Contracolumna

• El viernes 7 de diciembre de 2012 vence el plazo del gobierno de la República Argentina para acabar con los monopolios mediáticos, de acuerdo a las disposiciones legales de la nueva Ley de Medios que entró en vigor en 2009 en ese país.
• Esta norma ha sido impugnada judicialmente por El Clarín que es el principal grupo mediático de Argentina y ahora libra una batalla con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
• «Este grupo mediático sospecha que el gobierno de Kirchner no sólo busca apropiarse de Cablevisión sino, también, y sobre todo, de las licencias de estos canales», dice Martínez.

Fotografía: «Frente Justicialista para la Victoria» por Mariano Pernicone @ Flickr

Por José Martínez M.

Hace unas semanas recibí desde Buenos Aires una llamada del equipo del periodista Jorge Lanata para una entrevista con el diario El Clarín, días después atendí el llamado de otra publicación, ahora la periodista Françoise Terzian editora de negocios de la revista Forbes en Brasil me llamaba desde São Paulo. Las dos publicaciones tenían en común el tema del ingeniero Carlos Slim. Atendí con interés a sus preguntas. La presencia del magnate mexicano en Argentina como en Brasil es muy importante, como lo es en otras partes de América Latina, de ahí el constante interés de mis colegas de la región por conocer sobre los negocios y la personalidad del hombre más rico del mundo.

En cuanto a Forbes Brasil todo quedó en una entrevista sobre un perfil de Carlos Slim y algunos asuntos anecdóticos, pero en cuanto al periódico El Clarín la situación tomó otro sendero. No es la primera vez que atiendo a los llamados de ese diario y sus filiales como radio Mitre o el diario Perfiles. Lo grave es que hace unos días un político de origen argentino que despacha como jefe de asesores de Manlio Fabio Beltrones, el hombre fuerte del PRI en la Cámara de Diputados, me solicitó atestiguar en un juicio que se lleva en contra del columnista Jorge Lanata –uno de los más leídos e influyentes en Argentina– por los delitos de calumnia y difamación. Desde luego dije que no.

Respeto y tengo un buen aprecio por Lanata, fundador y director del periódico Página 12, quien por diferencias internas renuncio a ese diario y que en su 25 aniversario ni siquiera fue recordado y mucho menos reconocido por sus actuales editores. Todo porque Lanata ahora trabaja para El Clarín, periódico al que años antes el columnista argentino criticaba ferozmente.

Jorge Lanata, según contó el doctor Abal Medina –jefe de asesores de Beltrones– fue demandado por criticar con “datos falsos” tanto al propio doctor Medina como a su hijo del mismo nombre Juan Manuel Abal Medina, jefe del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como se sabe el jefe de asesores de Manlio Fabio Beltrones es un reconocido periodista y abogado en la Argentina, donde el doctor Abal Medina en los inicios de los setenta fue cofundador de la organización guerrillera Montoneros, de la que fue su primer líder. Después de un buen tiempo de estar asilado en la embajada de México en Argentina, el doctor Abal Medina se trasladó a México en 1982 gracias al apoyo de Fernando Gutiérrez Barrios, de ahí la relación de éste con Manlio Fabio Beltrones, una amistad de tres décadas.

¿Qué subyace detrás de la demanda del doctor Abal Medina en contra de Jorge Lanata? El asunto es muy claro y sencillo. En los últimos cuatro años el emporio mediático que representa El Clarín libra una batalla con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata de un enfrentamiento entre los representantes de uno de los poderes fácticos de la Argentina contra el gobierno o viceversa, como se le quiera ver, pues como diría William Shakespeare: “Nada es verdad, nada es mentira; todo depende del cristal con que se mira”.

Lo que ha irritado a la presidenta es que El Clarín ha puesto énfasis en la frivolidad y la corrupción del gobierno de los Kirchner. Por ejemplo, los medios que integran a la organización de este poderoso emporio mediático, han cuestionado la presencia de los negocios de Carlos Slim en Argentina y han apuntado al doctor Abal Medina y a su hijo Juan Manuel –jefe del gabinete presidencial– de ser los operadores para el ingreso de Carlos Slim a territorio argentino. Presencia que los dueños de El Clarín ven como una amenaza para sus negocios de comunicación.

El doctor Abal Medina niega rotundamente que sea así, aunque acepta tener una excelente relación con el magnate mexicano, no de ahora sino de muchos años, mucho antes de que fuera el hombre más rico del mundo e inclusive el más rico de México.

El hecho es que este viernes 7 de diciembre de 2012 se cumple el plazo fatal para que entre en vigor la Ley de Medios aprobada por mayoría en el Congreso y promulgada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta norma ha sido impugnada judicialmente por El Clarín que es el principal grupo mediático de Argentina.

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, ha subrayado que se espera que todos los grupos de medios presenten su plan de reformas a más tardar la medianoche del próximo viernes, de lo contrario algunas de sus concesiones les serán expropiadas por el gobierno.

La fecha fue establecida por la Corte Suprema de Justicia en un fallo dado a conocer en mayo pasado y donde fijó ese plazo para que se cumpla en su totalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual emitida a fines de 2009.

La Ley de Medios establece que ninguna empresa podrá controlar más del 35% del mercado audiovisual. El grupo Clarín controla 41.8% de las licencias de radio, 78% de la televisión abierta y 59% del cable, es decir rebasa el tope legal, por lo que es el principal afectado por esta nueva norma legislación.

De acuerdo al artículo 161 de esa ley fijó que cada grupo mediático puede operar como máximo 24 licencias de TV por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de TV abierta. En sentido el Grupo Clarín tiene 240 sistemas de TV por cable. 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de TV abierta.

Grupo Clarín decidió llevar un juicio ante la Corte Suprema alegando la inconstitucionalidad del artículo 161, que desconoce la propiedad de las licencias, y del artículo 45, por fijar “límites arbitrarios”.

Clarín acusa a Cristina Fernández de Kirchner de tratar de acabar con la libertad de expresión y la presidenta se defiende diciendo que lo único que desea es el fin de este monopolio, pues acusa al Grupo Clarín “de estar detrás de los problemas que sufre su gobierno”.

Uno de los primeros golpes al Grupo Clarín se dio con el anuncio del “Fútbol gratis para todos”, que implicó la estatización de las transmisiones de los partidos de la liga local, poniendo punto y final a un contrato de exclusividad por los derechos televisivos que tenía firmado la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), propiedad de Clarín.

Este grupo mediático sospecha que el gobierno de la Kirchner no sólo busca apropiarse de Cablevisión sino, también, y sobre todo, de las licencias de estos canales.

En torno a esta confrontación entre poderes fáticos y gobierno han surgido críticas en torno a que en la Argentina no hay democracia. Lo que hay es una autocracia populista y autoritaria.

Lo cierto es que los Kirchner desde siempre han tenido la piel muy sensible ante los medios. El desaparecido presidente Néstor Kirchner no toleraba al periodismo independiente. Desde el poder quería dar clases de periodismo a los periodistas. Los periodistas –decía Néstor Kirchner– no se pueden aislar de la empresa que los emplea. Estas empresas son, según su punto de vista, poseedoras de un enorme poder y actores en este juego de poder, con intereses e ideología. Dichos medios actúan decisivamente en la relación entre los ciudadanos y los políticos.

Kirchner interpretaba cada artículo, título y foto, cada palabra de radio como un ataque o apoyo a su gestión por parte del dueño del medio, con el objetivo de obtener ventajas económicas o políticas.

Lo mismo ocurre también con su esposa y su sucesora quien tienen la piel muy sensible ante los medios, pues al final de todo este vericueto lo que ha salido a relucir en este debate son los intereses encontrados entre viejos aliados, por un lado los intereses políticos del gobierno y los del monopolio mediático que enfrenta un dilema existencial ante la disyuntiva que imponen dos principios contrapuestos libertad de prensa y libertad de empresa.

Para concluir basta señalar que este es el campo minado donde Carlos Slim se mueve en busca de la expansión de su imperio tanto en los medios como en otros sectores de la economía argentina, pues al final de cuentas Slim para Argentina es como una ballena en una laguna.

Argentina y los medios. De la dictadura a la democracia

Tres décadas después de la dictadura militar que imperó en la República Argentina y provocó uno de los mayores atentados a la libertad de expresión al censurar a los medios de ese país, a partir de este 7 de diciembre de 2012 entrará en vigor la última fase de la nueva Ley de Medios como se le llama la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que en los últimos años promovió e impulso el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el apoyo del Congreso de ese país sudamericano y que se espera ponga fin a los monopolios mediáticos de ese país.

Durante un lapso de casi siete años la dictadura militar se mantuvo inalterable desde que el 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier General Orlando R. Agosti designaran como presidente de facto a Jorge Rafael Videla quien dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación, dando paso al denominado “Proceso de Reorganización Nacional” hasta la caída de ese gobierno autoritario el 10 de diciembre de 1983.

Durante ese lapso los medios tuvieron prohibido criticar al gobierno militar y su política. Tras el arribo de los militares al poder fueron desmanteladas todas las radios estatales comerciales y las dependientes del Servicio Oficial de Radiodifusión y la LRA y sus filiales. Mientras que las de radiodifusión argentina al exterior eran condenadas al anonimato. Bajo estrictas medidas de censura los  militares implementaron la Ley de Radiodifusión 22.285, que fue promulgada en 1980 y que se mantuvo vigente hasta el 10 de octubre de 2009 año que entró en vigor la nueva Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece las pautas que rigen a partir de entonces el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina.

Con la vuelta a la democracia en diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, presentaron sendos proyectos de ley, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses de los grupos mediáticos que en Argentina se han constituido en verdaderos poderes fácticos.

En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.

El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados y fue aprobado por este órgano legislativo luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, adquiriendo de esta manera la media sanción. En la Cámara de Senadores fue aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra.

De acuerdo al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la aprobación y reglamentación de esta nueva ley significa un cambio radical en el sistema público y privado de los medios audiovisuales, abriendo y garantizando la participación de instituciones públicas, organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto como productores activos de la comunicación social. (José Martínez M.)

• LEER: Ley de Medios – Argentina