Periodismo, legislación y política en América Latina: caminos inciertos.

por Redacción RMC on 1 mayo, 1998

Las normativas internacionales en favor de los periodistas.
Reflexiones sobre el seminario «Protección a los periodistas» de 1980

«Prensa». Vreimunde @Flickr

Por Hernán Uribe

Publicado originalmente en RMC 55

Un campo de necesaria reflexión en la actualidad se refiere a las leyes de prensa –incluido el derecho a la información–, al papel del periodismo en las sociedades contemporáneas y al estatuto profesional de quienes ejercen tan riesgosas labores. Debe quedar claro, verbi gracia, que todos los intentos en procura de una normativa internacional acerca de la seguridad del periodista han terminado en fracasos. Conviene, por tanto, revisar las causas y quizás incursionar en caminos inéditos.

Las Constituciones de América Latina proclaman la libertad de expresión y algunas la de información, pero todas también agregan el precepto aquel de ejercerla de acuerdo con las leyes, principio que existía ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del siglo XVIII.

En abierta contradicción con esas cartas magnas, a lo largo y ancho de la región ha proliferado desde antaño una legislación muy represiva o restrictiva que, en los hechos, deja incumplida la garantía constitucional. Como hemos señalado en trabajos anteriores, esas disposiciones están marcadas ora por la herencia del derecho colonial, ora tienen el sello de las dictaduras y no han sido derogadas, y en todos los casos su temática central son los denominados delitos de prensa.

Un interesante estudio que realizó la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y que fue presentado en un seminario sobre el tema de la protección en 1980, reconoce que, en términos genéricos, la legislación sobre la prensa y los periodistas no se ha modificado, en su esencia, desde el siglo XIX y nunca ha contemplado el punto de la seguridad de los informadores profesionales. Cito:

Según la tradición establecida en los siglos XVIII y XIX, las libertades de opinión, de expresión y de prensa, se referían a un individuo abstracto. La libertad se bastaba entonces a sí misma.1

Al tenor de esa tesis, el escritor, el periodista y teóricamente cualquier ciudadano “no necesitaban más que la pluma”. Tal concepto, se agrega, “todavia tiene amplia aceptación, a pesar de que en lugares del mundo millones de personas no tienen realmente la posibilidad de expresarse”.2

Todos sabemos que en el marco de la llamada comunicación masiva, la producción y difusión de los hechos que el periodismo se encarga de reflejar e interpretar, corresponde tanto a los periodistas como a los empresarios, al Estado y al público.

Pero, a despecho de la tan evidente socialización de esa actividad, se continúa manejando interesadamente como un derecho individual el relativo a la información. Lo que se persigue con ello es negar cualquier atribución a los receptores de los mensajes y también a los periodistas, maniatados en su conciencia por la carencia de democracia al interior de los medios de comunicación.

Otro principio, el de la igualdad ante la ley, que antaño fuera también bandera de la burguesía entonces revolucionaria, hogaño es utilizado mañosamente para negar cualquier protección a los periodistas. “No debe haber privilegios” se proclama, desechándose la circunstancia de que se requiere seguridad no de modo corporativo, sino para la función, para el ejercicio profesional, para que en definitiva las informaciones puedan llegar al público y convertir así en algo tangible la libertad y el derecho a la información.

La mayor oposición a las iniciativas sobre la seguridad la ha sostenido en nuestra región el empresariado de las noticias, agrupado en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Hoy, bajo la hegemonía del libre mercado y de su patrón ideológico del neoliberalismo, es dable pensar que esa postura se ha endurecido. Empero, no todos los propietarios de medios piensan lo mismo ni son tan intransigentes como éstos del bando estadunidense-latinoamericano.

En el encuentro que en 1985 organizó la Cruz Roja y al que concurrió un amplio arco de delegaciones profesionales y patronales, con Luis Suárez pudimos comprobar que los empresarios europeos razonaron hasta encontrar puntos de vista parecidos a los de las organizaciones periodísticas. Tal vez haya influido uno de nuestros argumentos: aquellos que reciben las balas, los que pisan la mina explosiva o que lisa y llanamente son secuestrados y asesinados, son los periodistas y no los empresarios o los lectores. Con mayor razón, agregábamos, atañe a todos los involucrados en el proceso informativo el deber moral de contribuir a establecer mínimas acciones o medidas de protección.

Para obtener conclusiones deberíamos preguntarnos también por qué América Latina ostenta ese fúnebre récord de periodistas muertos por la violencia: según FELAP, desde 1970 hasta 1997 la cifra ascendía a 589 colegas asesinados y desaparecidos. Una primera respuesta sería que en la región, la violencia es endémica, tradicional; y una segunda, que el origen de ese mal radica en la desigualdad social –con su fuerte cuota de pobreza–, en los conflictos raciales, fronterizos; y en suma: en el neocolonialismo que siguió a nuestras revoluciones independentistas.

Esas causas no pueden desecharse, pero debemos considerar en alto grado el papel que cumple en la zona la información periodística. Si observamos el panorama del planeta, Latinoamérica permanece aún en el campo del subdesarrollo y la dependencia comunicacional.

No obstante, con mil siete diarios de una tirada de 25 millones (62 ejemplares por cada l000 habitantes) para una población de 405 millones; con cinco mil 876 radioemisoras, 490 estaciones matrices de televisión y aproximadamente 100 mil periodistas, el periodismo latinoamericano posee mayores índices que en África o Asia.3

Una buena parte de los órganos informativos ha desempeñado –y desempeña– el cometido de revelar o denunciar la corrupción y otros males, así como un indudable papel político-ideológico (muchas veces en respaldo de las dictaduras más reprobables).

Se dirá que lo descrito es un fenómeno universal, pero podemos afirmar que en Latinoamérica se produce hoy la singularidad de que los medios –con mayor fuerza la prensa– están reemplazando de cierta manera a los partidos políticos en el debate de los asuntos públicos. La explicación de ese fenómeno radicaría en dos cuestiones básicas: la proscripción de las colectividades partidarias por las dictaduras y su consiguiente difícil reaparición; y simultáneamente, el desprestigio de los partidos, unos porque apoyaron a los tiranos y otros porque se han insertado ciegamente en una sociedad a todas luces injusta que hegemonizan los empresarios.

Todos esos factores realzan las tareas periodísticas a pesar de la generalizada y ecuménica pérdida de calidad determinada por el neoliberalismo que también la aqueja.

Si lo que capta el periodista siempre tiene relevancia por su valor de mulplicación, en latitudes plagadas de conflictos, ese rasgo se incrementa y así, como señalara alguna vez el vicepresidente de la Cruz Roja, Maurice Aubert, los periodistas se convierten en testigos molestos y peligrosos.