Transparencia, la reforma pendiente

Foto: «Ley de Transparencia», Lourdes Muñoz Santamaria@Flickr.

Por: Samuel Bonilla

Al ITAIPBC por su especial sensibilidad
respecto a la función estratégica de la sociedad
civil organizada para la socialización
y aprovechamiento del DAIP. 

La reforma constitucional en transparencia y sus derivados: la ley general de la materia y las adecuaciones respectivas de las leyes estatales de transparencia constituirán la nueva infraestructura normativa para ejercer este derecho. Es decir, replantearán las rutas, procedimientos, actores, instancias y medios de defensa para ejercer y hacer exigible el derecho de acceso a la información pública (DAIP).

Pero todos los avances y ventajas que pueda implicar la reforma constitucional sólo beneficiarán al pequeño sector de usuarios de este derecho, a menos que se emprenda la otra gran reforma pendiente en este campo, su socialización profunda, aquella que la cultura la genera al andar, al posibilitar el ejercicio y aprovechamiento del DAIP.

Hasta ahora, este derecho ha sido usado por un puñado de miles de personas, de las cuales un grupo aún menor ha podido aprovecharlo. En 2010, de los solicitantes de información a la administración pública federal que informaron su grado académico, el 73.8% informó tener licenciatura o posgrado. Un año después esa cifra subió al 76.6%. En 2012 llegó al 77.8%. La tendencia es evidente.

Queda claro que en México no cualquier persona es usuaria de Internet, ya que para serlo se requiere disponer del equipo, del servicio de Internet y de competencias específicas. En el contexto de solicitantes de información a la administración pública federal, el número de solicitudes en 2003 mediante Internet fue de 22,488 y las solicitudes manuales fueron 1,609. La diferencia entre una y otra modalidad de ejercer este derecho fue de 20,879. Para 2008 esa diferencia aumentó a 99,344. Y en 2012 se incrementó a 122,950.

Si continuamos promoviendo este derecho como lo hemos venido haciendo hasta ahora, no marcaremos diferencia alguna respecto a la acentuada concentración de su ejercicio por parte de un reducido y privilegiado grupo de personas en el país, sino que acentuaremos su uso focalizado en grandes zonas urbanas y por parte de individuos con características por encima de la media nacional. Reformar las estrategias de socialización del DAIP demandaría entre otras acciones:

1. Ampliar y diversificar la base de usuarios de este derecho.

2. Abordar la formación de nuevos usuarios a través de estrategias de formación de agentes            multiplicadores.

3. Diversificar los medios a través de los cuales los gobernados pueden ejercer el DAIP.

4. Acercar servicios de gestoría a quienes por sí mismos no pueden ejercer este derecho.

5. Generar servicios de asesoría profesional multidisciplinaria y gratuita para elevar las posibilidades  de que los usuarios puedan no sólo ejercer el DAIP sino alcanzar su objetivo último, aprovecharlo.

En el concepto de socialización del DAIP se pueden incluir un sinnúmero de actividades, pero habría que medir los resultados concretos de cada una de ellas para saber de qué forma y en qué medida están contribuyendo al conocimiento, uso y aprovechamiento de este derecho, y a qué sector de la población están beneficiando.

Muchas de esas actividades se quedan en la etapa de la difusión del conocimiento de este derecho, que no es poca cosa, ¿pero por qué no ir más allá?, y transcender las audiencias habituales: servidores públicos, estudiantes, periodistas, académicos, empresarios y, en algunos casos, OSCs. Pensemos por ejemplo en integrantes de juntas de colonos, en obreros, sindicatos, campesinos, indígenas, personas con discapacidad, desempleados, jubilados, personas de la tercera edad, personas en pobreza.

Más aún, con la escasez de recursos con que opera la mayoría de los órganos garantes de este derecho, resulta más importante valorar el costo–beneficio de sus acciones de socialización, dando prioridad a aquéllas que generen resultados efectivos, duraderos y expansivos que permitan incrementar y diversificar la base de usuarios del DAIP. Por ejemplo, formando multiplicadores de este derecho, como pueden ser bibliotecarios, trabajadores sociales, maestros, activistas, líderes sociales, entre otros más.

Hay que llevar este derecho a la calle, a la plaza, al mercado, al campo, a los barrios, a las comunidades, a las vecindades, a los pueblos. Pero con una metodología que vaya más allá del abc de los procedimientos para hacer una solicitud de información; es necesario el acompañamiento y orientación posterior a la etapa de enviar una solicitud, que es cuando inician los retos más desafiantes para el solicitante. Un acompañamiento que permita aumentar las posibilidades de éxito que impacten en las condiciones de la calidad de vida de los usuarios de a pie.

Y en estos procesos podemos apoyarnos en infraestructura y servicios ya instalados como los miles de centros comunitarios digitales que hay en el país, las bibliotecas públicas (hay más de 7,300 en todo el territorio nacional), centros escolares y aulas de medios, unidades de enlace y sus equivalentes estatales, cibercafés o centros comunitarios de aprendizaje. Los órganos garantes del DAIP podrían disponer, además, de unidades móviles con facilitadores/gestores de este derecho y equipadas con TICs y formatos impresos para solicitudes.

Aunque no aparezcan en los presupuestos públicos, la voluntad, la creatividad y el compromiso también son recursos para el desempeño público, y no dependen de las tesorerías estatales.

Ojalá que no asumamos la reforma constitucional en transparencia y sus derivados legislativos sólo como el colofón de un nuevo avance cualitativo en el marco normativo del DAIP, sino como la oportunidad para advertir la notoria asimetría entre el enorme adelanto en las reglas jurídicas que se ha dado México en este derecho y su pobre o nulo efecto para la mayoría de sus habitantes. La socialización para el ejercicio y aprovechamiento del DAIP reclama voluntades, esfuerzos, estrategias y compromiso a la altura de sus avances normativos. No emprenderla, y no incluir en ella a los sectores populares y a los grupos marginados, mantendrá vigente una gran deuda social.