Transparencia:¿qué sigue?
El Universal, Editoriales, 19 de marzo de 2007
Ernesto Villanueva
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Hoy queda claro que el derecho de acceso a la información nunca fue una moda o capricho sexenal, sino que se trata de un derecho fundamental en constante expansión y perfeccionamiento para bien de los gobernados en el país. En 2002, cuando tuvo una importante visibilidad el tema, se aprobaron cinco leyes de acceso locales además de la federal.
Se veía que habría de requerirse de un largo proceso para que existieran leyes en todas las entidades federativas. Ese proceso, empero, fue sorprendentemente rápido en la experiencia comparada.
En 2003 se aprobaron ocho leyes locales más; en 2004, nueve; en 2005, seis; en 2006, tres, y este año se cerró ese primer ciclo con la última, de Tabasco.
Ese primer paso que no fue menor puso de relieve, sin embargo, las agudas diferencias sobre el alcance y posibilidades del ejercicio del derecho a conocer.
Mientras en Campeche y Chihuahua se ha podido avanzar bastante bien, en Oaxaca y otros estados más, la ley se ha convertido en un muro para el escrutinio de la cosa pública.
Leyes con contenidos asimétricos, voluntades políticas diferenciadas y ausencia de cultura social sobre transparencia fueron las razones que animaron a un grupo de gobernadores de distinto signo político a emprender una cruzada para que se reformara el artículo sexto constitucional y se desarrollara esta vertiente del derecho a la información.
Conviene aclarar que el acceso a la información y el derecho a la información no son sinónimos. El acceso es como el gajo de una naranja denominada genéricamente derecho a la información.
El método de aproximaciones sucesivas ha aconsejado que la reforma debe darse en donde haya oportunidad para construir legislativamente, como es, por ahora, este caso.
La reforma constitucional propuesta tiene varios efectos positivos, acaso el más importante de ellos sea el de otorgar a toda persona idénticos derechos mínimos (que en realidad en buena parte de las entidades federativas serían máximos) sin importar si residen en Hermosillo, Sonora o en Chetumal, Quintana Roo.
No hay duda que siempre se puede mejorar todo, pero también es un principio de la vida política que en el enfrentamiento entre el todo y la nada, la nada, casi siempre se lleva la partida creando un círculo vicioso, en el que todos pierden y casi nadie gana.
Hoy se ha logrado, como en su momento en 2002 con la Ley Federal, lo mejor de lo que ha sido posible. Ese acuerdo en lo fundamental se tradujo en hechos y el 6 de marzo el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional por unanimidad y el 8 de este mismo mes lo envío al Senado.
La Mesa Directiva de los senadores ha turnado el dictamen aprobado por los diputados a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos para su análisis. (El contenido del dictamen y comentarios se pueden consultar en www.derechoasaber.org.mx).
Es de esperar que los senadores hagan su labor legislativa y demuestren su compromiso con la transparencia aprobando en sus términos el dictamen de los diputados.
Y es que de no hacerlo así, cualquier reforma que se pudiera hacer, implicaría un vía crucis legislativo en perjuicio del derecho a saber.
Una vez aprobado por el Senado, todavía se requeriría de la aprobación de las legislaturas locales de por lo menos 17 entidades federativas para que se perfeccione la reforma al artículo sexto constitucional.
Con optimismo moderado cabría esperar que para fines de este año se haya concretado un nuevo paso más en esta temática.
Puede citar este artículo de esta forma:
Villanueva, Ernesto, «Transparenica: ¿qué sigue?» en El Universal,
México, 19 -III- 2007, Editoriales.
