Libertad de Expresión en México
Veinticinco años, 25 reflexiones…
Por: Perla Gómez Gallardo
En el marco de la conmemoración de los primero 25 años de la Revista Mexicana de Comunicación, cabe hacer diversas reflexiones en torno a lo que implica la Libertad de Expresión en nuestro país. Sin un orden de prelación, va el siguiente mosaico.
1. Sobre la regulación y las medidas preventivas: El anacronismo legislativo permite –en la concurrencia de competencias– que se genere una torre de babel, en donde cuando se quiere proteger el ejercicio responsable de la libertad de expresión no hay autoridades, competencia ni presupuesto. En cambio, cuando se busca agredir institucionalmente a un medio o un periodista está la vía penal, la civil y la administrativa. A ello se suman los factores de violencia y corrupción, los cuales quedan en la impunidad para constituirse como el peor agravio a quienes las sufren. En el estado de alerta que vive el periodismo –del que ha dado cuenta el pionero Recuento de Daños a las libertades de expresión e información a través de la Revista Mexicana de Comunicación y diversos organismos civiles–, debemos fomentar la prevención y no sólo el castigo. A nadie le sirven flores sobre la tumba cuando lo valioso es poder vivir para cumplir el deber y el ejercicio de informar.
2. Sobre el acoso judicial: La ambigüedad legislativa permite que se usen las denuncias y las demandas como una forma certera de inhibir de manera sutil el ejercicio responsable y, sobre todo, el escrutinio de casos de interés público. Los últimos 12 años se caracterizan por el incremento de estas prácticas que se suman a la negligencia e ignorancia –por no decir corrupción– de un sistema judicial que da muestras claras de esa falta de altura de miras en la materia. Por ejemplo: el caso de La sosa nostra con el periodista Alfredo Rivera Flores que en agosto de 2013 cumple nueve años de estar sujeto a un juicio que a la fecha no termina.
3. Sobre el abuso en su ejercicio: Así como debemos proteger su ejercicio responsable, se debe repudiar y exigir se asuman las consecuencias de la ligereza en el comentario, la calumnia como práctica común y el uso del rumor como fuente válida que afecta la dignidad, el honor, la vida privada y la propia imagen de las personas. En toda sociedad democrática no hay derechos absolutos ni intocables. Sin que se convierta en un acoso, no se debe tolerar el abuso que compromete el ejercicio de esta libertad y la tentación de limitarla con instrumentos legales. La expresión “perro no come perro” no se aplica al periodismo en donde todos saben “quién es quien” y caen por su propio peso (para bien o para mal).
4. Sobre la importancia de la autorregulación: Con la máxima: “donde la ley no te limite, que te limite la ética”, las mejores prácticas que se realizan por su valor dignifican el ejercicio de la libertad de expresión y protegen al gremio. Un código de ética carece de sentido si no se asume su cumplimiento con la congruencia a la que obliga el respeto a una profesión cuyo fin central es servir como intermediario entre la información y la sociedad.
5. Sobre la anacrónica ley de imprenta: Que a la fecha sigue vigente debido a criterios de la Suprema Corte y que permite se apliquen definiciones de 1917 referentes a la moral y las buenas costumbres. El riesgo es latente como base de los juicios de daño moral sin que a la fecha exista la jurisprudencia que permita armonizar la concurrencia de derechos.
6. Sobre la responsabilidad civil: Existen 31 Códigos Civiles (excepto en el Distrito Federal) que siguen privilegiando el lucro como forma de indemnizar el posible daño moral que se genere. El honor y la dignidad no pueden cuantificarse en dinero. El que sufre el daño se ve en la necesidad de asignarle un precio que se usa como una forma de lucro y victimiza al periodista que pudiera ser válidamente responsable. Por otra parte, en los casos de demandas sin sustento se propicia el acoso judicial y los juicios interminables que inhiben el ejercicio de la libertad de expresión. Todo ello ocurre por la falta de leyes que privilegien el castigo de la pérdida de credibilidad y disminuyan los tiempos procesales que favorezcan la solución de esos litigios.
7. Sobre la responsabilidad administrativa: En tal sentido se consideran aspectos como los controles de legalidad que establece la Secretaria de Gobernación y que a la fecha resultan anacrónicos. Las clausuras, las revisiones de cumplimiento de aspectos de protección civil, el pago de las cuotas de seguridad social, etcétera. El incumplimiento de cualquiera de esos aspectos pueden llevar a la clausura y la quiebra de los medios (sin mencionar la omisión del registro de los derechos de autor y de marca) que devienen en la censura y las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión.
8. Sobre la responsabilidad penal: Con la existencia de más de la mitad del país de leyes locales que penalizan el ejercicio de la libertad de expresión en donde, con los delitos contra el honor (difamación, calumnia, injuria), se persigue de manera desproporcionada y contraria a principios internacionales. Más preocupantes aún son las tentaciones no sólo de no derogarlos sino de aumentar las penas como forma indirecta de propiciar la censura.
9. Sobre la publicidad oficial: La asignación publicitaria sigue manejándose discrecionalmente como premio o castigo por parte de los gobiernos de todos los niveles. La falta de transparencia y equidad publicitaria continúan generando otra de las peores prácticas del periodismo: vender la pluma al mejor postor, aceptar las dádivas (chayotes) o beneficios que se dan sin regulación a través de leyes de fomento.
10. Sobre las agresiones directas: Que van desde las más graves como el homicidio y la desaparición forzada hasta las lesiones, las cuales en la falta de agotamiento de las líneas de investigación sobre libertad de expresión (qué indagaba, qué iba a publicar y qué intereses estaba afectando el periodista), se diluyen en el delitos que quedan impunes. La impunidad no es menor. El mensaje es claro: mejor no documentar los temas incómodos cuando lo que está de por medio es la integridad o la vida.
11. Sobre las agresiones indirectas: Como el control que hace el gobierno en torno al cumplimiento de las leyes de manera selectiva. El contexto permite identificar ese tipo de ataques a los medios incómodos para los gobiernos, que ahí sí hacen un cumplimiento eficaz de la ley sólo a ellos.
12. Sobre el secreto profesional del periodista: Se trata de una herramienta fundamental en su ejercicio que continúa incipientemente regulado en el país. No sólo hay que proteger al periodista de revelar la fuente, sino además hacerlo extensivo a sus materiales y respaldos. En tal sentido no podemos olvidar que a cada derecho hay una obligación y así como se garantiza el no ser obligado a revelarla, de esa forma también se es responsable si se hace indebidamente.
13. Sobre los periodistas desaparecidos: Que a la fecha siguen sin solución. Se llega a una doble afrenta: en la necesidad de la autocensura como forma de sobrevivencia y la ausencia que lacera a los familiares. Los mensajes de “no están solos” y “sí nos importa” cobran sentido cuando se realizan acciones tendiente a evitar que otros padezcan ese infierno.
14. Sobre los periodistas en el exilio: Que conservan su vida lejos del lugar de la amenaza y viven en un estado de alerta y desolación en un contexto de conveniencia silenciosa. En la medida en que no nos agravie que el castigo para la valentía y congruencia sea la muerte o el exilio, seguiremos padeciendo el país que nos forjamos en la apatía y el silencio.
15. Sobre los familiares de periodistas: Que quedan no sólo en la impunidad y el abandono, sino en la parálisis de trámites y beneficios mínimos a los que debieran acceder y les son negados por no tener un documento idóneo para lograrlo (en el mejor de los casos, el acta de defunción). Todo ello sumado a la afrenta de no tener siquiera una tumba en donde llorar. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, cruenta expresión que describe este fenómeno expansivo en la calidad de vida de cientos de miles de mexicanos.
16. Sobre la reforma en materia telecomunicaciones y radiodifusión: Sigue pendiente la generación de las leyes secundarias de la reforma constitucional. Cuidado con las expresiones ambiguas cuyo sentido puede fomentar restricciones discrecionales por parte de la autoridad.
17. Sobre el derecho a saber: Representa la base esencial que se materializa gracias al ejercicio de la libertad de expresión. La esencia de la información –no hay que olvidarlo– es mejorar la calidad de vida de las personas que acceden a ella.
18. Sobre el periodismo de investigación: Como esencia del periodismo serio que no se queda sólo en el reportaje y permite un escrutinio de la gestión pública. Se enfoca en el seguimiento de los casos, la confrontación de la versión oficial con otras fuentes y la osadía de seguir las pistas que permitan encarecer los costos del abuso y la corrupción.
19. Sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Que en algunos casos dan luz sobre la armonización del ejercicio de derechos y en otros establecen términos como “la media violación de derechos humanos” que desalienta la fijación de criterios encaminados a subsanar deficiencias legislativas. El litigio estratégico es una opción viable para propiciar la fijación de criterios, sin menoscabo de los casos que lamentablemente se acumulan y se diversifican en la creatividad perversa de ataques.
20. Sobre las redes sociales: Ahora son una forma de seguimiento inmediato con la responsabilidad que ello implica. Más que la regulación tentadora de su ejercicio, debemos educar en el valor del uso de las tecnologías partiendo de la ética. En los tiempos recientes se manifiesta una catarsis social en su uso y diversos ejercicios de escrutinio con encarecimiento de costos frente a la corrupción. Hay que darle seguimiento a las tentaciones de regularlo equiparando su uso abusivo con ciber-terrorismo, como delito en los códigos penales. Cuidado con ese tipo de censura.
21. Sobre el uso del Internet: Siendo una vía alterna de difusión informativa, paradójicamente se observa como un “dragón de mil cabezas” que confunde en torno a la veracidad y credibilidad de esa vorágine de información. Hay que tener prudencia en su uso y consulta.
22. Sobre la opinión y la información: Constituyen aspectos que encuentran su límite en el uso de expresiones honestas y la veracidad. Si se vive de la palabra, hay que honrar la palabra. El uso responsable y ético legitima su ejercicio.
Llama la atención la tendencia a castigar el uso de lenguaje discriminatorio como una forma incitación a la violencia o el odio, tema que obliga a un análisis más acucioso y con datos duros.
23. Sobre el ejercicio responsable: Es la mejor forma de dignificar el ejercicio de la libertad de expresión y blindarla de la descalificación frívola y temeraria. Así como la reputación y la buena fama hacen a las personas, la credibilidad, sus fuentes y los datos hace al periodista y al medio: en ambos casos su principal protección es su ejercicio congruente.
24. Sobre los pendientes en la materia: Hay tantos que 25 reflexiones nos quedan cortas y cada una de ellas enfrenta un reto de actualización, socialización, cumplimiento y eficacia no sólo normativa. Cabe mencionar algunos aspectos: la solución y condena en los casos de ataques a la libertad de expresión; la posibilidad de continuar su vida sin la parálisis de trámites para los familiares de periodistas desaparecidos; la importancia de las medidas preventivas; la capacitación y actualización en los temas de alcances y límites de la libertad de expresión; los derechos laborales de los periodistas; la actualización normativa; la socialización de los derechos y obligaciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Todos ellos esperamos seguirlos analizando en las páginas de la Revista Mexicana de Comunicación.
25. Sobre la importancia de la Revista Mexicana de Comunicación: A lo largo de 25 años, la RMC ha sabido conservar una línea editorial congruente, sólida, fundada en principios éticos, inspirada en los grandes estándares que fijaron periodistas como Manuel Buendía y Miguel Ángel Granados Chapa y que con un equipo coordinado con un comprometido, profesional y generoso Omar Raúl Martínez no queda más que decir ¡Enhorabuena! Y gracias, por ser un ejemplo vivo del ejercicio responsable de la libertad de expresión con el que nos comprometemos y valoramos.
La Revista Mexicana de Comunicación es muestra ejemplar del ejercicio de la libertad de expresión que se debe fomentar y proteger. Felices primeros 25 años de dar cuenta de la realidad mexicana con el ojo crítico de la comunicación.