Venezuela y sus alrededores

El debate académico del debate mediático

Concha Mateos Martín

Profesora de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, España.

Hay una realidad indiscutiblemente reconocida: Venezuela ha estado bajo los reflectores desde 1999. Allí pasan cosas que no ocurren en otros países, que no ocurren desde hace mucho tiempo,
que no se creía que podían ocurrir y que muchos no quieren que ocurran. Otros, sí. Y muchos están pensando y actuando desde fuera de Venezuela.

Al hablar de la caducidad de la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), no se puede eludir un análisis racional de los datos. Tampoco es admisible apoyarse en estereotipos caricaturescos fabricados en los despachos de crisis de los centros de poder económico, político o social.

Comienza a descender el ruido, podemos empezar a pensar. Cuando tanta gente habla tan alto de lo mismo al mismo tiempo, manejando tan poca variedad de ideas, algo premeditado ocurre. Entonces hay que dar un paso atrás, tomar distancia y observar. Buscar la voz no financiada.

Ningún país latinoamericano ha consolidado jamás una estructura de medios públicos que garantice la democracia informativa y mediática. Pero la aspiración ha estado ahí, sobrevolando los silencios forzados. El debate intenso de finales de los sesenta y los setenta, y los debates parciales posteriores en algunos países, terminaron siempre ahogados por las presiones empresariales y los paupérrimos presupuestos públicos invertidos.1

La libertad de expresión, un bien de todos, terminó siendo gestionada de modo privado por unos cuantos grupos mediáticos. La lógica del dinero colonizó la lógica del derecho. Y con el tiempo, muchos se acostumbraron a creer que las cosas son así y que no pueden ser de otra manera.

En la transición entre milenios, Venezuela decidió creer que sí, que había otras opciones. Empezó a mover piezas dentro del escenario. Reabrió cajas fuertes conceptuales del derecho constitucional, del ejercicio democrático, del estatus quo geopolítico (división del poder del Estado en cinco, revocación presidencial, democracia participativa, contrapeso del Sur). Algunas de esas cajas llevaban siglos lacradas.

El capitalismo, que promueve el consumo continuado de novedades, la dinámica desaforada de modas que nos hacen tirar todo lo usado y reponerlo con productos nuevos, se estremeció cuando oyó hablar de renovación conceptual. Ahí lo nuevo no era bienvenido. El corazón de las reglas del juego se resiste a cualquier cambio que pueda significar el paso del poder de unas manos a otras. La reacción fue grande.

Esa magnitud de la reacción contra lo que empezó a suceder en Venezuela nos sirve para constatar un estado de nuestro objeto de estudio: Venezuela abrió un debate. A favor, en contra o con matices, esa apreciación es aceptada por todos. Nuestra mirada analítica se enfoca sobre ese debate, sobre un aspecto en particular: Venezuela replanteó la relación entre los ciudadanos y sus medios de comunicación.

Aquí quizás algún lector sienta la tentación de interrumpir la lectura y exclamar: ¿Y qué?, ¿acaso lo que propuso Venezuela está bien, es mejor? ¿Pero no es verdad que es un error tal tal tal…?

Paciencia. Contención. El juicio apresurado impide a la opinión ilustrarse. La mirada analítica es la que analiza, la que sostiene el silencio durante el periodo de instrucción, la que retiene el juicio durante la fase de recolección y procesamiento de datos.

El intelectual académico es el que sabe que su cuello puede girar, mirar hacia otro lado, dirigir la atención a los alrededores, atender lo que queda fuera del foco de luz de quien dirige el espectáculo. El intelectual académico no se satisface con univisiones particulares. Ni con el agua de una sola fuente.

No espere ningún lector que en este texto se le diga si las decisiones del gobierno bolivariano de Venezuela están bien o mal, si la campaña agitada por la oposición es justa o injusta.

Claridad: de qué se trata

Hay una realidad indiscutiblemente reconocida: Venezuela ha estado bajo los reflectores desde 1999. Allí pasan cosas que no ocurren en otros países, que no ocurren desde hace mucho tiempo, que no se creía que podían ocurrir y que muchos no quieren que ocurran. Otros, sí. Y muchos están pensando y actuando desde fuera de Venezuela.

El presidente venezolano ha recibido el respaldo de mayorías electorales en numerosas contiendas desde 1999. La última, en diciembre de 2006, le otorgó la confianza de 63% de los votantes, 7.3 millones de ciudadanos. Esos más de siete millones de personas merecen respeto académico. No hay base intelectual para defender que ese dato no importa, que esos votos no importan. ¿Por qué podrían no importar? ¿Por qué no iban a merecer el mismo respeto que los votos con los que ganó sus elecciones Zapatero en España, Bush en Estado Unidos o Calderón en México? Los votantes venezolanos no son personas bobas, no se puede hablar de ellos como de gente estúpida sin importancia que no sabe lo que quiere ni lo que hace. ¿Acaso sus medios de comunicación, sus fuentes informativas, no funcionan igual que los de otros países sí respetados?

Recordemos que 78% de las estaciones de televisión en VHF y 82% en UHF en el país son privadas; que el negocio de vender las audiencias televisivas a los anunciantes lo dominaban tres televisoras durante todas esas campañas electorales (Globovisión, Venevisión y RCTV). En ellas estaba la atención de las audiencias. ¿Acaso ellas, que dominaban el discurso público, atontaron a los votantes hasta lavarles el cerebro y hacerles votar a favor de un monstruo?

El debate académico precisa con urgencia un rastreo racional de los argumentos, para desintoxicarse de ese tipo de concepciones irrisorias.

Al hablar de la caducidad de la licencia de RCTV, no se puede eludir un análisis racional de los datos. Tampoco es admisible apoyarse en estereotipos caricaturescos fabricados en los despachos de crisis de los centros de poder económico, político o social.

Cada uno que juegue a lo suyo. La reflexión intelectual no puede ser la marioneta de personas desesperadas en su lucha por el poder o en su llanto por la pérdida. El análisis académico genuino no compite ni llora por ese poder; requiere enfocar el asunto con herramientas de precisión, libres de los prejuicios de las partes interesadas o afectadas, para definir zonas de nitidez. Aclarar la visión. Ésa es una de las condiciones del análisis académico: el enfoque. Es preciso mantener un material quirúrgico limpio, afilado, conceptos claros y homologables, definidos diáfanamente. Sólo así su resultado o conclusión puede ser valorado. No puede ser aceptado, por ejemplo, analizar la personalidad de Chávez y concluir que la concesión debía ser perpetua.

Hacer trampa con los términos, infecta la voz de quien los usa. El debate académico sólo puede aceptar argumentaciones enfocadas, transparentes, no fraudulentas. No vale jugar con el significado de fondo de las palabras; ni variarlo según la frase que estemos utilizando o según el país del que estemos hablando. Los términos de análisis han de mantener una estabilidad al margen de la situación concreta a la que los estemos aplicando. Significar lo mismo en todos los casos.

Por eso, expongo aquí en letra clara, los términos del contrato que mantenemos en este artículo. Comencemos con el primero:

Libertad de expresión: derecho fundamental de los hombres y mujeres. Derecho que no pertenece a los medios. Más bien éstos deben servir para que lo ejerzan los verdaderos titulares. Algunas empresas (los medios) pueden actuar como herramientas para el ejercicio de tal derecho, pero nunca pueden atribuírselo ni acapararlo.

Es el derecho universal a tener posibilidad de expresarse. Es universal, de todos, no restringible, no privatizable, no mercadeable.

Es un derecho sometido como todos los derechos al respeto a los demás derechos. Libertad de expresión no es libertad de poder decir lo que a uno le dé la gana en cualquier caso, sino lo que a uno le dé la gana dentro del marco de respeto a los valores del orden jurídico y constitucional. La incitación a la violencia como recurso de convivencia civil, por ejemplo, no es amparable bajo la libertad de expresión.

No permitir la expresión a un medio no es lo mismo que no permitirle el uso del espectro radioeléctrico. Quien firma este artículo, por ejemplo, tiene libertad de expresión aunque no puede utilizar el espectro radioeléctrico. Otro caso: RCTV puede mantener sus emisiones por cable, por Internet o por los demás medios que posee, porque también disfruta de libertad de expresión; lo que ha pasado es que, como tantos otros medios y comunicadores del mundo, le han dejado de confiar un bien público de cuya explotación RCTV obtenía unos 167 millones de dólares al año.2 No le impiden la expresión: le impiden el enriquecimiento mediante el uso de un bien público. Este bien público no tiene como fin servir de negocio a ninguna compañía; su fin es servir para que se enriquezcan socioculturalmente los venezolanos.

El asunto de la caducidad de la concesión de RCTV no tiene nada que ver con la libertad de expresión. ¿Por qué entonces tanta gente lo asocia y ve normal que se empiece hablando de ella? ¿De qué interés ha emanado esa línea de contaminación asociativa?

Sigamos con el glosario:

Concesión: autorización a una entidad para que use un bien público que el Estado protege por ser un bien común y pertenecer a todos. La autorización es condicionada, es decir: está sujeta a que la entidad concesionaria cumpla y respete los fines para los que se le otorga la concesión.

Concesión automática: concepto trampa, pues si una concesión está condicionada no puede ser automática. El Tribunal Supremo de México ratifica este razonamiento al haber declarado nula, por inconstitucional, la ley que pretendía hacerlas perpetuas en ese país.

Vencimiento de una concesión: contingencia legal, hecho ajustado a derecho, acontecimiento en armonía con el cumplimiento de la norma legal que regula la concesión.3

Violación de la libertad de expresión: acto contrario a derecho. Nada que ver con el vencimiento de una concesión.

Decisión del Estado: en todos los países del mundo, la transmisión televisiva en canales abiertos requiere permiso previo del Estado. Los criterios los pone el Estado.4 Por ejemplo, la subasta, utilizada en Guatemala para asignar licencias de radio, da prioridad a quien tiene dinero para ganar la licencia subastada. De ese modo se privilegia a los que son solventes económicamente, pues ellos tienen más opciones de acceder a ser los mediadores de la libertad de expresión de todo el pueblo.5 En Venezuela, las licencias de medios comunitarios no se conceden mediante criterio económico; la solvencia que valora el gobierno bolivariano es solvencia civil, solvencia democrática, capacidad de estar organizado socialmente y de participar de modo democrático.6

Que una concesión caduque no viola ninguna norma, ley, derecho o principio emanado de la jurisprudencia. ¿Por qué entonces esa polvareda con esa licencia caducada? ¿Es falso o verdadero ese debate sobre RCTV? ¿De dónde sale, quién lo alimenta, quién lo agita?

Equilibrio informativo: procedimiento por el cual se surten los argumentos, posturas y versiones de las distintas partes implicadas en un asunto noticioso, concediendo a todos la misma relevancia, destacamiento y atención o presencia.

Falta de equilibrio: ofrecer sólo una versión de los asuntos; presentar sólo las reclamaciones de una parte. Por ejemplo: conceder atención y entrevista a Marcel Granier (propietario de RCTV), pero nunca concederla al gobierno venezolano; no hablar nunca de las violaciones al periodismo que hacen los medios privados en Venezuela; no haber informado, no mencionar y no recordar nunca el comportamiento desleal de RCTV con el orden constitucional.7

Manipulación mediática: ilustrar noticias sobre Venezuela con imágenes de manifestaciones violentas en otros países, y no decir durante un golpe de Estado que la calle hierve de gente reclamando el retorno de un presidente que consideran secuestrado.

Contraste: atender a todas las partes

Muchas personas en el mundo pasan sus días felizmente sin prestar ninguna atención a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de Venezuela. Ninguno de los medios habituales que consumen les ha contado en qué consiste. Ignoran lo que son las Misiones en Venezuela, no saben que no a todos los presidentes de todos los países hay que aguantarlos sin remedio hasta que terminen el periodo para el que fueron elegidos. No en todos los países, pues en Venezuela los ciudadanos pueden revocar a mitad de mandato a su presidente, y decirle que no le conceden más crédito, que les ha desencantado y que abandone, por favor, el gobierno. Los medios convencionales no informan de estos asuntos.

Durante el golpe de Estado de abril de 2002, ningún medio de los llamados de referencia en España informó sobre el cierre, por la fuerza y con violencia, de la televisión pública. No se alzaron voces contra ese atentado a la libertad de expresión, que sí era cierre, que sí era atentado, ni en la calle, ni entre expertos, ni entre académicos.

El único medio de comunicación que se ha cerrado en Venezuela después de 1999 ha sido Venezolana de Televisión durante el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002. Este cierre violento nunca recibió socorro, apoyo ni respaldo desde los foros profesionales o académicos del periodismo español, ni siquiera una iniciativa de denuncia pública. ¿Y qué hubo desde el periodismo mexicano? ¿Y desde Argentina? ¿Y del resto del mundo? Nada, tampoco. Nada parecido a lo que ahora hemos presenciado con la puesta en escena de esta polvareda mediática a costa de RCTV.

Por el contrario: en las primeras horas del golpe se levantó una oleada de bienvenida calurosa a los golpistas. Medios llamados democráticos aplaudieron la violación de una constitución y la supresión violenta de las instituciones de un estado soberano y libre. Medios interrumpiendo, cortando, quitando el micrófono y la imagen de las declaraciones de un fiscal general del Estado porque no les venía bien lo que decía. Censura de la más burda y tajante, de la tijera literalmente, y fue consentida y perdonada con el silencio cómplice de los mismos que hoy gritan por la salvaguarda del periodismo. ¿De qué periodismo? Esa es la fisura que ha de abordar el análisis académico: esa variabilidad de lo defendible, esa inconsistencia de los principios alegados para tener derecho a gritar.

¿Por qué el debate internacional ante aquellos atropellos no subió de volumen? ¿Por qué ha subido de volumen con la extinción de la concesión de RCTV? Esas son las pesquisas que corresponden a un análisis académico: las mecánicas de infección del debate público, sus disfunciones y sus funciones.

No hubo denuncia, hubo apoyo a la violación de los derechos fundamentales en Venezuela en 2002. Un apoyo adornado incluso, rociado, de la gloria del nombre de la monarquía española.

El Premio Rey de España de Periodismo 2002 lo recibió el periodista del canal de Venevisión. Luis Alfonso Fernández, por el documental La masacre del centro de Caracas. Por imágenes aparecidas en ese trabajo fueron identificados, detenidos y juzgados varios venezolanos, acusados de haber disparado contra supuestas personas que se encuentran presuntamente en un lugar de la calle que el documental no muestra y que el periodista nunca llegó a ver durante los hechos que relata. Es decir, habló sin saber, sin contrastar, imaginando pero acusando firmemente. Esas imágenes y esos comentarios supuestamente informativos dieron la vuelta al mundo y condicionaron la opinión pública de millones de personas en unos momentos de grave crisis nacional en Venezuela –golpe de Estado–. Tras un año y medio de investigación judicial, declaraciones, testimonios grabados, documentos audiovisuales recopilados y analizados científicamente, una sentencia judicial permitió liberar a los inocentes acusados y descubrir la manipulación informativa realizada. En el jurado que otorgó el premio participaban la Agencia Efe y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Si algún lector conoce, ha visto o tiene datos de que el premio se haya retirado o de que los miembros del jurado se hayan disculpado, por favor, divúlguenlos y envíenmelos.8 Ahí tenemos otro silencio inexplicable: un violador de la ética periodística, violador incluso de las técnicas más básicas de la profesión, premiado con trofeo real y el mundo en silencio.

Ahí está otra vez el campo natural de observación del análisis académico: el contrato con los conceptos. ¿Qué es lo condenable? ¿Depende de lo que los sujetos hagan o depende de qué sujeto lo haga? La ciencia de la comunicación no puede temblar ante estas preguntas; andar pegando parches a las teorías para que justifiquen realidades aquí y allá a conveniencia, según a quien haya que favorecer. La academia debe tener respuestas consolidadas, principios estables de análisis, y aplicarlos a las situaciones concretas, caiga quien caiga. Porque la ciencia no es responsable de quien caiga: es responsable de la rigurosidad del análisis. Las acciones de las personas son responsabilidad de ellas mismas. A cada una le corresponde hacer su papel, y la ciencia no puede variar sus principios en función de las acciones concretas de personas concretas a las que se los va a aplicar.

NOTAS
1) Elisabeth Fox, Medios de comunicación y política en América Latina. La lucha por la democracia, Gustavo Gili, Barcelona, 1989.

2) El mercado publicitario de la televisión en Venezuela genera unos 500 millones de dólares anuales, que hasta ahora se estaban repartiendo tres cadenas privadas de televisión. Diego Olivera, “El control de los medios de comunicación por monopolios empresariales”, en Altercom, 14 de junio de 2007.

3) El decreto por cuya aplicación ha vencido la licencia de RCTV no es una decisión de Chávez. Se trata del decreto 1.577, de 1987, que establecía que las licencias otorgadas hasta ese momento serían válidas durante 20 años, sin extensión o renovación automática.

5) Concha Mateos Martín, “Del saqueo a la soberanía mediática en Venezuela. La vía de la responsabilidad social en los medios”, en revista Agora, núm. 13, 2006, pp. 191-217. En este artículo se analizan con mayor detalle las condiciones de participación y acceso a los medios.

6) “Ley de responsabilidad social en radio y televisión”, en Gaceta Oficial, núm. 38.081, consultado en http://www.leyresorte.gob.ve/index.asp. 7 de diciembre de 2004.

7) Las referencias para documentar ese comportamiento son casi infinitas. Víctor Ego Ducrot, en APM, el 27 de mayo de 2007, recapitula en un artículo algunas de ellas, incluidas declaraciones del que fuera director de producción de RCTV durante los días del golpe de Estado de 2002, Andrés Izarra, quien ha explicado en numerosas ocasiones y medios cómo en RCTV recibieron “orden de silenciar los micrófonos y cerrar las pantallas del canal a todo lo que no fuese apoyo a los elementos golpistas”. En http://www.prensame cosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idno ta=3218

El anterior artículo debe citarse de la siguiente forma:

Mateos Martín, Concha, «Venezuela y sus alrededores», en
Revista Mexicana de Comunicación, Num. 106, agosto / septiembre, 2007, 14 -18 pp.

Puede leer el artículo completo en la versión impresa. Adquiérala por sólo
30 pesos (más IVA), o suscríbase por 340 pesos.
Mayores informes: fundacionbuendia@prodigy.net.mx