Pacto por México: principios necesarios para el desarrollo de las telecomunicaciones – AMEDI
- Reformas y principios necesarios para el desarrollo democrático de las telecomunicaciones y el Pacto por México
Fotografía: «Acompañando al Presidente Enrique Peña en la firma del «Pacto por México»» por Eruviel Ávila @ Flickr
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Durante su primer mensaje a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a generar mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones. Además, las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso (PRI, PAN y PRD) firmaron el Pacto por México que, entre otros compromisos, señala el reordenamiento del régimen jurídico de las telecomunicaciones en una sola ley.
Desde hace años la AMEDI ha señalado la necesidad de reformar en su integridad las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones y otras legislaciones secundarias para que contemplen los principios de pluralidad, diversidad y competencia en un entorno de servicios convergentes, de tal manera que se alcance la democratización del sistema de medios de comunicación y se creen los debidos contrapesos a los llamados “poderes fácticos”.
Las diversas iniciativas de ley que ha propuesto, impulsado o apoyado la AMEDI han encontrado reiterados obstáculos por parte de las televisoras privadas, personeros de ellas instalados en el Congreso, así como por diversos gobiernos doblegados al poder mediático y alejados del interés público en materia de políticas de comunicación.
Las reformas propuestas en el Pacto por México, así como los compromisos que con ese documento han adquirido tanto el Ejecutivo como los tres principales partidos políticos, abren la posibilidad de que se cumplan algunas de las reformas que el país necesita. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, estamos ante una nueva oportunidad para modernizar el marco jurídico y crear un nuevo contexto para la pluralidad en los medios de comunicación.
Sin embargo, para que los compromisos asumidos en el Pacto por México sean reales y no se repitan las experiencias previas en las cuales sólo ha permanecido el interés privado por encima del bien común, la reforma integral a la radiodifusión y las telecomunicaciones debe contener un mínimo de principios y criterios que garanticen la salvaguarda de los derechos humanos, en particular el derecho a la información y la libertad de expresión.
No basta con asegurar la competencia, también es indispensable generar las condiciones necesarias para el pluralismo y la diversidad, pues si hay un gran pendiente en la transición democrática de este país es precisamente el de la reforma estructural del concentrado sistema de medios. El Pacto por México obliga a sus firmantes a cumplir los compromisos adquiridos; de lo contrario, se evidenciará una vez más el miedo y sometimiento de la “clase política” al poder fáctico de la televisión y las telecomunicaciones.
A continuación se enumeran los principios clave que debe contener la reforma de medios. Consideramos que constituyen la base que debe ser tomada en cuenta por el Consejo Rector del Pacto por México y el Congreso de la Unión al momento de dictaminar las iniciativas y reformas constitucionales:
1. Una perspectiva transversal de derechos humanos que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos internacionales.
2. Una ley convergente visionaria que integre y regule todos los servicios, tecnologías y plataformas de distribución de servicios de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la banda ancha.
3. Creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales con autonomía constitucional, para prevenir riesgos de captura regulatoria y lograr su gestión transparente e independiente de asuntos e instancias alejadas del interés público. Dicho Instituto tendrá una integración multidisciplinaria que evite los conflictos de interés, con amplias atribuciones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, con un Consejo Consultivo vinculante y con comités técnicos que tomen en cuenta la opinión de especialistas.
4. Definir las telecomunicaciones como servicio público, incluidas las señales radiodifundidas y la banda ancha. El Estado deberá proteger, vigilar, fomentar y asegurar su máxima cobertura entre la población, la eficacia en su prestación y su utilidad social, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público, de acuerdo a lo señalado en el artículo 28 de la Constitución. Además deberá legislarse para garantizar la neutralidad de la red.
5. Crear una Comisión Nacional de Banda Ancha que diseñe políticas públicas y coordine los trabajos de una Agenda Digital que haga valer el servicio público de banda ancha con calidad (velocidad) y conduzca al país hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Tanto la Comisión como la Agenda Digital no sólo deben procurar el acceso a las tecnologías y los servicios, sino fomentar una auténtica alfabetización y cultura digitales que permitan a los usuarios mejores y más productivos usos y apropiaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incrementar el conocimiento y niveles educativos de la población, así como al Estado proveer mejores servicios públicos.
6. Transparencia y eficiencia en la administración y explotación del espectro radioeléctrico, con la obligación de que la autoridad publique un Programa Anual con la disponibilidad de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa, los servicios que pueden prestarse, usos y coberturas geográficas.
7. Homologar concesiones y crear licencias únicas para la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones. Sólo existirá la figura de concesión para tres tipos de uso: comercial con fines de lucho, público-estatal y social y/o comunitario sin fines de lucro. Debe desaparecer la figura de permiso que genera tratos discriminatorios.
8. Establecer reglas para que la digitalización de la televisión signifique más canales, a través de la multiprogramación, para más operadores y no sólo para los actuales concesionarios. La digitalización de la radiodifusión es una gran oportunidad para romper con su actual concentración.
9. Garantizar el servicio público universal y gratuito de radiodifusión independientemente de su plataforma de transmisión. Las señales radiodifundidas deberán distribuirse de forma libre y gratuita a través de todos los sistemas de televisión restringida. Debe respetarse plenamente el derecho de la sociedad a recibir en los sistemas de televisión codificada las señales abiertas de radiodifusión (must carry y must offer).
10. Reconocimiento legal a los medios comunitarios y sociales a través de la figura de la concesión de uso social sin fines de lucro. Lo anterior implica incorporar un procedimiento simplificado y expedito de otorgamiento de frecuencias para grupos sociales y comunidades, para fomentar la diversidad. Para 2018 debiera lograrse que al menos cada municipio del país cuente con una emisora comunitaria. Con ese propósito deberá establecerse una reserva de espectro de al menos 30 por ciento.
11. Fomento y reconocimiento a los medios públicos de Estado a través de su definición, funciones y responsabilidades específicas para prestar el servicio público de radiodifusión. La legislación debe asegurar su autonomía de gestión, subsistencia financiera, independencia editorial y la conformación de órganos de gobierno y consultivos colegiados que garanticen la participación social plural e incluyente. Los consejos consultivos designarán al defensor de la audiencia y publicar los códigos de ética correspondientes. Estas figuras de rendición de cuentas y vinculación con la sociedad también son recomendables para los medios privados. Es necesario que las frecuencias disponibles para televisión abierta también se destinen para un sistema nacional de televisión pública, manejado por un organismo con autonomía respecto del gobierno.
12. Derecho de obtener ingresos adicionales, patrocinios y donativos para la operación y el eficiente cumplimiento de la función social tanto de medios públicos como comunitarios y sociales.
13. Reglas de dominancia en todos los servicios y mercados para evitar procesos de concentración que atenten contra la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad y el bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones como telefonía fija y móvil, televisión restringida, banda ancha y radiodifusión. Deben establecerse regulaciones específicas que impidan la comisión de conductas anticompetitivas y colusivas, así como límites a la propiedad cruzada de medios cuando exista un operador dominante en una región o localidad. En caso necesario las empresas dominantes deberán llevar a cabo procesos de desinversión.
14. Inversión extranjera directa al cien por ciento en telecomunicaciones y radiodifusión.
15. Cuotas de pantalla para la transmisión de contenidos nacionales de calidad, con el fin de promover temáticas, valores y principios de la identidad nacional y estimular la participación de productores y contenidos locales.
16. Publicidad equilibrada y respeto a contenidos audiovisuales. La autoridad en materia de radiodifusión debe vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la ley señale para la transmisión de espacios comerciales. Se evitará la publicidad engañosa y/o subrepticia. Se debe respetar la integridad de películas, eventos deportivos, conciertos y otros espectáculos, con reglas para impedir que los anuncios e inserciones publicitarias alteren esos contenidos.
17. Fomento a la producción nacional independiente; al menos 20 por ciento de la programación de los medios de radiodifusión comerciales deberá ser contratada a productores independientes con la finalidad de estimular la pluralidad de puntos de vista y la diversidad de contenidos. Será obligación del Estado crear y mantener un fondo de apoyo integrado a través de diversas fuentes de financiamiento para el estímulo a la producción nacional independiente.
18. Regulación de la programación y publicidad destinada al público infantil, para que procure su sano desenvolvimiento físico y mental, no promueva malos hábitos alimenticios ni conductas consumistas, ni fomente contenidos sexistas, discriminatorios o violentos. El Estado tiene la obligación de implementar una política pública dirigida a incrementar la calidad de la programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes.
1 9. Sanciones que disuadan a los radiodifusores y operadores de telecomunicaciones de cometer o reincidir en prácticas monopólicas, anticompetitivas o que atenten contra los derechos de las audiencias y los usuarios. Los montos recaudados por concepto de multas deberán etiquetarse y destinarse a fondos que promuevan el acceso universal a las telecomunicaciones, el apoyo a los medios públicos y el estímulo a la producción nacional independiente.
20. Derechos de los periodistas y los profesionales de la información que respeten su libertad de conciencia y puedan negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios del código de ética, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio. Los medios deben estar obligados a respetar cabalmente los derechos laborales de sus trabajadores.
21. Salvaguarda del derecho de réplica para que las personas afectadas en su honor, imagen o integridad moral por datos o información falsa, errónea, calumniosa o difamatoria, pueda solicitar la corrección a través de procedimientos eficientes y una institución encargada de velar por el cabal cumplimiento del derecho de réplica.
Una reforma integral y convergente de la radiodifusión y las telecomunicaciones que no contemple al menos los principios básicos enumerados, estaría lejos de contribuir a la función social y la democratización del sistema de medios de comunicación en México. Las reformas parciales soslayan el hecho de que el sistema de comunicaciones es convergente y se haya completamente integrado. Cualquier acción u omisión impacta en el resto de las dinámicas de comunicación y el atraso que presenta México en la materia no admite mayores demoras. Consideramos que la salvaguarda de los derechos humanos debiera atravesar de cabo a rabo la iniciativa de ley, en particular el derecho a la información y la libertad de expresión. Las autoridades y los legisladores deben sacudirse la presión de los poderes fácticos mediáticos y comprender que ninguna reforma del Estado será completa ni viable sin la reforma de medios.
México, D. F., 14 de diciembre de 2012.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Aleida Calleja
Presidenta
Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
