, posibles y del mayor interés público. Más allá de los puntos de vista que podamos tener acerca del nuevo gobierno y de los partidos, se trata de un prontuario de compromisos que amerita escrutinio y exigencia por parte de la sociedad.
A esos compromisos les faltan plazos, itinerario y precisiones, pues en el cómo llevarlos a cabo está el centro de que sean posibles o no. En el campo del derecho a la información, el Pacto por México establece medidas que consideramos importantes y que es preciso nutrir de puntualizaciones.
Los compromisos para reordenar la legislación de las telecomunicaciones en una sola ley, así como para promover la competencia en radio, televisión, telefonía e Internet de manera simultánea, reconocen la necesidad de contar con un cuerpo jurídico integral. Desde hace casi tres años la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C., (AMEDI), en coincidencia con legisladores de varios partidos, incluidos algunos de los firmantes del Pacto, participó en el impulso a una Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Las tareas legislativas que resulten del Pacto podrán apoyarse en propuestas como esa.
Fortalecer la competencia significa acotar a los monopolios. El fortalecimiento que se anuncia para la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) tendría que traducirse en atribuciones suficientes, pero también en una auténtica autonomía respecto del gobierno y de las empresas reguladas por esos organismos. La creación de tribunales especializados podría solucionar la perpetuación de litigios, promovidos especialmente por empresas, cuya falta de solución perjudica antes que nada a la sociedad.
La creación de nuevas cadenas de televisión abierta solamente significará un contrapeso eficaz al acaparamiento de frecuencias que hoy ejercen Televisa y Televisión Azteca, si las autoridades en materia de telecomunicaciones establecen reglas para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales concesionarios. Las reglas de asignación de nuevas frecuencias de televisión deberán promover la competencia no sólo en términos económicos sino también para mejorar la calidad de la programación y el fortalecimiento de la producción independiente. Es necesario que una de las nuevas cadenas nacionales sea destinada para un sistema nacional de televisión pública, manejada por un organismo con autonomía respecto del gobierno.
La obligación para que los sistemas de televisión de paga difundan las señales de TV abierta, y para que las televisoras que transmiten señales abiertas así lo permitan, romperá el monopolio que Televisa y TV Azteca han mantenido en perjuicio de sistemas de televisión codificada distintos a los que son respaldados por esos consorcios. El Pacto en uno de sus apartados se refiere únicamente a “sistemas de cable”, cuando debiera aludir a todo servicio de televisión restringida.
El derecho a conducir por cable o satélite las señales de televisión que ya se difunden de manera abierta no debiera implicar el pago de una contraprestación. Se trata de señales, antes que nada, de acceso universal y gratuito, determinadas así en la ley.
El establecimiento de límites a la concentración en los mercados de la comunicación podrá partir de numerosas experiencias internacionales, que señalan barreras a la existencia de muchos medios en pocas manos.
La promoción de la banda ancha, su reconocimiento constitucional, la creación de una red estatal de esa índole y de una agencia responsable de la agenda digital, abren la posibilidad de que por fin México tenga una política de Estado en ese terreno. La participación de la sociedad es necesaria para que esa política no esté orientada por el beneficio de las empresas, sino por el interés público. Será preciso que se establezca de manera muy puntual a qué metas se aspira en el desarrollo de sus prioridades digitales. Por “banda ancha”, por ejemplo, hay quienes entienden la magra y defectuosa capacidad y velocidad que suelen vender en México las empresas telefónicas que acaparan esos servicios.
La transparencia de la información pública se fortalecerá si se cumple el propósito de conferir autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). La designación de sus comisionados debe estar ceñida a reglas que eviten cuotas partidarias. Las relaciones del IFAI con los organismos de transparencia estatales requieren de un diseño cuidadoso, anteponiendo en todo caso el rango superior del IFAI.
Un organismo ciudadano para supervisar la publicidad oficial, en todos los niveles y con límites al gasto de cada entidad, contribuiría a resolver la promoción de gobiernos y funcionarios con cargo a los recursos públicos. La medida más adecuada sería la cancelación de cualquier gasto publicitario por parte de las instituciones del Estado mexicano, para contar con otros mecanismos de apoyo a los medios a través de fondos concursables. Mientras eso sucede, el organismo que se propone deberá tener reglas y facultades muy claras para no encubrir el ejercicio discrecional de dinero público en medios de comunicación, beneficiando a los mismos de siempre.
El compromiso a fin de que los tiempos oficiales que los partidos utilizan en campañas electorales sean utilizados “para impulsar una cultura del debate público” implica la sustitución de abundantes spots por programas abiertos a la deliberación. Esa medida implica, naturalmente, la ratificación del modelo de comunicación política gracias al cual la propaganda electoral se difunde en tiempos del Estado en radio y televisión, y prohibe la mercantilización de espacios para ese fin.
En materia de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, la creación de otra instancia adicional es innecesaria; las organizaciones de la sociedad civil han hecho un esfuerzo importante para que se cuente con marcos legales y con un mecanismo para tal efecto. Lo que se requiere es que funcionen de manera eficaz por parte de las autoridades correspondientes, sin más dilación.
En el Pacto por México echamos de menos dos temas fundamentales: los medios de radiodifusión públicos y los medios comunitarios. La radio y la televisión públicas son opciones que la sociedad mexicana reconoce ya como distintas a los medios comerciales y requieren de pleno sostén financiero, así como respeto al trabajo que desarrollan. Es preciso que esos medios dejen de estar supeditados a las voluntades de los gobernadores en turno o del gobierno federal.
Los medios comunitarios ameritan reconocimiento, respaldo y garantías. La radiodifusión comunitaria es uno de los elementos más importantes para revitalizar y cohesionar a la sociedad en sus niveles más básicos. Su reconocimiento es parte del pluralismo necesario para el país.
El Pacto por México recupera propuestas que distintos organismos de la sociedad han presentado, en diversos campos, durante los últimos años y que, por lo tanto, están respaldadas por esa sociedad que durante décadas las ha exigido. En el caso del derecho a la información la agenda de las reformas que hacen falta no se agota allí; pero el documento que firmaron los tres principales partidos políticos y el presidente de la República contiene medidas muy relevantes. Pondremos nuestro mayor empeño para vigilar y exigir con el propósito de que el Pacto, especialmente en temas como los que hemos señalado, transite la distancia que hay del dicho, al hecho.
México, D. F. 3 de diciembre de 2012.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Aleida Calleja
Presidenta
Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
Por el Comité Directivo:
Alma Rosa Alva de la Selva, Comité de Investigación; Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; José Luis Domínguez, presidente del Capítulo Yucatán; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Vicente Hernández Delgado, presidente del Capítulo Sinaloa; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; Mónica Lozano, Comité de Finanzas; Manuel Ortiz Marín, presidente del Capítulo Baja California; Agustín Ramírez Ramírez, Comité Jurídico; Mariana Torres, Comité de Difusión; Laura Salas, Comité de Relaciones Internacionales; Beatriz Solís, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora; Lilia Vélez Iglesias, presidenta del Capítulo Puebla.
Por el Consejo Consultivo:
Sergio Aguayo, Dolores Béistegui, Javier Corral Jurado, Felipe Cazals, Javier Esteinou Madrid, Néstor García Canclini, María Teresa Gómez Mont, Jorge Fernando Negrete, Carlos Padilla, Gustavo Reyes Terán, Cristina Romo, Gabriel Sosa Plata, Patricia Ortega, José Agustín Pineda Ventura, Raúl Trejo Delarbre, Ernesto Velázquez Briseño.
