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Desaparecidos en México

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La más perversa de las simulaciones

El andamiaje de la desaparición es la negación del hecho, el ocultamiento del destino de la persona y el silencio o la mentira premeditada sobre la ubicación física de ese cautiverio prolongado, en muchas ocasiones con la víctima sometida a torturas. El tema de los desaparecidos, que estaba presente y latente durante años, sostenido con algo mucho más que alfileres, por la lucha de los familiares aturdiendo los oídos finalmente sordos de la autoridad, se elevó a la enésima potencia con el caso Ayotzinapa.

Rosario Ibarra de Piedra

Por José Reveles

Delito de lesa humanidad que jamás prescribe, cometido en forma continua, permanente en el tiempo mientras no se conozca el paradero de la víctima, la desaparición forzada de personas reúne todas las agravantes:

Además del cautiverio forzado en contra de seres humanos, una deliberada ausencia de información mantiene en vilo a sus familias y a comunidades enteras que buscan saber; lacera el cuerpo social, reta a la justicia y a la capacidad investigativa de los gobiernos; viola derechos de libre tránsito, de libertad simple y llana, de integridad física y psicológica de los afectados; niega la posibilidad del duelo de sus familiares cuando pasan muchos años y algunos casos llegan a culminar en cobarde arrebato de la vida de personas inermes y sometidas en sitios clandestinos. Es, de hecho, una especie de muerte en vida, la de los parientes de las víctimas.

Con ser tan cruel, perversa e inhumana la desaparición de personas, no es una violación a la ley que ocurra de manera esporádica. Llega a niveles de escándalo y es francamente monstruosa la frecuencia con la cual se ha condenado a la ausencia a un número creciente de mexicanos en la década reciente.

La estadística oficial, además de inexacta, es contradictoria, está mal documentada y siempre se manipula en absurdos juegos estadísticos. Pero, en cualquiera de sus versiones, el gobierno reconoce que hay decenas de miles de adultos y menores desaparecidos en años recientes en nuestro país. Habrá que agregar a semejante tragedia humana a decenas de miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, a los que se perdió toda pista mientras transitaban por este triángulo de las Bermudas en que se ha convertido la república mexicana.

Debe aclararse y admitir que no todo secuestro, no toda privación de la libertad, no toda captura ilegal, no toda ausencia del ámbito familiar se convierten en detención-desaparición forzada. Para clasificar casos en esta categoría extrema ha de presumirse, por medio de indicios firmes, o a través de la comprobación plena de la participación y autoría en el hecho de algún servidor público o de policías que estén cumpliendo sus funciones en cualquiera de los tres niveles –municipal, estatal o federal- o ha de probarse que el delito fue perpetrado por miembros activos de las fuerzas armadas: Ejército, Marina o Fuerza Aérea.

Aquí es importante puntualizar algo que suele olvidarse: una desaparición forzada también puede ser cometida “por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, con su autorización o su asentimiento”  (Asamblea General de la ONU, 1993).

En todos los casos, sin excepción, tanto servidores públicos y funcionarios policiales o de las fuerzas armadas, así como delincuentes organizados, paramilitares, sicarios a sueldo y otros particulares en nombre del gobierno “se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley” (Asamblea General de la ONU, 1993).

El andamiaje de la desaparición, por tanto, es la negación del hecho, el ocultamiento del destino de la persona y el silencio o la mentira premeditada sobre la ubicación física de ese cautiverio prolongado, en muchas ocasiones con la víctima sometida a torturas.

La ONU ejemplifica

“Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa, residencia, casucha o choza de una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente (vestidos) de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un vehículo, haciendo uso de la violencia de ser necesario. Así suele ser el primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada o involuntaria de una persona, violación particularmente odiosa de los derechos humanos”  (ONU, 2009).

Con la descripción anterior comienza el documento explicativo sobre el tema, que Naciones Unidas ordenó elaborar para hacer conciencia de esta problemática en el mundo. Define también la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de qué manera “una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida; y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen”  (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009).

Los rehenes de este delito de lesa humanidad saben, estando en cautiverio, que sus familias desconocen su paradero y son muy escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlos. Puesto que se les separó del ámbito protector de la ley y se les eliminó y aisló del resto de la sociedad, están de hecho privados de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.

“Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedaren libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan. La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud”  (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009).

Entre los extremos del sufrimiento y el temor, los familiares saben que ellos también están amenazados, que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad puede exponerlos a un peligro mayor.

La desaparición forzada se emplea como estrategia para infundir terror en todos los ciudadanos. No es raro que los perpetradores muchas veces busquen y hasta necesiten que la comunidad y el mundo entero sepan que alguien fue desaparecido.

Si en su origen las desapariciones forzadas fueron producto de las dictaduras militares que combatían la ilegalidad de presuntos subversivos con una bien organizada ilegalidad oficial, hoy suelen perpetrarse las privaciones violentas de la libertad tomando como pretexto un conflicto interno, el tráfico de drogas, el combate a la delincuencia. Pero ayer y hoy estas acciones han sido útiles para reprimir políticamente a los disidentes.

“Es motivo de especial preocupación el acoso contra los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada y enraizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada”  (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009), que no se frena ante grupos vulnerables, como personas con discapacidad o menores de edad, alerta Naciones Unidas.

De 3 mil a 27 mil, un boom macabro

En su visita a México en 2011, en pleno fragor de la guerra declarada por Felipe Calderón al tráfico de drogas y a la criminalidad organizada, enviados del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias reportaron que el número de quejas por abusos militares saltó de 182 en 2006, a 1230 en 2008, a 1791 en 2009 y a 1415 en 2010, según registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“La lógica y entrenamiento del ejército y la policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados por autoridades civiles”  (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 2011, p. 8), recomendaba el Grupo.

Integrada por Jasminka Dzumhur, de Bosnia Herzegovina, el libanés Osman El Hajjé y el argentino Ariel Dulitzky, la Misión recibió de las organizaciones civiles no gubernamentales el reporte, en marzo de 2011, de un estimado de 3 mil mexicanos desaparecidos durante los cuatro primeros años de gobierno de Felipe Calderón.

Pero unos meses después ya la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad hablaba de 10 mil desapariciones y, ese mismo 2011, el obispo Raúl Vera soltaba un cálculo de 20 mil en una conferencia en Austria. La estadística brutal terminó por oficializarse, dos años después, en cuanto retornó al poder el Partido Revolucionario Institucional. El recién inaugurado gobierno de Enrique Peña Nieto, al comenzar 2013, ofrecía una demencial cifra superior a los 27 mil desaparecidos como herencia del régimen de su predecesor Calderón, del Partido Acción Nacional.

No es extraño, pues, que en la introducción sobre México en el informe presentado en 2012 por los enviados de Naciones Unidas, Javier Hernández Valencia, entonces representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, haya afirmado sin ambages:

“En la ominosa lista de aportes latinoamericanos al catálogo contemporáneo de la historia universal de la infamia destaca, sin lugar a dudas, el uso extendido y sistemático de mecanismos de represión estatales que incluso obligaron a acuñar un nombre propio para denunciarlos y combatirlos. Nos referimos a la desaparición forzada. Es obvio que tan perversa práctica ha afectado a múltiples regiones del planeta, pero es la particular “pericia” en su aplicación ejercida por las dictaduras del Cono Sur y la valiente imputación que han hecho los familiares de las víctimas, aún desde condiciones sumamente riesgosas y en contextos de dramática soledad, las que pusieron en el centro de la atención internacional la gravedad de este fenómeno. Ponerle nombre al espanto nos hizo entender e identificar que la práctica de la desaparición forzada echaba raíces desde la ribera sur del Río Bravo hasta la Tierra del Fuego”  (Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas / Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015, p. 13).

De esa manera hermanaba el discurso a dos tipos de tragedias: las provocadas por regímenes militares del cono sur y las generadas con apariencia de democracia –alternancia partidaria incluida– como México.

Cuidado con la estadística

Por cierto, es hecho demostrado y comprobable que, en materia de desaparición de personas, en México las estadísticas son tan volátiles como la voluntad política para encontrar a los desaparecidos. Son tan erráticas como la aplicación de la justicia y tan inciertas como la búsqueda real de los ciudadanos “ausentes”, como eufemísticamente prefiere nombrarlos la autoridad.

En cuanto foro ha sido posible expresarlo de manera tajante, hemos sostenido que la desaparición forzada de personas; el secuestro sin aparentes fines económicos; el “levantón” indiscriminado de menores de edad, adultos, mujeres o ancianos; la privación ilegal masiva o individual de la libertad y otras modalidades de la desaparición en México, son el déficit más grave de los derechos humanos en el país, el expediente sin solución más doloroso para los mexicanos y el que mayormente interpela al gobierno y sus capacidades para resolverlo.

Con cada desaparición se daña a por lo menos otras seis personas, en el entorno de los familiares cercanos que, desde el momento de perpetrarse este delito de lesa humanidad ya no pueden continuar con la normalidad en sus vidas. Caen en una espiral de incertidumbre, se enfrentan a un aparato ineficiente de búsqueda y justicia (en el mejor de los casos, cuando no una actitud cómplice y encubridora de los perpetradores), pierden estabilidad laboral, ingresos, sufren daño emocional, criminalización, e inclusive son revictimizados por policías, agentes del Ministerio Público y jueces que no saben cómo justificar la inacción oficial. En el colmo de la impunidad y contra los discursos de no-repetición se han dado casos en que los familiares de los desaparecidos son hostigados, perseguidos y muertos por perseverar en sus denuncias.

(Ejemplos: Nepomuceno Moreno, sonorense en busca de justicia contra los policías que secuestraron y desaparecieron a su hijo Jorge, y “Don Trino” de la Cruz Crisóforo, líder campesino de Ostula, Michoacán. Uno y otro fueron asesinados en noviembre y diciembre de 2011 en sus lugares de origen. Tenían algo en común: habían denunciado de viva voz sus casos ante el presidente Felipe Calderón, en los mediáticos diálogos del Alcázar de Chapultepec entre el gobierno e integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad encabezados por el poeta Javier Sicilia).

Tanto la desaparición forzada como la desaparición “común” de personas, afectan y amenazan a la ciudadanía, sin distinción de clases, credos, profesiones, orientaciones políticas o edades. Si en la llamada “guerra sucia” de finales de los años 60 a mediados de los 80 del siglo pasado las desapariciones siempre fueron consideradas “forzadas” –porque las perpetraba el gobierno a través de sus diversas policías, del ejército y de los grupos paramilitares a sueldo que creó exprofeso, como la “Brigada Blanca” (para combatir a la subversión con la ilegalidad, decía el desaparecido ex líder del movimiento del 68 Raúl Álvarez Garín)– hoy ese borrar de la existencia cotidiana afecta a ciudadanos comunes, como un producto envenenado de la fracasada guerra contra el narcotráfico que se desarrolló en los sexenios del Partido Acción Nacional. Guerra fingida, digo yo, porque no produjo fruto alguno para el propósito declarado inicialmente. Por el contrario, nos convirtió en potencia hiperproductora de todo tipo de sustancias ilícitas (marihuana, opiáceos, drogas sintéticas, con la sola excepción de la cocaína que se cultiva en Sudamérica, pero que de todos modos pasa por territorio mexicano). El supuesto combate devino en más cantidad de droga sembrada, cultivada, cosechada y trasegada por todo el país y más allá de nuestras fronteras.

Durante el combate a los opositores armados al gobierno, en el siglo pasado, a los gobiernos priistas poco les importó actuar fuera de cualquier marco legal. En nombre del combate contra la subversión y la guerrilla urbana y rural se cometieron todo tipo de crímenes de lesa humanidad. No solamente contra los que escogieron el camino de las armas, sino contra sus familiares, amigos, compañeros de escuela y de trabajo, vecinos o simples sospechosos. Hubo desde matanzas colectivas hasta tortura sistemática, desapariciones forzadas, delitos considerados en leyes internacionales como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

Hay, por tanto, dos etapas, dos épocas diferenciadas en que surgen comités de familiares para reclamar la presentación con vida de los desaparecidos: la de hace al menos cuatro décadas y la que tuvo su gestación después de la alternancia en el 2000.

En la primera etapa están el Comité Eureka (originalmente llamado Comité pro Defensa de Desaparecidos, Detenidos, Perseguidos y Exiliados Políticos), fundado por doña Rosario Ibarra a partir de la detención-desaparición de su hijo Jesús, en 1975, y una Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos (hoy Afadem-Fedefam). Ellos fueron los principales reclamantes de la aparición con vida de los desaparecidos de la llamada “Guerra Sucia” en el estado de Guerrero. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) transfirió en enero de 2002, gobierno de Vicente Fox, 532 casos y sus expedientes, a una Fiscalía que en su momento doña Rosario llamó “de larguísimo nombre y resultados nulos”. Era la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), cuyo primer y único presidente en su fugaz existencia fue el doctor Ignacio Carrillo Prieto. El propio Fox, que creó la FEMOSPP, decretó su desaparición cuatro años después, en 2006.

Era, finalmente, una simulación, pues no se veía cómo un gobierno de derecha querría y podría reivindicar las luchas de la izquierda más radical, la que escogió la lucha armada contra las instituciones, decíamos entonces.

Como muchos de sus actos, como su propia campaña y como su ejercicio de gobierno, lo mediático impregnaba la actuación pública de Vicente Fox. Simuló, con la FEMOSPP, que iba a ser capaz de derribar el edificio del autoritarismo o de “la dictadura priista” de las siete décadas anteriores, tal como prometía desde su mediáticamente exitosa campaña que lo condujo al poder.

Se consiguió que dos personajes fueran consignados por la presunta comisión de delitos de desaparición y homicidio e inclusive “genocidio” y confinados a un arresto domiciliario: el expresidente Luis Echeverría Álvarez y el ex director de la Dirección Federal de Seguridad Miguel Nassar Haro. Este último falleció y Echeverría deambula todavía en 2016, en su residencia en San Jerónimo en el sur de la ciudad de México, impedido de salir a la calle, si así lo deseare.

En el propio gobierno de Fox se reinaguró el tema de las desapariciones, con el caso de Alejandro Martínez Dueñas (30 de junio de 2001), detenido en Colima por agentes federales y estatales. Su hermana Diana mantuvo un plantón, durante un año (2006-2007), a las afueras del edificio de la PGR en la avenida Reforma del DF, hasta que fue desalojada sin que alguna autoridad lograra resultados que llevaran a localizar a Alejandro. Habían pasado más de cinco años de impunidad. La administración Fox terminó con más de 200 desaparecidos en su haber en un solo año, solamente 2006. (Ya era una estadística que colocaba focos rojos sobre el tema, pues rebasaba, con mucho, al promedio anual de todos los desaparecidos durante la llamada “guerra sucia”).

Pero faltaba lo peor:

En la administración de Felipe Calderón, año con año se incrementaron las desapariciones. Si en 2007 hubo mil 235 desapariciones formalmente registradas, ya eran 2 mil 18 al año siguiente. Subieron a 3 mil 476 en 2009 y a 4 mil 883 en 2010, hasta marcar una cifra récord espantable de 7 mil 286 solamente en 2011  (Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas).

Todo ello desembocó en la impactante cifra de más de 27 mil desaparecidos como herencia del gobierno de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto, según información que ofreció a la opinión pública, a principios de 2013, la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación Lya Limón, aunque ahí no había un desglose entre desaparición forzada, desaparición simple, abandono de hogar por cuestiones laborales o sentimentales y otros posibles rubros de ausencia. Parecía un dato más para el consumo mediático y con carga política en los inicios del sexenio del reeditado priismo.

En un análisis sobre el tema, publicado en 2013, Amnistía Internacional sostenía, acerca de estadísticas oficiales:

La información publicada, que contiene 26.121 registros, constituye un primer esfuerzo importante en la recopilación de información de todo el país. Sin embargo, adolece de varias deficiencias. La lista no sólo incluye personas a las que se cree que se llevaron por la fuerza, sino también personas no localizadas, es decir, personas que quizás se hayan ausentado voluntariamente de sus hogares o que no recuerdan su identidad.

“No siempre se han eliminado de la lista las personas que posteriormente han aparecido, mientras que han quedado excluidos muchos casos de desapariciones y desapariciones forzadas documentados por organizaciones locales de derechos humanos.

“No obstante, aunque los datos no ofrecen un panorama completo de todos los casos, sí parecen confirmar una constante sistemática de desapariciones y desapariciones forzadas que en gran medida el gobierno anterior había pasado por alto”  (Amnistía Internacional, 2013, p.3).

Según Amnistía, la lista “demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables de ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas. Estas deficiencias no sólo han ocultado la verdadera naturaleza y magnitud de las desapariciones, sino que también han socavado gravemente las investigaciones sobre desapariciones, incluida la capacidad de localizar e identificar a las víctimas”  (Amnistía Internacional, 2013, p.3).

El gobierno priista se comprometió a retirar de la base de datos los registros no relativos a casos abiertos de desaparición, “aunque no queda claro qué metodología se va a aplicar”  (Amnistía Internacional, 2013, p.3).

De manera oblicua, cercana a la perversidad, el gobierno federal en efecto depuró su estadística aplicando una metodología tipo “base cero”, pues redujo los 27 mil casos citados por Lya Limón a solamente 8 mil en 2014. Sólo que al incorporar después las desapariciones denunciadas durante el gobierno de Peña Nieto, hoy la cifra anda nuevamente arriba de los 26 mil casos oficialmente reconocidos. Una especie de empate entre el ajuste de escritorio y las nuevas y numerosas desapariciones, que rondaban en las casi 20 mil en algo más de tres años.

Conclusión: nadie posee la verdad numérica. Pero eso no importa, pues con un solo caso de desaparición forzada bastaría para que la sociedad exija que cambie el estado de cosas, que México deje de ser el país en donde reina la impunidad después de que se tortura, se secuestra desde las instituciones, se ejecutan cateos indiscriminados, se persigue a defensores de derechos civiles, se asesina y desaparece a periodistas, se fabrican culpables, se libera a los corruptos, no se castiga a los perpetradores de tanta infamia sino que se les asciende en la escala del poder.

En este contexto contradictorio, en el que una multitud de víctimas denunciaba y el gobierno ofrecía soluciones de reformas a la ley, con creación de fiscalías y de instancias que al final no resuelven ni en fondo ni en forma las desapariciones, ocurrió la masacre de Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, con 6 asesinatos (entre ellos los de 3 normalistas), con lesiones a varias decenas de personas y con 43 desapariciones forzadas de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Caso paradigmático de desaparición colectiva, la de los 43 ocurrió, y eso ya nadie lo pone en duda, durante un ataque criminal conjunto de policías de Iguala y Cocula y sicarios del Cártel de Guerreros Unidos, con protección de militares y policías federales, todos cómplices en una ofensiva armada, embestida brutal que se empeñó en mostrarse aniquiladora.

El tema de los desaparecidos, que estaba presente y latente durante años, sostenido con algo mucho más que alfileres, por la lucha de los familiares aturdiendo los oídos finalmente sordos de la autoridad, se elevó a la enésima potencia con el caso Ayotzinapa.

La indignación fue inédita invadiendo calles de varias ciudades de la república mexicana y otras en el extranjero. Tanta movilización y exigencia convocó a que se diera la presencia en México de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual terminó descubriendo los ocultamientos, las falsedades y la desviación de investigaciones del caso criminal que compendiaba todos los horrores, el que más agitaba las conciencias de los mexicanos en muchas décadas.

Y, sobre todo, el grupo de expertos desveló esa realidad insoslayable de un cogobierno entre autoridades y delincuentes en Iguala, ese vasto reino de la producción de opiáceos, segundo en importancia en el mundo, primero en América Latina, consentido y protegido por fuerzas estatales y federales, verdadera raíz de esa represión masiva sin precedentes.

Después de la tragedia de Iguala surgiría allí mismo el grupo de “Los Otros Desaparecidos”, que reclamaba la misma atención que las autoridades y los medios le conferían al caso de los 43 normalistas desaparecidos. Cundió una repentina cultura de la denuncia entre la población que había estado sometida a las peores amenazas durante meses y aún años. Y entonces la agrupación acumuló 400 expedientes de desapariciones de personas que no eran los normalistas, casos ubicados solo en Iguala y sus alrededores.

Se acumulaban más de 120 cuerpos hallados en fosas clandestinas, además de otros 19 que habrían sido liquidados y cremados en el basurero de Cocula (y que no corresponden a los 43, según reportó el Equipo Argentino de Antropología Forense).

Por ello surgen preguntas que exigen respuestas ¿En qué país vivimos? ¿En dónde están las instituciones? ¿Cómo se dio el cúmulo de crímenes consentidos, abusos extremos sin castigo, desaparición masiva de personas, impunidad a ciencia y conciencia en una sola región del país en donde semejante clima de violencia permitida propició la extrema agresión contra 46 estudiantes borrados del mapa de un solo golpe, tres asesinados y 43 desaparecidos, con la convicción de los perpetradores de que semejante crimen podría quedar sin castigo? ¿Cuántas zonas de ingobernabilidad, como la de Iguala, hay en el país? ¿Cuándo van a lograr retomar autoridades y sociedad el control sobre tanto vacío de poder?

Para el gobierno mexicano urgía poner punto final a la historia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala. Pero sus empeños se daban en el peor de los escenarios posibles. Una investigación ministerial, primero en manos del gobierno de Guerrero (juez y parte) y luego atraída por la Procuraduría General de la República, se urdió llena de inconsistencias, bajo sospechas de tortura a más de 70 entre los primeros 110 detenidos entre policías, algunos de sus mandos, sicarios de Guerreros Unidos y ciertos jefes criminales.

De entre al menos cuatro versiones que están en declaraciones ante el Ministerio Público de a dónde fueron a parar los 43 estudiantes desaparecidos, el procurador Jesús Murillo Karam escogió la más espectacular: Que fueron liquidados, cremados a la intemperie en la hondonada del basurero de Cocula, cerca de Iguala, y los restos convertidos en cenizas y lanzados en ocho bolsas de plástico al río San Juan. Esta que el propio Murillo bautizó como “verdad histórica”, fue centro de estudios y peritajes de mexicanos y extranjeros durante los 18 meses siguientes, en donde no había acuerdo ni siquiera en que hubiese ocurrido un incendio de grandes magnitudes.

Sea a través de la revisión de satélites, por dicho de los pobladores, por indicios de vegetación sobreviviente al presunto fuego, por hallazgo de restos humanos que no empataban con el ADN de los normalistas, se confrontaron las conclusiones del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por un lado, y otro grupo de expertos en fuego que contrató la PGR para un tercer peritaje en el basurero de Cocula. Los primeros habían dicho que era imposible que alguna conflagración de gran magnitud hubiese ocurrido allí. Pero el último grupo sorpresivamente dio a conocer conclusiones en contrario.

Fue inevitable el rompimiento entre los enviados de la CIDH y el gobierno mexicano. La frase que pronunció Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pudo haber sido dirigida a cualquiera de las partes:

“La verdad en éste y en todos los casos es una. No puede construirse o negociarse (sino) desprenderse de las pruebas y elementos de convicción que obren en los expedientes… no de la apreciación aislada”  (Sin Embargo, 2016).

Lo cierto es que la “verdad histórica” que esgrimió quien dejó de ser procurador, Jesús Murillo Karam, fue dicha antes de corroborar estudios de ADN y otros peritajes. Se basó en la declaración de tres sicarios de bajo perfil de los Guerreros Unidos. Por ello se achacó a Murillo ser solamente un “testigo de oídas”.

Los integrantes del GIEI culminaron su trabajo en México en medio de ataques mediáticos y una ofensiva descalificadora contra ellos, respetables expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta arremetida hubo grupos desde conservadores hasta la ultraderecha. Daban la impresión de estar consentidos y alimentados con información sesgada desde los propios servicios de inteligencia mexicanos y otras derechas de América Latina. Aunque no prosperó, hubo una delirante denuncia penal interpuesta por el abogado José Antonio Ortega Sánchez, perteneciente a la organización ultraderechista El Yunque, en contra del mexicano Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, por supuestamente haber cobrado millones de dólares sin que los peritos hicieran bien su trabajo.

Meses de trabajo de la Universidad de Innsbruck, en Austria, para identificación de ADN en huesos y fragmentos (60 mil localizados, según la PGR), no dieron resultado sino en dos casos de los normalistas desaparecidos: el de Alexander Mora Venancio, en un pequeño hueso que no consta a los expertos internacionales que haya sido hallado en el río procedente del basurero de Cocula, pues no estaban presentes durante la recolección, y ciertos indicios de ADN correspondiente a la madre, pero no definitivos ni concluyentes en el caso de otro normalista desaparecido, Jhosivani Guerrero de la Cruz.

En una segunda etapa, en resultados entregados en abril de 2016, esta universidad no halló más perfiles genéticos coincidentes en muestras del ADN mitocondrial y nuclear entre los restos analizados y las muestras aportadas por los familiares. Lo siguiente sería analizar otras muestras de ropa y cabellos hallados en los autobuses en que viajaban los normalistas más otros restos óseos y cabellos presentes en el basurero de Cocula, paquete físico que ya se habría enviado nuevamente a Innsbruck en abril de 2016. La averiguación estaba condenada a consumir muchos meses más. Tiempo ganado por las autoridades. Tiempo perdido para las familias de las víctimas.

Hoy no sabemos la verdad histórica de la masacre de Tlatelolco en 1968. Se extravían entre sus propias contradicciones la esencia y los datos duros de lo ocurrido el 10 de junio de 1971, durante el halconazo largamente incubado por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Ahora tenemos como verdad jurídica castrense la liberación de más de media docena de implicados en la matanza de Tlatlaya (¿no debería haber más heridos que muertos en un “enfrentamiento” de presuntos delincuentes contra el ejército, según la lógica, Tanhuato incluido?) y la sociedad quisiera saber cuántos de los desaparecidos no son sino pretexto y justificación de una guerra que no fue siquiera diseñada y operada por el gobierno mexicano. Lo global como causante de tragedias en lo local y en lo individual.

Esta es metáfora más acabada de la tragedia de los desaparecidos en México: mientras se analizaban tardíamente en el Congreso de la Unión los términos de una ley sobre esta negra práctica represiva, se conformó una brigada de búsqueda de desaparecidos en abril de 2016. Familiares y activistas de Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Guerrero viajarían a Amatlán, Veracruz y a municipios aledaños para buscar a desaparecidos en fosas clandestinas o donde se encuentren.

“Llamamos a los veracruzanos a romper el silencio y la indiferencia”, declaró Julio Sánchez Pasillas, de Grupo de Vida de Coahuila  (Juárez, 2016). Integrado por personas que han tenido éxito en descubrir fosas y entierros clandestinos, este grupo que viaja a estados diferentes a donde ocurrieron las desapariciones de los suyos interpela a la autoridad, pues asegura que ellos han sido más eficientes para ubicar a víctimas que el propio gobierno, al cual no le interesa el tema.

Mario Vergara, gambusino de fosas clandestinas donde aparecen cadáveres de los que primero fueron víctimas de secuestro y desaparición, motor de búsqueda de Los Otros Desaparecidos de Iguala, define: “Las herramientas que llevamos son el dolor y el coraje de años. También palas y picos para cavar”  (Juárez, 2016).

El surgimiento del grupo de búsqueda civil, ante la ineficiencia gubernamental, corroboraba la profecía del padre Alejandro Solalinde, cuando me decía hace un lustro, después de que así lo informó directamente a los obispos de la zona y al presidente Felipe Calderón: “busquen en Veracruz: ahí hay más cadáveres en fosas clandestinas”.

Referencias

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