El ejército no vuelve a los cuarteles
Más de dos décadas de militarización en México
Hoy se propone, con el pretexto de dar un supuesto marco de actuación legal a las fuerzas armadas –algo así como poner finalmente en una ley lo que ya ocurre hace años en la realidad de todos los días–, no solamente ratificar, en la práctica diaria, sino ampliar las atribuciones castrenses en la vida nacional. El ejército y la marina podrán instalar destacamentos de seguridad, servir de escoltas, en todos los ámbitos, establecer bases de operaciones móviles y fijas, retenes y puestos de seguridad. Llevar a cabo intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes y revisiones en puestos de vigilancia; reconocimientos y acciones de seguridad en más de 3 mil instalaciones estratégicas de PEMEX, Conagua, CFE, puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras.
FOTO: ALAN ORTEGA / CUARTOSCURO
Por: José Reveles
En el tránsito de 2016 a 2017 menudearon las remembranzas, los análisis de coyuntura y múltiples efemérides por los diez años del ejército actuando en temas de seguridad. La inmensa mayoría de los textos escritos, las entrevistas y mesas de debate aludían solamente a la declaratoria de guerra de Felipe Calderón al narcotráfico, en diciembre de 2006. No se recordaba a un general, Rafael Macedo de la Concha, al frente de la Procuraduría General de la República desde seis años antes durante el gobierno de Vicente Fox; y menos el experimento de ocupar con militantes todos los espacios de la procuración, administración de justicia e inclusive sustituir agentes federales por tropas operativas en Chihuahua, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Los intentos oficiales por colocar a militares en tareas reservadas a civiles, en efecto, cumplen más de 20 años de manera formal. Sin embargo, desde muchas décadas atrás las tropas cuentan con permiso para reprimir en situaciones de riesgo, real o supuesto, en cualquier región del país, y son la mano de obra que se ocupa para destruir plantíos de adormidera y cannabis por toda la geografía nacional. Hagamos, pues, memoria:
Hoy es gobernador de Chihuahua, pero cuando era diputado federal hace más de un lustro, el panista Javier Corral lanzó una frase lapidaria: “En México, la seguridad nacional se entendió como asunto de control político del régimen en turno: de 1917 al año 2000 operó una especie de híbrido entre seguridad interior y protección patrimonialista de la clase política”.
Su diagnóstico era duro:
“El objetivo primordial de este enfoque era mantener el control político y social en todos los ámbitos de la vida pública sin alterar el régimen establecido, basado en el partido de Estado y en la centralización (en los hechos) de los tres poderes de la república bajo el poder del Ejecutivo”.1
El elemento que cohesionaba, en la práctica, esta concepción de la seguridad nacional, eran por supuesto las fuerzas armadas.
No es caprichoso mencionar a Chihuahua cuando se analiza la actuación del ejército en rubros que están fuera del ámbito que le es propio, aunque su papel estuvo claramente definido en la constitución hasta antes del año 2000. La pretensión de aprobar una Ley de seguridad interior implica que habrá larga permanencia del ejército en las calles y que sus acciones irán más allá del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada: el control militar de la protesta social y la “mano dura” contra toda disidencia.
Desde el sexenio de Ernesto Zedillo –mientras ejército y Procuraduría de la República trataban de capturar al Sub Marcos y a otros dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas– al año siguiente de la declaración de guerra al gobierno salinista y mientras se desarrollaban ya acuerdos de paz oficiales, se puso en marcha en Chihuahua un bizarro ensayo prianista colocando a abogados castrenses como agentes del ministerio público, nombrándolos comandantes de la entonces Policía Judicial Federal. Hubo más de 120 mandos medios y elementos de tropa operando en la propia policía. Militares eran jueces y también jefes en la delegación de la PGR.
En suma, con Zedillo presidente, procurador de la República el panista Antonio Lozano Gracia y titular de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre, todos ellos y el gobernador Francisco Barrio, otro panista, experimentaron imponiendo un poder castrense tanto en la procuración como en la impartición de justicia estatal. Militares coparon todos los niveles para investigar, administrar y operar institucionalmente asuntos antes solamente manejados por los civiles.
Eran épocas de dominio del Cártel de Juárez en el tráfico de drogas, tiempos de Amado Carrillo Fuentes, poderoso capo cuya desaparición física ocurrió en julio de 1997 (ojo: no dije muerte, a propósito, pues persiste la sospecha de una autodesaparición). Lo cierto es que el llamado Señor de los cielos sigue vivo y actuante en las películas y en las series televisivas. Y ese ejército mexicano, metido a labores policiacas y judiciales desde hace más de 20 años, por presión de Washington y su presidente Bill Clinton, reclama hoy seguir en las calles, aunque el discurso oficial finja desear lo contrario.
Quienes inauguraron la militarización de Chihuahua tienen nombre y apellidos. El teniente coronel Sócrates Herrera, quien había sido subdirector de la Policía Judicial Militar, tomó posesión como subdelegado estatal de la PGR. Eran finales de 1995.
En 1996 llegó como jefe a la V Zona Militar el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en pleno apogeo del plan piloto de militarización de la PGR y de la procuraduría chihuahuense, los juzgados y las policías federales y locales, con intención expresa de exportar posteriormente la experiencia a otros estados de la República.
Vega sustituyó al general Adrián Almazán, acusado de desvío de fondos en la construcción de instalaciones castrenses. Pero durante la gestión de Clemente Vega, militares bajo su mando secuestraron, torturaron y asesinaron al indígena tepehuano Valentín Carrillo en octubre de 1996 y el general debió reconocer la responsabilidad en estos crímenes de más de una decena de soldados y oficiales del X Regimiento de Caballería con sede en Ciudad Cuauhtémoc, encabezados por el capitán Gustavo Aviña Gutiérrez, quien terminaría siendo condenado a 30 años de prisión. La viuda de Carrillo, Elena Chaparro, recibió un cheque por 102 mil 661 pesos, pero hasta que lo ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tres años después y el asunto se cerró. El general Vega, cuando reconoció la culpabilidad de sus tropas, alegó que se trataba de una “excepción” y que las fuerzas armadas no podrían prohijar, tolerar o permitir este tipo de abusos. El general Vega ascendió a secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Vicente Fox.
La era Calderón
Es fama bien ganada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa la de haber sido el responsable de la intrusión masiva de militares y marinos en la vida cotidiana de los mexicanos, cuando declaró la guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Inició en Michoacán, la tierra que lo vio nacer, apenas se instaló en la presidencia de la República, en diciembre de 2006.
Aquí intento documentar, sin afanes de exculpación, que no se trató de una acción espontánea y ni siquiera escogida por Calderón, sino que le fue impuesta por dos vías:
1.- La circunstancia adversa de ser un presidente con muy escasa credibilidad, con sospechas de ser producto de un fraude electoral en las urnas o de una previa compra masiva de votos y voluntades a través de los programas sociales durante el gobierno de Fox. Por tanto, buscar apoyo de la milicia mediante una guerra interna era lógico en la búsqueda de la legitimidad perdida.
2.- El interés del gobierno estadunidense, entonces presidido por Bill Clinton, se había volcado contra el tráfico de drogas. El general William Perry, su secretario de la Defensa, visitó México en octubre de 1995 y, ni más ni menos que en el Campo Militar Número 1, pronunció un discurso ante la plana mayor de las fuerzas armadas mexicanas y 10 mil soldados y cadetes reunidos para la ocasión, afirmando que “la seguridad nacional” entre los Estados Unidos y México era el tercer vínculo sobre el que las dos naciones deberían estrechar sus relaciones, las cuales ya eran fuertes en lo político y en lo económico. Es precisamente a partir de ese discurso que el analista Carlos Fazio escribió el libro El tercer vínculo.2
Hay que recordar que México venía de un muy reciente levantamiento insurgente, el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Aunque las acciones guerreras duraron oficialmente menos de dos semanas, lo que el zapatismo generó como respuesta del Ejército fue una especie de reorganización de las fuerzas armadas, que instalaron Bases de Operaciones Mixtas en todo el sureste mexicano, se adiestró a nuevas tropas de élite que se denominaron Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES) y Grupos Anfibios también de Fuerzas Especiales (GANFES). Se construyeron modernas carreteras como vías de penetración de la antes recóndita e inaccesible selva chiapaneca, se intensificó una guerra de baja intensidad bajo el principio de “dejar al pez sin agua”.3 Pero no se logró, hasta la fecha, destruir el movimiento zapatista, hoy organizado en alcaldías y comunidades autónomas, en los llamados “caracoles”, con un estilo de vida participativo que nada tiene qué ver con el modelo occidental.
También el DF
En materia castrense, como en política, no hay coincidencias. En 1996 tomaba posesión de la policía de la ciudad de México el general Enrique Salgado Cordero, quien colocó a 20 generales más y a 18 coroneles en los principales mandos de la seguridad en la capital del país. El 8 de septiembre de 1997 sus fuerzas de Tarea “Zorros” y “Jaguares”, en las que operaban militares y paramilitares, secuestraron a seis jóvenes en la colonia Buenos Aires, cuyos cadáveres aparecerían en el Ajusco y en las inmediaciones de Tláhuac, torturados, descuartizados y con tiro de gracia, con lo que se puede ver que métodos crueles como el desmembramiento de cuerpos no fue invento exclusivo de la delincuencia. Otro general, Luis Roberto Gutiérrez Flores, al frente de la policía judicial, también nombró a militares a su servicio.
En el nivel federal, en diciembre de 2006 llegó a dirigir la PGR Jorge Madrazo Cuéllar y colocó en puestos clave y de persecución al narcotráfico a los generales Guillermo Álvarez Nara (Policía Judicial Federal), Tito Valencia Ortiz (Centro Nacional para el Control de Drogas, Cendro) y Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
1.- El experimento de Chihuahua fracasó, porque el Cártel de Juárez siguió operando, incólume, impune y exitoso, y porque los militares cometieron abusos extremos contra la población.
2.-También resultó fallido el plan piloto castrense en el entonces Distrito Federal, con generales violando todos los derechos humanos. Además, en 1997 llegaría la alternancia partidaria, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en las primeras elecciones capitalinas que daban fin a la regencia dominada por el Ejecutivo Federal.
3.- El esquema castrense adoptado por Madrazo en la PGR terminó con el general Gutiérrez Rebollo enviado a prisión menos de 100 días después de que había sido nombrado como el zar antidrogas mexicano (al frente del Instituto Nacional de Combate a las Drogas), alabado por las autoridades de Estados Unidos e invitado a la Casa Blanca por el general Barry McCafrey, zar antidrogas de Washington. Terminó su vida en un hospital sin haber sido puesto en libertad, alegando que toda la embestida en su contra tuvo su origen en el hecho de que denunció relaciones del suegro de Ernesto Zedillo, el padre de su esposa Nilda Patricia, Fernando Velasco Márquez, con los “reyes de las anfetaminas”, los hermanos Amezcua, de Colima.
Más allá de los pésimos resultados de la incorporación de soldados y oficiales de los rangos más altos del ejército en responsabilidades de seguridad pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2000, decidió justificar la injerencia castrense en temas policiales sin necesidad de una declaratoria de emergencia. Era la oficialización de esa presencia en tareas reservadas a civiles, aunque la creciente colocación estratégica de
las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior ha sido una constante durante varias décadas.
Textualmente la Suprema Corte decidió hace 17 años que “las fuerzas armadas pueden entrar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen… El instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materia de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y con participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina…” Además, la fracción VI del Artículo 89 Constitucional faculta al presidente de la República “a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior (…) Por estas razones no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional (…)”.
Ya habían nacido un año antes Los zetas, grupo de sicarios desertores del ejército mexicano, particularmente de los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes), con entrenamiento de élite en México, en Estados Unidos, en Israel y en países europeos. Sirvieron primero al Cártel del Golfo, en donde se contrataron bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, pero terminaron por separarse y formar su propio cártel del narcotráfico, que hoy se extiende por todos los estados costeros del Golfo de México, desde la frontera con Estados Unidos y hasta el caribe mexicano, pero también en regiones del centro y occidente de la república mexicana; tienen presencia en Centro y Sudamérica y sus nexos aparecieron en Europa, como lo describe la periodista Cynthia Rodríguez4 en su libro Contacto en Italia / El pacto entre los Zetas y la Ndrangheta.
El general Rafael Macedo de la Concha fue nombrado procurador de la República durante el gobierno de Vicente Fox. Fue un activísimo impulsor del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, hasta que su propio jefe Fox reculó y se desistió de ese empeño al ver que solamente lograba hacer crecer políticamente al opositor tabasqueño. Hubo generales, coroneles y una cauda de oficiales a cargo de tareas de procuración de justicia, quienes se encargaron de ir disminuyendo gradualmente la destrucción aérea, con avionetas y helicópteros, de los plantíos de amapola y mariguana, hasta que –dos días antes de terminar el sexenio, 28 de noviembre de 2006– una decisión presidencial retuvo en tierra toda la flota aérea de la PGR, que eran exactamente 108 aeronaves de ala fija y rotatoria. Dos semanas después, el nuevo procurador Eduardo Medina de la Mora (hoy ministro de la Suprema Corte) transfería aviones y helicópteros a la Secretaría de la Defensa, según consta en documentos firmados por él y por el general Guillermo Galván Galván, nuevo titular de la SEDENA en el naciente gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ya no hay fumigación aérea de plantíos ilícitos desde entonces. Los cultivos de opiáceos (adormidera) y de mariguana han crecido de manera exponencial y convirtieron en estos 11 años a México en segundo productor de heroína en el mundo (solamente después de Afganistán) y en muy relevante aportador de cannabis al mercado mundial.
Fue también el gobierno foxista, en 2004 y 2005, el que publicó la reforma constitucional que facultaba al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad nacional.
Fuerza Armada permanente
Ya en 2009 Calderón enviaba una iniciativa al Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional a fin de dar “certidumbre jurídica” y fijar lo que llamó “corresponsabilidad”, en la actuación, que todavía era considerada “supletoria y subsidiaria” del Ejército, con el fin de hacer frente al creciente poder del narcotráfico.
Con Calderón en la presidencia de la república se establecieron procedimientos para contar con la fuerza armada “permanente” en actividades de “auxilio” a las autoridades locales, mediante una simple “declaratoria de afectación a la seguridad interior”. El Senado tuvo buen cuidado de establecer que esa declaratoria nunca debería ser motivada por movimientos sociales o conflictos políticos o electorales y estableció que los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas en auxilio de autoridades civiles serían juzgados precisamente por tribunales civiles.
Esta última disposición era letra muerta porque los jueces civiles han declinado, casi sin excepción, la competencia para procesar a soldados y marinos, por lo cual los casos son retomados por la justicia castrense. Antes de ser procurador de la República, en el sexenio foxista, el general Rafael Macedo de la Concha era procurador militar.
Volviendo a Javier Corral legislador, él criticó el hecho de que una minuta aprobada por el Senado en 2010 fue turnada a cinco comisiones de la Cámara de Diputados, “señal inequívoca” de que no se quería dictaminar una ley que emitió la Cámara Alta con equilibrio y contrapesos. Primero hubo desatención y “modorra” de la fracción priista, pero de pronto surgió un interés inusitado y una prisa por aprobar un proyecto de dictamen muy diferente al que se estaba discutiendo.5
Era un golpe legislativo para eliminar toda restricción al ejército en su actuar en funciones policiacas. La proliferación de términos castrenses como “factor adverso”, “presión dominante”, en la propuesta priista, dentro de la cual destacaban los diputados mexiquenses –describió Corral–, hacían sospechar seriamente sobre el verdadero origen de las modificaciones. Entre las propuestas priistas estaban:
“El artículo 30 facultaba al Ejército para realizar labores de inteligencia. El 70 le permitía intervenir comunicaciones privadas. En el artículo 75, fracción VIII, se anulaba la cláusula enviada por el Senado en la que se acotaba que la declaratoria de afectación interior no procedería por movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales. En el 86 se facultaba una Fuerza Armada Permanente para actividades de índole policial, cuando hubiese una declaración de afectación a la seguridad interior. A las fuerzas armadas se les permitiría la detención de individuos, ejecución de interrogatorios, realización de operativos de inteligencia, operaciones encubiertas, cateos, retenes y operaciones de vigilancia permanente”.
Por estos antecedentes, no es extraño que hoy el principal proyecto de Ley de Seguridad Interior haya sido elaborado por el diputado mexiquense, ex gobernador, ex dirigente nacional del PRI César Camacho Quiroz, y por la diputada Martha Sofía Tamayo Morales.6 Hay otra propuesta, a cargo del senador de Acción Nacional Roberto Gil Zuarth, que no difiere esencialmente de los propósitos del documento priista y otra perredista que tiene puntos de coincidencia con las del PRI y del PAN.
Consensos y consulta con Sedena
Se hizo público y sin ambages que los proyectos han sido consultados y consensados por los legisladores con la jerarquía castrense. Para que se sepa quién tiene el poder.
Hoy se propone, con el pretexto de dar un supuesto marco de actuación legal a las fuerzas armadas –algo así como poner finalmente en una ley lo que ya ocurre hace años en la realidad de todos los días–, no solamente ratificar, en la práctica diaria, sino ampliar las atribuciones castrenses en la vida nacional. El ejército y la marina podrán instalar destacamentos de seguridad, servir de escoltas, en todos los ámbitos, establecer bases de operaciones móviles y fijas, retenes y puestos de seguridad. Llevar a cabo intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes y revisiones en puestos de vigilancia; reconocimientos y acciones de seguridad en más de 3 mil instalaciones estratégicas de PEMEX, Conagua, CFE, puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras.
Amplía facultades de los militares para recolectar, procesar, diseminar y explotar información de inteligencia para la toma de decisiones de seguridad, y coloca entre los principales desafíos y enemigos a vencer al terrorismo, la delincuencia organizada, las drogas, la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, los ataques a la seguridad cibernética y la posibilidad real de acceso, posesión y uso de armas de destrucción masiva por parte de terroristas, entre otros.
Para que nadie se sienta sorprendido de esta nueva campaña para que el ejército permanezca en las calles y no vuelva a los cuarteles, el tema ya había sido abordado y colocado en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, pomposamente calificado de “Una política multidimensional para México en el siglo XXI”, cuyas 46 páginas pueden consultarse en el Diario Oficial de la Federación.
En el Programa para la Seguridad 2014-2018, aparece la Estrategia 2.2.1. que propone “impulsar las reformas legales necesarias para dar sustento a la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de Seguridad Interior (…)” y también promover reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y a la de la Armada de México, “a efecto de actualizar su marco legal en materia de Seguridad Interior”.7
El objetivo específico 2.2. no deja lugar a dudas. Prevé “la pertinencia de fortalecer la capacidad de respuesta de las Fuerzas Federales (civiles y militares) para que éstas se encuentren en condiciones de ser desplegadas y sostenidas con oportunidad cuando así lo ameriten las circunstancias”.
Se recuerda en el proyecto priista que ya el artículo 89 constitucional confiere de manera exclusiva al presidente de la República la posibilidad de “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, para garantizar la Seguridad Interior y la Defensa Exterior” del país.
Esta concesión de facultades va acompañada de una enorme y difusa discrecionalidad para decidir cómo y cuándo la fuerza federal puede intervenir por “amenazas a la seguridad”.
Sello mexiquense… y colombiano
Tlatlaya, en el estado de México, se convirtió en uno de los ejemplos más acabados de la actuación violenta de tropas del ejército “para abatir, en horas de oscuridad” (según reza su Orden General de Operaciones) a presuntos delincuentes que ya se habrían rendido y depuesto sus armas. Al menos dos tercios de 22 jóvenes víctimas de homicidio fueron fríamente fusilados y se les dio el tiro de gracia el 30 de junio de 2014, según la CNDH.
Año y medio después, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila defendía la actuación del ejército en el caso: los soldados, dijo, “se la han jugado con el país y tienen un papel muy importante en la paz social y en el control de las fuerzas delictivas”.
Añadió que “aceptamos incondicionalmente” las recomendaciones de la CNDH, por las cuales están siendo procesados 8 policías ministeriales. “Esperemos que el juez ponga una sanción ejemplar”.
Pese a estos malos deseos de Eruviel contra sus propios agentes de policía acusados de tortura contra tres mujeres sobrevivientes, cuatro de ellos recluidos en Almoloya, es posible que sean liberados todos, al igual que los 7 militares responsables de las ejecuciones extralegales ya obtuvieron su libertad, pues fueron acusados de “faltas a la disciplina militar”, en el contexto de 22 crímenes que deberían considerarse de lesa humanidad.
La impunidad es la regla de todas las violaciones a derechos humanos fundamentales. Por eso se repiten. Por eso es posible que en México existan en los años recientes, “falsos positivos” como se nombran en Colombia, que en los hechos son inocentes levantados, desaparecidos o asesinados, pero a los cuales se incorpora a la contabilidad de delincuentes abatidos por el gobierno.
En Colombia hubo cerca de 5 mil de estas víctimas que nada tenían que ver con la guerrilla o con el tráfico de drogas, con los paramilitares o con el narcomenudeo, pero que fueron sacrificadas en un afán de demostrar que el gobierno iba ganando la guerra. Matar, descuartizar, desaparecer civiles se convirtió en negocio, luego de que el presidente Álvaro Uribe emitió el decreto 1400 el 25 de mayo de 2006, en apoyo de la Directiva Ministerial 29, del 17 de noviembre de 2005, firmada por el general ministro de la Defensa Camilo Ospina. En esencia, esos decretos ofrecían ascensos militares, incrementos salariales y otras prestaciones laborales a la milicia a partir de “resultados contra la guerra”. Es decir, a más muertos, más beneficios.8
Y entonces ocurrió lo indecible: las tropas capturaban a inocentes para llevarlos a los cuarteles, fusilarlos y luego vestirlos con el uniforme de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), supuestamente caídos en combate. Solamente que cometieron el error de que los uniformes camuflados, colocados post mortem, no tenían las perforaciones de las balas.
Después perfeccionaron sus métodos y fusilaban inocentes a cinco metros de distancia, vestidas ya las víctimas inocentes con el uniforme camuflado, eliminando así el tema de las perforaciones sobre la ropa y también el del fogonazo provocado por disparos a quemarropa. Hubo grandes escándalos cuando en Soacha y Ciudad Bolívar fueron detenidos-desaparecidos 46 jóvenes (incluyendo indigentes, discapacitados, drogadictos) y sus cuerpos ejecutados aparecían a casi 800 kilómetros de distancia, en Ocaña, departamento de Santander, como si hubiesen sido guerrilleros abatidos en combate. Solamente que en dos días –reflexionaron, concluyeron, denunciaron familiares– era imposible que se hubiesen afiliado a las FARC, militado con uniforme y combatido contra las fuerzas armadas.
¿Cuántos falsos positivos ha habido en México? De los casos conocidos, los estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey; los jóvenes que iban a una fiesta en Santiago de los Caballeros, en Badiraguato; Martín y Bryan Almanza, de nueve y cinco años de edad, abatidos cuando con su familia iban a vacacionar a la playa en Matamoros. Los 16 estudiantes y deportistas liquidados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, a los que Felipe Calderón, estando fuera del país, criminalizó de botepronto, irresponsabilidad por la cual tuvo que ir a pedir perdón público.
Cito textualmente lo que escribió Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para la Ejecuciones Extrajudiciales, después de una misión de investigación en Colombia:
“Miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que la persona sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la guerra contra la guerrilla y contra el narcotráfico…”9
En las calles, “5 o 10 años más”
¿Y en todo este contexto, cómo, por qué, ahora mismo y para qué encajan las palabras del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional?
Lo que yo he tratado de decir aquí es que estamos ante un panorama de más de lo mismo, no de una, sino de más de dos décadas de militarización creciente de México. En realidad de varias décadas más de involucramiento castrense en la vida diaria del país, con pretextos diversos que van desde la ayuda en desastres naturales, hasta persecución de guerrilleros, destrucción de plantíos, búsqueda de drogas y narcotraficantes, con el resultado final de invasión de tropas en municipios y estados que lo solicitan. Pero también en los que jamás pidieron el refuerzo de la potencia militar, que puede, en los hechos, decidirse desde el centro del poder federal. Véase, si no, el caso Michoacán, con el aliento oficial a las autodefensas y después con la decisión gubernamental para eliminarlas antes de que se salieran de control. Toda esta operación fue encargada por la Federación al entonces llamado virrey Alfredo Castillo, hoy encargado del Deporte nacional.
En esta vieja historia, el general Guillermo Galván Galván anunciaba a los diputados, en abril de 2010, que el ejército debería quedarse en las calles por 5 o 10 años más. El plazo aún no se cumple, pero ya se trabaja aceleradamente para satisfacer la aspiración y profecía del que fuera secretario de la Defensa en el calderonismo, quien discursivamente ya exigía dotar a las fuerzas armadas de un marco jurídico necesario para combatir al crimen, “pero sin privilegios ni espacios de impunidad”.
Más allá de discursos y promesas, lo real es que las quejas contra el ejército y la marina se han multiplicado en más de mil por ciento desde que asumieron tareas de seguridad pública, tareas policiales para las que, como dijo el secretario Cienfuegos, “no fuimos entrenados”. “Nadie nos enseñó a perseguir delincuentes”.
Creo que el discurso de Cienfuegos de que, si hay que volver a los cuarteles, “yo alzo no una sino las dos manos”, se parece a aquel editorial del Diario de Juárez, que se hizo famoso por ser dirigido a la delincuencia y no a las autoridades, porque quienes mandaban eran los criminales: “Ustedes díganos qué hacemos, ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”.10
Te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro.
El general secretario echa la carga del problema a los demás: al poder legislativo, al presidente de la república. Háganle como puedan, porque si nos quieren activos, deben aprobar presupuestos, legislar para darnos un marco de actuación. Un chantaje, pues. Un ultimátum al más puro estilo castrense. Un “háganlo ustedes mismos, si es que pueden”. Todo ello en medio de la falta de aprobación de una ley que defina si habrá un mando único federal o 32 mandos estatales de seguridad de las policías. El proyecto original anula toda capacidad municipal de tener y mandar sobre sus propios policías, porque son el hilo más delgado, los corruptos, los comprados por la delincuencia, los ineptos, los no acreditados, los que no pasan los exámenes de confianza, los más fácilmente corruptibles y reclutables para la delincuencia. Eso dicen el gobierno federal y el Congreso de la Unión. Los peor pagados, los mal armados, los siempre insuficientes en número, los expuestos a todos los peligros, los criminalizados de toda la vida.
Poco duraron las frases equívocas. El titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, dijo en Coahuila, el 9 de marzo de 2017, que el ejército seguirá en las calles:
“No nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos (diría sin mostrar encuesta alguna); no es nada más la orden del presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos y ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario”.11
Aprovechó el general para urgir al Congreso de la Unión a emitir la Ley de Seguridad Interior, para que haya “una ruta crítica” para el retorno de los militares a los cuarteles. ”Entre mejor policía haya, menos militares”…Hay que generar las condiciones para que el Ejército vaya replegándose poco a poco a sus cuarteles”.
Pero, lo más relevante del asunto, quien promueve las modificaciones es el PRI, específicamente el PRI mexiquense, que no tiene seguro el triunfo estatal ni el nacional en el 2018 para seguir en el poder… pero que podría estar consintiendo al poder militar para seguir enviando un mensaje de alianza con la fuerza que impone, que amedrenta, que espía, que persigue y reprime, que opera la seguridad para que los políticos de siempre, junto con los militares, sigan disfrutando de poder, canonjías, dominio de negocios lícitos e ilícitos, al amparo de la seguridad nacional, seguridad pública o interior o como quiera llamársele, aunque nunca se le mencione como lo que debería ser: una verdadera seguridad ciudadana.
Referencias
Javier Corral Jurado, Ley de Seguridad Nacional, la reforma, www.javiercorral.org / Y también www3.diputados.gob.mx
Carlos Fazio, El tercer vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México. Joaquín Mortiz, México 1996.
Siempre cerca, siempre lejos. Las fuerzas armadas en México. Varios autores. Global Exchange, CIEPAC, CENCOS. México 2000.
Cynthia Rodríguez, Contacto en Italia / El pacto entre los Zetas y la Ndrangheta.
Javier Corrral, Ibid.
César Octavio Camacho Quiroz y Marta Sofía Tamayo Morales, diputados federales en la LXIII Legislatura, en sil.gobernación.gob.mx
Programa Nacional de Seguridad Nacional 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, página 10, 30 de abril de 2014.
José Reveles, Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos, Grijalbo – Random House Mondadori, México 2011.
José Reveles, Ibid
Diario de Juárez, editorial del 19 de septiembre de 2010. Citado por La Jornada, 20 de septiembre de 2010.
La Jornada, 10 de marzo de 2017, “La gente exige al ejército en las calles: Cienfuegos / Ampliarán las fuerzas armadas su presencia en el país”.
