Caso Unefon; ¿complicidades?
El Universal, Finanzas, 1 de abril de 2008.
Telecom y medios
Gabriel Sosa Plata
La revisión del informe presentado por la ASF sobre Unefon nos deja como ciudadanos atónitos ante las graves omisiones e irregularidades que se pueden cometer en la administración pública y la manera en que algunas empresas aprovechan los errores, intencionales o no, de los funcionarios públicos para obtener grandes beneficios.
Como hemos comentado en otras ocasiones, Unefon, empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego, reclama al gobierno federal más de 3 mil millones de pesos (mdp) por el pago de intereses generados por el cobro indebido de 596 mdp. Esta última cantidad es resultado, a su vez, de los intereses que la empresa pagó al gobierno, en 1999, como parte de las condiciones para obtener dos prórrogas para el pago del saldo correspondiente a 80% de la contraprestación ofrecida en la licitación de bandas de frecuencias, en 1998.
En 2006, a punto de terminar el sexenio de Vicente Fox, y luego de un largo litigio, se devolvieron a la telefónica 550 de los 596 mdp de los intereses cobrados.
La auditoría revisó todo el proceso y encontró que éste estuvo plagado de irregularidades. Una de ellas consistió en que la Cofetel no debió otorgar a Unefon ninguna prórroga porque esta posibilidad no estuvo establecida en las bases de licitación. Otra fue que no debió establecer como condición de la prórroga el pago de intereses porque no tenía facultades para ello.
Entre lo más inverosímil y que da lugar a ciertas suspicacias es que la Cofetel se haya portado tan benevolente con Unefon, al otorgarle, el 29 de marzo de 1999, la segunda prórroga, pese a que esta empresa se había inconformado, ese mismo día, en contra de la SCT, por el pago del anticipo de 20% de la contraprestación y porque en su opinión no había sustento legal para cobrarle 80% restante.
Dice la ASF: “La Cofetel y la SCT debieron descalificar a Unefon, al no cubrir la contraprestación a que tenía derecho el gobierno federal conforme a los plazos establecidos en las bases de licitación”. También señala que la SCT, al no dar respuesta oportuna a la inconformidad de Unefon por el pago de 20% de la contraprestación ofrecida, propició que la empresa promoviera juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que a la larga derivó en la devolución de los ya mencionados 550 mdp.
Con respecto a esta última devolución, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo comenta que “Unefon, además de recuperar los intereses pagados”, obtuvo “privilegios, en relación con los demás participantes en la licitación pública” de 1998. Considera que también hubo una omisión de la SCT al no obtener por parte de la telefónica el recibo o finiquito correspondiente luego de devolverle los 550 mdp.
La posición de la SCT
En el informe de la ASF se incluyen los comentarios que la SCT hizo sobre el tema. Hay varios puntos destacables. Uno de ellos es que, a diferencia de lo que dice la auditoría, era imposible pedir un finiquito cuando ni siquiera, dice la SCT, existe alguna resolución que obligara a la dependencia a devolver los 596 mdp.
Es decir, la dependencia de Luis Téllez reitera su posición de que la sentencia del 6 de abril de 2004 del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, producto del amparo promovido por Unefon, en ningún caso ordenó la devolución del monto mencionado. Incluso, recuerda que esto fue advertido en al menos tres ocasiones por el área jurídica de la SCT al subsecretario de Comunicaciones y Transportes.
Aun así, la subsecretaría de Comunicaciones continuó con el procedimiento para devolver los intereses cobrados, cuando “es competencia exclusiva de la Unidad de Asuntos Jurídicos el determinar la forma en que debe cumplirse con una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional y no de la Subsecretaría de Comunicaciones, quien mucho menos puede delegarla a la Oficialía Mayor”. Esta situación fue omitida en el informe de la ASF.
La SCT también cuestiona, lo cual es lo más preocupante, que si la ASF no vio ninguna irregularidad en la devolución de los 550 mdp (más allá de pedir el “finiquito”), “mucho menos puede encontrarla en el pago de los accesorios (los famosos 3 mil mdp y los 46 mdp restantes) que en su caso una autoridad jurisdiccional competente en sentencia definitiva determinará”.
La guerra que viene
Las declaraciones que sobre el caso Unefon hizo el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, generaron ya una respuesta de quien fuera presidente de la Cofetel y ahora secretario del Trabajo, Javier Lozano. Cuestionó la falta de facultades que tiene el auditor para hacer observaciones de un ejercicio de 1998.
Lozano agregó que ya no le pueden fincar responsabilidades y que él no fue el único que votó a favor de las prórrogas y los intereses cobrados a Unefon. Tiene razón. En 2002 venció el plazo para fincarle responsabilidades y, en efecto, también votaron Jorge Arreola Cavazos, Jorge Lara Guerrero y Enrique Melrose Aguilar, como comisionados de la Cofetel. También ellos podrán estar tranquilos, pero en la historia de las telecomunicaciones aparecerán como parte del pleno que dudosamente favoreció a Unefon, entonces en manos de Moisés Saba.
El que sí la tiene difícil es Jorge Álvarez Hoth, el ex subsecretario de Comunicaciones. Baste revisar la argumentación ofrecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para anticipar lo que viene. Y mientras esto ocurre, Unefon se sale con la suya. Su actual dueño, Ricardo Salinas Pliego, es hasta ahora el “ganador” jurídico de una guerra en la que la complicidad y la negligencia gubernamental, así como la ambición de un empresario se impusieron. Qué pena.
Notimex y Radio Educación
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Profesor e investigador invitado de la AUM Cuajimalpa.
Columnista de El Universal y coordinador del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación.
El siguiente es un ejemplo de cómo debe citar el anterior artículo:
Sosa Plata, Gabriel, «Caso Unefon, ¡complicidades?», en El Universal,
México, Num. 33, 032, 1-IV- 2008, Telecom y otros medios, Finanzas.
