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Amenazas a la libertad de expresión en México

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Violaciones a un valor fundamental para la democracia

Las violaciones de derechos humanos a personas que ejercen el periodismo son un atentado a la libertad de expresión, la cual es un valor fundamental para el desarrollo democrático del Estado mexicano. Debido a ello, cualquier agravio cometido por agentes del gobierno o cualquier inacción para castigar a quienes atentan contra este derecho, es un claro retroceso en el objetivo de alcanzar una democracia plena.

Amenazas a la libertad de expresión en México - Foto: Félix Marquez / Cuartoscuro

Por Perla Gómez Gallardo

La democracia es la forma de gobierno en la cual las personas que forman parte de una colectividad tienen la posibilidad de expresar sus intereses de forma organizada. Estos son representados a través de organizaciones políticas que, desde la óptica del deber ser, actúan de forma autónoma en un marco de libertades que limitan el poder del gobierno (Held, 1997).

Un “Estado democrático ideal”, de acuerdo con Robert Dahl, debe reunir ciertas características que hagan viable un gobierno de mayorías, entre ellas la participación efectiva. Es decir, que quienes pertenezcan a una organización política tengan la posibilidad de dar a conocer a la sociedad sus proyectos y opiniones.

Con igual importancia, la igualdad de voto es característica de un Estado democrático -así como un electorado informado que cuente con instituciones para el control ciudadano de la vida pública- la cual debe ser incluyente para que toda la sociedad goce de derechos fundamentales que garanticen la participación igualitaria de todas y todos (Dahl, 2002).

En este sentido, el desarrollo de las democracias modernas tuvo como objetivo garantizar la representatividad de la ciudadanía a través de la defensa de ciertos derechos. Estos hacen proclive una competencia electoral justa, con mayor participación de la sociedad civil, transparente y con la posibilidad de tener información sustancial para el entendimiento del contexto social y el estado de la agenda pública.

Dichos derechos son, en esencia, libertades fundamentales que garantizan que el poder soberano de las mayorías sea partícipe y a la vez garante de la vida pública. Entre ellos destaca la libertad de asociación y la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un derecho fundamental defendido desde la Revolución Francesa que se encuentra contemplado en diversos instrumentos internacionales, como en los siguientes:

El ejercicio de este derecho es vital para el desarrollo democrático, pues es el “catalizador y difusor” de la información, proyectos, ideas y acciones de incidencia pública, que permite a las y los políticos dar a conocer sus propuestas, y a la ciudadanía evaluarlas y juzgarlas.

La libertad de expresión tiene mayor impacto benéfico en la población, y por ende en el desarrollo de sociedades más igualitarias y democráticas. Las personas reciben normas (leyes, reglamentos, ordenamientos, impedimentos, etcétera) del colectivo al que pertenecen; sin embargo, éstas no abarcan la totalidad de las esferas de su comportamiento.

En este sentido, la libertad de expresión es mayor cuando las personas tienen menos impedimentos para difundir sus ideas sin que el poder del Estado lo impida y en la medida en que ningún actor genere la obligación o imposición de decir -o no decir- un planteamiento o pensamiento determinado.

El pensamiento liberal en las Ciencias Sociales, en esencia, se ha caracterizado por promover la delimitación -mediante leyes- de las capacidades del Estado y su poder de intervención en la vida de particulares y de esta forma aumentar las libertades individuales y colectivas.

Por esta razón, los movimientos reformistas y democráticos alrededor del mundo han tenido como finalidad diseñar aparatos constitucionales, en los que se especifica el actuar del gobierno, de tal forma que éste no realice acciones que no le fueron conferidas por ley y así se privilegie el fortalecimiento de las libertades individuales, a la vez que se previenen casos de abusos de autoridad y discrecionalidad.

La relación entre democracia y libertades es intrínseca e indisoluble. Por tanto en el horizonte de sus objetivos está la promoción de la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la consolidación del Estado de Derecho y la promoción del desarrollo.

Es por ello que la libertad de expresión puede ser analizada desde dos ópticas. La primera en su carácter ontológico; es decir, la importancia de este derecho per se, pues encarna una virtud esencial de todos los seres humanos para exponer ideas. La segunda, desde una visión instrumental, en la medida en que su garantía efectiva es una condición del Estado democrático constitucional (IIJ UNAM, s.f.).

En otras palabras, la libertad de expresión es necesaria para la divulgación de información e ideas que posibiliten, según Willliam Brennan, la consecución de un debate “desinhibido, robusto y abierto” (Fiss, 2009) en la vida pública de un Estado.

La divulgación de información exhibe ideas e intereses, pero también posibilita a la ciudadanía de estar enterada y tomar la decisión que mejor le convenga. Lo anterior obliga, en teoría, a generar mejores prácticas gubernamentales y presentar un abanico de opciones para elegir a las personas que conformarán la administración de un gobierno.

Como se aprecia, existe una realidad instrumental y práctica en la vida pública de la sociedad en torno a la libertad de expresión, pues es una condición sin la cual no es posible que las y los diferentes actores políticos de un Estado, influyan sobre el desarrollo de la colectividad.

Para ejercer este derecho fundamental, es imperativa la existencia de medios de comunicación que divulguen información de carácter público sin controles gubernamentales que impidan la publicación de ideas y que posibiliten la formación de un pensamiento crítico y justo sobre el actuar de los poderes estatales.

Para ello, la libertad de prensa es un elemento central de la libertad de expresión. Su importancia radica en el contenido que los medios de comunicación abordan, contextualizan y difunden sobre los temas relevantes para la ciudadanía. Esto hace viable el seguimiento de las acciones de actores políticos, y no políticos, que inciden en la agenda pública y en el interés nacional.

Asimismo, los medios de comunicación al hacer uso de la libertad de expresión, generan un efecto virtuoso en la divulgación y defensa de los derechos humanos, pues ponen al alcance de la sociedad el conocimiento necesario para que las y los ciudadanos hagan exigibles sus derechos frente a eventuales casos de abusos de poder por parte de las autoridades.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) reconoció en la Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, el papel que juegan los medios informativos y la importancia de la libertad de prensa para la difusión de las libertades fundamentales que gozan las personas en el mundo (UNESCO, 1978).

El contexto en el cual se desarrolló éste y otros instrumentos internacionales, fueron momentos clave de la historia del siglo XX en los que el reconocimiento de la democracia como mejor forma de gobierno, el respeto de las libertades individuales y el principio de igualdad, fueron características de la tendencia del pensamiento político internacional de ese entonces.

Primero, en la etapa de posguerra, se rechazaron las ideologías fascistas y nacionalsocialistas y se reconoció la importancia y defensa de los derechos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; después con los movimientos sociales feministas, pacifistas, anticolonialistas y antirracistas se desarrolló una segunda generación de derechos, y finalmente con la llegada del Liberalismo económico y el Monetarismo se formó a la par un proceso de reformas para garantizar un modelo democrático de libre participación de actores políticos y se enarboló el derecho a la transparencia y la rendición de cuentas.

Estos tres momentos históricos estuvieron acompañados por el trabajo de los medios de comunicación y prensa, los cuales fueron catalizadores de información que fundamentaron estos cambios sociales. Primero la prensa escrita, después los sistemas audiovisuales, como la televisión y la radio, y posteriormente el Internet.

El avance de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación, han supuesto importantes pasos, pero también se enfrentan a nuevos retos a los cuales se hará referencia en el siguiente apartado.

Retos a los que se enfrenta la libertad de expresión y los medios de comunicación

La mayoría de los gobiernos, en sus textos constitucionales, defienden la libertad de expresión. Sin embargo, los medios de comunicación aún son sujetos de castigo y persecución, algunas veces avaladas desde la ley y otras por la acción o inacción del Estado, pues persisten prohibiciones a la prensa independiente como sucede en Corea del Norte (Amnistía Internacional, 2016).

El acoso, la tortura, la censura y las amenazas son expresiones de coacción a la libertad de expresión que constituyen el principal riesgo para quienes forman parte de los medios de comunicación y realizan periodismo de investigación. Estas prácticas aún son visibles en muchas partes del mundo, incluyendo México, y son causa de preocupación para las y los estudiosos de los derechos humanos.

Hoy en día persisten restricciones de forma indirecta como controles oficiales de papel para periódicos, regulaciones que, en la práctica, complican el acceso a frecuencias radioeléctricas y de televisión o, como sucede actualmente en China, limitantes de tiempo para el uso de Internet y filtros de contenido (Espinosa, 2015).

Dentro de los controles indirectos también se encuentran aquellas leyes que en el afán de establecer responsabilidades ulteriores producen un efecto regresivo. Tal es el caso de la Ley de Derecho de Réplica en México, la cual es violatoria de la libertad de expresión y pensamiento, además de no garantizar el derecho de réplica de las y los ciudadanos, y obstruir el derecho a una defensa pronta y expedita en Estados que se precien de ser democráticos.

Otro problema que enfrenta hoy en día la libertad de expresión a nivel mundial es la concentración de la información en algunas empresas mediáticas, es decir, monopolios que muchas veces son provocados por la pasividad o pobre regulación de los Estados. Esto conlleva a la reproducción de información parcial o manipulada. Además, la existencia de fuentes únicas de información limita la posibilidad de discernimiento y crítica, los cuales son necesarios para la libre formación de ideas y opiniones, así como para el desarrollo democrático de los Estados.

La defensa de la libertad de expresión ha tenido por objeto limitar las funciones del Estado para incrementar el espacio de las libertades individuales y colectivas. Sin embargo, la existencia de otros actores, que pueden ser considerados como un tipo de poder desde la perspectiva weberiana, tienen la capacidad de provocar que alguien haga o deje de hacer lo que se quiere (IIJ UNAM, s.f.), lo cual representa un nuevo reto a la libertad de expresión.

La existencia de poderes facticos produce una especie de “paradoja” para el Estado, pues es el potencial violador de libertades, por lo que debe ser limitado en cuanto su poderío, pero debe ser dotado de capacidades para garantizar derechos como el de la libertad de expresión.

Lo anterior explica que los poderes facticos se han constituido en actores con capacidad de limitar la libertad de expresión. Esto se realiza ya sea a través de la obstaculización, la intimidación o el uso de la violencia, tal como lo hacen las organizaciones criminales en México, provocando junto a la acción –o inacción- del Estado, la crisis de derechos humanos a la que nos estamos enfrentando, respecto de éste derecho.

La libertad de expresión en México

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe “Situación de derechos humanos en México”, la violencia contra comunicadoras y comunicadores se ha visto especialmente agudizada en aquellas entidades federativas en las que existe una fuerte presencia de crimen organizado, donde se destaca que, en muchos casos, los integrantes actúan en colusión con agentes estatales. La información con la que cuenta la CIDH permite afirmar que las víctimas de violencia son principalmente periodistas que han denunciado o han informado sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados con actividades ilícitas (CIDH, 2015).

El asesinato de personas dedicadas al ejercicio periodístico en México es la máxima expresión de violencia. Sin embargo, la libertad de prensa también se ha visto afectada con desapariciones, amenazas, secuestros, agresiones físicas, ataques a instalaciones de medios de comunicación e incluso ataques cibernéticos (bloqueo de páginas, hackeo, negación del servicio -DDoS-, etc).

Actualmente, México se percibe como uno de los países menos seguros para ejercer el periodismo. De hecho, en la “clasificación mundial de la libertad de prensa 2015” presentada por la organización Reporteros Sin Fronteras, nuestro país se ubicó en el lugar 148 de una lista de 180 países. En cuanto a países latinoamericanos que integran la lista, México se encuentra solo en mejores condiciones que Cuba, ubicado en el lugar 169 (Reporteros sin frontera, 2015).

La inacción de las autoridades para proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en medios de comunicación ejemplifica la falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas. Esto debido a que las autoridades no han realizado correctamente las investigaciones de los delitos que atentan contra las y los periodistas y muchas veces descartan de manera prematura la posibilidad de que hayan sido agredidos por motivos vinculados con su profesión (Human Rights Watch, 2014).

Como consecuencia de las agresiones, hostigamientos, intimidaciones, amenazas y homicidios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, un grupo de organizaciones presentaron una propuesta para crear un mecanismo de protección ante la CIDH. A la par, demandaron también al gobierno mexicano la expedición de una ley que tuviera la finalidad de proveer una base legal necesaria para garantizar que los órganos de gobierno implementaran medidas de protección. Por lo anterior, el 25 de junio de 2012, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por la cual se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, según el informe “Libertad de Prensa 2015” de la Organización Freedom House, a finales de 2013, la organización Human Rights Watch advirtió que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, “exhibía serias debilidades por la falta de fondos y de apoyo político a todo nivel gubernamental” (Freedom House, 2015).

El contexto de atentados contra la libertad de expresión y ataques al periodismo en México se ha agudizado en la última década, siendo el homicidio la expresión que más preocupa a las y los defensores de derechos humanos.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) entre el año 2000 y el 31 de enero de 2016 han sido asesinados 109 periodistas. El número de homicidios aumentó en un 200% entre los años 2000 y 2015, siendo este último año y el 2009, los más críticos al registrarse 12 asesinatos contra periodistas. Mientras que en el rubro de periodistas desaparecidos se presentó un incremento de 300% entre los años 2000 y 2013. Los estados que registraron mayor incidencia de homicidios contra periodistas fueron Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Básicamente 6 de cada 10 asesinatos se produjeron en dichas entidades, las cuales coincidentemente son aquellas que registran mayores niveles de violencia. Asimismo, de los 109 periodistas asesinados, 37 casos se encuentran archivados y en 17 (16%) el juez penal dictó una sentencia (CNDH , 2016).

Como se puede observar, a nivel nacional el respeto a libertad de expresión se encuentra es estado de crisis, en algunas entidades la incidencia de violaciones a los derechos humanos de las y los periodistas es más aguda que en otros, pero no se puede negar que es un fenómeno que afecta a todo el país, la Ciudad de México incluida.

La libertad de expresión en la Ciudad de México

El número de homicidios de periodistas en la Ciudad de México es considerablemente bajo si se compara con otras entidades federativas. En este sentido, resalta el multihomicidio ocurrido en julio de 2015 en la Colonia Narvarte, donde una de las víctimas fue el reportero gráfico Rubén Espinosa, así como la activista Nadia Vera, entre otras víctimas mujeres.

Este caso es significativo, pues representa una preocupación para aquellas personas que ejercen la profesión de periodismo y que habían decidido dejar su región de trabajo para trasladarse la Ciudad de México por considerarla un espacio más seguro.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado 170 quejas por la afectación al derecho a la libertad de expresión en el periodo comprendido del año 2005 al primer bimestre de 2016 ( SIIGESI de la CDHDF, 2016) de las cuales, 44 representaron ataques dirigidos específicamente contra periodistas.

De estas 44 quejas registradas en la CDHDF, 39 se encuentran concluidas y cinco en trámite, siendo las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco las de mayor incidencia.

Los derechos humanos de las y los periodistas mayormente afectados, han sido:

  • la libertad de expresión
  • la integridad personal
  • la libertad y seguridad personales
  • la seguridad jurídica; y
  • la honra y dignidad

Las dependencias que mayor número de menciones tuvieron por violaciones, específicamente de los derechos humanos de los periodistas, fueron la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y las Delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. Ante este contexto, la CDHDF ha emitido tres recomendaciones en materia de libertad de expresión a diferentes autoridades capitalinas.

Agresiones, obstaculización a sus labores, amenazas e intimidación, son aún practicas frecuentes de elementos del Estado en contra de periodistas en la Ciudad de México. Por tal motivo la CDHDF trabajó en la elaboración de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México, la cual prevé un Mecanismo de Protección Integral que abarca una serie de políticas públicas, líneas de acción y recursos presupuestales para impulsar acciones de prevención, protección y garantías a quienes se dedican a esta profesión. A la fecha la ley se encuentra en revisión de la Asamblea para poder actualizar aspectos que refuercen la definición de periodista entre otros.

La Ciudad de México, al ser la capital del país, es el escenario político más importante, por lo que la difusión de información es un hecho trascendental para el desarrollo democrático nacional. En este contexto se entiende que los riesgos para la profesión de periodismo son altos, es por ello que la CDHDF ha buscado participar en el diseño de acciones que garanticen la libertad de expresión y la seguridad de las y los periodistas.

En conclusión, las violaciones de derechos humanos a personas que ejercen el periodismo son un atentado a la libertad de expresión, la cual es un valor fundamental para el desarrollo democrático del Estado mexicano. Debido a ello, cualquier agravio cometido por agentes del gobierno o cualquier inacción para castigar a quienes atentan contra este derecho, es un claro retroceso en el objetivo de alcanzar una democracia plena. De ahí la importancia de visibilizar y no olvidar a las personas que en la valentía del ejercicio de su labor, no pasan desapercibidas.

La indignación es el motor que impulsa a las instituciones defensoras de derechos humanos, al igual que a las personas que en la empatía, la solidaridad y el duelo, seguimos impulsando estrategias sin perder de vista que cada día duele más la muerte de los que acallan, pero que gritan más fuerte desde el legado que deja la osadía de querer construir un país mejor.

Referencias

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CNDH . (8 de febrero de 2016). Recomendación General No. 24. Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México. Consultado en http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_024.pdf

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Dahl, R. (2002). La Democracia. España: Taurus. Consultado enl marzo de 2016

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (1948). Consultado en http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948). Consultado en http://www.un.org/es/documents/udhr/

Espinosa, Javier (16 de diciembre de 2015). China promueve la censura de internet en una cumbre internacional. España. Consultado en http://www.elmundo.es/tecnologia/2015/12/16/56710878e2704ef76e8b456d.html

Fiss, Owen (2009). La ironía de la libertad de expresión. Madrid: Gedisa. Consultado en marzo de 2016

Freedom House. (2015). Informe sobre la Libertad de Prensa en México. Consultado en https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH%20Libertad%20de%20prensa%202015%20Mexico.pdf

Held, David (1997). La Democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita. Buenos Aires, Argentina: Paidós. Consultado en marzo de 2016

Human Rights Watch. (2014). Informe Mundial 2014: México. Consultado en https://www.hrw.org/es/world-report/2014/country-chapters/260113

IIJ UNAM. (s.f.). Biblioteca Jurídica Virtual. Obtenido de Algo sobre la libertad de expresión: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2583/4.pdf

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Reporteros sin frontera. (2015). Clasificación mundial de libertad de prensa 2015. Consultado en http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/

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