Ética, periodismo, democracia, medios, leyes, polémica…

por Omar Raúl Martínez on 1 julio, 1999

La ética periodística es un asunto secundario o terciario para un alto número de directivos, editorialistas y reporteros.
¿Por qué México llega tarde a la discusión y reflexión sobre la ética informativa?

Fotografía: «Los medios en la azotea de la Torre del Agua» por Expo Zaragoza @ Flickr

Por Omar Raúl Martínez

Publicado Originalmente en RMC 59

Libreta de apuntes

Ética y periodismo

Internarse en el tema de la responsabilidad e irresponsabilidad tanto de los medios informativos como de los periodistas, implica adentrarse en un terreno harto pantanoso, minado y polémico, por las mil y una interpretaciones existentes en tal sentido, y habida cuenta lo enraizado de los nexos políticos y económicos entre la prensa y el poder. Y es que tocar tales asuntos obliga a sumergirse en los vericuetos de la ética periodística cuya discusión en México resulta a todas luces no sólo incipiente, sino además insuficiente.

Si bien es cierto que ya no significan un tabú –como hace pocos años lo era el escribir o hablar pública y abiertamente en torno al embute o a las relaciones de complicidad mutua entre medios y gobierno–, hoy día los aspectos deontológicos del periodismo apenas comienzan a apenas a ganar limitado terreno.

Mientras que en países como Estados Unidos o Inglaterra la publicación de los primeros códigos de ética periodística datan de principios del presente siglo, en nuestro país el debate abierto y público inició con cierta tibieza en 1994 y curiosamente a iniciativa del poder político –en particular, del entonces secretario de Gobernación, Jorge Carpizo–. Y desde entonces a la fecha se ha ido instalando como una vertiente cuya relevancia se antoja medular para el ejercicio –transparente y crítico– de las libertades de expresión e información con sentido democrático.

Así, pues, una pregunta se hace pertinente: ¿por qué México llega tarde a la discusión y reflexión sobre la ética informativa? Son tres las razones principales:

a) Por la existencia de un sistema político que impuso una rígida estructura de control tendiente a coptar e inhibir el verdadero desarrollo periodístico, y cuya inercia aún no logra liquidarse plenamente.

b) Por la falta de una tradición, un hábito, una práctica necesariamente obligada para el gremio: el ejercicio de crítica y autocrítica por parte de los periodistas, circunstancia que se desprende de la razón primera.

c) Por la carencia de hemerografía y bibliografía nacional suficiente, lo cual no es sino la suma global y el reflejo de las dos razones precedentes.

El tema de la ética en el periodismo capta mayor atención y salta a la palestra con mayor énfasis cuando emerge una efervescente coyuntura política (el levantamiento zapatista, los asesinatos políticos, las elecciones estatales o presidenciales …), o cuando los medios despliegan trabajos periodísticos de mayor hondura crítica que molesta a los poderes, o cuando al hacerlo o para hacerlo incurren en prácticas o irregularidades o conductas o artificios francamente reprobables.

Especialmente en los estados de la República, aunque también en la Ciudad de México, la ética periodística es un asunto secundario o terciario para un alto número de directivos, editorialistas y reporteros. Muchos de ellos arguyen que resulta harto complejo avanzar frente a la inercia estructural de sujeción y beneficios recíprocos que imponen los mecanismos del sistema político. Pero a ello se añaden otras realidades nada sencillas de resolver: a) la falta de capacitación y profesionalización periodística, y b) las irrisorias condiciones salariales y laborales en que los informadores ejercen su labor.

Tales aspectos no pueden soslayarse si se desea explicar o entender el desarrollo ético de la prensa mexicana. Porque un periodista íntegro no puede concebirse si se disocia su formación técnica e intelectual o la cuota de sus ingresos profesionales, de su perfil ético. Todo ello conforma una unidad. Por ende, tienen razón Juan Giner y Carlos Soria cuando sostienen que hablar de ética en el periodismo no sólo significa hablar de calidad de la información, sino también de calidad de los informadores en el sentido más redondo del concepto.

Democracia y medios

La democracia implica la expresión de la pluralidad social y política, de lo contrario su existencia es una falacia. Y los canales de expresión fundamentales hoy día lo constituyen –más allá del voto ciudadano– los medios de comunicación: radio, TV, prensa y, eventualmente, cine, video e internet. Y si los medios a sí mismos se conciben como interlocutores político-sociales, como foros de difusión e intercambio de opiniones e ideas, y como vehículos de lo que ocurre y se piensa en la sociedad, entonces por antonomasia entrecruzan su sendero con la democracia.

Pero los medios informativos en la actualidad parecen no quedarse en su papel de mediadores, pues han saltado al escenario del juego democrático. Sociedad civil y los diversos segmentos del poder político y económico se erigen, a fin de cuentas, como los protagonistas de la puesta en escena que significa la búsqueda de la democracia.

No obstante, cuando hablamos de Democracia en el ámbito de la comunicación, suele entenderse a nivel micro, como un fragmento de la Gran Democracia. Pero no es así: se trata de la misma democracia a la que aspira un pueblo, en tanto que los medios son reflejo de la sociedad en la que están insertos.

La democracia pasa por el derecho a la información, por el respeto a las libertades informativas, por la divulgación de las variadas opciones políticas e ideológicas, por el derecho y el respeto a la divergencia y el debate; pero también pasa por el rompimiento de la discrecionalidad y favores mutuos entre gobierno y empresarios de los medios, por el fin de los monopolios informativos, por la necesaria expresión de las minorías, por el estímulo y reflejo de la participación social, y por el establecimiento de compromisos deontológicos y prodemocráticos por parte de los medios de comunicación. Y todas esas avenidas se toman por la ruta legislativa.

Democracia, ética, leyes

Más allá de los discursos, el concepto Democracia tiende a cobrar cuerpo o puede comenzar a perfilar o depurar su sentido medular a partir del establecimiento de pautas o normas jurídicas. Sin embargo, algunos sectores políticos y mediático-empresariales contienen cualesquiera iniciativas legislativas tendientes a instaurar mayores cauces democráticos en el ámbito de la comunicación, argumentando que resulta suficiente con una autorregulación ética de los propios medios. ¿Acaso ello resolverá las diferentes incidencias profesionales, políticas, económicas y jurídicas que implican y a la vez traspasan el terreno de los propios medios y periodistas? Por ejemplo, ¿el asumir un código ético supondrá regular verdaderamente el derecho a la información para acceder a registros documentos e informes de órganos del Estado? ¿Obligará a una mayor y real transparencia de las relaciones gobierno-medios?

El disponer de un conjunto de normas deontológicas, ¿eliminará acaso el sistema discrecional e incluso arbitrario de entregar y renovar concesiones de radio y TV? ¿Acaso en el ámbito de la comunicación los mexicanos no estamos preparados para la democracia? Creemos que una verdadera transición democrática no puede concebirse sin un profundo replanteamiento jurídico, político y social del quehacer de los medios masivos.

Avatares de RMC

Nadie duda de que una de las misiones fundamentales del ejercicio periodístico consiste en monitorear, criticar, cuestionar las prácticas e ideas del poder, todo ello sustentado en afanes democráticos. Sin embargo, resulta paradójico que los mismos medios de comunicación –dueños de un cierto “poder”, así sea mínimo– se mantengan herméticos e incluso no toleren ser exigidos o cuestionados –por sectores tanto académicos como del gobierno, o analistas de prensa u otros miembros de la sociedad– respecto de cuestiones en apariencia internas pero de insoslayable interés público: estructuras de propiedad, documentos financieros y administrativos, convenios de publicidad programada, tirajes, tipos de acuerdos con el poder público, diferendos entre el cuerpo directivo de un medio, etcétera.

Y cuando ocurre una excepción, referida a conflictos internos de una importante publicación en este caso, es entonces que emerge –por parte de alguien ajeno al órgano implicado– la descalificación hacia el medio o la institución que la hizo pública.

Como recordarán nuestros lectores, en el número 58 de RMC se publicó una amplia entrevista con Carlos Marín, otrora codirector de la revista Proceso, y en la que expuso su versión en torno al cisma dentro de ese foro. Y RMC, apelando al interés público, la ofreció sin ambages, tal y como se dijo, sin editorializaciones ni enjuiciamientos. Pero he aquí que a la vuelta de las semanas, Miguel Angel Granados Chapa, en su columna “Plaza Pública” de Reforma, pretendió hallarle motivaciones inexistentes a la decisión de dar a conocer dicho material periodístico. Por ello, quien esto escribe, envió a diario Reforma una carta aclaratoria que se expone enseguida:

El pasado 16 de agosto, el columnista Miguel Angel Granados Chapa cuestionó el proceder profesional del periodista Carlos Marín, y para hacerlo citó un texto publicado en el número 58 de la Revista Mexicana de Comunicación (RMC). Ahí asegura que la entrevista donde Marín se muestra “boquiflojo contra sus ex compañeros y ex director general”, y que aparece en RMC –“manejada” por Miguel Angel Sánchez de Armas, presidente de la Fundación Manuel Buendía–, tuvo la “intención de agraviar a Scherer”, y sugiere que ello se manifiesta en los encabezados: “Con el albazo, Proceso ve quebrantado su patrimonio moral. Don Julio Scherer traicionó su palabra: Carlos Marín”. El columnista también refiere –como de pasadita y sin venir al caso– que Sánchez de Armas “se ha apoderado” de dicha Fundación y la “ha convertido en su negocio personal”.

Al respecto conviene asentar lo siguiente:

La RMC es un foro de reflexión, análisis, registro y debate en torno a la comunicación y el periodismo: de tales temas se nutre y por el interés de los mismos ha circulado ya por casi once años. En ese contexto, el conflicto interno de Proceso es un tema relevante no sólo para el gremio periodístico sino para la sociedad toda, habida cuenta los aportes de tal semanario para la transición política mexicana. Por tanto, el texto referido de ninguna manera tuvo la “intención de agraviar a Scherer”, sino mostrar una versión (puesto que los nuevos directivos han preferido evitar declaraciones) sobre los conflictos dentro de esa revista política.
La entrevista citada es una transcripción editada de un debate organizado por TV Más de Veracruz al que también fue invitado el actual director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, pero al que decidió no asistir y enviar un video con la postura oficial del Consejo de Administración del semanario.
Hasta donde la lógica periodística lo permite suponer, las declaraciones de un personaje público aparecidas en un medio sólo evidencian lo expresado por el propio entrevistado y no necesariamente una postura editorial. El único responsable de las aseveraciones –que dan título a la entrevista de marras– que tanto molestaron al periodista hidalguense, tiene nombre y apellido: Carlos Marín.
La Revista Mexicana de Comunicación no es “manejada” por Miguel Ángel Sánchez de Armas. Él la fundó en 1988 y la dirigió hasta diciembre de 1992. Quien escribe la presente carta tomó sus riendas desde 1993 y por tanto asume íntegramente la decisión de publicar un material periodístico de sumo interés para los lectores. De igual manera, incluso, nuestras páginas están abiertas para publicar la versión de los periodistas cuestionados por Marín. Y ello no querrá decir que tendríamos la pretensión de “agraviar” a Marín, como no lo significó contra Carlos Payán cuando el propio Granados, poco después de renunciar a La Jornada, se mostró poco afable con el entonces relegido director de ese diario en sus declaraciones que también publicó RMC en noviembre de 1993.
Tan lejos estamos de “agraviar” la imagen de don Julio Scherer, que hace casi tres años (noviembre de 1996), la Revista Mexicana de Comunicación le dedicó un número especial (el 46) donde se rescató su pensamiento y se valoró su valiosa aportación al periodismo mexicano.
La expresión respecto de que Sánchez de Armas “se ha apoderado de la Fundación Manuel Buendía y la ha convertido en su negocio personal”, me parece que no sólo falta a la verdad, sino que además resulta injusta y hasta excesiva. Honestamente sorprende que un columnista cuyo único aval es la seriedad de sus análisis, vierta tales señalamientos que, si lo retamos, seguramente no podrá probar. Y no lo podrá sustentar simplemente porque la Fundación Manuel Buendía –de la cual el propio Granados es fundador– fue dejada a la “buena de Dios” por sus iniciales propulsores. El único que le dedicó tiempo y dedicación fue el mismo Sánchez de Armas, quien desde 1993 comenzó a delegar la responsabilidad en un grupo de jóvenes que hoy día seguimos impulsando sus actividades. Por ello, decir que Sánchez de Armas ha hecho de la FMB un “negocio personal”, resulta paradójicamente risible y a la vez triste, pues lo señala con ligereza un hombre que ha contribuido a enaltecer la memoria de don Manuel Buendía.
Para finalizar me pregunto: ¿por qué se ve como un “atentado” a la fama pública el que se cuestione abiertamente a un personaje del periodismo mexicano? ¿Por qué un columnista que exige transparencia en todos los órdenes de la vida pública, advierte “moros con tranchetes” contra las instituciones periodísticas del país cuando una revista intenta impulsar el debate, el análisis y la autocrítica en torno al quehacer de los medios informativos?