Ataque a la televisión pública
Por fin se han consumado los deseos de deteriorar la televisión pública. Acaba de aprobarse en España la ley por la que se elimina de la TV pública estatal la publicidad y los contenidos de mayor atractivo popular. Era la aspiración de los canales privados que, en sus deseos de conquistar todos los espacios de posible negocio, han dado la batalla por arrumbar a este medio.
Mariano Cebrián Herreros
a televisión pública nació en toda Europa como servicio público y sólo a partir de 1975 se inició la ruptura del monopolio en Italia más tarde en los demás países para dar entrada al sector privado. Fue concebida como un servicio esencial que debía dar el Estado. Especialmente en un momento como el posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando gran parte de los países europeos quedaron en la ruina y el Estado tenía que sacar adelante el país y establecer una democracia para todos los ciudadanos.
La televisión pública contribuyó con sus ofertas de contenidos de información, entretenimiento, cultura y educación. La sociedad encontraba su reflejo democrático en este espacio al recibir una información veraz, de interés general y, sobre todo, de la representación de todas las corrientes ideológicas, salvo en aquellos países en los que estaba implantada alguna dictadura. En ese proceso ha habido lamentablemente abusos de los gobiernos democráticos al convertir una TV de todos y para todos en una televisión de Gobierno o de partido político. Poco a poco cada país ha ido corrigiendo tal situación. En España se logró definitivamente con la Ley de Televisión de 2006 que creó la nueva Corporación RTVE en la que se establecía con claridad la separación de la televisión pública del Gobierno al situarla bajo el control parlamentario y el nombramiento del Consejo de Administración y de su Presidente por un porcentaje elevado de los parlamentarios. Fue una solución aplaudida por todos y el propio canal ha respondido con una oferta informativa independiente.
No se esperaba que el mismo partido gubernamental que promovió esto llegara, en una fase posterior, a un ataque tan directo que deja a la televisión pública en la mayor de las debilidades. El ataque ha llegado, en síntesis, por dos vías: por la eliminación de la publicidad y por la reducción de determinados contenidos de su programación. Esto sucede en el momento en que gobierna un partido socialista cuyos objetivos en toda su historia han sido los de defender lo público frente a lo privado. Ahora cede con la televisión y entrega al sector privado uno de los campos principales de la financiación. Pero con ser ello importante, lo es mucho más que haya aceptado que la televisión pública tenga que abandonar de su programación aquellos contenidos que ejercen mayor capacidad atractiva sobre la audiencia.
Efectivamente: la financiación de la televisión pública puede realizarse mediante diversos recursos como el presupuesto estatal, un canon que tienen que pagar los ciudadanos, la publicidad y la venta de sus productos. Los modelos en Europa inclinan la balanza a favor de unos o de otros, sin unanimidad. En Francia, por ejemplo, se ha suprimido recientemente la financiación de la TV pública por la vía publicitaria y se ha impuesto que sean los canales privados y los operadores de telecomunicaciones, además de un aporte de los presupuestos públicos, los que con determinados porcentajes financien los gastos. España ha seguido una orientación similar. Esto es discutible, pero al fin y al cabo la decisión no modifica lo sustancial, ni los objetivos de servicio de una televisión pública.
Lo que realmente torpedeará al medio es la retirada de la competitividad con el sector privado en los mercados nacionales e internacionales de algunos contenidos al no poder pujar para conseguir la exclusiva de los derechos de los grandes espectáculos deportivos y no poder contratar las películas de máximo éxito de taquilla.
Los deportes masivos han sido y siguen siendo los contenidos de mayor presencia en la programación de los canales generalistas que quieren llegar a todos los públicos. La prohibición de que un canal público estatal pueda concurrir a la adquisición de los derechos de retransmisiones de los Juegos Olímpicos, de los partidos de las Selección Nacional de fútbol, baloncesto y otros deportes, los de la Champions League europea o los de la Liga Nacional de Fútbol, supone un freno al aumento o al menos el mantenimiento de un nivel de audiencia adecuado. Se han defendido siempre los elevados gastos por los derechos de los Juegos Olímpicos y de las selecciones nacionales por ser uno de los elementos de fomento de cohesión social y nacional. La eliminación de esta opción obligará a la televisión pública a centrarse en otros deportes minoritarios que aunque servirá, a su vez, para reforzarlos, algo que ya venía combinándolo con anterioridad; sin embargo, sólo logrará audiencias reducidas.
Otro de los grandes campos de atracción de audiencias es el de los contenidos cinematográficos. Con la nueva Ley se reduce también la oferta de películas. Apenas podrá programarse una película cada semana de las grandes que presenta el mercado.
La televisión privada siempre ha sido partidaria de la libertad de mercados para que todos puedan concurrir a la obtención de cualquier producto televisivo, sin embargo niega constantemente esta posibilidad a la televisión pública. Es una tendencia acorde con la pretensión del pensamiento conservador y liberal que lo deja todo al libre proceso del mercado. Claro que siempre que éste le sea favorable.
En cuanto llega la crisis, como la financiera, económica y mediática actuales, acaba pidiendo ayuda al Estado para que le saque de la situación. Es una ideología en favor del lucro de algunos, sin preocuparse de la situación de los demás. Esto, llevado al campo de la programación televisiva, conduce a la oferta de contenidos que potencialmente puedan atraer mayor audiencia más allá de la calidad y al rechazo de los de menor seducción. Todos aquellos contenidos que rebajen la media del share de la cadena inmediatamente se retiran.
De ese modo se llega, cada vez más, a un deterioro de los contenidos hasta conculcar derechos como el de la intimidad, de la imagen, del honor, del respeto a la infancia y juventud o de la dignidad de las personas. Cada vez que se efectúa un estudio sobre el cumplimiento del control de algunos contenidos respecto de estos derechos en determinados horarios, firmado hace unos años por todos los canales de televisión con el Gobierno, se aprecia que se incumplen en unos porcentajes elevados. La competitividad del mercado en este caso induce a que se apueste por contenidos de entretenimiento envueltos en la frivolidad, la irresponsabilidad social y el todo vale con tal de que suba la audiencia.
La TV pública debe ofrecer todo tipo de contenidos con calidad para todos los ciudadanos y ser garante del cumplimiento de todas las normativas, del fomento democrático de la convivencia, del impulso de la superación del ser humano en todas sus dimensiones. Esto no se consigue con programas de muy baja audiencia.
Recluir a la televisión pública en aquellos contenidos que apenas aporten audiencia será condenarla al ostracismo, a dejarla sin sentido e incluso a llevarla a su desaparición, objetivo que se halla de manera patente en la práctica de los defensores neoliberales del excluyente mercado libre.
Lo que más sorprende en esta situación es que la legislación no haya sido impulsada por partidos políticos próximos a esta ideología, sino precisamente por el que se opone a ella. No se encuentra otra razón en esta decisión que, una vez perdido el servilismo de la televisión pública a sus planteamientos, se ha cedido a las presiones del sector privado por miedo a un ataque contra la política gubernamental y por el deseo oculto de recibir apoyo electoral en futuras convocatorias.
Sin embargo, lejos de cumplirse eso, se comprueba que los beneficiados se olvidan rápidamente de las concesiones y siguen con su comportamiento de ataque al Gobierno, al partido que lo sustenta o a cualquier otro según los aires del mercado de las audiencias.
La ley anterior de reorganización de la radiotelevisión pública estatal en España supuso que se quedaran en el paro más de cuatro mil profesionales. La nueva normativa nada indica a este respecto, pero les temores sindicales son justificados al apreciar que la bajada de audiencia y la reducción de producción conllevará inexorablemente otra reorganización de la plantilla y más puestos de trabajo eliminados.
Lo peor de todo ello recaerá en el ciudadano. Una televisión pública empobrecida en contenidos y sustentada en ofertas minoritarias dejará de tener demasiado sentido especialmente cuando el costo de su mantenimiento sea muy alto.
Sin una televisión pública potente será difícil mantener un entretenimiento digno y una información de calidad, de contraste de opiniones, con un comportamiento neutral ante las divergencias de los grupos políticos, económicos y sociales y las diversas corrientes de opinión en torno a cualquier tema sin tomar partido a favor de nadie, salvo de la defensa de los valores recogidos en la Constitución y en el servicio a todos los ciudadanos del país. Y si esto no lo garantiza la televisión pública, será difícil que lo aporten los canales privados sometidos a las presiones económicas y políticas de los grupos más fuertes.
La televisión pública deseada es la que no esté a favor de un gobierno, de un partido, de unas empresas o de grupos de presión, sino al servicio de todos los ciudadanos sin discriminación alguna.
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Correo electrónico: marceb@ccinf.ucm.es
