Ley de medios públicos o reforma integral, la disyuntiva
Unidad de Inteligencia y Análisis Estratégico de El Financiero, 14 de mayo de 2007
En este punto, una de las mayores discrepancias.
Ley de medios públicos o reforma integral, la disyuntiva
Mientras Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, y Ernesto Velázquez, presidente de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, se pronunciaron por una ley de medios públicos, Marco Levario Turcott, director de la revista etcétera, especializada en medios, se manifestó -«se tenga o no una iniciativa sólida al respecto, que no se tiene»- por una reforma integral de las leyes federales de Radio y Televisión, y Telecomunicaciones.
Para el legislador Sotelo se requiere una ley específica de medios públicos «que establezca las bases jurídicas para consolidar las radiodifusoras y televisoras de carácter educativo y cultural como opciones necesarias para el desarrollo del país, pues la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), por ejemplo, no prevé lo necesario para que los medios estatales puedan digitalizarse».
-¿No cree que la existencia de una Ley Federal de Radio y Televisión podría provocar una especie de duplicidad legal?
-No, porque lo que buscaríamos en una ley de medios públicos sería, con base en lo que ya dispone la LFRT, establecer las bases jurídicas para consolidar esta opción en el espectro.
«Una ley específica sí puede establecer una conjunto de disposiciones que permitan que estos medios puedan hacerse de los recursos necesarios para poder arribar a la etapa digital, para diversificar sus fuentes de financiamiento, pero, además, prever que estos medios se conviertan en medios auténticamente públicos para que no sean utilizados por los gobiernos en turno como instrumentos de propaganda política.»
-¿No sería mejor aprovechar el contexto actual para buscar una reforma integral e incluir todos estos capítulos sobre los medios públicos?
-No te voy a decir que no lo podamos evaluar, y lo vamos a hacer con mucho detenimiento, pero me parece que no habría duplicidad con la existencia de una LFRT y una ley de medios públicos.
Por su parte, Ernesto Velásquez, quien al frente de la red trabaja en un anteproyecto de una ley de medios públicos, enfatizó que «lo que estamos tratando de evitar es caer en una especie de duplicidad legal»; sin embargo, dijo que debe haber una ley que fomente una radiodifusión de calidad en materia educativa científico, social y cultural que debe ser vinculatoria con la LFRT, «que vendría a complementar lo ya considerado en ésta, dándole ese marco jurídico que requieren los medios públicos».
Agregó que «nuestra apuesta es por una nueva ley con la cual se pueda dar una vuelta de tuerca a la situación de incertidumbre que han tenido los medios y que con ello se garanticen puntos como la garantía de independencia editorial; la de rendir cuentas no sólo de los recursos que manejamos en los medios públicos, sino de nuestros contenidos; la garantía de abrir espacios a la sociedad civil para que pueda expresar sus puntos de vista; la apuesta por el desarrollo de nuevos lenguajes televisivos, y el apoyo a la producción independiente, entre otros».
En tanto, Levario Turcott se pronunció por «aprovechar este momento político para ir, no por una ley de medios públicos, sino por una reforma integral».
Respecto del anteproyecto de ley de medios públicos, aseguró que se trata «de un documento sin orden, sin concierto, incoherente».
-¿Cuáles son las principales debilidades de la iniciativa?
-Por ejemplo, no caracteriza a los medios públicos, no dice qué son los medios públicos y junto a esto acota y limita la participación, dentro de éstos, a cualquier productor que se encuentre dentro de una instancia de los medios privados.
«Habla sólo a nivel general del proceso de digitalización, y ni siquiera se plantea las opciones que aún están en juego para ver cuál es el sistema que se va a abrazar. Tampoco se prevé, ni siquiera la mínima posibilidad, de que los medios públicos puedan tener ingresos económicos a partir de espacios de publicidad.
«Ojalá esa energía política que se desata mediante la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de lo que ésta resuelva, sea propicia para concurrir en una iniciativa integral de reforma», concluyó.
