Silencios significativos
Miguel Concha
Colaborador de La Jornada
Durante la audiencia que el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el pasado 18 de julio en Washington a nueve redes y organizaciones de la sociedad civil sobre la situación de la libertad de expresión en México, la delegación gubernamental se comprometió formalmente a enviar información sobre el avance de las investigaciones de los crímenes cometidos contra periodistas, a garantizar en su seguimiento una amplia participación de las organizaciones que trabajan en ello y a fortalecer los mecanismos institucionales y legales que eviten que dichos crímenes sigan en la impunidad.
Dijo también que se comprometía a aceptar el acompañamiento puntual que la CIDH lleve a cabo en el proceso de elaboración de las nuevas leyes federales de radio, televisión y telecomunicaciones, y mostró su interés por garantizar el reconocimiento de los medios comunitarios en el nuevo marco normativo, de conformidad con los estándares internacionales. No externó, sin embargo, ninguna consideración, y mucho menos hizo algún compromiso, sobre la persistencia de los delitos de difamación y calumnia, como forma de hostigamiento en contra de las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, en 28 estados de la República, a pesar de su despenalización a escala federal; ni sobre el retroceso que implican las leyes o iniciativas de leyes de acceso a la información, patrocinadas por los ejecutivos locales en varias entidades (Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Jalisco, por ejemplo), no obstante la reforma recientemente publicada al artículo 6 de la Constitución federal, que establece principios mínimos para garantizar este derecho.
Sobre todo, no hizo ninguna alusión a la urgencia de reglamentar la asignación de publicidad oficial a los medios independientes y a las publicaciones críticas de diversos sectores de la sociedad, no obstante que así se lo demandaron las organizaciones civiles participantes en la audiencia, y a pesar de que ello constituye una obligación internacional del Estado mexicano, y por lo mismo una responsabilidad que el gobierno tiene que cumplir a escala federal y hacer cumplir a escala estatal.
En su Informe sobre la situación de la libertad de expresión en México, que actualiza y complementa el que el 10 de abril de este año entregaron en el Distrito Federal a Florentín Menéndez, presidente de la CIDH, las organizaciones civiles señalan que durante los distintos gobiernos priístas y panistas no se han establecido criterios suficientemente transparentes en los acuerdos y lineamientos generales para la aplicación de recursos federales en materia de comunicación social, difusión y publicidad oficial de las dependencias gubernamentales, y expresan su inquietud de que los criterios de asignación publicitaria del nuevo gobierno se centren y subordinen a la ley de la oferta y la demanda, porque «si ese criterio se sigue privilegiando, o si se continúa manteniendo aislados y en el olvido los escasos proyectos editoriales y electrónicos no masivos y de carácter cultural y académico, éstos correrán el riesgo de desaparecer, con lo que se erosionará una forma de difusión prioritaria en el camino hacia la democracia».
Las redes y organizaciones recuerdan que de conformidad con el artículo 13 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada por México, ningún Estado puede asignar arbitraria y discriminatoriamente publicidad oficial u otorgar frecuencias de radio y televisión «con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar, a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas», porque con ello atenta contra la libertad de expresión; y afirman que es preciso definir en México de manera clara y objetivable «mecanismos y criterios de transparencia en la asignación publicitaria, en los que se garantice un porcentaje -en un apartado especial- a las publicaciones y medios culturales, académicos y de divulgación ajenos a los círculos del gran poder económico y de gobierno».
En congruencia con todo ello, las redes y organizaciones civiles, que en esta materia asumen las consideraciones y propuestas de la Fundación Manuel Buendía y de la LIMAC (Libertad de Información-México, AC), recomiendan que el Estado mexicano cree una ley de transparencia y equidad publicitaria, en la que se integre la figura de «apoyos del Estado a publicaciones y medios de carácter cultural, académico y de divulgación», con el fin de favorecer el pluralismo, garantizar la diversidad de opciones informativas y de análisis, respaldar el derecho de grupos diversos a difundir y recibir contenidos especializados, así como alentar la variedad de expresiones políticas, culturales, académicas y artísticas. Sintomáticamente, a nada de esto respondió la delegación gubernamental que compareció en Washington, y todavía falta que cumpla con lo que sí ofreció. Las redes y organizaciones civiles estarán monitoreándola.
El anterior artículo debe citarse de la siguiente forma:
Concha, Miguel, «Silencios significativos»,en La Jornada,
Num. 8, 238, 28 -VII- 2007, Opinión, 20p.
