La libertad de expresión en riesgo

Marcha atrás para el cambio democrático

La tendencia observada en la dificultad de garantizar el derecho a la libertad de expresión, no es un signo esperanzador. Se advierten pasos de una marcha atrás en su posibilidad de cambio democrático, por lo que garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador, facilitar su acceso a las fuentes de información y garantizar su protección por difundir la verdad, es sin duda un asunto de todos. Desafortunadamente en los últimos tiempos el tema de la violencia contra los periodistas se ha convertido en asunto recurrente que preocupa y ocupa a diversos sectores de la sociedad y a organizaciones sociales encargadas de dar seguimiento a los hechos.

Generar una agenda social – Foto: Rubén Espinosa / Agencia Cuartoscuro.

Por Beatriz Solis Leere

Publicado originalmente en RMC #137

El Estado, acaso se preocupa por su imagen pero no se ocupa de atender y menos aún de evitar que siga el incremento del índice de la impunidad frente a las muertes y amenazas hacia los periodistas. A pesar de las diversas comisiones y normas promovidas para protegerlos, poco se ha logrado o si acaso, como gran logro evidentemente insuficiente, se han visibilizado.

Sin duda, los problemas de la violencia contra el ejercicio periodístico es a todas luces inaceptable. No solo por atentar, poner en riesgo y violentar de facto sea por desaparición, amenazas o asesinato a una persona; hecho por sí mismo inaceptable que violenta el derecho a la vida independientemente del oficio que desempeñe, su género, orientación sexual, raza o religión. Sin embargo, nos ocupamos de las repercusiones que esta violencia genera si se trata de periodistas.

El caso que nos ocupa, respecto a la violencia o acallamiento contra periodistas, es relevante en virtud de que afecta de manera directa otros derechos individuales y sociales de los ciudadanos y no solo al ejercicio particular del derecho a la libertad de expresión de los periodistas. Es por ello que el problema debe redimensionarse incorporando al análisis y denuncia en todas sus vertientes y afectaciones, lo que lo convierte en problema de todos.

Debemos partir del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del trabajo y rol que cumplen los periodistas, que en su ejercicio materializan y permiten el Derecho a la Información de la sociedad en general. Es en esta vertiente donde es necesario hacer énfasis para fortalecer los argumentos para la necesaria lucha que se debe emprender para dar fin a este problema.

La relevancia de la libertad de expresión y su correlativo derecho a la información, como derechos humanos ha sido extensamente reconocida. Tanto por su propio mérito como por el rol que cumplen de apuntalamiento esencial de la democracia y de ser un medio para salvaguardar otros derechos humanos. Tan es así, que en su primera sesión en 1946, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró:

“La libertad de la información es un derecho humano fundamental y… la piedra de toque de todas las libertades a las cuales las Naciones Unidas están consagradas”.

En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación entre los seres humanos. Comprende también el derecho de cada persona de tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista. En su vertiente social implica también el derecho de todos a conocer opiniones frente a acontecimientos de interés general. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la opinión consultiva OC-5/85, señaló los dos aspectos básicos del derecho a la libertad de expresión y a la información: la vertiente individual y la social:

“Así la garantía del libre ejercicio del derecho a difundir y recibir información exige de los poderes públicos, la emisión de las normas necesarias para impedir que otras fuerzas sociales obstruyan su ejercicio”.

Es en este sentido que será necesario abrir el debate a los involucrados, que no son exclusivamente los periodistas, sino un espectro mucho más amplio de actores sociales. Todos ellos deben sentirse directamente afectados cuando se vulnera, a partir de presiones por medidas violentas,  el ejercicio del periodismo en nuestro país.

Es necesario enfrentar de manera integral este grave problema y generar agendas sociales de los diversos actores sociales involucrados. El objetivo es que a partir de estrategias de más largo plazo, se termine con esta práctica que clausura y censura no solo la libertad de expresión y la libertad para el ejercicio periodístico -que por naturaleza es y debe seguir siendo un ejercicio crítico del acontecer nacional- sino que simultáneamente,  afecta a todos desde el momento en que se nos limita nuestro derecho a saber.

Por otra parte, la responsabilidad del Estado en esta materia es indudable y se requiere de la exigencia de la ciudadanía para exigirle que lo que mandata la Constitución Política no sea letra muerta. Desafortunadamente la realidad se empeña en demostrar lo contrario, pero no por ello debemos renunciar a la exigencia al Estado de que atienda y garantice lo establecido en su Artículo Primero Constitucional que establece que:

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.”

De nada serviría un derecho a la libertad de expresión o un derecho a la información -enmarcados en nuestra Constitución, especialmente en sus artículos 6 y 7 como derechos fundamentales- si para ejercerlos es necesario contar con la anuencia de la autoridad, o de los poderes fácticos; o solo si se dispone de instrumentos legales ambiguos y parciales que generalmente son aplicados para esconder la verdad o la opinión divergente de los intereses del poder, sea cual sea éste. O bien, si para su ejercicio es necesario un blindaje de protección, o bajo el riesgo de vida, como si se pretendiera ejercerlo en una zona de guerra.  Continuar con la inoperancia de derechos tan fundamentales, como el de la libertad de expresión, coloca al Estado frente al incumplimiento de una responsabilidad llamada a garantizar tan importantes derechos sociales

Por otra parte, los mismos periodistas también deben asumir con responsabilidad la necesidad del trabajo organizado. El objetivo sería recuperar la libertad y detener la violencia que calla voces, genera miedos, censura el ejercicio periodístico; especialmente el de los reporteros, que con su trabajo reportan los hechos, les dan visibilidad y generosamente los ponen y reportan en sus diversos medios dando así la posibilidad de que los otros -los que escuchamos o leemos el resultado de su trabajo- también descubramos la realidad reportada.

La ausencia de una organización de los periodistas -que ahora tiene entre sus prioridades la protección de sus pares- también ha dejado de luchar por la profesionalización de la práctica periodística, la dignificación salarial, la creación de principios deontológicos, la construcción de estrategias conjuntas para que la solidaridad gremial sea permanente y no quede solo en las coyunturas.  Al decir esto, no se pretende dejar de lado el trabajo que realizan muchas organizaciones sociales y profesionales que siempre están atentas a los acontecimientos, que denuncian e inciden en la exigencia a la autoridad para que cumpla con la responsabilidad de defender a los ciudadanos en general y en particular a los periodistas y defensores de derechos humanos. Sus esfuerzos son encomiables y es necesario fortalecerlos; pero sin duda la magnitud del problema, las asignaturas pendientes y las omisiones en las que se desarrolla una profesión absolutamente necesaria en una sociedad democrática como es el periodismo, requiere de mayor impulso, especialmente de todos los periodistas.

Además, otros actores sociales deben asumir su interés legítimo ante la afectación de su propio derecho a la información por la fragilidad del trabajo periodístico. Deben partir de asumir un rol activo y desde cada uno de sus espacios particulares de acción – academia, militancia política, organizaciones sociales diversas, estudiantes, audiencias y lectores en general- deben emprender la tarea  de una organización social que promueva la generación de conciencia sobre los derechos y responsabilidades de los diversos actores del proceso comunicativo. Otro pendiente es impulsar la discusión pública de los derechos de lectores y audiencias que garanticen las libertades de expresión e información y el derecho a la información. Además, establecer vínculos con organizaciones no gubernamentales y gubernamentales que tengan entre sus necesidades alguno de los principios básicos involucrados en el concepto mismo del derecho a la información, en un marco plural que colabore a la conformación de una opinión pública informada.

La tendencia observada en materia de política de comunicación y en particular en lo referente a la garantía al derecho de la libertad de expresión, no es un signo esperanzador. Se advierten pasos de una marcha atrás en su posibilidad de cambio democrático, por lo que garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador, facilitar su acceso a las fuentes de información y garantizar su protección por difundir la verdad, es sin duda un asunto de todos.