El servicio público de radio y TV
Europa ha tenido una larga historia de monopolio estatal de radio y televisión, pero durante las dos últimas décadas se ha desatado una corriente de privatización en ambas hasta llegar a la situación mixta actual de medios públicos y privados. Tras años de experiencia se replantea ahora cómo debe ser el servicio público que deben prestar esos medios.
Ante todo se plantea la concepción y delimitación de qué es un servicio público. El Consejo de Europa y los organismos de la Unión Europea apoyan el servicio público como una oferta de programación para todos los públicos, con un nivel ético y de calidad, a fin de promover y elevar la cultura y la educación. Se concibe como una respuesta a las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada país, preservación de la veracidad, del pluralismo informativo al margen de cualquier interés, neutralidad y participación de los ciudadanos mediante el acceso real al control del medio y a la presencia en los programas.
Tal servicio público lo deben desarrollar organismos independientes del poder político y económico, aunque con los controles democráticos correspondientes. La Unión Europea marca la directiva para todos, pero cada Estado es el que organiza sus medios públicos y privados. De hecho, un repaso por los países aporta las siguientes organizaciones de televisión: la Radiotelevisión italiana, RAI, cuenta con tres canales estatales, 21 emisiones regionales, 13 canales temáticos y dos internacionales. En Alemania funcionan dos organismos: la ARD con un canal estatal, ocho regionales, seis temáticos y dos internacionales, y la ZDF con uno estatal, cinco regionales y dos internacionales. En Francia, France Télévision mantiene tres canales estatales, 13 emisiones regionales y cinco temáticos. La BBC del Reino Unido ofrece dos canales estatales, 13 emisiones regionales, 15 temáticos y tres internacionales. En España, Televisión Española dispone de dos canales estatales, 17 emisiones regionales, cinco temáticos y dos internacionales. Son canales públicos estatales, pero existen otras organizaciones, también públicas, con una o dos cadenas de cobertura autonómica o regional y varias coberturas locales; a eso hay que añadir la organización de la televisión privada.
La radio pública estatal también presenta cierta complejidad. En Italia existen cuatro canales estatales, 21 emisiones regionales y un canal internacional. En Alemania, la ARD ofrece 57 programaciones regionales. Radio France cuenta con cinco canales estatales, dos regionales y 42 locales. La BBC congrega 10 programaciones estatales, seis emisiones regionales, 42 locales y un programa internacional. En España, Radio Nacional de España presenta cuatro programaciones estatales (además de otra sólo para Cataluña), 17 regionales, 46 locales y una internacional. También en este caso hay que añadir las ofertas públicas de las Comunidades Autónomas y las de la Administración local, así como la organización de las cadenas privadas.
Como puede comprobarse, en unos casos se da mayor importancia a la cobertura local y en otros a la regional, pero en todos los países se confirma que el servicio público estatal aparece en los tres campos de la Administración pública: estatal, regional o autonómica y local. Las dos últimas son una descentralización para que las emisoras regionales y locales, además del apoyo para la emisión en cadena de cobertura estatal, se desconecten algunas horas a lo largo del día para ofrecer programas específicos.
Las emisoras públicas están obligadas a satisfacer a las audiencias mayoritarias y minoritarias. Con frecuencia se entra en pugna con las emisoras privadas para ocupar el mejor puesto en el ranking. Tienen que competir en el mercado para arrastrar la mayor audiencia posible aunque ésta no deba convertirse en la obsesión única. Una vez que cada país ha dado entrada a los canales de televisión y radio privados, la audiencia de los organismos públicos ha decaído enormemente y en la actualidad se plantea cuál debe ser el nivel mínimo de audiencia que debe tener un canal público para cumplir con su función. En los países señalados todos están por debajo de 45% en las coberturas estatales de televisión. A finales de 2003, la RAI lograba 44%; la ARD, 27%, y la ZDF, 13%; France Télévision, 30%; la BBC, 38% (a finales de 2004 descendía 35%); TVE, 30%. En estos porcentajes se incluyen todos los canales estatales de cada organismo. Se han redondeado las cifras ya que oscilan de un mes a otro, e incluso en algunos casos, como en España, el descenso es tan elevado que se pierden décimas y hasta puntos cada mes; en febrero de 2005 ha caído a 25.5%. Esta atención a las mayorías debe estar armonizada, además, con el servicio a las diversas minorías de públicos culturales y sociales.
La radiotelevisión pública está sometida a unos tratamientos peculiares de los contenidos. No debe abandonar ningún contenido informativo, formativo, ni siquiera de entretenimiento, pero sí promover un enfoque que oriente a la sociedad hacia una sensibilidad de desarrollo de los valores constitucionales y de la dignidad humana y, en consecuencia, descartar otros tratamientos contrarios aunque sean los que más audiencia atraigan. Lo que es permisible a una emisora privada no lo es a una pública. Los programas de frivolidad bajera, de telerrealidad, de telebasura y demás contenidos que se entrometen en los derechos a la intimidad, honor y propia imagen, tan en auge en los canales privados, deben estar desterrados de las ofertas públicas. Y, por el contrario, éstas deben presentar otras ofertas de escaso atractivo como determinados programas culturales, educativos, de sensibilización social o de tipo institucional.
Para mantener esas exigencias se requieren recursos económicos. Los gastos, ingresos y plantilla de cada organismo varían abrumadoramente entre los diversos países europeos y, debido al creciente costo, se buscan otras fuentes de financiación. Gran parte de las organizaciones, excepto la BBC que no emite publicidad, luchan por conseguir la mayor porción posible del mercado publicitario, aunque todas están sometidas a la restricción marcada por la Directiva de la Televisión sin Fronteras, de que en ningún caso podrán superarse los 12 minutos por hora de emisión.
Hay países, como España, en los que la financiación depende sólo o en gran parte del mercado publicitario, ya que reciben unas cantidades muy bajas de los presupuestos estatales. En el caso español se ha inventado una nueva forma de financiación como es la del endeudamiento; RTVE padece en la actualidad una deuda de más de siete mil 500 millones de euros y se va acrecentando escandalosamente cada año sin que ningún gobierno quiera asumirla. En otros países se ha incorporado un cánon por cada hogar: en Italia, 97 euros; en Alemania, 193; en Francia, 116; y en el Reino Unido, 164.
Los servicios públicos de radiotelevisión europeos no han estado acostumbrados a garantizar gestiones rigurosas. Se nombraba a los responsables por su vinculación con el Gobierno en turno, por razones políticas. La radiotelevisión pública ha estado concebida como propaganda de cada gobierno y por tal razón los gobiernos la han apoyado. La duda entra desde el momento en que estos medios pierden audiencia para informar de las bondades del Gobierno, incrementan los gastos presupuestarios, obligan a tomar decisiones sobre la incorporación o subida del canon, siempre impopular, y reclaman plena autonomía. Es una decisión difícil para quienes han estado acostumbrados al uso y abuso de los medios públicos, pero la realidad democrática que se va imponiendo de que se ofrezca un servicio independiente y sometido a diversos tipos de vigilancia, control y crítica, no sientan bien a los gobiernos. ¿Qué pasará en cuanto las audiencias bajen tanto que ya no les interese a los gobiernos dedicar tanto presupuesto al mantenimiento de la radiotelevisión pública?
Debido a las fuertes pérdidas de audiencia y a la mayor necesidad para cubrir los gastos, las radiotelevisiones europeas han entrado nuevamente en crisis y todos los países tratan de poner remedio al tomar otras medidas. En España, recién subido al poder, el partido socialista nombró un comité de expertos de cinco personas para que propusiera un modelo nuevo. El gobierno se comprometió a sacarlo adelante, pero ahora, una vez entregado (www.la-moncloa.es/im.pdf), deberá someterlo a negociación con otros partidos en el Parlamento, asumir los más de siete mil 500 millones de euros de deuda y aportar anualmente 50% de los gastos de Radiotelevisión Española.
Este sigue siendo un gran debate en la sociedad europea. Se defiende el servicio público, pero cada vez más asaltan las preguntas: para qué, cuánto cuesta y qué orden se le da dentro de las necesidades y prioridades de cada país. Es una tarea ingente y que marca el reto del futuro. Ya no sirven añoranzas ni aspiraciones ideales, sino la realidad de un servicio público eficaz para todos los ciudadanos y no sólo para los gobiernos o los partidos políticos.
