La gran ganadora
La televisión mexicana en 2006
Alma Rosa Alva de la Selva Profesora e investigadora de la FCPyS de la UNAM.
Intenso, arduo, definitorio: tales son los calificativos que pueden aplicarse al panorama televisivo en México durante el año que acaba de concluir, un periodo que se ha instalado en la memoria colectiva como una etapa de conmoción política en la cual la pantalla chica desempeñó un papel cardinal. En las líneas que siguen se pretende hacer el recuento al que obliga el fin de un ciclo por los acontecimientos que marcaron el rumbo de los medios de comunicación en el México de 2006, un año copioso en acontecimientos importantes para el rumbo de la TV del país, cuyo panorama se muestra a continuación.
Dominado por la intervención de las empresas de TV en el asunto de las reformas al marco legal de la radio y en la problemática electoral, el año que ha quedado atrás se recordará, entre otras cosas, como el periodo en el cual la televisión desplegó a todo lo ancho, en varios momentos y oportunidades, su considerable alcance como poder fáctico, hoy suficiente como para doblegar a las instituciones y los poderes del Estado mexicano e imponer sus intereses.
Con el grave episodio de la llamada Ley Televisa y la participación central de la TV privada en la embestida contra el candidato de la coalición por el Bien de Todos a la Presidencia de la República, el gobierno foxista acabó su periodo otorgando a los industriales televisivos las ganancias económicas y políticas más cuantiosas de que se tenga registro en la trayectoria de los medios electrónicos del país.
De enero a diciembre, las televisoras realizaron una sostenida actividad como actores políticos que capitalizaron eficientemente los errores y vacíos dejados por el régimen de Fox y las alianzas entabladas con el grupo en el poder, para anotarse una serie de avances que les permitieron rebasar a las instituciones y los poderes del Estado mexicano.
Tal configuración del poder mediático se manifestó a tal grado, que constituyó, según el proyecto privado, una importante etapa de definiciones para el futuro de la pantalla chica, en términos del impulso que imprimió aquél para el establecimiento de las condiciones jurídicas necesarias de cara hacia los entornos digitales y la Sociedad de la Información.
Las repercusiones de la llamada Ley Televisa se extienden, del plano financiero y político al social y cultural, y que de no ser revertidas o modificadas habrán de extender y reforzar las políticas de corte neoliberal, ahora en el plano de la convergencia, con serios impactos para el país en los próximos años.
Intenso políticamente como ninguno, el año que se fue ha dejado huella por la cadena de hechos que hicieron ver el activismo del duopolio (y en particular de su integrante más influyente: Televisa), en un periodo por demás significativo: la sucesión presidencial más ardua de la historia reciente del país, en la que la TV apoyó al candidato del partido oficial y prestó su ayuda para la construcción del escenario político que otorgó la victoria al sucesor de Vicente Fox.
Sin embargo, la intervención de la TV privada como beligerante actor político en la elección presidencial conllevó un serio desencuentro con un importante sector de la sociedad mexicana: ciertos grupos sociales reclamaron a Televisa y TV Azteca (y notoriamente más a la primera) sus reiteradas descalificaciones a uno de los candidatos por la Presidencia de la República.
Y es que en la medida en que se acercaba el 2 de julio, Televisa fue abandonando la aparente apertura y pluralidad que venía promoviendo en sus espacios noticiosos desde el arribo de Emilio Azcárraga Jean, para regresar a sus viejas prácticas de manipulación informativa y de transgresiones al derecho a la información. Ello redundó en una sensible pérdida de credibilidad y, por tanto, un vivo rechazo hacia el consorcio rechazo por parte de amplios grupos ciudadanos.
Pero las victorias de tipo político no fueron, por supuesto, las únicas que caracterizaron al acontecer televisivo del 2006. Imposible ignorar los sustanciosos éxitos financieros de que disfrutaron las empresas de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, en un año en el que se conjuntaron dos grandes oportunidades de incrementar sus ganancias: el Mundial de Futbol (realizado en Alemania del 9 de junio al 9 de julio) y, de nuevo, la contienda electoral por la Presidencia, convertida para el sector televisivo en la feria de los millones (dado que todos los partidos políticos destinaron prácticamente la totalidad de sus recursos para la publicidad en la TV).
La bonanza económica que le reportaron a la TV las campañas políticas y el Mundial de Futbol, se reflejaron en el segundo trimestre del año, cuando Televisa registró una utilidad neta de dos mil 307.4 millones de pesos, 75.1% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que TV Azteca tuvo ganancias netas por 655 millones de pesos, 28% mayor a las registradas en el 2005.1
Así pues, el saldo del 2006 fue por demás redituable para una industria televisiva que, por si fuera poco lo antes anotado, para cerrar el año con broche de oro se dio el lujo de ejercer una vez más su influencia: Luis Téllez Kuenzler –hasta hace unas semanas, ejecutivo de Televisa– fue designado como el flamante secretario de Comunicaciones y Transportes, asegurando así la defensa de sus intereses.
Una ley para Televisa
La noche del 30 de marzo de 2006, cuando el Senado dio luz verde a las reformas de las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, se consumó el mayor triunfo político del grupo dominante de los concesionarios de los medios electrónicos del país: la Ley Televisa.
Denominada así por la abierta intervención de la televisora en el proceso de tales modificaciones legales y hasta en su naturaleza y contenidos, la Ley Televisa fue aprobada, sin contemplar ninguna de las cuantiosas recomendaciones emitidas por un amplio número de expertos, académicos, comunicadores y ciudadanos, y por representantes de 46 instituciones que participaron en las audiencias públicas para la discusión del proyecto, sin argumentos sólidos que la sustentasen.
El cabildeo de Televisa había surtido efecto. Quizá también la amenaza lanzada un año atrás hacia los senadores por los concesionarios, quienes habían deslizado la posibilidad de no realizar las inversiones que requeriría la digitalización de la radio y la televisión en México (calculada en dos mil 500 millones de dólares) de no contar con las reformas.2
La aprobación senatorial surgió en una jornada en la que sólo hubo debate por parte de los legisladores que impugnaban las reformas y cuyos argumentos en contra no fueron respondidos. Fue evidente la subordinación de buena parte de los legisladores al poder de las televisoras, en el contexto de los pactos y acuerdos políticos de los diferentes partidos de frente a la contienda electoral de 2006.3
Sin embargo, la aprobación de las reformas no fue el epílogo del episodio de la Ley Televisa, pues más adelante se abriría una significativa etapa al establecerse una vinculación del tema de las reformas con el conflicto poselectoral.
Resultaría por demás extenso referir en detalle el contenido y alcances de las reformas. Baste con señalar en términos generales, por ejemplo, su impacto en la rectoría del Estado en el campo de las telecomunicaciones, que se verá seriamente afectada en el ámbito de la explotación del espectro radioeléctrico; el reforzamiento de los esquemas de concentración ya existentes en materia de radio y TV, trasladados ahora al escenario de la convergencia tecnológica; el debilitamiento de la Comisión Federal de Competencia (Cofetel), que en las reformas aparece sin las atribuciones necesarias para controlar la monopolización del espectro y vigilar eficientemente los procesos de licitación del mismo, los cuales podrían ser orientados para el beneficio de determinadas empresas, con la consiguiente persistencia de las criticadas prácticas de discrecionalidad.
De las reformas puestas en marcha se desprende la disminución de las facultades de la Cofetel, órgano regulador de ambos sectores (radiodifusión y telecomunicaciones), acotado en temas fundamentales como la revocación de concesiones. Además, la nueva autoridad encargada de autorizar concesiones, de acuerdo con las reformas (la Cofetel), aparece subordinada al Gobierno Federal, en especial al Presidente de la República en funciones, y a quien corresponde designar a sus integrantes.
Entre los aspectos generales de la Ley Televisa, cabe señalar la supremacía de los criterios económicos sobre los sociales, que permean temas como el otorgamiento de concesiones de medios electrónicos, sometidos al mecanismo de subasta y a la capacidad financiera y técnica del solicitante.
Surgen también de la Ley Televisa graves consecuencias para los medios permisionados, incluidos los comunitarios; las nuevas reformas podrían impedir a los medios de tal naturaleza, afrontar la transición e incorporarse al avance de la convergencia tecnológica, por lo que ésta aparece reservada a los medios privados.
Sin embargo, el catálogo de consecuencias de la Ley Televisa encuentra en el artículo 28 de las reformas una de las más perniciosas para el interés público y un ejemplo patente de la voracidad de los grandes consorcios del ramo, al permitir a las televisoras utilizar los canales espejo que el Estado les confirió temporalmente, para aprovecharlos en la explotación de nuevos servicios sin que, a partir de las reformas, el gobierno quede obligado a cobrarles por ello, además de no incluir ninguna disposición que les exija devolver los canales analógicos una vez que empiecen las transmisiones digitales.
Así pues, a las empresas que ya cuentan con un número importante de concesiones, el marco legal aprobado les permitirá expandirse hacia nuevos negocios, con una situación de ventaja hacia la posible competencia, aunque sin beneficio alguno de ningún tipo para el Estado por la explotación del espectro, ya que las reformas no consideran como obligatorio el pago de derechos de los grandes consorcios televisivos para la prestación de nuevos servicios. En pocas palabras: las reformas acrecentarán el poder y privilegios de los grupos que desde hace tiempo predominan en el panorama de la radio y la televisión del país.
Los primeros días de abril, mientras se desarrollaba la comedia de enredos de las reformas paralelas (con las que supuestamente habrían de corregirse los excesos o insuficiencias de las reformas, entre ellas la afectación de los industriales radiofónicos de AM), los senadores que se opusieron a su puesta en marcha se abocaron a la elaboración de una demanda de inconstitucionalidad, que habrían de presentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pero despues vino la autorización presidencial: luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) exhortó al presidente Fox a publicar las reformas cuanto antes para su puesta en marcha,4 el martes 18 de ese mismo mes, en plena Semana Santa, Vicente Fox avaló la Ley Televisa, con la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación, dando así la razón a quienes habían anticipado –a pesar de las múltiples impugnaciones de diferentes sectores a las reformas–, que no había posibilidad alguna de veto presidencial para este caso, sino que incluso se apresuraría su promulgación.
El 4 de mayo, 46 senadores de la República, encabezados por Javier Corral (PAN), Manuel Bartlett (PRI) y Raúl Ojeda Zubieta (PRD), presentaron ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto de Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Entre las 21 transgresiones constitucionales ampliamente documentadas en la demanda mencionada, destacan las que resultan violatorias de los artículos 1º y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquéllas que no respetando las disposiciones de los artículos 25, 27 y de nuevo el 28 de la Carta Magna, afectan en términos de que:
Se priva al Estado de su potestad soberana de decisión sobre si otorga o no una concesión, al prever que la entrega de una solicitud es el único requisito que activa una autorización de la Secretaría para la prestación de servicios adicionales de telecomunicaciones.5
El 9 de mayo, habiendo dado entrada al recurso señalado, la Suprema Corte anunció que el dictamen respectivo podría estar listo a finales de julio o principios de agosto. Sin embargo, el 2006 concluyó sin que se hubiese dado una resolución al respecto.
Las secuelas del desaseado proceso de aprobación de la Ley Televisa en el Senado, como parte de los acuerdos políticos de las televisoras con los partidos a cambio del apoyo mediático a sus candidatos, no terminaban ahí, pues se extendieron al entorno del Ejecutivo. Ello cuando trascendió el hecho de que la opinión del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, en torno a las transgresiones constitucionales, contradicciones y lagunas legales de las reformas, supuestamente no fue ni siquiera del conocimiento de Fox debido a que “no se consideró necesario” hacérsela llegar,6 según explicó en ese momento el vocero Rubén Aguilar, en lo que fue un argumento inverosímil que hizo evidente la complicidad presidencial para sacar adelante el proyecto legal más controvertido en materia de comunicación. La Secretaría de Gobernación asumió la misma postura: a pesar de haber recibido la respuesta de la consejería presidencial a las observaciones de la SCT el 5 de abril, la dependencia negó haber conocido el documento. 7
Entre los 55 señalamientos de la SCT se encontraban los que hacían énfasis en que la Ley Televisa abre la posibilidad de que el espectro radioeléctrico nunca se restituya al Estado mexicano; que en la práctica, las reformas hacen imposible que a los actuales concesionarios se les pueda negar el refrendo de la concesión de radio o televisión; que varias de las disposiciones generan un régimen de excepción, porque cualquier interesado en convertirse en concesionario deberá licitar y pagar por ello, mientras los concesionarios actuales podrán seguir explotando las frecuencias sin un pago adicional. Además, la SCT advertía que el otorgamiento de concesiones se mantendría en la discrecionalidad y sujeto a presiones o influencias.
Sin embargo, a pesar de la importancia de las observaciones de la dependencia cabeza del sector, la SCJN la excluyó del proceso de la acción de inconstitucionalidad promovido por los senadores, al puntualizar que las 55 recomendaciones de la SCT sobre las reformas no podrían formar parte del mismo, debido a que la litis de la demanda se limita a las presuntas violaciones a la Constitución denunciadas por los legisladores, y sólo serían tomadas en cuenta en el caso de que los ministros decidiesen suplir la deficiencia de la queja.8
El lance siguiente del episodio de la Ley Televisa fue la designación de los comisionados para la nueva Cofetel, luego de que varios renunciaron, por considerar inaceptables las modificaciones legales por ponerse en marcha.
Los promotores de tal proyecto requerían un organismo regulador a su favor, por lo que desplegaron una vez más los mecanismos del cabildeo y presión política para que funcionarios asociados a sus intereses fuesen ubicados en la Comisión. Así, la Cofetel se repartió con base en los beneficios y rendimientos requeridos por las empresas. El 27 de junio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó los nombramientos de los cuatro comisionados faltantes, con todo y sus claros vínculos con TV Azteca, Televisa y otras empresas de telecomunicaciones.
Días después se dio a conocer que Héctor Osuna, uno de los principales impulsores de la Ley Televisa en su calidad de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado y legislador del PAN, había sido designado para encabezar el organismo. Tal nombramiento causó una fuerte reacción de los senadores en contra de las reformas. Javier Corral y Manuel Bartlett consideraron la designación de Osuna en términos de “un pago a sus servicios, en una de las historias más negras del poder legislativo mexicano”.9 Fue así como se vio cancelada la posibilidad de un organismo regulador imparcial para el funcionamiento de la radio y la televisión del país.
Sin embargo, el tema de la Ley Televisa continuó presente en el ámbito legislativo. Hacia el fin de año, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaba que en breve se presentarían iniciativas para reformar tal marco legal, con el propósito de subsanar varios vicios y omisiones que presenta, ello independientemente del fallo de la Suprema Corte sobre la controversia constitucional presentada por integrantes de la pasada legislatura por las modificaciones hechas a la misma. 10
NOTAS
1) El Financiero, 18 de julio de 2006.
2) Reforma, 24 de enero de 2006.
3) Tiempo después trascendería que el consorcio había ofrecido una mayor cobertura mediática a los candidatos del PAN y del PRI a cambio del voto favorable de sus senadores.
4) Reforma, 3 de abril de 2006.
5) “Nota sobre la acción de inconstitucionalidad que promueven senadores de la República en Contra del Decreto de Reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones”, Senado de la República, 4 de mayo de 2006.
6) La Jornada, 22 de junio de 2006.
7) El Universal, 23 de junio de 2006.
8) La Jornada, 22 de junio de 2006.
9) La Jornada, 30 de junio de 2006.
10) El Universal, 14 de enero de 2006.
PUEDE CITAR ESTE ARTÍCULO DE LA SIGUIENTE FORMA:
Alva de la Selva, Alma Rosa, «La gran ganadora «, Revista
Mexicana de Comunicación No. 103, feb / mar 2007, pp. 15-23.
